¿Por qué fallaron las encuestas presidenciales?

Las encuestas se han convertido en nuestra incierta y equívoca democracia en un elemento de propaganda política que es utilizado por los partidos políticos para mentir y difundir datos que no corresponden con la realidad

Por: Sergio Ortiz Leroux

Entre los principales damnificados de las elecciones federales del 1 de julio de 2012 destacan las encuestas presidenciales. Como nunca antes, el proceso electoral federal de dicho año se vio acompañado, o mejor dicho inundado, de una amplia batería de encuestas que pretendían tomarle el pulso a las preferencias ciudadanas hacia los candidatos a la presidencia de la República.

No había día o semana en que no se divulgaran en medios electrónicos, periódicos y redes sociales los resultados de uno o más instrumentos de recaudación y procesamiento de información sobre las preferencias de los ciudadanos mexicanos de cara a la elección presidencial.

Cálculos conservadores sostienen que del 15 de diciembre de 2011 al 9 de mayo de 2012 se difundieron los resultados de un mil 67 encuestas (125 en el periodo de precampaña, 181 en la intercampaña y 761 en la primera mitad de la campaña), derivados de 134 estudios registrados ante el IFE.

Todavía el miércoles 27 de junio, al cuarto para las doce, se publicaron diversas encuestas presidenciales en los cuatro principales diarios nacionales: Reforma/Grupo Reforma, Excélsior/bgc, El Universal/Buendía y Laredo y Milenio/gea-isa.

Salvo honrosas excepciones, como la encuesta del Grupo Reforma del mes de mayo (24-27), que registraba un porcentaje de preferencia efectiva de 38 por ciento para Enrique Peña Nieto (EPN), de 34 por ciento para Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de 23 por ciento para Josefina Vázquez Mota (JVM), y la encuesta de Berumen y Asociados del mes de junio (cuya metodología fue vigilada, por cierto, por el Observatorio Universitario Electoral), en cuyas cifras el candidato priista obtiene un margen de entre 30.9 y 35.9 por ciento de preferencias efectivas, el candidato perredista obtiene un margen de entre 22.8 y 31.8 por ciento y la candidata panista obtiene un margen de entre 15.3 y 20.7 por ciento de las preferencias efectivas, la gran mayoría de las encuestas presidenciales difundidas durante la campaña presidencial, y especialmente el último día de la campaña electoral (fecha límite que la ley electoral permite difundir encuestas), sobrestimaron considerablemente las preferencias efectivas para el candidato de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM).

En promedio, Peña Nieto cerró su campaña con una ventaja superior a los 10 puntos porcentuales de preferencias electorales. El caso más dramático fue el de la Encuesta gea-isa, patrocinada aparentemente por el periódico Milenio, y cuyo levantamiento se realizó entre el 24 y el 26 de junio, que situó en 46.7 por ciento la intención de voto efectivo de EPN, en 28.1 por ciento la de AMLO y en 22.6 por ciento la de JVM.

¿Qué sucedió?, ¿por qué las casas encuestadoras sobrestimaron en 5 o hasta 10 puntos porcentuales las preferencias efectivas del candidato de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México?

Si se toma como punto de comparación, por ejemplo, los datos finales del prep: 38.15 por ciento para EPN, 31.64 por ciento para AMLO y 25.40 por ciento para JVM, o los datos oficiales del cómputo final distrital de la elección presidencial dados a conocer el 8 de julio de 2012: 38.21 por ciento para EPN, 31.59 por ciento para AMLO y 25.41 por ciento para JVM, ¿por qué las encuestas presidenciales tuvieron, si se me permite la expresión, tan mala puntería? Diversas respuestas se han ensayado al respecto.

La más común de ellas sostiene que las encuestas se han convertido en nuestra incierta y equívoca democracia en un elemento de propaganda política que es utilizado por los partidos políticos para mentir y difundir datos que no corresponden con la realidad.

Otras interpretaciones afirman que varias encuestas presidenciales tuvieron más o menos severos problemas metodológicos, sea porque distribuyeron proporcionalmente entre los distintos candidatos presidenciales las preferencias de los llamados “indecisos” (el paso de la preferencia bruta a la preferencia efectiva); sea porque ignoraron la alta tasa de rechazo de la encuesta, que en promedio estuvo por arriba de 50 por ciento; o sea porque el tamaño de la muestra fue insuficiente (la muestra de la encuesta de junio de Berumen y Asociados, controlada por el Observatorio Universitario Electoral, por ejemplo, fue de 3 mil 480 entrevistas, frente a las un mil 152 de la encuesta Milenio/gea-isa del martes 26 de junio) o su dispersión espacial en los distritos electorales fue limitada.

Sin dejar de reconocer el peso específico que cada una de estas claves de lectura tuvo en el ¿escandaloso? sobrestimado que dieron las encuestas presidenciales a la preferencia efectiva hacia el candidato priista, creo que poca atención se ha puesto en las dificultades y límites intrínsecos de ese instrumento llamado “encuesta” a la hora de dar cuenta del comportamiento electoral real de ese grupo de control llamado “electorado mexicano”.

Salvo Asa Cristina Laurell, en un artículo de opinión publicado recientemente en La Jornada (p. 3a, 07/07/12), que advertía –palabras más palabras menos– que los procesos sociales “no pueden ser un ensayo controlado”, pocas reflexiones se han producido sobre el excesivo peso que se le ha dado a las encuestas electorales en demérito de otros instrumentos o miradas cualitativas que también pueden ayudar a descifrar en alguna medida (la contingencia es consustantiva a cualquier sociedad mínimamente moderna) las preferencias políticas de los ciudadanos mexicanos.

En esta sobrevaloración ha jugado un papel determinante, como advirtió claramente la propia Laurell, cierto tipo de ciencia social positivista y sus agencias socializadoras (como las rentables casas encuestadoras), que consideran que la sociedad y la política son simples hechos sociales en los cuales únicamente lo empírico, lo positivo, lo objetivo, lo medible y cuantificable adquiere el estatus de objeto de investigación científica.

Bajo el influjo positivista del corsé de la objetividad, bajo la tiranía de los números que cruza a buena parte de los estudios politológicos aparentemente “serios”, la ciencia social positiva elimina, casi por arte de magia, la experiencia previa de lo social, es decir, los procesos socio-históricos y las representaciones simbólicas que los miembros de esa sociedad tienen sobre sí mismos, sobre los demás, y sobre sus leyes e instituciones pol.

Las encuestas presidenciales del año 2012 no pudieron descifrar con la mínima exactitud las preferencias del electorado mexicano no solo porque las preferencias de los hombres son volátiles en el tiempo y en el espacio, sino también –y es aquí donde quiero poner acento– porque muchos ciudadanos durante el pasado proceso electoral no quisieron responder “esas” encuestas o “esas” preguntas a “esas” casas encuestadoras o de plano mintieron deliberadamente en sus respuestas: dijeron frente al encuestador que votarían por Peña Nieto pero en la intimidad de la urna votaron por Andrés Manuel.

¿De dónde viene la desconfianza hacia las reglas e instituciones?, ¿cuál es el origen de los juegos de doble cara que muchos ciudadanos de nuestro país practican (practicamos) tanto en la esfera pública como en la privada? Una posible respuesta provisional o conjetura a estas problemáticas –que ameritaría, por supuesto, ser demostrada en estudios posteriores que presenten la evidencia suficiente– podría encontrarse en los signos y ritos de una cultura política dominante que ha marcado los procesos de socialización política de los ciudadanos mexicanos, y que se distingue por la desconfianza, la tranza, el arreglo en corto, la sospecha, la hipocresía y demás lindezas que heredamos de más de setenta años de hegemonía política y cultural del Revolucionario Institucional.

Resortes informales de nuestra singular cultura política que difícilmente pueden ser rastreados por un instrumento cuantitativo importante pero al mismo tiempo limitado como lo es la encuesta.

De cara al futuro, si bien no se podrá eliminar por decreto la desconfianza que tienen (tenemos) los mexicanos hacia las encuestas electorales, ni se podrá suprimir este tipo de ejercicios de demoscopia por la voluntad soberana de nadie, sí se podría abonar un poco en la arena movediza de las confianzas si los ciudadanos tienen (tenemos) acceso a toda la información propia de una encuesta electoral digna de ese nombre: base de datos, metodología, patrocinador(es), nombre y perfil de encuestadores, costo parcial y total de la encuesta, etcétera.

Las autoridades electorales del IFE y los partidos políticos representados en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión tendrán que hacerse cargo en la próxima reforma político-electoral del problema que representaron en esta contienda los resultados poco creíbles de las encuestas presidenciales.

Por lo menos, y a manera de consuelo, nos queda a los ciudadanos la mínima certeza o aprendizaje democrático de que no siempre hay que creerle a pie juntillas a las encuestas electorales, pues estas son herramientas ciertamente necesarias pero insuficientes para descifrar preferencias ciudadanas.

 


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