El bicentenario, la transición democrática y los valores de la república

Las celebraciones son un ejercicio de ritualismo político y no un festejo de ciudadanos

Por: Héctor Raúl solís Gadea

El bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución han encontrado a México en una circunstancia opuesta a los fines que les dieron sentido como acontecimientos históricos.

Las celebraciones son un ejercicio de ritualismo político, un pálido reflejo de dos mitos cuyas imágenes se han disuelto al paso del tiempo, y no un festejo de ciudadanos originado en un sentimiento de satisfacción por la salud de la república.

No es una exageración decir que hay muy pocos motivos para congratularnos (tal vez ninguno). Una crisis multiforme, ubicua, y sin esperanza de ser superada en el corto plazo, se cierne sobre el país y lo paraliza. Así de grave es.

El malestar se presenta a través de muchos frentes plagados de complicaciones. Tan sólo algunos de los más evidentes son la cruenta confrontación entre el gobierno y el narcotráfico, el crecimiento de la delincuencia organizada que sin pausa somete a más y más ciudades al estado de sitio, la agudización de la pobreza y la desigualdad, el quebranto fiscal y las dificultades de una economía que está dejando de contar con sus asideros históricos (el petróleo, el turismo y las remesas), así como la desatendida necesidad de que las fuerzas políticas hagan acuerdos que den certidumbre a la vida pública y promuevan la unidad nacional.

La conjunción y la intensidad de las tensiones son inéditas. Nunca, desde los tiempos de la consolidación del régimen posrevolucionario, se había instalado con tal crudeza la desconfianza en el país y en su porvenir.

Jamás, durante el mismo lapso, una clase política había generado tanta decepción y descrédito. El cuadro no se reduce a la coyuntura: penetra y carcome los fundamentos del Estado anunciando la llegada de una larga noche.

Tampoco se limita a la incompetencia de determinadas personas a cargo de responsabilidades públicas: lo que ha caído en la inoperancia es la estructura y el proceso de gobernar.

Una palabra extraña, propia de la jerga sociológica, puede servir para sintetizar lo que ocurre: des-institucionalización. La entiendo como la erosión de las pautas institucionalizadas de comportamiento social y político que conduce a la incapacidad para generar orden y proteger derechos esenciales, castigar y disuadir las violaciones a la ley, encauzar productivamente las diferencias, y propiciar la cooperación pública dentro de un clima de libertades.

México va a la deriva y sin proyecto. El gobierno es impotente para realizar reformas que lo proyecten más allá del estéril enfrentamiento con el día a día en el que se consume. El vicio alimentado por los intereses de corto plazo y de facción se impone a la virtud y a las visiones de futuro que toman en cuenta las causas comunes.

Los últimos años hemos vivido bajo la creencia de que el debilitamiento de las instituciones se puede presentar a lo largo de mucho tiempo sin producir trastornos agudos generales.

Asumimos que muchas zonas de la vida social pueden caer en la arbitrariedad y el desgobierno sin que nada grave suceda. La informalización de más de 40 por ciento de la economía,1 la corrupción generalizada, la impunidad del crimen, la desprotección de los recursos naturales, la irracionalidad en el gasto público, el desorden urbano y territorial, así como la evasión fiscal, han estado con nosotros desde larga data y, aparentemente, nada delicado sucede: como si el sistema social tuviera una ilimitada capacidad para absorber esas alteraciones.

Pero en el periodo del presidente Calderón se han presentado eventos que demuestran que hace mucho tiempo debimos haber asumido, con madurez y generosidad política, la tarea de recuperar el sentido de dirección de la vida pública.

Existe un efecto de la des-institucionalización, acaso el más serio, que ya abruma y ahoga al cuerpo social mexicano a pesar de nuestras resistencias para reconocerlo.

Se llama estado fallido y consiste en una suerte de involución hobbesiana: la feudalización de la violencia física a manos de organizaciones criminales, mafias extorsionadoras, secuestradores y asesinos a sueldo, que desafían al Estado y se burlan de la legalidad.

Cuesta afirmarlo pero es cierto: los señores del crimen y la delincuencia son los verdaderos regentes de muchos territorios de México.

La falta de acción concertada entre los aparatos de seguridad gubernamentales, la ineficacia de las instituciones encargadas de impartir justicia y la torpeza de los servicios de inteligencia, han hecho evidente que la criminalidad está invadiendo el núcleo central del Estado.

Éste reacciona dando palos de ciego. Ni siquiera es capaz de dominar mentalmente el teatro de operaciones y reducir analíticamente su complejidad, ya no digamos que proceda bajo criterios estrictos de planificación y con acciones eficaces.

El efecto probable, incluso en el corto plazo, no se antoja impensable: un círculo vicioso de empeoramiento de la situación, un fallo sistémico generalizado del Estado que arroje a muchas ciudades mexicanas a un cuadro de caos producido por el estado de sitio a manos del crimen, lo que terminaría por agotar las reservas de legitimidad del sistema político.

¿Cuánta irracionalidad puede soportar el país? ¿Cuántos muertos exige una guerra equívocamente planteada y peor ejecutada? ¿Cuántas ciudades necesitan convertirse en Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Culiacán o Monterrey, para que se colapse el gobierno civil y, con él, el orden constitucional y democrático, la soberanía y la libertad, justamente aquello por lo que la sociedad mexicana presumiblemente luchó en 1810 y en 1910 y, que ahora, en una manifestación de inconsciencia o ingenuidad, se nos invita a celebrar como si nada amenazante estuviese ocurriendo, como si no fuera apremiante ir más allá de una orgullosa conmemoración?

Para que los festejos del bicentenario y el centenario sean algo más que una frívola celebración, debemos hacer de 2010 el año en que la nación inicie una reflexión congruente con la gravedad del tiempo mexicano de hoy.

Necesitamos una nueva disposición cívica para reformar las instituciones fundamentales de la república y ponerlas a tono con sus desafíos.

Si 1810 y 1910 fueron momentos axiales, deberíamos buscar que 2010 también lo sea, mas no por los hechos espectaculares de violencia social con los que aquellos años se asocian de manera mítica, sino por la formación de una voluntad política sobria y sostenida en el tiempo, sin ilusionismos pero con sentido de lo posible, orientada a la transformación del país mediante su reconstrucción institucional.

No es que debamos fascinarnos con la idea de que la historia de México se organiza en ciclos de cien años. Hacerlo sería una insensatez.

Las fatalidades históricas no existen y mucho menos los actos providenciales que sustituyen a la difícil y siempre inconclusa labor de dar a luz a nuevas instituciones y prácticas cívicas.

Sin embargo, está lejos de un despropósito asumir que igual que en los albores de los siglos XIX y XX, hoy atestiguamos una severa crisis nacional, la cual, para resolverse con un desenlace favorable, nos exige que actuemos bajo un propósito único y claro: dar un nuevo impulso a la civilidad y al Estado de Derecho como medida para alejar la violencia y la arbitrariedad.

II

¿Por qué el centenario y el bicentenario están encontrando a la república en tal estado de postración y, lo que es más lamentable, con tal incapacidad para ganar el porvenir? La crisis que hoy nos aqueja es parte de una más añeja, cuyas raíces atraviesan la Revolución de 1910 hasta alcanzar la época del proceso de Independencia.

A pesar de las diferencias de situación y de época, un hilo histórico enlaza a 1810 con 1910 y 2010. Es el afán de construir una república democrática, representativa y popular.

En lo sustancial, los valores que durante estos doscientos años han nutrido al imaginario de la nación no han cambiado. Por consiguiente, el intento fallido de hacer de ellos un componente efectivo de nuestra vida nacional significa el fracaso fundamental de la Independencia y la Revolución, así como también la ruina inexcusable, por lo menos hasta ahora, de la transición a la democracia y su consolidación en la que estamos inmersos.

La libertad, la justicia social, la igualdad, el imperio de la ley, la prosperidad social, la soberanía popular y el reconocimiento de los derechos, aún esperan por su observancia práctica y por su concreción institucional y cultural.

Todavía es asignatura pendiente la maduración de un cuerpo político nacional sustentado en dichos principios, y hecho posible por ciudadanos comprometidos con la vigencia de reglas plenamente republicanas.

En otras palabras, México, a doscientos años de su Independencia y a cien de su Revolución, no se acerca lo suficiente a una república de leyes que se cumplen, y de ciudadanos iguales y libres cuyos derechos y obligaciones se observan.

En cambio, el país tiende a ser un territorio sin cuerpo político en el que prevalecen poderes fácticos y relaciones de manipulación y de fuerza, espacio en el que se extiende un caudillaje de la barbarie cuyo disimulo, como ya se ha dicho, se dificultará conforme avance el tiempo.

No se quiere asimilar aquí la desnudez moral y cívica del régimen político contemporáneo a la falta de prendas verdaderamente republicanas legada por los periodos de la posindependencia y la posrevolución.

Señalar que la crisis del presente es parte de una más amplia, que hunde sus raíces en insuficiencias incubadas en el pasado lejano, no implica eximir a las generaciones actuales de sus responsabilidades históricas.

Con todo y sus incompetencias, y a pesar de que entre 1810 y 1867 México se vio sumido en un periodo de guerras civiles e invasiones de potencias extranjeras, el liberalismo del siglo diecinueve ofreció algunas décadas de estabilidad precedidas por un periodo corto dotado de cierto brillo histórico y valor moral, conocido como la República Restaurada (1867-1876).

Por su parte, el régimen surgido de la Revolución, aunque no construyó un piso democrático-liberal, sí edificó un establecimiento equipado con una relativa institucionalidad, un orden social en cierto modo incluyente y duradero, que forjó las estructuras del país que tenemos.

Es correcto afirmar que el liberalismo decimonónico, a la postre, no contuvo sus tendencias desestabilizadoras, entre las que se encontraban su carácter dictatorial y su insensibilidad social, lo que condujo a una catástrofe mayúscula.

También es adecuada la tesis de que el establishment político posrevolucionario acumuló demasiados extravíos y que, a final de cuentas, careció de la disposición para rectificar de forma suficiente y generosa.

Sin embargo, en ambos casos el declive moral y político sobrevino después de una etapa de algún esplendor. En cambio, el régimen de nuestros días, producto de una larga y difícil transición democrática cuyo instante culminante, en 2000, suscitó un fugaz optimismo ciudadano, todavía no ha levantado ninguna cosecha y ya se aprecian los signos de su prematura decadencia.

La sequía llegó demasiado pronto y para quedarse. Más allá del origen democrático del gobierno de Vicente Fox, los expedientes de su administración no registran ningún éxito que despierte el entusiasmo popular, no muestran evidencia que apunte a la reconciliación nacional, como podría haberlo sido una recuperación económica sostenida o a la genuina consolidación democrática de la república.

Para colmo de males, la cara democrático-electoral del sistema, orgullo de muchos intelectuales y funcionarios electorales, duró muy poco tiempo sin mácula.

Los cuestionamientos al proceso electoral de 2006, y la manera furtiva en que Felipe Calderón tomó protesta de su cargo, fueron las lógicas manifestaciones de un régimen que conoció del vicio antes de cultivar sostenidamente la virtud, y que sigue sin responder a las exigencias que el país le plantea para superar su decaimiento.

El bicentenario arriba cuando todo un orden histórico se ha ido sin que hayan surgido en el horizonte los indicios de otro nuevo. El concepto de des-institucionalización es afín al de liminalidad,2  que también cabe citar aquí, pues ayuda a completar el retrato de lo que prevalece en México: una condición de indefinición en que la sociedad se halla en medio de un movimiento entre lo anterior y lo que viene, entre lo conocido y lo que todavía no tiene rostro.

El problema no es tanto lo que hemos perdido –un país que creíamos pleno de certidumbres, poblado de visiones y aspiraciones más o menos homogéneas–, sino que vamos hacia ninguna parte, desprovistos de categorías y conceptos, lo que nos deja en una suerte de bancarrota moral, una especie de impotencia para asumir valores ético-cívicos hasta las últimas consecuencias.

O, más bien dicho, el problema es que nos dirigimos a una circunstancia en la que parece no haber sentido ni razón: ningún horizonte visible de resolución de nuestros problemas; ninguna expectativa confiable en algún proceso social constructivo que enlace racionalmente medios afines, acciones a principios; ninguna esperanza fundada en un entramado básico de instituciones que se hagan cargo de dar conducción a la vida nacional.

El pasado se alimenta y vive del presentey el presente y el sentido de futuro no pueden existir sin una base de certezas creadas al amparo de lo que fue construido ayer mediante una experiencia histórica colectiva.

¿Pueden la Independencia y la Revolución seguir siendo hechos de referencia fundamentales cuando nuestro régimen a diario deja de honrar el sentido de aquellas gestas, y no mantiene vigentes las instituciones sobre las que se debe sostenerse en tanto comunidad nacional con un origen y un destino que trascienden los vaivenes de la política cotidiana y las vidas de sus individuos?

Los orígenes de la des-institucionalización del país se remontan a que desde hace varias décadas el régimen comenzó a incumplir su compromiso con los valores de la república hasta casi abandonarlos por completo.

No podría ser de otra manera, pues si las instituciones dejan de respetar los compromisos de los que dependen suscitan una decadencia que termina por vaciarlas de contenido.

La condición de la liminalidad y, peor aún, la mezcla de indeterminación con parálisis, expresiones de la erosión del orden histórico contemporáneo, son el obvio corolario de ello.

De esa indefinición se derivan las dificultades para establecer con precisión los rasgos y los límites del periodo contemporáneo: ¿Culminó la transición democrática en 2000, con la llegada de un partido distinto al PRI a la silla presidencial? ¿O, por el contrario, aún seguimos inmersos en la transición puesto que la democracia sigue sin consolidarse y los valores de la república sin honrarse? ¿Vivimos bajo la égida del mismo sistema político posrevolucionario, el cual representa intereses materiales intocados por la transición, o estamos ya en otro de distinto signo?

III

Cabría, sin embargo, la posibilidad de considerar varios argumentos que apuntan hacia una lectura distinta ¿Por qué aseverar que el régimen ha dejado de lado los valores de la república, y que con ello cayó en la des-institucionalización y la liminalidad, si tenemos una democracia electoral que funciona de acuerdo con estándares razonablemente aceptables, lo que con toda probabilidad, a la larga, tendrá efectos positivos en otros aspectos del sistema político y la sociedad?

Si bien el proceso electoral de 2006 tuvo irregularidades que dejaron dudas sobre la limpieza de la competencia y la certeza de los resultados, tampoco se puede asegurar de forma absoluta que hubo un fraude masivo.

De alguna manera, la normalidad democrática se sostuvo y aún sigue en pie. 2010 no puede ser un año axial, o cuando menos no en la medida en que lo fue 2000: lo alcanzado en esta fecha, en términos del arribo a la democracia, está destinado a irradiar el siglo XXI.

Ese año concluyó la parte crucial de la transición. Ciertamente. Hoy debemos meditar sobre las circunstancias de la república, y acerca del grado en que los comportamientos cívicos y políticos son congruentes con los valores de aquella, pero no necesariamente debe ser cuestionado de raíz el régimen existente.

No hay una brecha del todo tajante entre lo que se dice y lo que se hace. Por supuesto que ambos extremos están separados por una distancia considerable, pero recorrerla es sólo una cuestión de tiempo y maduración cívica. El paso esencial ha sido dado y avanzamos en la dirección correcta. Después de todo, ¿quién podría diferir?, no somos una dictadura.

Hace diez años México vivió una fiesta democrática de la que surgió un régimen de partidos regido por las reglas de la libre competencia electoral; emergió un sistema político mucho más plural y progresivamente orientado hacia el equilibrio y el contrapeso de poderes, el federalismo efectivo, el imperio de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

El mercado de votos se ha ido convirtiendo en un mecanismo regulador de las conductas de los partidos políticos. Los electores premian y castigan los desempeños de gobierno, los partidos buscan ajustar sus ofertas a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, y a través de esa interacción, poco a poco, se promueven prácticas gubernativas mejores y más acordes con el interés público.

Por otro lado, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte están adquiriendo la personalidad que les hacía falta y ponen límites a la autoridad presidencial. Algo similar realizan los gobernadores de los estados.

¿No apuntan todos estos elementos, a final de cuentas, a la construcción de una república liberal de ciudadanos? ¿Qué alternativas existen, por otra parte, para decirlo con Bobbio, a la democracia representativa (y de partidos)? ¿Qué mejor entramado institucional para realizar las aspiraciones de la Independencia y la Revolución, de cuyas entrañas, dicho sea de paso, nunca nacieron verdaderos órdenes republicanos y democráticos, sino regímenes caóticos que para estabilizarse tuvieron que convertirse en dictaduras o estructuras autoritarias de gobierno?

Además, el logro democrático de 2000 fue antecedido por una serie de reformas estructurales que desde fines de los años ochenta, y con más claridad en los noventa, liberalizaron la economía del país y profundizaron su modernización e integración con el mundo.

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y las modificaciones legislativas en materia de propiedad agraria, estatuto legal de las iglesias, y facilidades a la flexibilización de la vida laboral, indican que la sociedad mexicana comenzó a dejar atrás los atavismos de la etapa posrevolucionaria: los compromisos ideológicos que fueron de utilidad durante varias décadas, pero que terminaron por limitar las libertades y asfixiar la eficiencia del aparato productivo nacional.

Según la fórmula de la administración del presidente Salinas, un Estado propietario no es lo mismo que un Estado responsable del cumplimiento de sus obligaciones.

Los anhelos de justicia social de la Revolución podían ser mejor realizados mediante un Estado que se deshiciera de sus lastres (empresas y organismos públicos) y concentrara sus energías en acciones de solidaridad dirigidas a los sectores de la población más necesitados.

La venta de paraestatales, la apertura de las fronteras mercantiles y la llegada de capitales extranjeros, la descentralización del Estado federal y la consiguiente vigorización de los estados y los municipios, la desregulación de la economía y las políticas de ajuste para quitar presión a las finanzas públicas, se encaminaron a propiciar que el país se insertara con éxito en las dinámicas del mercado capitalista contemporáneo.

Pero las cosas no resultan tan sencillasA la anterior línea de reflexión, que es la versión esgrimida por los sectores afines a la clase en el poder político, adolece de una de dos fallas: ingenuidad por falta de profundidad en el análisis, o carencia de objetividad por el apego a compromisos ideológicos en el mal sentido de la expresión: anteojeras que nos evitan la molestia de reconocer los hechos de la realidad.

Muchos obstáculos se han opuesto a la tarea de dar vida a una genuina república. El salinismo intentó corregir algunos errores del nacionalismo revolucionario sin afectar la concordia nacional.

No sólo no logró revitalizarlo, sino que terminó cavando su tumba. Por momentos, el salinismo restauró la confianza en el futuro del país y pareció contar con un proyecto de gobierno en el que los sectores mayoritarios de la población tenían cabida.

Empero, no renunció a la conducción autoritaria y piramidal de la sociedad, ni generó estructuras económicas promotoras de un capitalismo democrático e igualitario. Por el contrario, concedió el usufructo de un capitalismo mexicano reestructurado y abierto a la inversión extranjera, a intereses concentradores y excluyentes.

De ahí que los monopolios no sufrieran merma alguna. En contradicción con sus tesis del liberalismo social, el salinismo promovió el individualismo egoísta y prohijó la formación de una clase empresarial sin apegos cívicos ni sensibilidad social.

La forma en que se realizó la venta de empresas paraestatales, y la manera en que se distribuyeron las oportunidades que se derivaron de la apertura de México a la globalización y de la flexibilización legal-económica, son el ejemplo paradigmático de ello. Las consecuencias, desde luego, las seguimos padeciendo hasta la fecha.

El salinismo intentó dar una nueva funcionalidad al presidencialismo y al partido en el poder, pero no estaba en su perspectiva la democratización profunda del régimen, ni moralizar de forma efectiva las prácticas cotidianas de gobierno.

El Partido Revolucionario Institucional no sólo no se democratizó sino que se distanció del presidente. Las políticas de solidaridad social, a pesar de que intentaron promover la auto-organización comunitaria, nunca pasaron de ser acciones asistencialistas y, no pocas veces, estuvieron marcadas por intenciones electoreras: no generaron ciudadanía sino una nueva modalidad de clientelismo político.

Hacia el final del sexenio, la discordia surgió arriba, con magnicidios y conflictos palaciegos, y también abajo, con expresiones de guerrilla y descontento social inéditas en la historia reciente.

Considerar el salinismo viene a cuento porque esa administración marcó el origen del orden histórico (más bien, el des-orden) que prevalece actualmente.

Estableció un sendero del que nos volvimos dependientes. Los sucesivos gobiernos son variaciones del mismo tema: en síntesis, abandono de las responsabilidades sociales del Estado e implantación de un capitalismo excluyente e incapaz de ofrecer un crecimiento económico sostenido.

De ahí que la trama que se ha urdido a partir de aquellas fechas, y que llega hasta el presente, conduzca a un desenlace aún más delicado: la des-institucionalización del país y su condición liminal, la pobreza y la desigualdad social, la violencia cotidiana y los desarreglos de nuestra democracia.

¿Cuánto falta para la lógica conclusión: la desestabilización y el colapso sociopolítico como consecuencia del fallo sistémico generalizado de nuestro ya fallido Estado?

IV

Los diez años transcurridos desde 2000, es decir, los años de nuestra desarreglada democracia, han hecho evidente el fracaso del diseño de país que nos dejó el fin de siglo.

Algunos de sus efectos han sido el debilitamiento de las instituciones del Estado y de las estructuras de cohesión social de la república ¿Cuál es alcance de los daños a la salud de la república?

Sin dejar de considerar la des-institucionalización y la liminalidad, tres palabras sintetizan las fallas de la república mexicana: desorden, desgobierno y desigualdad social.

La pregunta surge otra vez, ¿cuánto tiempo podrá soportar nuestra democracia sin sucumbir a los efectos acarreados por estos desarreglos? No nos sorprendamos si surgen voces reclamando la recuperación del orden, el sentido de gobierno, la seguridad y el bienestar a cualquier precio, incluido el de la pérdida de las libertades políticas a manos de una autoridad de “mano dura”.

No sería la primera vez en nuestra historia en que los valores de la república le dejen su sitio a las promesas del autoritarismo. La dictadura, ha dicho el politólogo alemán Carl Schmitt, es la expresión más acabada de la eficacia instrumental del Estado.

Y lo que hoy más necesitamos es, precisamente, un Estado eficaz. Aunque parezca una afirmación contra lo intuitivo, es un hecho que el requisito de la libertad es el orden.

Las razones para argumentar a favor de la suspensión del orden constitucional son fáciles de encontrar. ¿Es posible afirmar que los partidos políticos y los gobiernos emanados de elecciones competitivas, sectores privilegiados por la transición, han dado lo que les deben a la democracia y a la sociedad?

La evidente respuesta es que no. Y no sólo eso, sino que han sido, y lo son cada vez más, un factor de desorden, ingobernabilidad e inestabilidad.

Los partidos y los gobiernos, locales, estatales y federales, no han hecho otra cosa que representar y servir a intereses particulares, excluyentes, y prohijar desencuentros y conflictos. La percepción general de los ciudadanos así lo confirma: el bien común es el gran expediente desatendido por todos los colores partidistas.

La clase política, ciertamente más plural aunque con pocas diferencias ideológicas de fondo, se ha expandido y se ha enriquecido, pero a expensas de una sociedad a la que desprecia y da la espalda.

Seguro habrá quien afirme que no tenemos verdaderas libertades políticas y que, por consiguiente, no vale la pena preservarlas: las candidaturas, por ejemplo, no las deciden los ciudadanos adheridos a un partido, sino los señores que controlan los cargos públicos, las asambleas y las convenciones; las elecciones no las ganan los mejores, sino los que más recursos tienen para manipular publicitariamente a los electores; las decisiones del gobierno, por su parte, no se toman atendiendo lo que conviene al conjunto ciudadano, sino lo que dicta el interés de los llamados poderes fácticos.

En pocas palabras, todo el ejercicio de nuestras libertades pasa por el control de los varones de las burocracias, los partidos, los sindicatos, los medios de comunicación, las organizaciones, y los monopolios económicos ¿Qué argumentos pueden utilizarse para cuidar una democracia tan desarreglada que parece de fachada, y más cuando a ella misma eso no parece importarle demasiado?

La única salida racional y civilizada es asumir, como país, la importancia de la república y sus valores. Ello incluye la constitución de una voluntad pública orientada a la constitución de un cuerpo político verdaderamente representativo de la nación, en la rica pluralidad que la compone, y genuinamente comprometido con las reglas de un conjunto de ciudadanos que se consideren a sí mismos libres e iguales.

¿Existe, a pesar de nuestras diferencias, un marco común de intereses y aspiraciones capaz de enlazar al conjunto de los mexicanos y dotarlos de unidad política? Nuestra inédita complejidad nos exige una nueva fuente de legitimidad. Hace falta una nueva forma de cohesión política para México.

La democracia electoral, lo hemos visto, es incapaz, ella sola, de servir como cemento cívico. Tampoco los valores religiosos –recuérdese a Hidalgo portando una imagen de la Virgen de Guadalupe–, o los valores de un nacionalismo revolucionario excluyente –el del viejo PRI–, nos sirven para generar la estabilidad y la confluencia de voluntades que necesitamos.

Los principios de un patriotismo cívico y constitucional, y el imperio de la legalidad asociado a ellos, están en la base de la idea de la república, y sólo pueden cobrar vida si los mexicanos pactamos, como un ejercicio de promesas mutuas, los términos de un nuevo acuerdo constitucional.

En el país no hay, en este momento, por supuesto, el alineamiento de fuerzas sociales necesario para integrar un poder constituyente de nuevo cuño.

La larga transición a la democracia y su aparente pluralidad electoral ha mantenido con vida al régimen, que, reestructurado y todo, es mi tesis, es el mismo que nos heredó la posrevolución.

De ahí que no haya habido ruptura y, por ello mismo, tampoco refundación de la república. Hoy, en pleno bicentenario y centenario, es tiempo de configurar la constelación de fuerzas sociales, políticas y culturales que hagan posible ese acto.

Citas

  1. El Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP, 2010), de la Cámara de de Diputados, señala que la tasa de ocupación en el sector informal pasó de 26.9 por ciento en 2000 a 27.5 por ciento en 2008 (poco más de 12 millones de personas). Sin embargo, hay estimaciones que indican que la economía informal en México ofrece ocupación a 32.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) y aporta 13.3 por ciento al PIB (Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP, 2009); mientras que otros estudios argumentan que hasta 50 por ciento de la Población Económicamente Activa participa en la economía informal, lo cual representa casi la mitad del PIB (315 mil millones de dólares) (Hernando de Soto, 2004 en: Economía informal: evolución reciente y perspectivas. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP, LIX Legislatura).

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman utiliza este concepto, heredado de la antropología, para dar cuenta del proceso seguido por los procesos revolucionarios en Europa Central y del Este, ocurridos a partir de 1989. En latin, limen significa umbral, es una condición no estructurada, sin forma, en la que no aplican ni las viejas ni las nuevas reglas; la existencia se empobrece semióticamente y ocurre una carencia del significado acordado de los símbolos. No puede afirmarse, dice Bauman, que la indeterminación y la ambigüedad de la condición liminal sirva a algún propósito específico, y menos a un propósito deliberadamente establecido y perseguido por la élite a cargo. Es, más bien, continúa Bauman, un resultado combinado de la disolución de los significados pasados y la nebulosidad de los prometidos y nuevos. La liminalidad es inherentemente ambivalente. Es una condición sin una temporalidad clara, desenlace obvio y guía dotada de autoridad. Véase, Zygmunt Bauman (1994). “After the patronage state, A model in search of class interests”, en The New Great Transformation?, Change and Continuity in East-Central Europe. Christopher G.A. Bryant and Edmund Mokrzycki (Eds.). Routledge, Londres y Nueva York.