Riesgos y oportunidades de las candidaturas independientes

Ningún partido político escapa a la crítica ciudadana sobre el alejamiento de los partidos con el pueblo que teóricamente representan

Por: Daniel A. Barceló Rojas

Las candidaturas independientes deben entenderse como el reconocimiento en las normas de derecho electoral para que los ciudadanos se puedan registrar individualmente como candidatos a cargos de elección popular sin apoyo de partido político alguno.

La “independencia” de dichos candidatos se entiende por tanto referida a los partidos políticos y en especial a sus dirigencias, que ostentan en el derecho constitucional y metaconstitucional mexicano, respectivamente, la potestad de registrar candidatos a cargos de elección popular y a fijar la línea del partido en el seno de su representación en las cámaras del Congreso de la Unión o de las legislaturas de los estados. 

La idea subyacente es que al no tener intermediarios –que suelen ser políticos profesionales– la candidatura independiente llevará a los cargos de elección popular a miembros de la sociedad civil que aseguran por esta razón una mayor fidelidad de los representantes con sus representados.

En la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución presentada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa el pasado 15 de diciembre de 2009 ante el Senado de la República, el jefe del Ejecutivo propone el reconocimiento de las “candidaturas independientes” para todos los cargos de elección popular.

Su iniciativa responde en general al descrédito de los políticos, y en particular a la crítica ciudadana que se viene haciendo en esta última década en el sentido que pasamos de la autocracia de un solo partido político a la autocracia colegiada: la partidocracia.

Ningún partido político escapa a la crítica ciudadana sobre el alejamiento de los partidos con el pueblo que teóricamente representan.

Esta distancia con los ciudadanos tiene su primera explicación antes que en el derecho electoral que regula la competencia entre partidos, como asume la iniciativa del presidente Felipe Calderón, en el propio derecho interno de los partidos políticos.

Recuérdese como prueba de mi afirmación anterior que según varios analistas el presidente Felipe Calderón Hinojosa ganó la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) no por el respaldo popular que tenía durante el proceso de selección de candidato de su partido, sino por el respaldo del colegio electoral del PAN.

A diferencia de su entonces competidor Santiago Creel Miranda, que contaba con mayor simpatía ciudadana según encuestas de opinión de aquellos días –y que estratégicamente continuó cultivando durante el proceso de su partido–, Felipe Calderón Hinojosa optó por hacer alianzas no con los ciudadanos, sino únicamente con los líderes de su partido que, como parte de la estructura de dirección del PAN, gozan del derecho exclusivo de elegir el candidato de su partido a la presidencia de la república.

Este procedimiento de selección del candidato presidencial, blindado a la ciudadanía, está establecido en las normas internas del PAN.

Pero los demás partidos políticos cuentan con normas de efecto equivalente; especialmente los partidos políticos minoritarios han configurado en su derecho interno verdaderos candados para evitar que los dirigentes de sus partidos pierdan ante los ciudadanos el control de su sucesión, así como de la designación de candidatos a cargos de elección popular. Por ello no extraña que haya habido abusos por parte de los dirigentes de todos los partidos políticos.

Así pues el derecho interno de los partidos políticos que regula los procedimientos de elección de dirigentes y candidatos garantiza un alto grado de concentración del poder en las dirigencias, y la posibilidad de la total exclusión de los ciudadanos en dichos procesos por decisión de la dirigencia.

A ello debe añadirse que el derecho que regula los procedimientos de registro de candidatos y de financiamiento a cargos de elección popular de las leyes electorales federales y de los estados refuerza esta concentración del poder, y el presidencialismo autoritario al interior de los partidos políticos, al otorgarles a éstos el monopolio del registro de las candidaturas.

Este poder de los dirigentes de partido es el que se pretende fracturar con las candidaturas independientes que propone el Ejecutivo, y que explicablemente goza de simpatía entre un amplio sector de la población.

Me opongo a la idea de reconocer una candidatura independiente para elegir al jefe del Ejecutivo. Hay varias razones para ello, pero la de mayor peso es que un presidente de la república sin apoyo de un partido en las cámaras del Congreso, difícilmente podría gobernar.

No al menos con recursos legales y legítimos. Las iniciativas de ley y de presupuesto que presenta el presidente, y que le sirven para alcanzar las metas señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo, no tendrían garantizado apoyo alguno para su votación.

Recuérdese que Vicente Fox se quejaba amargamente que no había podido hacer aprobar en el Congreso sus “reformas estructurales”, y que por ello el país no avanzaba; esta queja la ha repetido el presidente Calderón. Nótese que ambos han tenido apoyo de su partido en las cámaras del Congreso de la Unión, aunque no con mayorías congresuales suficientes para aprobar con la sola fuerza de su partido el paquete legislativo y de presupuesto del presidente.

Imagínese el lector entonces a un presidente, ya no sin mayoría de su partido político en las cámaras, sino sin apoyo de partido político alguno. La alternativa para gobernar de un presidente en un escenario así sería, o bien literalmente corromper a los legisladores como viene sucediendo en varios estados de la república, o –peor aún–, pretender dar un golpe de Estado.

En este orden de ideas opino que no es equivocado el diagnóstico del presidente Calderón expresado explícita o implícitamente en su iniciativa sobre el enorme poder acumulado por las dirigencias de los partidos como una patología de nuestro sistema representativo, pero sí quizá la medicina que propone.

Hay otras medidas que quizá sean más efectivas y no generen los daños colaterales que las candidaturas independientes pueden generar en una elección de presidente de la república.

Una de ellas es una ley de partidos políticos que transfiera el poder de las dirigencias partidarias, a los ciudadanos; una ley que condicione la aprobación de las normas de los partidos a contenidos democráticos para que los partidos sean –como lo señala la Constitución– organizaciones de ciudadanos.

Una ley que les obligue además a la transparencia en los recursos públicos que manejan, pues son recursos económicos de los contribuyentes y debemos por tanto tener garantizado el derecho constitucional de acceso a dicha información pública.

En nuestro continente las candidaturas independientes se reconocen en Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, Estados Unidos, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En México la candidaturas independientes estaban abiertas en el ámbito de los estados y prohibidas en el COFIPE en el ámbito federal, pero la pasada reforma constitucional en materia electoral de 2007 cerró dicha posibilidad de las candidaturas independientes para los cargos públicos de los estados y municipios; sin embargo a nivel federal permanece constitucionalmente abierta la posibilidad de ser reconocidas por el legislador mediante reforma al COFIPE, y por tanto sin necesidad de recurrir a una nueva reforma constitucional.

En mi opinión, el mejor sistema era el anterior a la reforma electoral de 2007, es decir, dejar a la ley federal o a las leyes locales el reconocimiento o no del monopolio de los partidos políticos para registrar candidatos.

Dicha alternativa es consecuente con la reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el “caso Castañeda” ha determinado que las candidaturas independientes son derechos de configuración legal, es decir, que compete a los legisladores decidir en cada país qué sistema resulta mejor –si monopolio de los partidos para registrar candidatos a cargos de elección popular, o candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular o candidaturas independientes sólo para algunos cargos.

Sobre las candidaturas independientes cabe destacar que éstas eran la regla en el siglo XIX, y ello porque la teoría constitucional del siglo XVIII y del XIX era contraria a la idea de los partidos políticos. James Madison lo explica magistralmente en el ensayo número X del libro El federalista, que en español publica el Fondo de Cultura Económica.

Se entendía que éstos polarizaban a la sociedad política en derredor de intereses egoístas y no del interés general. La democracia era de ciudadanos y operada por ciudadanos.

Consecuente con este entendimiento, la Constitución mexicana entendía como derecho a ser votado la inscripción de los ciudadanos individuales para competir por el voto popular.

En el siglo XX las candidaturas independientes seguían siendo permitidas por el derecho constitucional mexicano, pero eventualmente se cerraría la posibilidad de que un candidato pudiera inscribirse en forma independiente como costo a pagar por la erección de un sistema de partidos políticos múltiple.

La necesidad de que las incipientes oposiciones pudieran convertirse en una alternativa real de gobierno para los mexicanos y desde luego en una plataforma de crítica al gobierno, requirió que se les otorgase importantes prerrogativas normativas y económicas a los partidos políticos, y que éstas se depositaran en manos de sus dirigentes.

Entre las prerrogativas normativas se encuentra la definición de sus normas internas, entre las cuales se incluye la forma de seleccionar a sus dirigentes y candidatos.

Por lo que respecta a las prerrogativas económicas en especie y en dinero, éstas se han traducido en importantes sumas de dinero cuyos montos muchos estimamos injustificables al día de hoy, si bien sí la tuvieron en décadas pasadas precisamente para ayudarles a competir en cierta situación de equidad con el partido del gobierno.

Además del financiamiento de los partidos políticos con origen predominantemente público, otras reglas como la designación de candidatos a cargos de representación proporcional (RP) han contribuido a fortalecer el poder de los dirigentes de los partidos, pero el abuso de las mismas ha contribuido a deteriorar la confianza en nuestras instituciones representativas.

En el sistema electoral vigente el dirigente del partido determina la lista de candidatos de RP de su partido. La idea original de esta medida era que cada partido político pudiese introducir en dicha lista a personajes con destacada experiencia de gobierno que pudiera aprovechar la república.

Pero en lugar de ello ha servido, no en pocos casos, no para servir el interés general de la república, sino el particular de los dirigentes de los partidos.

Permítanme la licencia de un ejemplo absolutamente irreal pero claro para ilustrar los efectos partidocráticos de esta norma: un votante del PRD pueda votar por Lázaro Cárdenas del Río como diputado de mayoría, y su voto puede ir directo para elegir también a René Bejarano si lo incluye en la lista de candidatos de RP el dirigente de partido –sin que el ciudadano tenga derecho a opinar y menos aún de reaccionar contra la decisión del dirigente.

Bajo esta misma regla electoral un votante del PAN podría elegir a Manuel Gómez Morín como candidato de mayoría, y a Marta Sahagún como candidata de RP; y un votante del PRI podría elegir como su candidato de mayoría a Jesús Reyes Heroles y a Arturo Montiel Rojas como candidato de RP.

Asumiendo que nuestros libros de historia y las charlas de nuestros mayores producen efectos de formación de opinión, podemos pensar que los primeros gozan de sobrada simpatía entre sus respectivos electorados, que son elecciones racionales y queridas por los ciudadanos; pero si también leemos la historia de nuestros días a través del semanario Proceso, es posible presentar la conjetura que los segundos quizá no levanten el mismo entusiasmo entre el pueblo mexicano; sin embargo esta diferencia de preferencias electorales sería irrelevante pues bajo nuestro sistema electoral vigente el ciudadano, al votar por su diputado(a) de mayoría nada podría hacer para reaccionar contra las listas de RP decididas por los dirigentes de los partidos.

Pero esto se puede reformar con una simple modificación a la ley sin tener que recurrir a las candidaturas independientes como remedio contra el mal de la partidocracia.1

También el fuero constitucional de nuestra democracia representativa ha sido una figura que –concebida para defender la Constitución– se ha invertido por los propios legisladores para servir de escudo de impunidad para las violaciones más aberrantes a la Constitución y a las leyes, y por tanto se ha erigido a los ojos de los ciudadanos como una execrable institución.

Pero esta perversión se puede resolver mediante la interpretación restrictiva de dicha institución –camino que correctamente ha iniciado nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación con el "caso Bartlett". No se tiene que recurrir al remedio de las candidaturas independientes como medida sustitutiva de una democracia representativa enferma por la interpretación abusiva del fuero.

Debemos tener claro el diagnóstico para que el remedio sea eficaz. El problema es que los partidos políticos no son manejados democráticamente por sus dirigencias; no están sujetos a un estricto y comprensivo control de constitucionalidad y legalidad; y son demasiado opacos en la aplicación de los cuantiosos recursos públicos que reciben de los contribuyentes.

Para no pocos mexicanos de buena fe, y como parte del discurso “antipartidos”, una forma de solucionar tal problema es recurrir a los ciudadanos directamente.

Para otros, entre los que me ubico, también como aquellos pensando de buena fe en el interés del país, la solución pasa en cambio por generar una ley de partidos políticos y perfeccionar el control de legalidad y constitucionalidad de la vida partidaria. Ello a nivel federal y de los estados.

Los partidos políticos se definen en el derecho mexicano como organizaciones de ciudadanos. Veamos que así sea. Combatamos también la corrupción entre los dirigentes de los partidos, así como la compra de votos y el fraude a la voluntad popular –intra e interpartidista otorgándole autonomía plena al Ministerio Público y a la Auditoría Superior de la Federación como sugieren los juristas más solventes de México, entre los que cuento a Jorge Carpizo, Héctor Fix Zamudio, Sergio García Ramírez y Diego Valadés.

Solo así se podrá actuar contra un dirigente corrupto de un partido político, y exigirle responsabilidad penal y civil, es decir, sólo así  podremos asegurarnos los mexicanos que si un dirigente de partido se roba el dinero del pueblo, que vaya a la cárcel y que además devuelva el dinero –ninguna de las dos cosas ocurre en el modelo vigente de investigación y ejercicio de la acción penal en delitos de corrupción gubernativa y electorales.

En forma complementaria también debemos actualizar la forma en que exigimos responsabilidad política a nuestros representantes populares por el ejercicio que hacen del poder que se les delega, es decir, debemos promover que se nos restituya a los ciudadanos el derecho de poder premiar o penalizar en una segunda elección a nuestros diputados y senadores.

En este punto concreto sí estoy de acuerdo con la propuesta de reforma constitucional del presidente Calderón. Si los mexicanos no conseguimos que se nos restituya este derecho, entonces la candidatura independiente tendrá el efecto de que no podremos exigir cuentas a un diputado independiente ni siquiera a través del castigo a su partido político.

En este momento, los mexicanos no podemos penalizar a un diputado desleal con sus compromisos ante el electorado, pero sí podemos castigar a su partido político.

La candidatura independiente se debe valorar en el conjunto del engranaje de la maquinaria de gobierno, y no como una institución aislada. De ahí que deba ser parte de la reforma del Estado.

Con todo ello en mente, y desde luego pronunciándome absolutamente en contra de las prácticas de los propios políticos que han deteriorado la imagen de la democracia representativa en México, estimo que los partidos políticos son imprescindibles en una democracia que pretenda gobernar a 105 millones de personas, y que debemos cuidar nuestro sistema de partidos que tanto tiempo y dinero nos ha costado construir.

Los instrumentos de democracia directa sólo sirven como correctivos de la democracia representativa, pero no pueden sustituirla como sistema de gobierno de una comunidad de 105 millones de personas. Por ello me opongo a la candidatura independiente para el cargo de presidente de la república y gobernador.

No me opongo a las candidaturas independientes para los cargos de diputados federales y locales y para senadores en un momento futuro. Pero sólo cuando tengamos la certeza absoluta que esa vía no será utilizada por el crimen organizado para colonizar el Estado mexicano.

Cuando hablamos de candidaturas independientes marcar la diferencia entre los diferentes cargos públicos es muy importante. En primer lugar porque no se contradice con nuestro arreglo constitucional para que se conduzca adecuadamente el proceso de gobierno en el marco de un sistema presidencial.

También es importante tener en cuenta el contexto, y el nuestro es de un peligro inminente con respecto al crimen organizado. A éste se le llama “organizado” precisamente porque estudia los modos de garantizar su actividad en el marco del Estado de derecho, básicamente recurriendo a la corrupción de las autoridades.

En este contexto, las candidaturas independientes pueden servir de avenida para una mayor penetración del crimen organizado en el Estado mexicano.

También me opongo a las candidaturas independientes de los ejecutivos porque promueven el personalismo y no la institucionalización del ejercicio del poder, es decir, promueven la voluntad del caudillo y no la soberanía de una norma general como la Constitución.

Con todo y los defectos que se les pueden señalar a los partidos políticos, éstos sirven de control sobre sus propios miembros en el poder. Hemos visto ya operar este control intrapartidista con Vicente Fox, con Andrés Manuel López Obrador, con Roberto Madrazo Pintado, y más recientemente con el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa.

Los senadores de su partido, entre ellos Ricardo García Cervantes, criticaron que el ex secretario particular del presidente Calderón y actual dirigente nacional del PAN, César Nava, haya acordado a espaldas a la ciudadanía una no alianza electoral en el Estado de México para el año 2011, para promover consciente o inconscientemente una posible alianza electoral de facto en el ámbito federal con un ala del PRI para 2012, y en cualquier caso para impulsar la aprobación de la política fiscal del presidente Calderón para el año 2010 pasando por alto las competencias constitucionales del Poder Legislativo y el escrutinio de los representados.

A todo lo anterior, aún habría que agregar que las candidaturas independientes pueden promover el oportunismo y el transfuguismo –cuestión que habría que evitar si éstas llegan a ser aprobadas.

Un candidato perdedor en una contienda interna de un partido político puede no reconocer lealmente su derrota, a pesar de que ésta haya sido legal y legítima, y optar por competir a través de una candidatura independiente.

Y esto apunta otro problema, si bien como el anterior, no insuperable: que las candidaturas independientes se vuelvan un pingüe negocio a costa de los contribuyentes, como lo son los partidos minoritarios actualmente.

Con respecto a las candidaturas independientes a nivel municipal, no habría una objeción de mi parte sobre la base de que no es amigable con el sistema de gobierno.

Más bien mi objeción radica en lo que han sostenido diversos analistas del peligro que representa el crimen organizado en las elecciones municipales. A través de los candidatos independientes pueden llegar al poder con cuanto mayor facilidad.

Tampoco me parece correcto que se elija por elección popular al síndico de hacienda como propone el presidente. El pagador y vigilante del dinero de los ayuntamientos no debe ser objeto de elección popular sino un miembro por mérito del servicio civil de carrera.


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