La Revolución mexicana y el Estado de la Revolución desde la perspectiva gramsciana

“Un grupo social puede y aún más debe ser dirigente ya antes de conquistar el poder gubernamental"

Por: Jaime Tamayo

El presente trabajo se basa en la perspectiva historicista desde la vertiente gramsciana, que contempla al Estado como un conjunto complejo de instituciones, ideologías, prácticas y agentes, que esconden el carácter desigual e impuesto de las relaciones sociales capitalistas y que actúa como articulador social y no sólo como aparato de coerción, en tanto que concibe a la sociedad civil como la multiplicidad de organismos privados a través de los cuales los miembros de la sociedad se integran a la vida política y la lucha ideológica.

Dichos organismos, son en particular los partidos políticos y los sindicatos, aunque también incluye, medios de comunicación, iglesias entre otros.1

Gramsci plantea el concepto de la alianza de la clase obrera y el campesinado como un nexo fundamental, orgánico, como base de un nuevo bloque de fuerzas enfrentado al dirigido por la burguesía, y que se explica con la categoría de hegemonía y por la distinción entre momento del dominio y el momento del consenso.

Para Gramsci la hegemonía no es sólo un sistema de dominación, ya sea de ideas o de poder político. Más que el sistema lo que le preocupa es el proceso: el proceso mediante el cual la clase gobernante impone un consenso, su dominio en el reino de las ideas, utilizando medios en su mayor parte pacíficos.

Esto sucede a través de los medios de adoctrinamiento en aquella parte del Estado que Gramsci llama “sociedad civil”: a través de la prensa, la educación y la Iglesia. De esta manera el pueblo participa voluntariamente en su propio sometimiento.

La hegemonía del proletariado implica la alianza con el campesinado y la necesaria incorporación de los intelectuales a este bloque.

Pero según Gramsci, el protagonista de esta tarea debería de ser el partido del proletariado. El concepto de hegemonía define las relaciones entre la clase dirigente y el conjunto de las clases aliadas, mientras que el de dictadura hace referencia a las relaciones de enfrentamiento entre las clases.

La distinción entre sociedad política (Estado) y sociedad civil tiene no sólo una importancia teórica sino una significación concreta, puesto que para Gramsci: “un grupo social puede y aún más debe ser dirigente ya antes de conquistar el poder gubernamental; después cuando ejerce el poder, aunque lo tenga fuertemente en un puño se convierte en dominante, pero debe continuar siendo también dirigente”.2 

Para el proletariado la conquista del poder no puede consistir en la conquista de los órganos de coerción (aparato burocrático militar) sino también y previamente en la conquista de las masas.

La hegemonía se constituye en expresión de una relación orgánica, de una dirección intelectual y moral, mediante la que las masas se sienten permanentemente ligadas a sus organizaciones de clases, a través de los intelectuales (especialistas y políticos).

Si la hegemonía significa la formación de una voluntad colectiva nacional popular, para Gramsci es de fundamental importancia rastrear en la historia: las razones de los sucesivos fracasos para lograr dicha formación. “Una masa humana no puede adquirir por sí misma personalidad independiente sin organizarse en el más amplio sentido de la palabra, y si se tiene en cuenta que esa organización no puede darse sin la existencia de los intelectuales, vale decir que en los dirigentes es evidente la presencia de un cuerpo político homogéneo y consciente como es el del partido del proletariado, puesto que no surge por el capricho de tal o cual personalidad en cualquier momento de la historia, sino como expresión de una necesidad histórica.

Surge y puede desarrollarse sólo cuando las condiciones para su triunfo, para su indefectible transformación en Estado, están al menos en vías de formación y dejan parecer normalmente su desarrollo ulterior”.3

El objetivo de los intelectuales “orgánicos” que trabajan en bien del proletariado debe consistir no sólo en equipar a su propia clase con la nueva ideología –la ideología de la praxis–, sino también ganarse o neutralizar y apartar de su anterior lealtad a los que él llama intelectuales “tradicionales”, quienes al reflejar los intereses de clases tradicionales como los campesinos y los artesanos, no están profundamente comprometidos con ninguna de las dos clases fundamentales.

De esta manera, según Gramsci, el proletariado puede tanto edificar su propia contraideología como debilitar las defensas ideológicas de sus oponentes antes de derrotarlos en la lucha por el poder estatal.

Para Gramsci la historia tiene una gran importancia, ya que ayuda a esclarecer el proceso de distanciamiento de una determinada masa de hombre de la ideología dominante, las raíces de sus características, las influencias de los grupos afines, aliados o enemigos, la acción sobre ellos de las superestructuras, los elementos estructurales que determinan el surgimiento de dicho grupo social.

Es quizá por esto que el pensamiento de Gramsci sigue siendo útil para el análisis histórico y político, pese a la crisis de la teoría marxista.

Como puede apreciarse, en el desarrollo de la teoría política siempre ha estado presente el análisis de la relación del Estado con la sociedad y si bien la sociología como disciplina es de reciente origen (siglo XIX con Augusto Comte) y más aún el concepto de sociología política, en realidad es fácil rastrear sus raíces en la ciencia política y en la historia.

Incluso, durante un largo periodo el marxismo menospreció la sociología al considerarla una ciencia burguesa. Eso generó que aun cuando finalmente el estudio de los movimientos sociales retomó elementos del marxismo, en un comienzo se sustentó en el estructuralismo y el funcionalismo.

Así, de la sociología clásica se desprendió el estudio de acciones colectivas, de la que más tarde surgiría el estudio de los movimientos sociales.

El estudio más reciente de los movimientos sociales, frente a las viejas concepciones mitificadoras de la historia política (ya fuese de los grandes acontecimientos, de los gobernantes, del Estado o de los partidos políticos) que en muchas ocasiones fueron fuente de legitimación y justificación del autoritarismo del Estado que ocultaron la realidad social, vino a mostrarnos una realidad desconocida hasta entonces, dejándonos ver una más compleja y contradictoria relación entre las fuerzas sociales que actúan en el seno de la sociedad civil.

Por otra parte, pese a que aún no ha sido superada la tendencia en los estudios de los movimientos sociales a menospreciar el papel y la importancia del Estado, –como reacción de rechazo al análisis, estatalista hasta hace poco tiempo dominante– también estos estudios nos han mostrado la relación entre la sociedad civil y el Estado.4

Sin embargo, algunos elementos del análisis tradicional han persistido en el estudio de los movimientos sociales, en particular en los estudios históricos, obstaculizando en cierta medida una visión de conjunto más compleja y más cercana a la realidad, pero además se han formulado algunos planteamientos novedosos que en busca de la superación de viejos esquemas han pasado con igual fuerza a rechazar lo que de válido tenían las formulaciones anteriores.

Esto último es particularmente cierto en lo que se refiere a la renuncia al estudio del Estado y la desvinculación total, en el análisis de la sociedad civil respecto de la sociedad política.

De esta manera, en la mayor parte de la literatura sobre historia de los movimientos sociales en México se recurrió a declarar al Estado como realmente inexistente.

Al parecer, había que colocar en primer plano los movimientos, acciones y formas de lucha antiautoritarias, antiestatalistas, autogestionarias y anarquistas; pero no sólo eso, sino que retomando las armas de lucha del propio objeto de estudio, se recurrió a la acción directa como método de análisis, desconociendo al Estado y a cualquier otro agente mediador en los conflictos sociales.

El enfrentamiento de clase contra clase, de ser un principio de lucha social se tornó también en método de investigación en el que obviamente el Estado desaparecía del escenario. El “apoliticismo” anarquista se reflejó en una historia social “apolítica”, de esta manera los actores sociales se quedaron sin Estado y sin política.

Sin embargo la realidad, que no puede limitarse a la estrechez de la historia oficial, tampoco podía constreñirse a lo que le pretendía imponer la historia contestataria.

Incluso, desde la perspectiva de los propios movimientos sociales, la historia social es eminentemente también historia política, en tanto que el Estado es siempre un referente obligado para todo movimiento social en su devenir histórico.

Como lo indica Daniel Camacho: “Partimos de que la diferencia entre sociedad civil y sociedad política es una abstracción que sirve para distinguir dos dimensiones de la misma realidad.

Los mismos hombres y cosas que forman la sociedad civil constituyen la sociedad política o lo que es lo mismo el Estado, sólo que en esta última sus relaciones tienen que ser con el ejercicio coercitivo del poder.

En la sociedad civil los mismos hombres y cosas interactúan de manera no coactiva, y por ello las relaciones entre los diversos sectores de la sociedad tienden a la hegemonía y al consenso”.5

Todo movimiento social, ya como interlocutor, ya como expresión contestataria de una parte de la sociedad civil, siempre entabla alguna forma de relación con el Estado y en una u otra medida, ya sea por decisión propia o por la violencia que contra él ejerza el Estado, establece los límites de su acción frente a él y, en última instancia tiene como objetivo incidir en el mismo.

Más explícitamente, los movimientos sociales, en cuanto expresión de la sociedad civil son manifestaciones de ésta frente a la sociedad política:

En la sociedad política las contradicciones se resuelven con decretos o leyes de acatamiento obligatorio o, en última instancia, con la coacción pública.

En la sociedad civil el juego es más difuso y las contradicciones tienden a resolverse por el uso de instrumentos como el convencimiento o la presión. Por ello, los movimientos sociales son la forma idónea de expresión de las tensiones dentro de la sociedad civil.

El objetivo de los movimientos sociales es sin embargo, la sociedad política. En otras palabras, el triunfo mayor de un movimiento social es lograr, en su beneficio, una modificación en el ámbito del Estado, por ejemplo, una ley de reforma agraria en beneficio del movimiento campesino o una exoneración del pago de impuesto en beneficio del movimiento empresarial.

Hay un caso límite y es aquel en el cual un movimiento social logra la transformación total del Estado, por ejemplo, cuando triunfa el movimiento popular y logra conformar un Estado nuevo.

Aún en este caso, al institucionalizarse el Estado nuevo, el movimiento popular vuelve al ámbito de la sociedad civil para constituir desde ésta el consenso del reciente Estado y también para cautelar el cumplimiento de los objetivos populares en el ejercicio del poder político.

Por lo anterior queda claro que el hecho de que sean expresiones de la sociedad civil no priva de manera alguna a los movimientos sociales de sus reivindicaciones políticas y, en el caso del movimiento popular (así en singular) de un proyecto político alternativo cuando no está en el poder, y oficial cuando logra el acceso al poder.6

Si esto es válido por lo menos para América Latina, indudablemente cobra para el caso mexicano, una mayor relevancia, considerando que este Estado, si bien no constituye a las clases sociales y a la sociedad civil, sí las determina de manera importante, como se puede apreciar a continuación.

La historia del estado mexicano en el siglo XX desde una perspectiva Gramsciana

En el proceso de conformación del Estado, surgido de la Revolución Mexicana, los actores sociales tuvieron un papel fundamental, si bien en la medida en que se fortaleció aquél, estos perdieron margen de acción, autonomía y capacidad de respuesta.

En algún sentido el Estado mexicano parece que materializa, respecto a los actores que le dieron la vida, la pesadilla recurrente de las madres que al amamantar a su hijo imaginan que éste, conforme se nutre y fortalece, les va succionando su impulso vital, hasta que finalmente el crecido engendro termina devorando a la infeliz y escuálida mamá.

Desde la segunda mitad del siglo XIX, pero particularmente desde la Revolución, el Estado mexicano ha incidido en gran medida en la configuración de los actores sociales, en la formación de sus organizaciones e instituciones, en sus canales de participación y en la delimitación de sus campos de acción, y a su vez la conformación del primero ha estado troquelada en buena parte por los propios actores sociales.

La historia del estado y del poder en México no puede limitarse a la descripción de los cuartelazos y las intrigas palaciegas, ni es posible ceñirla simplemente a las luchas por el poder. Por ello la historia de los conflictos políticos requiere, como contraparte, la de los movimientos sociales.

No podemos ignorar que, por una parte las fuerzas políticas, protagonistas de esos conflictos y de esas luchas, expresaron ciertos intereses y demandas de los sectores y clases sociales que representaban generalmente de manera un tanto indefinida, confusa e incluso combinada contradictoriamente, por lo menos en el periodo referido.

Además la historia política es insuficiente para entender procesos tan complejos como la construcción del Estado, y sus reflejos y contradicciones a nivel regional, sin conocer las expresiones de la lucha de clases en el seno de la sociedad civil y las contradicciones que la atraviesan; más aún, en momentos históricos en que los movimientos sociales adquieren un papel determinante en la definición de la estructura del Estado.

La revolución mexicana respondió a la situación de crisis de finales del Porfiriato; una crisis que no sólo afectaba a la economía o al régimen político, sino también a la sociedad.

El desarrollo de las fuerzas productivas, favorecido y promovido hasta cierto momento por el Estado oligárquico,7 entraba en contradicciones insalvables con éste.

El Estado oligárquico –que por su propio carácter permanecía impermeable a las clases emergentes, y en tanto que representante, de los intereses de una capa social rentista, terrateniente y comercial, y del capital extranjero– constreñía y obstaculizaba cada vez más el desarrollo y la expansión del capitalismo mexicano.

La modernización del Estado se volvió entonces una necesidad histórica.

Por esto se fueron engendrando nuevas clases sociales del seno de las viejas, pujando por salir y ocupar un espacio. La incipiente burguesía requería de un proletariado libre de vender su fuerza de trabajo, liberado de cualquier atadura con la tierra y libre también de la propiedad de sus instrumentos de trabajo.

Los peones del campo y los artesanos a su vez, comenzaban a sentir la necesidad de romper con las cadenas que los ataban al pasado.

La revolución, entre otras cosas, significó la emergencia de nuevos actores sociales, que pusieron en crisis a las viejas instituciones, e hicieron necesaria la recomposición de la sociedad y la construcción de un nuevo Estado.

Derrotado el intento restaurador de Victoriano Huerta y después del triunfo del constitucionalismo sobre los ejércitos campesinos de la Convención de Aguascalientes, los vencedores se encontraron ante la necesidad de instaurar un nuevo orden.

Ya que la construcción del moderno estado nacional se inició no a partir de una visión teleológica del mismo, sino con base en la acción de las diversas fuerzas y proyectos que actuaban entre sí y sobre el “proyecto” en marcha, la composición misma del bloque del poder, impidió que tuviera un proyecto claramente definido de antemano.

Además la lucha de facciones lo obligó a retomar banderas, en un inicio, no incorporadas en su programa. En este sentido no es posible hablar de triunfadores absolutos ni de vencidos absolutos, si bien la asimilación de banderas y demandas no supuso la ausencia de una corriente dominante.

Por otro lado, difícilmente podemos hablar de una facción triunfante de la Revolución, sino de varias, con proyectos e intereses diferentes.

El bloque constituido con estas facciones, se iría desgajando, puliendo y afinando de manera contradictoria y en ocasiones violenta –Agua Prieta, la rebelión delahuertista, Huitzilac, la insurrección escobarista–, pero siempre cancelando una u otra alternativa y avanzando en la construcción del Leviathán actual.

A partir de la derrota de las fuerzas de la Convención, podemos hablar, a grandes rasgos, de cinco fases en la conformación del moderno Estado mexicano:

La primera es la etapa (1916-1920) constitucionalista o carrancista en la cual se sentaron las bases jurídico-legales del nuevo Estado.

Si bien el proyecto dominante, el de Carranza, buscaba el establecimiento de un Estado del viejo y tradicional corte liberal, la presión de la corriente obregonista (con un proyecto más radical, llamado “jacobino”, que integraba demandas sociales y buscaba la incorporación de las masas a la construcción de la nación), logró la inclusión de los artículos sociales en la Constitución, dándole un carácter diferente al que buscaba imprimirle el carrancismo.

La segunda etapa (1920-1924) corresponde a los gobiernos de Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. La incorporación de las masas al proyecto nacional.

En esta etapa comenzó propiamente la conformación del moderno Estado, al iniciarse el proceso de centralización y concentración del poder político, exigido por el nuevo Estado capitalista.

Así, la modernización del estado, se dio en diversos ámbitos: en el militar, con la eliminación de los caudillos y la institucionalización del ejército, en el geográfico con la eliminación de los caciques y factores locales de poder y en el social con la alianza de la clase obrera y el campesinado.

Este proceso de modernización tuvo como palanca principal un pacto social de corte populista, en el que la alianza de la clase obrera y el campesinado –subordinados al proyecto obregonista, pero incorporándole demandas propias con los de la pequeña burguesía radical, representada por los sonorenses–, constituyó la base para llenar el vacío de poder e imponer a la sociedad las nuevas reglas políticas y sociales.

En esta etapa tendría lugar la irrupción de las masas en la determinación de la política nacional, y sentaría las bases para la secularización de la política, y ello se daría a través de diversas instancias mediadoras, organizaciones sociales, partidos y líderes, caciques y caudillos.

De hecho es en esta etapa que da inicio y se sientan las bases del Estado mexicano moderno, y cuando tienen lugar las luchas sociales que quizá más influyeron directamente en la conformación de ese Estado, además de prefigurar el modelo corporativista que dominaría durante el resto del siglo XX en México.

La tercera fase (1924-1928), el callismo, constituyó un proyecto diferente al obregonista pero que pudo articularse y continuar sobre las bases sentadas por éste; implicó un nuevo nivel de concentración de poder en el ejecutivo federal y una mayor centralización política, manifiesta en la corporativización de los movimientos populares y la eliminación de los caudillos regionales, y su corolario sería precisamente la siguiente etapa.

La consolidación del proceso corporativizantetiene lugar durante el maximato, (cuando el ex presidente Calles, o “jefe máximo”, a través del recién creado partido de Estado PNR, antecedente del PRI, controló el poder político) cuarta etapa del proceso (1929-1935), y con ella se institucionaliza no sólo el poder político y sus expresiones, sino también las relaciones sociales (a través de la Ley Federal del Trabajo), aunque para ello el Estado recurriera a la violencia indiscriminada e ilegal.

Sin embargo, no sería sino en la quinta etapa (1935-1940) cuando se consolidó definitivamente el Estado nacional. El cardenismo representó entonces la síntesis depurada del proceso, en el que por un lado culminó la revolución y por otro se recuperaron los elementos manifestados como significativos para el objetivo nacional, depurando las desviaciones impuestas por el momento histórico.

Así, reencontramos tanto la alianza Estado-movimientos sociales, como la corporativizacion posterior de los que serían objeto éstos, pero sin los niveles de corrupción política dominante durante el callismo.

Además se afirmó el poder central y la figura presidencial, mientras que el “jefe máximo”, institución formalmente externa al Estado, desapareció.

Las bases del sistema político mexicano entonces, se gestaron en las alianzas y con los sectores populares (obreros, campesinos y pequeños propietarios); así se engendró el corporativismo posterior, pero también se sentaron las bases de las nuevas instituciones, de los procedimientos y prácticas, la aplicación de las políticas del Estado en la medida en que, ante las demandas y movilizaciones sin márgenes de control se propiciaron con las respuestas estatales las vías, canales y límites de los diversos sectores sociales; incluso al llevar al Estado a regular las diversas actividades económicas y sociales, se generó el carácter rector e interventor del mismo.

Podemos decir que en condiciones de un Estado en formación, la sociedad organizada puede ser importante en la definición del carácter de ese Estado, a pesar de la manipulación y el control que ejerzan la elite política o los caudillos.

Citas

  1. Antonio Gramsci (1970). Notas sobre Maquiavelo, sobre Política y sobre el Estado Moderno, Cuadernos de la Cárcel Núm. 1, Juan Pablos Editor, México, 1973, y Antología, Siglo XXI, México.
  2. P. 19.
  3. P. 47.
  4. Los enfoques de Touraine, Melucci y Alberoni han sido particularmente influyentes en los investigadores mexicanos, en tanto que la Escuela de los Annales y la escuela italiana han tenido incidencia en la historia social mexicana. Alain Touraine, que es quizá el teórico más importante de los movimientos sociales, sostiene que estos “...se organizan bajo formas que pretenden ser opuestas a los partidos, lo que se ve de la manera más clara en su ausencia de centralismo. A la búsqueda del poder y de la unión sucede la de la autonomía de la iniciativa... Más que privilegiar una vertiente u otra, la revolución cultural o la lucha social, hay que poner de manifiesto la inmensa extensión del campo de los movimientos sociales. Aparecen por todas partes, rebasando el terreno que se denomina político y haciendo desbordar los límites de los problemas considerados sociales”. Alain Touraine, 1982. El Postsocialismo, Planeta, Barcelona, pp. 136-139. En tanto que para Alberoni, un movimiento social deja de serlo cuando se institucionaliza, por lo cual paradójicamente, el movimiento social que triunfa y se consolida políticamente, se extingue (Alberoni, Óp. Cit.), en tanto que para otros autores, como Habermas, los movimientos sociales son generados por los conflictos entre espacio público y privado y los obstáculos de la burocracia (J. Habermas Historia y Crítica de la Opinión Pública. Óp. Cit).
  5. Camacho, Daniel y Menjivar, Rafael (2005). Los movimientos populares en América Latina. México: Siglo XXI Editores.
  6. Daniel Camacho Ibid. P. 17.
  7. Estado incipiente que, como su nombre lo indica, responde a los intereses de la oligarquía, ante la ausencia de una burguesía constituida, y que, en consecuencia, niega incluso principios elementales del Estado moderno como la igualdad jurídica y garantiza la concentración del poder económico y político en un pequeño sector social.

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