Igualdad democrática y no discriminación: una relación intrínseca

JESÚS RODRÍGUEZ ZEPEDA
Profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Presidente Ejecutivo de la Cátedra UNESCO “Igualdad y no Discriminación” (Universidad de Guadalajara-CONAPRED).

En las sociedades contemporáneas es muy frecuente la asociación del concepto de democracia con un amplio plexo de exigencias sociales positivas y con ideales ampliamente compartidos de justicia y bienestar. Por ejemplo, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3º, entiende la democracia bajo la figura de esa serie de expectativas amplia y multifactorial. Al definir el criterio que orientará la educación en la nación, establece que éste “será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo” (CPEUM, 1917).1 Bajo esta consideración, no parece fuera de lo razonable –ni de lo usual– sostener que en el marco de un sistema democrático debe florecer de manera plena el derecho a la no discriminación, o bien que la democracia es sustancialmente una forma de vida antidiscriminatoria. Si la construcción de un esquema antidiscriminatorio es parte del “mejoramiento” de la economía, la sociedad y la cultura de un Estado, decir que la no discriminación es un componente esencial de la democracia no resultaría una expresión desafortunada.

PODEMOS SOSTENER QUE ESTAS CONSIDERACIONES son defendibles no solo en las narrativas y discursos de la política sino también en el terreno del análisis conceptual propio del trabajo académico. Sin embargo, no creo que lo sean a partir de la reiteración de la idea simplista de que todos los valores sociales racionalmente defendibles (justicia, igualdad, libertad, no discriminación, etcétera) tienden a ir juntos solo sobre la base de que son, en efecto, valores positivos y socialmente deseables; o bien sobre la base de que estos valores son ya rasgos de la democracia. El problema consiste en que a partir de definiciones maximalistas de democracia como la de la Constitución –es decir, a partir de la comprensión de este modelo político como un ideal social– las instituciones y derechos que son posibles construir en un marco democrático tienden a confundirse con el marco democrático mismo, haciendo muy difícil la comprensión no solo de la especificidad de tales instituciones y derechos sino también del concepto mismo de democracia. Además, la identificación de la democracia con el ideal social impide la correcta evaluación de las formas democráticas empíricas, pues solo podría ser entendido como democrático lo que coincida con el ideal social. Tal expectativa maximalista que parece hacer una apuesta normativa muy fuerte por la democracia lleva, paradójicamente, a validar el argumento de que ningún sistema social es realmente democrático, porque toda plasmación histórica ha de quedarse necesariamente corta respecto del modelo ideal. En este sentido, si en el caso de una formación social como la de México encontramos la persistencia de una discriminación extensa y estructural, además de desigualdades varias y otras formas de injusticia, nos veríamos llevados a sentenciar, sencillamente, que la democracia no existe o que dista mucho de poderse lograr. En suma, el argumento maximalista, a pesar de los altos valores que expresa (o más bien, debido a esta expresión) tiende a ser inoperante y hasta contraproducente para entender los contenidos sociales que es posible construir en un marco democrático.

EN ESTE CONTEXTO, EL PRESENTE DOCUMENTO pretende mostrar que la relación entre el sistema democrático y la no discriminación no es aleatoria sino constitutiva, y que el concepto mismo de democracia supone condiciones de inclusión de grupos que hacen de esta forma política una estructura antidiscriminatoria en sí misma. Dicho de otro modo, este trabajo busca mostrar que el concepto de democracia exige la igualdad de trato o no discriminación como condición necesaria y no meramente como contenido posible en el terreno de sus resultados o contenidos (Rodríguez Zepeda, 2011). Esto es particularmente relevante cuando atendemos a la democracia representativa moderna, que puede ser vista en general como un método político y una estructura jurídica, pero cuyas plasmaciones históricas difieren entre ellas en cuanto a su capacidad de dar lugar al “mejoramiento económico, social y cultural”.

POR ELLO, EL ARGUMENTO IGUALITARISTA QUE aquí construimos se contextualiza, como veremos enseguida, en una consideración rigurosa del concepto de democracia, es decir, en un enfoque político o procedimental de ella. El terreno de igualdad relevante o esencial es el de la simetría o equidad en el acceso a los derechos que permiten el ejercicio mismo de la política democrática (derecho de voto activo y pasivo, de organización, de expresión, de información política, etcétera), es decir, los derechos que las teorías políticas contemporáneas entienden como derechos de ciudadanía.2 La igualdad esencial para un régimen democrático es, dicho en breve, la igualdad de derechos políticos reconocidos a cada ciudadano en tanto que individuo independiente. Dice Michelangelo Bovero, al especificar los rasgos igualitarios esenciales de la democracia:

 

a) la democracia consiste en la atribución a cada cabeza de un voto, es decir, de una cuota igual… de participación en el proceso de decisión política; b) esta atribución igualitaria se justifica basándose en el reconocimiento de que… los juicios, las opiniones y las orientaciones políticas de todos los individuos considerados… tienen igual dignidad; c) …las eventuales diferencias de clase social no influyen en la capacidad de juicio o de deliberación, es decir, sobre la dignidad política de los individuos… Esta no es únicamente la cláusula fundamental de la democracia (ideal) moderna; es el fundamento o el presupuesto indispensable del concepto mismo de democracia (Bovero, 2002: 26). 

AHORA BIEN, JUNTO CON ESTA AFIRMACIÓN de la igualdad democrática como igualdad política, puede sostenerse que, por una parte, las sociedades democráticas no se reducen al método político para tomar grandes decisiones que les da su singular adjetivo y que, por otra, la igualdad en ellas presente no se agota en la igualdad de derechos políticos. De hecho, las condiciones que hacen posible la articulación histórica, la permanencia en el tiempo y el rendimiento institucional de la democracia política están comprometidas con un contexto de instituciones y prácticas sociales en el que algunas formas de igualdad distintas a la igualdad política hacen viable la vigencia en un registro histórico de esta última. Las formas de igualdad económica, de oportunidades o de trato (no discriminación) no son desde luego lo mismo que la igualdad democrática, ésta insistamos, se refiere a los derechos políticos pero en el largo plazo se convierten en las precondiciones estructurales de su permanencia y eficacia institucional. Esto hace que, por ejemplo, si bien la reducción no autoritaria de la desigualdad socioeconómica o la construcción de una sociedad no discriminatoria no sean en sí mismos contenidos de la democracia política (puede haber sociedades democráticas que no las contemplen o garanticen), son metas que solo pueden lograrse a través de los procedimientos y las instituciones democráticos. Del mismo modo, la posibilidad de que quienes formal o jurídicamente están habilitados como ciudadanos puedan actuar regularmente como tales en un régimen democrático, exige que no estén sometidos a una desigualdad económica radical o a una discriminación y exclusión permanentes y profundas.

EL IGUALITARISMO DEMOCRÁTICO CONVIVE mal con las desigualdades socioeconómica, de género y con la discriminación, por lo que la salud democrática de un Estado depende de manera crucial de su capacidad de acercar sus instituciones, normas y rutinas sociales a un ideal de igualdad complejo y plural. En este sentido, puede sostenerse que algunas naciones democráticas lo son pese a la desigualdad que existe en ellas, y no debido a la desigualdad. Es irrealista la idea de que no son democráticas las sociedades en las que, aunque estén respetados los derechos políticos, existen grandes desigualdades; pero a la vez, la pretensión de que la democracia política pueda sobrevivir un largo tiempo sin aminorar o reducir de fondo las desigualdades estructurales, o bien es ingenua, o bien cínica.

LA DEMOCRACIA DE NUESTROS DÍAS NO SE ENTIENDE sin el valor de la igualdad. Por ello, partimos del supuesto de que las desigualdades, sea cual sea la forma en que se presenten, significan un riesgo para la construcción y permanencia de un régimen democrático. No debe perderse de vista que la desigualdad es siempre una relación social negativa, una forma de dominio, opresión o control que establece relaciones asimétricas entre las personas, y que de esa condición deriva su carácter pernicioso y éticamente indeseable.

HUBO TIEMPOS EN QUE LA DEMOCRACIA PUDO SER CONCEBIDA y practicada sobre la base de un sustrato social de profundas desigualdades de riqueza, de género, de edad, de dignidad; sin embargo, la democracia de nuestros días, la democracia moderna que despuntó en el siglo XIX y se consolidó en el siglo XX, pese a sus notables deficiencias, acarrea supuestos igualitarios que le son inherentes.

NORBERTO BOBBIO PROPUSO QUE SI QUEREMOS entendernos al hablar de la democracia, deberíamos comprenderla, en oposición a cualquier forma de gobierno autocrático, como “caracterizada por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos” (Bobbio, 1986: 14). Esta definición concibe a la democracia como una forma de gobierno o como un procedimiento para la toma de decisiones que determinan el modo en que ha de organizarse y funcionar la sociedad. Esta definición mínima fue explicada por el profesor italiano mediante la especificación de tres rasgos fundamentales que individualizan la democracia como un sistema político propio, difícil de confundir con cualquiera otra experiencia política o con cualquier otro modelo de Estado. De manera significativa, estos tres rasgos definitorios expresan el peso del valor de la igualdad en el modelo democrático.

EN PRIMER LUGAR, LA DETERMINACIÓN del “quién” de la democracia, es decir, del sujeto soberano que ha de tomar las decisiones colectivas, juega una función central en este argumento. Bobbio señala que “… un régimen democrático se caracteriza por la atribución de este poder (que en cuanto autorizado por la ley fundamental se vuelve un derecho) a un número muy elevado de miembros del grupo” (Bobbio, 1986: 14). Este enunciado aparentemente vago de que el sujeto de la decisión democrática es “un número muy elevado de miembros del grupo”, muestra su enorme importancia al permitirnos entender el desarrollo gradual y creciente de la democracia en el plano histórico. Dado que el desarrollo histórico de la democracia ha sido, según Bobbio, un proceso gradual y no un momento crucial de instalación, frente a los gobiernos representativos de los siglos XVII y XVIII, ceñidos al poder de los propietarios, tendrían que ser vistos como más democráticos los gobiernos provenientes del voto de todos los varones (propietarios o no propietarios), como se logró en el siglo XIX en Inglaterra tras la eliminación del llamado “voto censitario” (que hacía depender del censo de propiedad la posibilidad de ejercer derechos políticos activos).3 Este enfoque gradualista nos permite entender que se considere “más democrático” un régimen donde votan los pobres que uno donde solo lo hacen los propietarios; pero también que juzguemos como aún más democrático uno en el que votan las mujeres que aquél donde solo lo hacen los varones. Aunque el desarrollo de la democracia no se reduce a ello, el proceso de universalización del voto, es decir, la ampliación de los derechos políticos activos de una fracción social pequeña a una muy amplia, otorga a esta forma de gobierno un carácter incluyente que no se registra en ninguna otra experiencia política ni de la antigüedad ni de la época moderna.

EL PROCESO DE UNIVERSALIZACIÓN de los derechos políticos (de los varones propietarios a todos los varones adultos; de todos los varones adultos a todas las personas adultas) es una muestra clara del carácter incluyente de la democracia. A diferencia de cualquier otro régimen político o forma de gobierno conocidos, la democracia moderna tiene la cualidad de ampliar su base demográfica o poblacional bajo un criterio de inclusión igualitaria. De hecho, la democracia se ha construido sobre la base de la eliminación de barreras de acceso a los derechos políticos que se expresaban mediante la interdicción (prohibición del ejercicio de derechos) de grupos sociales completos: pobres, mujeres, menores de edad, personas irresponsables. Michelangelo Bovero lo expresa con precisión: “Aquello que distingue a la democracia de las demás formas de convivencia política, en la mayor parte de las versiones que de esta han sido presentadas, en los tiempos antiguos o en los modernos, es alguna forma de igualdad, o mejor dicho, de parificación, de superación o de absorción de los desniveles” (Bovero, 2002: 18). En efecto, solo en el horizonte democrático aparecemos como iguales o pares políticos, más allá de nuestras diferencias o de nuestras respectivas circunstancias individuales.

ESTE AVANCE CRECIENTE Y HASTA SISTEMÁTICO en la inclusión política es solo característico de la democracia moderna. En un sentido político estricto, la inclusión democrática se presenta como el proceso de universalización de los derechos de ciudadanía y, por ende, como un proceso antidiscriminatorio por excelencia.4 Desde luego, existe un límite razonable a este proceso y no se podrá alcanzar nunca la participación de toda persona en la toma de decisiones colectivas. Sin embargo, el término universalización sigue siendo pertinente para definir la inclusión democrática precisamente porque se refiere a la eliminación de barreras moralmente injustificadas de acceso a los derechos políticos. Incluso las exclusiones propias de la democracia constitucional de nuestros días por edad, por violación del orden legal, por discapacidad intelectual para ser aceptadas, han de estar razonablemente justificadas y sujetas también a revisión constante.

EL RECONOCIMIENTO DE QUE TODAS LAS PERSONAS son iguales en dignidad política, pues, como dice Bovero, sus opiniones y juicios merecen el mismo respeto, lleva a considerarlas como dignas de intervenir en la construcción de las decisiones colectivas. “Más es mejor”, podríamos identificar como el lema de la inclusión política de la democracia, pues el ideal de soberanía popular asume que aún cuando se adjudica la legitimidad de las decisiones políticas a un grupo numeroso, la posibilidad de que éste se constituya deriva del reconocimiento de que cada uno de sus miembros debe tener un peso equitativo en la integración de la decisión colectiva. Mientras más se aleje este modelo de decisión política de las voluntades unipersonales o de los conciliábulos, más se acerca a su ideal igualitario. Por ello, la democracia es normativamente incompatible con formas tradicionales de ejercicio político y aún de legitimidad como las que exhibe el caciquismo, el corporativismo o la sujeción religiosa de los ciudadanos; pero también es incompatible con perversiones contemporáneas de la propia práctica democrática como el clientelismo, la inducción mediática de las preferencias electorales o el peso excesivo del poder económico en las contiendas electorales.

SIN EMBARGO, LA INCLUSIÓN POLÍTICA no está desligada de otras formas de inclusión como la económica, la de derechos sociales y la no discriminación. La inclusión política crea una atmósfera de igualdad que propicia el reclamo social de que quienes son políticamente iguales puedan serlo, o al menos ser menos desiguales, en riquezas, en rangos, en oportunidades y en trato recíproco. No es gratuito que mientras que los regímenes autocráticos han acompañado su modelo de toma de decisiones políticas con rutinas de exclusión en lo económico, lo étnico, lo moral o lo religioso, solo en los regímenes democráticos se hayan presentado, en libertad y con relativo buen éxito, demandas de nivelación o parificación social en esos otros terrenos. Bastaría, para ejemplificar esta correlación, con realizar un ejercicio de imaginación contrafáctica y preguntarnos acerca de qué posibilidades de realización tendría el derecho a la no discriminación en sociedades integristas o totalitarias, o bien en regímenes de seguridad nacional. La democracia política concede poder a los ciudadanos, pero el ejercicio transformador de éste no se queda en el ámbito de las reglas políticas y la elección de representantes, sino que tiende a proyectarse en el resto de relaciones e instituciones de la sociedad. 

EL SEGUNDO COMPONENTE DE LA DEFINICIÓN MÍNIMA de Bobbio consiste en la afirmación ya clásica de que “…la regla fundamental de la democracia es la regla de la mayoría, o sea, la regla con base en la cual se consideran decisiones colectivas y por tanto, obligatorias para todo el grupo, las decisiones aprobadas al menos por la mayoría de quienes tienen que tomar la decisión” (Bobbio, 1986: 14). Este atributo también se relaciona de manera directa con el peso decisivo de la igualdad, pues expresa un juicio de valor acerca de la naturaleza de las decisiones tomadas por grupos amplios y conforme al cual las decisiones de muchos son juzgadas superiores o más acertadas que las que tomarían pocos. Esta sencilla pero crucial idea ya había sido sostenida por Tocqueville en el siglo XIX: “El imperio moral de la mayoría se basa en parte en esta idea: que hay más conocimiento y saber en muchos hombres reunidos que en uno solo, más en el número de los legisladores que en la selección. Es la teoría de la igualdad aplicada a las inteligencias” (Tocqueville [1835] 1984: 249). La prioridad que la democracia moderna concede a la mayoría la desmarca y diferencia de todos las formas de Estado o régimen político que justifican la concentración del poder soberano en una persona (monarquía, tiranía, gobierno unipersonal) o en un grupo pequeño de personas (aristocracia, oligarquía). Incluso, como veremos, es la presencia de una genuina mayoría en la democracia moderna la que nos permite diferenciarla conceptualmente de la democracia ateniense de la época clásica.5

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA de las formas de gobierno nos muestra que el gobierno de mayoría, en general, no fue considerado como una forma positiva o deseable de organización social (Bobbio, 1987). Incluso la democracia de los atenienses, que fue considerada por Pericles, en su famosa Oración fúnebre, como un régimen ejemplar y superior a cualquier otro modelo conocido (Tucídides, [431 A. C.] 1983), fue juzgada como una forma desviada o corrompida de gobierno por el propio Aristóteles (Aristóteles, [¿336 A. C.?] 1977). Hasta el siglo XIX, el gobierno de mayoría fue visto, siguiendo a Aristóteles y no a Pericles, como un gobierno contrario a una constitución recta recta, en el que manda la masa y en el que toda excelencia y distinción son anuladas por la ignorancia y las pasiones de la multitud. Solo hasta que la creencia de que las decisiones de la mayoría son en sí mismas acertadas y valiosas logró una amplia aceptación social se hizo posible, como apuntó Tocqueville, que se juzgara que las decisiones de los más son mejores que las decisiones de los menos y, con ello, fundar el imaginario colectivo de la democracia moderna.

EMPERO, LA DEMOCRACIA MODERNA solo se llegó a realizar porque, junto con la afirmación de la soberanía de la mayoría, fue capaz de articular un punto de equilibrio o límite para la fuerza de la misma. El mismo Alexis de Tocqueville previno contra los riesgos de lo que denominó “tiranía de la mayoría”, haciendo la siguiente interrogación: “¿Qué es entonces una mayoría tomada colectivamente, sino un individuo que tiene opiniones y a menudo intereses contrarios a otro individuo llamado minoría? Ahora bien, si admitimos que un hombre revestido de omnipotencia puede abusar de ella con sus adversarios ¿por qué no admitir lo mismo respecto a la mayoría?” (Tocqueville [1835] 1984: 253). En un tenor similar, John Stuart Mill, el gran liberal decimonónico inglés, sin desconocer la legitimidad de la soberanía democrática, escribió:

…la voluntad del pueblo significa, prácticamente, la voluntad de la porción más numerosa o más activa del pueblo; de la mayoría o de aquellos que logran hacerse aceptar como tal; el pueblo, por consiguiente, puede desear oprimir a una parte de sí mismo, y las precauciones son tan útiles contra esto como contra cualquier otro abuso del poder… y en la especulación política se incluye ya la “tiranía de la mayoría” entre los males contra los cuales debe ponerse en guardia la sociedad (Mill [1859] 1984: 59). 

LAS PREVENCIONES CONTRA EL RIESGO PRESENTE en todo gobierno de mayoría que hicieron esos clásicos de la democracia liberal que fueron Tocqueville y Stuart Mill deben ser mantenidas en nuestros días. Las formas de tiranía de la mayoría son incompatibles con un sentido recto de la democracia y con una comprensión moderna de los alcances de la soberanía de la mayoría. En breve, lo que hace democrático a un régimen político es su capacidad de armonizar la voluntad de la mayoría con el respeto a los derechos e integridad de la minoría. Como dice Giovanni Sartori: “La democracia… no es pura y simplemente poder popular… la democracia tampoco es pura y simplemente el gobierno de la mayoría. A decir verdad, el ‘gobierno de mayoría’ es solo una fórmula abreviada del gobierno de la mayoría limitada, que respeta los derechos de la minoría” (Sartori, 1988: 55). Así, aquellos que piensan que a la minoría, e incluso al individuo que en solitario decide no compartir el punto de vista de la mayoría, solo les queda aceptar y obedecer, deberían recordar que la obediencia a la soberanía popular encuentra su límite en la integridad y derechos del sujeto individual. Este equilibrio entre mayoría y minorías tiene también una connotación antidiscriminatoria, pues instala el principio político y jurídico de que las minorías tienen tanto derecho a existir y a ver respetados sus derechos como las mayorías, por lo que las decisiones de la mayoría que violen derechos de quienes integran las minorías deben ser prohibidas por su carácter discriminatorio.

EL MODELO DEMOCRÁTICO MODERNO NO ES aquél que afirma solo el principio de la soberanía popular, que ha de plasmarse bajo el recurso del gobierno de la mayoría, sino el que de manera simultánea afirma el principio liberal o constitucional de la protección de los derechos individuales fundamentales. Así, la conjuración del riesgo permanente de tiranía de la mayoría que amenaza a todo gobierno de base popular solo es posible por la existencia de los supuestos políticos liberales que afirman una serie de derechos fundamentales de los individuos. Por ello, el propio Bobbio introduce la figura de los derechos liberales como el tercer rasgo esencial en la definición mínima de democracia. Dice Bobbio:

Es necesaria una tercera condición: es indispensable que aquellos que están llamados a decidir o a elegir a quienes deberán decidir, se planteen alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una y otra. Con el objeto de que se realice esta condición es necesario que a quienes deciden les sean garantizados los llamados derechos de libertad de opinión, de expresión de la propia opinión, de reunión, de asociación, etc., los derechos con base en los cuales nació el Estado liberal y se construyó la doctrina del Estado de derecho (Bobbio, 1986: 15). 

DEBE SEÑALARSE QUE ESTOS DERECHOS de corte liberal exigen una distribución igualitaria entre los ciudadanos para poder ser contemplados como parte de la órbita democrática. De hecho, solo el acceso a ellos por parte de todas las personas hace posible que se ejerzan los derechos políticos o democráticos de votar, ser votado y asociarse.

SI PONEMOS ATENCIÓN EN LA ASOCIACIÓN entre el valor democrático de la igualdad y el carácter incluyente del sistema democrático, estaremos obligados a trazar una línea de separación entre la democracia moderna y otros tipos o experiencias de democracia. En particular, es necesario explicar por qué, en cuanto al criterio de la inclusión social, son recíprocamente irreductibles la democracia ateniense de los siglos V y IV A. C. y la democracia moderna de los siglos XIX, XX y XXI de nuestra era. Más aún, tendremos que afirmar que en términos de su cualidad antidiscriminatoria, la democracia moderna es superior a la democracia ateniense de la época clásica.

ENTRE LOS ACADÉMICOS Y LA GENTE INFORMADA, pocos modelos políticos gozan de tanto prestigio como la democracia que floreció en la antigua Grecia –originada en Atenas hacia el año 510 A. C., como resultado de las reformas de Clístenes, que perduró, no sin serios paréntesis tiránicos, hasta la aparición del dominio macedonio de Filipo II en 322 A. C. (Finley, 1985). Entre sus rasgos básicos se cuentan tanto la participación directa de los ciudadanos en las discusiones y decisiones públicas como el estatuto de igualdad que se suponía a cada uno de ellos. El primero de los rasgos era definido con el término isegoría, que alude al derecho de cada ciudadano de expresarse en el ágora o foro público. La isegoría no tiene que ver con un derecho abstracto, sino con una práctica de participación política que se identifica con la idea misma de democracia: “isegoría, el derecho universal de hablar en la Asamblea, fue en ocasiones empleado por los escritores griegos como sinónimo de ‘democracia’. Y la decisión se alcanzaba por el simple voto mayoritario de los presentes” (Finley, 1985: 19). El segundo rasgo recibía el nombre de Isonomía, y tenía el sentido de igualdad ante la ley. Como señala Arblaster: “una precondición necesaria para el establecimiento de la democracia era que también se estableciera la isonomía, es decir, el principio de igualdad ante la ley… El poder político popular se basaba en el reconocimiento de la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, y la democracia era también la garantía de que se preservaría esa igualdad” (Arblaster, 1992: 38).6

SIN EMBARGO, ES ACONSEJABLE NO SUBLIMAR O EXAGERAR el igualitarismo de la democracia ateniense.7 La isegoría y la isonomía de los atenienses de la época clásica solo fueron posibles al precio de la exclusión sistemática y radical de la vida pública de grupos como las mujeres, los esclavos, los extranjeros, los niños y los ancianos. Cuando se habla de gobierno popular entre los atenienses, se entiende siempre un gobierno de varones libres y adultos, un gobierno de los pobres pero muy lejos de constituir una mayoría poblacional en esa polis griega. La democracia ateniense tiene fronteras rígidas: no caben en ellas otras categorías sociales que las de los varones, adultos y libres. La democracia ateniense, si bien admirable por su vitalidad ciudadana, estuvo pletórica de interdicciones y discriminación.

PUEDE AFIRMARSE QUE LA DEMOCRACIA MODERNA NACIÓ bajo un esquema muy similar al ateniense: como un sistema de derechos políticos para los varones adultos y propietarios; sin embargo su diferencia de concepto es crucial: su carácter abierto e incluyente le permitió, con el paso del tiempo, la inclusión no solo de los pobres, sino de los que antaño fueron esclavos y de las mujeres. Alterar el esquema conceptual de la política ateniense (incluir esclavos o mujeres) hubiera significado desfigurar a esa democracia clásica, pues sus fronteras de clase, género y edad eran inamovibles. Dice Finley:

No todos los atenienses tenía las mismas opiniones y no todos los griegos eran atenienses, pero la evidencia decisiva indica que casi todos habrían aceptado como premisas, o incluso como axiomas, que la vida buena era posible solo en una polis, que el hombre bueno era más o menos lo mismo que el buen ciudadano [y] que los esclavos, mujeres y bárbaros eran inferiores por naturaleza y por ende excluibles de toda discusión (Finley, 1983: 125).8

EN ESTE SENTIDO, CABE DECIR QUE LA DEMOCRACIA GRIEGA se fundó sobre un modelo social excluyente y, para usar nuestro término contemporáneo, discriminatorio respecto de categorías sociales que hoy vemos como participantes obligados y de pleno derecho en la democracia de nuestros días. Por ello el valor de la igualdad en la democracia moderna es más poderoso que en la ateniense, porque no solo reivindica la igualdad de los ciudadanos, sino que, consideradas excepciones razonables, tiende a identificar a toda persona con un ciudadano y a funcionar sin discriminaciones inaceptables.

LO QUE ESTÁ ACREDITADO POR LA EXPERIENCIA HISTÓRICA es que la reducción de las desigualdades diversas (económicas, de género, discriminación) y, por ende, un acercamiento al ideal social de una igualdad compleja y multifactorial, solo es posible bajo el funcionamiento regular de la democracia política y de su poderoso motor igualitario y parificador de derechos políticos. Si entendemos a la democracia de manera estricta como una forma de gobierno y no como un ideal social difuso e incluso utópico, habremos de sostener que la forma crucial de igualdad que hace posible a ésta es, precisamente, la política. Empero, no es opuesto sino complementario a esta aseveración el juicio de que el concurso de otras formas de igualdad es requerido para hacer posible la paridad política de los ciudadanos. De hecho, buena parte del debate democrático en los siglos XIX y XX giró alrededor de la suficiencia o insuficiencia de la igualdad política como base de sustentación de un régimen democrático, y buena parte de nuestro debate democrático en el siglo XXI tiene que ver con los niveles de igualdad que deberían existir para la construcción de una democracia política con un fuerte rendimiento parificador tanto en lo socioeconómico como en lo relativo a las relaciones y trato entre personas y grupos. En este contexto, la no discriminación o igualdad de trato, por su carácter incluyente, se presenta como una condición de la construcción de la democracia moderna, pero a la vez aparece como un contenido legal e institucional de esa democracia que le permite ganar calidad, consenso y permanencia.

 

 

Citas
  1. N. del A.: el énfasis es mío.
  2. Jürgen Habermas, por ejemplo, entiende a los derechos políticos como los derechos trascendentes y distintivos de una sociedad democrática. Tanto los derechos civiles como los sociales pueden ser otorgados bajo esquemas paternalistas o autoritarios, mientras que los políticos no pueden presentarse de esa manera subordinada: “… solo los derechos de participación política fundan esa posición reflexiva, autorreferencial, que representa el papel del ciudadano. Los derechos negativos de libertad y los derechos a recibir prestaciones sociales pueden, en cambio, ser otorgados en términos paternalistas… Hoy la soberanía ciudadana del pueblo no tiene otra materialización posible que los procedimientos jurídicamente institucionalizados y los procesos informales (que los derechos posibilitan) de una formación más o menos discursiva de la opinión y la voluntad políticas” (Habermas, 1998: 634).
  3. Bobbio es de los pocos teóricos de la democracia que no datan el origen de la democracia moderna en el siglo XIX, al hilo del reconocimiento del derecho de voto a los no propietarios, como sí lo hacen autores como C. B. Macpherson (1973; 1977) o M. I. Finley (1985). La razón es, precisamente, la interpretación gradualista del desarrollo democrático que pretende no reducir la definición del origen democrático a uno, pero no el único, de sus elementos constitutivos.
  4. Por ejemplo, en México, aunque la Constitución establecía desde 1917 el derecho universal al sufragio, las mujeres no pudieron ejercer ese derecho hasta 1953. Este cambio legal es una forma de ampliación democrática que, en sí mismo, tiene un contenido antidiscriminatorio.
  5. En contra de una costumbre muy arraigada en el mundo académico, prefiero utilizar la expresión “democracia ateniense” en vez de “democracia antigua”. Creo que es más apropiado pues, salvo la Atenas de los siglos VI al IV A. C., no existieron regímenes en el mundo antiguo que fueran acreedores al adjetivo democrático, y no parece muy acertado caracterizar a una época histórica completa más por su excepción democrática que por su regularidad monárquica, despótica o tiránica. Desde luego, existe una amplia y muy acreditada tradición intelectual que, respecto de este tema, identifica lo Antiguo con lo Ateniense clásico. Véanse, por ejemplo, Constant ([1819] (1989) y Finley (1985).
  6. Bovero coincide con Arblaster y otros estudiosos en el sentido de entender la isonomía como igualdad, pero no la reduce a igualdad ante la ley, sino que la entiende como un cuasi-sinónimo de democracia. La isonomía–democracia, según la traducción de Vernant que Bovero valida, puede representarse como un círculo en el que todos los puntos (individuos) de la circunferencia son equidistantes del centro, en contraste con la imagen piramidal de las monarquías orientales de esa misma época (Bovero, 2002: 18-19).
  7. Es muy frecuente en el pensamiento político contemporáneo contemplar a la democracia moderna como una versión reducida y deslavada de la democracia ateniense clásica, perdiendo de vista sus diferencias de concepto radicales e insalvables. Emblemático de esta idealización de la política ateniense es el pensamiento político de Hannah Arendt (1996).
  8. N. del A.: El énfasis es mío.
Bibliografía

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