Igualdad de género: pendientes de la reforma 2007-2008

La teoría ha demostrado cómo el paradigma patriarcal confinó a las mujeres al espacio de lo privado, mientras que a los hombres les abrió la vida pública.

Por: María del Carmen Alanís

En 2012, la cantidad de mujeres que accedió a escaños en las cámaras de senadores y diputados fue la más alta en la historia de México: 42 y 184, respectivamente. Con ello, México alcanzó uno de los objetivos del milenio, sobrepasar el umbral de 30 por ciento de representación congresional.[1]

Ese resultado es producto de diversos cambios que se han hecho a la legislación electoral federal para hacer efectivas las acciones afirmativas en favor de la igualdad de género.

Es, también, consecuencia del impacto que la jurisdicción electoral federal ha tenido sobre la tutela de los derechos político-electorales de los ciudadanos, específicamente de las mujeres.

Pero si bien la representación política de las mujeres ha ido en aumento, lo cierto es que todavía no refleja su peso relativo en la población. Subsisten barreras que inhiben su participación igualitaria.

La política, ajena a las mujeres

Con gran éxito, la teoría ha demostrado cómo el paradigma patriarcal confinó a las mujeres al espacio de lo privado, mientras que a los hombres les abrió la vida pública.

De ahí derivaron aquellas nociones que –por siglos– consideraron  que “la política es cosa de hombres” o que a las “mujeres les corresponde el cuidado de los hijos y del hogar”. Esas conjeturas, además de injustas, afectaron las condiciones para que las mujeres aspiraran a competir por cargos públicos.

En la actualidad, el paradigma dominante reconoce la importancia de que las mujeres participen en espacios públicos de toma de decisiones.

La Organización de las Naciones Unidas (onu), el Banco Mundial, los gobiernos de los países, las cortes internacionales –todos– comparten la convicción de la importancia de que las mujeres participen en política.

Ello ha quedado reflejado en instrumentos internacionales de suma importancia, como las convenciones para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.

No obstante, subsisten rezagos que han impedido que las mujeres participen en la política en igualdad de condiciones que los hombres. Datos de la Unión Interparlementaria muestran que 19.5 por ciento de los congresistas en el mundo son mujeres.

Cuotas de género

A efecto de resolver las asimetrías políticas que conducen a cuerpos políticos integrados en forma desigual, las naciones han implementado medidas temporales que compensan las ventajas que un sexo tiene sobre el otro (acciones afirmativas) o que garantizan que el umbral de mujeres en los órganos de representación no baje de determinados mínimos aceptables (cuotas).

En la actualidad, las cuotas de género son una realidad en buena parte del mundo. Organismos expertos como la Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho reconocen la validez de estas, siempre y cuando tengan base constitucional.[2]

Además, han probado ser muy eficaces. En 2011, en los países con cuotas las mujeres alcanzaron 27 por ciento de escaños; en países sin cuotas alcanzaron 16 por ciento.

Los organismos internacionales especializados han registrado básicamente dos tipos de cuotas a nivel internacional (Larserud y Toaphorn, 2007). Por un lado, las que se aplican al momento de postular los candidatos, de manera que facilitan la incorporación de mujeres en las listas de candidaturas que proponen los partidos políticos.

Por otra parte, aparecen las cuotas basadas en resultados, en las que se garantiza un determinado porcentaje de mujeres en las legislaturas.

Se reserva un determinado número de escaños, es decir, se integra una cirscunscripción específica para mujeres, o bien se selecciona a  aquellas que completarán la cuota de entre las candidatas que hayan obtenido el mayor número de votos, no obstante que hubieren perdido elecciones frente a sus contendientes.

Cuotas de género en México

En méxico las cuotas de género han tenido un avance gradual. Primero hubo cuotas enunciativas o indicativas que no imponían propiamente una obligación para partidos o candidatos, pero les exhortaban a incluir la igualdad de género en sus consideraciones para nominar candidatos.

Fue hasta 2002 cuando, por vez primera, se estableció como obligatoria una cuota de 30 por ciento para el registro de mujeres. A su vez, se exigió que las listas de representación proporcional se integren por segmentos de tres y en cada una haya una candidatura de sexo distinto.

Esa previsión se aplicó hasta las elecciones de 2006. Por ejemplo, en aquel año, para la elección del Senado las mujeres alcanzaron 32 por ciento de las candidaturas de mayoría y 48 por ciento de las de representación. Con ello, se logró que 20.8 por ciento del Senado estuviera integrado por mujeres.

En virtud de ese pobre desempeño, la cuota fue incrementada a 40 por ciento en la reforma electoral de 2007. Además, para el caso de las candidaturas de representación proporcional, los segmentos se volvieron de cinco candidatos, de los cuales dos tendrían que ser de sexo distinto.

El texto, aún vigente en el código federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (cofipe) dice así:

Artículo 219

  1.   De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.
  2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.

Artículo 220

  1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.

Esta cuota se aplicó, por vez primera, en la elección de diputados de 2009. En aquel año, una candidata, Mary Telma Guajardo, impugnó la forma en la que su partido había procesado la alternancia de géneros prevista en el artículo 220 del cofipe.

El tribunal electoral del poder judicial de la Federación (TEPJF) interpretó que esta debía entenderse como que después de cada hombre fuera enseguida una mujer y viceversa. Ello evitó configuraciones que pondrían a las mujeres al final de los segmentos.[3]

Esta interpretación, sin embargo, fue todavía insuficiente para lograr un cambio significativo. Fueron electas 149 mujeres, es decir, 29 por ciento.

Además, en aquel año se registró el eventual episodio en el que ocho mujeres renunciaron en favor de sus suplentes hombres, por lo que la representación de mujeres cayó al 28 por ciento.

Proceso electoral 2012

En 2012, el diseño de la cuota se mantuvo, lo que cambió fue el modo de interpretarla.

En el reglamento de candidaturas, el IFE había provisto de una definición de proceso democrático no prevista en el COFIPE, lo que a juicio de diez mujeres militantes de diversos partidos políticos restringía su posibilidad de acceder a candidaturas.

Además, combatían que el IFE dispusiera que la fórmula completa se integrara por candidatos de un mismo género, pues ello limitaría sus posibilidades de ser consideradas como candidatas suplentes.

Fueron esos los argumentos contenidos en la demanda que presentaron a consideración del TEPJF (sup-jdc-12624/2011), el cual resolvió desde una perspectiva de género.

Al hacer una interpretación progresiva, conforme lo establece el artículo 1º de la Constitución, se decidió expulsar la definición de proceso democrático hecha por el IFE y se estableció que en el caso de candidaturas de mayoría relativa, se debían de postular mínimo 120 candidaturas propietarias para cada sexo (40 por ciento de trescientos) y veintiséis candidatas propietarias a senadoras (40 por ciento de 64).

Además, en cuanto a las suplencias, se especificó que las candidaturas propietarias de mujeres debían recaer en otra mujer. En el caso de los propietarios hombres sus suplentes sí podrían ser mujeres.

En cumplimiento a la sentencia, el IFE emitió nuevos criterios, los cuales fueron impugnados por diversos ciudadanos. Sus pretensiones fueron desestimadas, sobre la base de que lo que realmente se pretendía impugnar era la decisión adoptada en el jdc-12624.

Una vez que se aprobaron los registros definitivos, diversos precandidatos hombres que fueron sustituidos para el cumplimiento de las cuotas de género impugnaron también el acuerdo respectivo.[4] Sus argumentos se encontraron infundados.

Como resultado, en el caso del senado, las mujeres estuvieron postuladas en 43 por ciento de las candidaturas de mayoría y 48 por ciento de las de representación. Hay 42 mujeres en el Senado (32.8 por ciento).

En el caso de la cámara de diputados, las mujeres ocuparon 47 por ciento de las candidaturas de mayoría y el 50 por ciento de las de representación proporcional. Teniendo como resultado que llegaron 184 mujeres a la Cámara de Diputados, lo que significa 37 por ciento de representación.

El cumplimiento cabal de las cuotas permitió que los votantes tuvieran un espectro mayor de candidatas, lo que a su vez se tradujo en más legisladoras. La sentencia contribuyó a hacer exigibles los derechos de las mujeres y, con ello, a fortalecer las posibilidades de su representación en el Congreso.

Disparidades a nivel local

La línea argumentativa seguida por la Sala Superior fue mantenida en diversos juicios locales donde se controvertía la aplicación de cuotas prevista en legislaciones locales.

Es el caso, por ejemplo, del recurso de reconsideración sup-rec-74/2012 que recibió la Sala Superior en relación con la candidatura a la Jefatura Delegacional de Iztacalco, postulada por el pan.

Originalmente se había registrado un candidato hombre, que fue sustituido por una candidata mujer para cumplir con la cuota de género.[5]

En contra de tal sustitución, el candidato presentó un juicio ciudadano ante el tribunal electoral del DF, aduciendo que su postulación había sido producto del resultado de un proceso de selección interna. El tribunal electoral local le dio la razón y tal determinación fue confirmada por la Sala Regional Distrito Federal.

Sin embargo, la sala superior revocó tal determinación. Al efecto consideró que si bien existía un enfrentamiento entre la equidad de género y el principio de mayoría en la elección, de una correcta  ponderación de los derechos en juego, se concluyó que el registro correspondía a la candidata.

Debe reconocerse que, a nivel local, ha habido también determinaciones en sentido contrario, en alguna ocasión en que la jornada electoral ya estaba próxima. E

s el caso del recurso sup-rec-77/2012 en el que se solicitó a la Sala Superior ordenar la corrección de las listas de candidatos a delegados postulados por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, al no ajustarse a las previsiones de la cuota de género.

En virtud de la proximidad de la elección, por mayoría la Sala Superior declaró firmes las candidaturas, a fin de privilegiar la certeza y seguridad jurídica.[6]

Pendientes para una nueva reforma electoral

Si bien el proceso 2012 presentó un avance significativo al haber permitido a las mujeres atravesar el umbral de 30 por ciento de representación en el Congreso Federal, lo cierto es que aún quedan varios pendientes en el tema.

Algunos de ellos podrían bien ser considerados en una reforma legal al código comicial, mientras que otros podrían formar parte más bien de las discusiones que se tengan al interior de los partidos.

En cuanto a las primeras, habría que considerar la eventualidad de expulsar del cofipe la excepción al cumplimiento de las cuotas de género que tantas simulaciones ha ocasionado en el pasado.

Del mismo modo, habría que pensar en plasmar en la Ley Electoral la necesidad de que los suplentes de mujeres sean también mujeres, a efecto de evitar los episodios de renuncia del 2009.

De igual manera, habría que discutir si es pertinente un nuevo incremento en la cuota, para dar pie a 50 por ciento de las candidaturas.

En cuanto al ámbito intra-partidista, algunos institutos podrían verificar si están postulando a mujeres en los distritos electorales que consideran perdedores. De ser el caso, podrían valorar si incorporar a su normativa interna alguna previsión que impidiera esa práctica.

Por último, atendiendo a las recomendaciones que el Comité de Expertas de la cedaw formuló al Estado mexicano, algunas entidades federativas del país deberían revisar si conviene examinar su normativa interna. Muchas establecen cuotas, pero posibilitando excepciones a su cumplimiento, lo que explica que en el plano local la igualdad de género en la representación congresional esté todavía lejos de ser alcanzada.

Citas

  1. Treinta y cuatro países en el mundo han logrado esa meta.
  2. Código de buenas prácticas en materia electoral.
  3. sup-jdc-161/2009
  4. sup-jdc -475/2012 respecto del pan y sup-jdc -510/2012 por lo que hace al pri.
  5. Establecida en el artículo 296, tercer párrafo, del Código Electoral del DF, correspondiente a 40-60 por ciento.
  6. Con los votos en contra de los magistrados González Oropeza y de la suscrita.

Bibliografía

larserud, Stina y Rita toaphorn (2007). Diseño para lograr la igualdad.Combinaciones más idóneas, medianamente idóneas y no favorables de los sistemas electorales y cuotas de género, idea Internacional.


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