Universidad, autonomía y democracia en América Latina

La universidad latinoamericana tuvo a lo largo del siglo pasado una relación de tensión y conflicto con el Estado, con el mercado y con la sociedad

Por: Adrián Acosta Silva
 
En el complejo panorama latinoamericano de los últimos años, una serie de imágenes, de tensiones y acuerdos, de prácticas y de conflictos han acompañado lo que bien podemos denominar como efectos de las “nuevas” políticas de educación superior en la región, caracterizadas por sus énfasis en temas como la internacionalización, la evaluación o la calidad de la educación universitaria.
 
A pesar de que no disponemos todavía de una evaluación rigurosa, comparativa y extensa de los efectos de los “paquetes de políticas” en las universidades públicas de la región, entre países y entre sectores e instituciones, lo que se puede advertir es un conjunto de efectos deliberados, aunque también perversos y en algunos casos contradictorios.
 
Una de las dimensiones de análisis que puede ser explorada para advertir esos efectos, es la de la relación entre las políticas públicas de educación superior, los cambios institucionales y la autonomía universitaria latinoamericana.
 
Estas notas intentan ofrecer algunos puntos de discusión desde el punto de vista de las transformaciones ocurridas en el contexto de los sistemas nacionales de educación superior y de las universidades latinoamericanas desde la década de 1990 del siglo pasado.
 
 
Se trata de explorar el fenómeno desde la perspectiva de sus relaciones con el Estado, con el mercado y con la sociedad, bajo el supuesto central de que un tema de suyo complejo, polémico y multidimensional como el de la autonomía, presenta varias paradojas en los años que unen la agonía del siglo XX y el comienzo del XXI.
 
La idea central a explorar es que si la autonomía universitaria encontró sentido y significación en el contexto de la construcción y el fortalecimiento del Estado y los poderes públicos, los cambios y resignificaciones de la autonomía y de las propias universidades públicas ocurren justamente en el contexto de la reducción del Estado y la relocalización de los poderes públicos. 
 
El argumento central de este trabajo consiste en considerar a la nueva autonomía universitaria que ha surgido de los procesos de cambio y ajuste de las universidades, como un “complejo institucional” caracterizado por un conjunto de restricciones, compromisos y libertades que modelan el ejercicio de las funciones sustantivas universitarias de docencia, investigación, difusión científica y extensión cultural.
 
Este “complejo institucional” se ha formado a la sombra de los cambios en el contexto y en el entorno de las últimas décadas, y representa de algún modo la respuesta universitaria a las incertidumbres y exigencias de la época y de los contextos nacionales y locales.
 
En otras palabras, es el resultado del largo, conflictivo y nunca acabado proceso de adaptación incremental de las universidades a las transformaciones en sus ambientes políticos, económicos y socioculturales. Ese es quizá el proceso estratégico de cambio institucional que explica la transformación de la autonomía universitaria en la región. 
 
PASADO Y PRESENTE DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 
 
En un sentido amplio, la universidad latinoamericana tuvo a lo largo del siglo pasado una relación de tensión y conflicto con el Estado, con el mercado y con la sociedad.
 
Como ha sugerido Juan Carlos Tedesco, esas relaciones se resolvieron en tres fenómenos típicos de las universidades públicas de la región: autonomía respecto del Estado, aislamiento respecto del sector productivo, pero enraizamiento en la vida social y cultural. 2
 
Ello significa que se configuraron relaciones complejas entre las universidades y sus entornos, que explican la accidentada y difícil relación con los diversos sectores políticos, económicos y socioculturales que interactúan con nuestras instituciones.
 
Con todos los diversos sectores se mantuvieron relaciones paradójicas: así, por ejemplo, a pesar de la celosa distancia con el Estado a través de la libertad política, práctica que amparó la autonomía teórica, las universidades públicas alimentaron con profesionales buena parte del funcionariado público.
 
Con el mercado, a pesar de la insuficiencia o ausencia de vínculos explícitos entre empresas y universidades, se crearon varias generaciones de profesionistas que se insertaron exitosamente en muchas empresas y organizaciones productivas a través de mecanismos como el servicio social, comunitario o las prácticas profesionales.
 
Y con la sociedad, produciendo los liderazgos políticos y culturales que desarrollaron procesos que tuvieron un impacto no menor en la configuración de nuestro régimen político y sus varias transiciones, pero también acrecentaron de manera importante el estudio y la difusión de las dimensiones simbólicas, científicas y culturales de nuestra sociedad.
 
La autonomía universitaria latinoamericana fue una invención política, un artefacto político, generado a partir de la interpretación de que el conocimiento, la pluralidad y la libertad de pensamiento tenían su espacio más sólido y natural dentro de las fronteras universitarias.
 
Esto, que es una herencia de la vieja universidad alemana de tiempos humboldtianos, fue una interpretación liberal marcada por el contexto latinoamericano de principios del siglo XX, en el que la accidentada edificación de los Estados nacionales fue un proceso acompañado de tensiones y conflictos entre clases sociales y entre instituciones y organizaciones de muy diverso tipo. 3
 
El movimiento estudiantil ocurrido en la Universidad de Córdoba, en Argentina, en junio de 1918, fue el resultado local de la “rebelión de las masas” (como les denominó años después don José Ortega y Gasset a este tipo de movimientos ocurridos en el primer tercio del siglo XX en el mundo) frente a la captura de la universidad por parte de las elites aristocráticas, el profesorado eclesiástico y los poderes privados, lo que derivó en la exigencia de una reforma total a la estructura, funcionamiento y orientación de las universidades latinoamericanas, en las que el cogobierno universitario entre estudiantes y profesores, la libertad de cátedra y de investigación, y el compromiso de las universidades con el desarrollo y democratización de las sociedades locales, constituyeron los ejes de la autonomía universitaria respecto de los viejos y nuevos poderes públicos y privados. 4
 
Pero en un sentido más estricto, el significado tradicional de la autonomía que dominó desde el inicio del siglo XX hasta entrada la década de 1980 en América Latina, descansó en la definición amplia de la autonomía esencialmente como autogobierno, es decir, en la facultad de las comunidades de universitarios para elegir a sus autoridades y en la capacidad para tomar decisiones sin la intervención de fuerzas externas a la universidad, principalmente aunque no exclusivamente, del Estado.
 
Pero una definición más restringida de la autonomía implicó definirla como el grado de control de la universidad sobre tres componentes básicos: el laboral, el académico, y el económico-financiero (Levy, 1987; Mollis, 1996). 5
 
Si lo vemos desde este punto de vista, las universidades públicas ejercieron durante un lapso prolongado un altísimo control en el manejo autónomo sobre estos componentes.
 
Sus autoridades y grupos organizados lograron fijar condiciones de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico y administrativo; diseñaron la oferta académica de carreras, los requisitos de ingreso estudiantil, la expedición de títulos y grados; determinaron quién paga, el monto de los fondos necesarios, criterios para el uso de los fondos, llevaron la contabilidad de los recursos, y desarrollaron mecanismos de preparación y presupuestación de los recursos públicos necesarios para su operación.
 
Ello fue posible no sólo por la necesidad de las universidades de organizar e instrumentar sus funciones y misiones, sino también por el contexto sociocultural y político que dio origen a la construcción de la autonomía universitaria como valor y como práctica institucional, como principio de identidad comunal y como “muro de contención” académico y político, en un contexto donde los arreglos institucionales entre el Estado y la universidad descansaron básicamente en el intercambio de recursos públicos por legitimidad y el respeto de la autonomía universitaria, es decir, el derecho al autogobierno, a la “soberanía” de los universitarios para elegir a sus autoridades.
 
Los gobiernos latinoamericanos mantuvieron, en términos generales, una actitud básicamente pasiva respecto del desempeño institucional de las universidades, ciñéndose más o menos con puntualidad al arreglo institucional señalado, aunque en términos políticos en más de una ocasión el gobierno federal o los estatales intervinieron universidades públicas en nombre del orden y la legalidad.
 
De esta forma, durante un largo ciclo histórico (1930-1970), las universidades públicas experimentaron procesos de expansión acelerada aunque anárquica, y la configuración de relaciones de poder cuya fuerza descansaba justamente en la autonomía política, académica y administrativa respecto del Estado, aunque en muchos de los casos esa autonomía se ejercía más de facto que de jure. 6
 
Pero es a partir del decenio de 1980 cuando el concepto y la práctica de la autonomía comenzaron a experimentar un lento proceso de resignificación. Durante la “década perdida”, la de 1980, la crisis económica comenzó a jugar un papel crucial en esta resignificación, al modificarse radicalmente los patrones de financiamiento benigno y negligente y al introducirse lentamente criterios diferenciadores del desempeño de las instituciones de educación superior.
 
Pero es sobre todo en la década siguiente con la configuración del entorno de políticas de educación superior basadas en la evaluación, la diferenciación y los incentivos al desempeño de las instituciones y de los individuos, cuando la autonomía sufre un desvanecimiento irreversible de sus componentes tradicionales.
 
La tradicional actitud pasiva del Estado respecto de las universidades comenzó a cambiar rápidamente hacia un activismo gubernamental que, en un contexto de crisis presupuestaria y déficit fiscal, identificó a la educación superior como un tema central de la agenda de gobierno y de la acción pública.
 
Una gran cantidad de iniciativas gubernamentales basadas en la evaluación y la diferenciación comenzaron a alterar los viejos patrones de las relaciones entre el Estado y las universidades.
 
El tradicional financiamiento incremental fue acompañado de mecanismos de financiamiento selectivo, lo que significó introducir una nueva complejidad al financiamiento público, donde lo político y lo técnico se mezclaron de manera, digamos, extraña.
 
Surgieron nuevas agencias de evaluación y programas de financiamiento especial que intentaban regular de manera eficaz el crecimiento del sistema e inducir cambios al nivel de las instituciones y los establecimientos, particularmente en las universidades públicas.
 
Aunque aún no se evalúa con detalle el impacto de esas políticas, es posible afirmar que en términos de la autonomía universitaria esos cambios modificaron sustancialmente la noción de autonomía con la que varias generaciones de universitarios habían crecido.
 
El condicionamiento de los recursos, reconocimientos y honores a los individuos, grupos y a las instituciones significó que las universidades y sus habitantes (en especial, la burocracia universitaria y los académicos) tuvieron que caer rendidos (es una metáfora) al “soborno de los incentivos”, es decir, a la posibilidad de mejorar los ingresos personales e institucionales si y sólo si demostraban competencias, indicadores, evidencia empírica de que las cosas que hacían regularmente eran “de calidad”.
 
El hecho de tener que demostrar lo que se hace ante instancias externas, más allá de sensibilidades heridas, significó un cambio silencioso en el comportamiento institucional y hasta individual de los universitarios.
 
Al tratar de vincular resultados con recursos, las nuevas políticas públicas intentaban modernizar sus intervenciones, ponerse al día con lo que otros gobiernos en otras partes del mundo hacían desde hacía décadas: inducir la competencia interinstitucional y entre los individuos para alcanzar ciertos objetivos de las políticas.
 
Y casi al mismo tiempo que operaban estos cambios en el campo de las políticas públicas, en el mercado académico y profesional se expandía la fi gura del académico, científico o intelectual que gestionaba o recibía recursos externos para el desarrollo de sus actividades, y que competía con otros para acceder a honores, prestigio o dinero. El “capitalismo académico” (como le llaman Slaughter y Leslie) 7 había tocado a las puertas de la universidad latinoamericana.
 
En estas circunstancias, y luego de por lo menos una década de aplicación de estas políticas y con la aparición del fenómeno del mercado en los patios interiores de las universidades públicas, hemos pasado de una autonomía sin adjetivos hacia una autonomía regulada cada vez más por el Estado o por el mercado.
 
El autogobierno universitario se estructuró de manera tradicional, a partir de figuras como consejos universitarios, juntas académicas o de gobierno, en un contexto donde nuevos actores, grupos de presión y expansión de las universidades privadas generaron nuevas tensiones en la esfera de la gobernabilidad y la gobernación institucional.
 
El desempeño académico y administrativo que tiene que ver con los procesos docentes, de investigación y de extensión y difusión universitaria, así como los modos y tipos de gestión administrativa, han tenido que adaptarse de manera incremental a las demandas del mercado, a los estilos de negociación con las agencias gubernamentales, y al ritmo de la competencia con otras instituciones por recursos siempre escasos.
 
La evaluación, la acreditación y la certificación de competencias, títulos y resultados del desempeño académico y administrativo significan, empíricamente aunque no en todos los casos legalmente, un nuevo marco regulatorio de las actividades universitarias, un conjunto de dispositivos que tratan elevar la calidad, la eficiencia y el desempeño de la educación superior universitaria. 
  
POLÍTICAS Y CAMBIOS INSTITUCIONALES
 
En México la sostenida expansión de las universidades públicas hasta finales de la década de 1970 significó también la ausencia o debilidad de mecanismos de regulación por parte de las agencias gubernamentales, lo que dio por resultado un crecimiento descontrolado de muchas universidades públicas estatales y federales.
 
En la edad de oro de la autonomía universitaria, paradójicamente, un crecimiento piloteado por las demandas del mercado significó la hiperconcentración de la matrícula en algunas instituciones universitarias, y en algunas carreras y disciplinas (derecho, medicina, administración).
 
Los patrones de crecimiento reflejaron, más o menos fielmente, las tendencias demográficas y expectativas sociales de cada ciclo de crecimiento, pero también fueron respuestas reactivas y pasivas de la universidad pública a los requerimientos de un desarrollo desequilibrado y tendencialmente crítico. Eso quedaría claro, a lo largo de las décadas de 1980 y 1990 en varias universidades públicas, incluyendo, por supuesto, a la UNAM.
 
A principios de la década de 1990, los esfuerzos por formular un nuevo “contrato” o “pacto” entre las universidades y el Estado provinieron no de las universidades sino de las elites gubernamentales que surgieron en los tiempos del ajuste y reestructuración económica y de los procesos de liberalización y democratización política.
 
Esas iniciativas, encaminadas originalmente a reformular los términos políticos y financieros de las tradicionales intervenciones gubernamentales que, en el campo de la educación superior, habían crecido a la sombra del paradigma desarrollista del desempeño estatal (1940-1980), pronto mostraron su carácter asimétrico y conflictivo.
 
Un modelo de incentivos “ciegos” destinado a inducir cambios en los perfiles de ciertos sectores del desempeño universitario, pronto se convirtieron en bolsas de financiamiento extraordinario para las universidades públicas, lo que generó cambios en el equipamiento y en la infraestructura física de muchas universidades (a través de los proyectos como fomes), pero también se elevó en muchos casos el número de profesores con maestrías y doctorados y, por supuesto, en el incremento del número de estudiantes de posgrado (a través de instrumentos como los programas supera, y hoy, con mucha claridad, el PROMEP). 8 
 
El principal efecto empírico de los intentos gubernamentales por regular el crecimiento de las universidades públicas e introducir reformas en sus perfiles de desempeño fue el de la adaptación pragmática de las autoridades de dichas instituciones a las nuevas disposiciones gubernamentales.
 
Fue una adaptación no sin conflictos en varios casos, pero que se resolvieron en casi todos en la aceptación de la introducción y legitimación de diversas formas de estímulos a los individuos y a las instituciones para reorientar sus acciones al cumplimiento de ciertas metas.
 
Ello explica, entre otras cosas, el boom de los programas de posgrado en la década de 1990 en prácticamente todas las universidades públicas y privadas, cuyo objetivo, más que elevar la calidad de los procesos y productos académicos, fue el de dar origen a una ola de credencialización académica a través de la puesta en marcha de programas de dudosa consistencia académica y pertinencia social.
 
Por otro lado, la burocracia federal en educación superior instrumentó políticas de promoción de la evaluación como medio para elevar la calidad educativa de las universidades.
 
Este fue el proceso eje de los intentos de modernización de la educación superior durante la década pasada, pero cuyos efectos no lograron trascender en la mayoría de los casos el cumplimiento de ciertos indicadores y la adecuación a ciertos criterios que permitieran a las burocracias universitarias el acceso al financiamiento extraordinario que representaba el cumplimiento de ciertos estándares fijados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
 
En muchas universidades, por ejemplo, se instrumentaron exámenes de ingreso y egreso a los estudiantes diseñados y administrados por instancias no universitarias (College Board y el Centro Nacional de Evaluación, CENEVAL), mientras que en otras apenas se reformaron tímidamente los diversos mecanismos de “pase automático”.
 
También se impulsaron ciertos procesos de desconcentración y descentralización de las universidades para atender de mejor manera el desarrollo regional.
 
Hubo también procesos nacionales e institucionales de deshomologación salarial de los académicos para diferenciar y estimular la obtención de grados académicos bajo el supuesto heroico de que un profesor o investigador con posgrado significa, per se, una elevación de la calidad de la docencia e investigación universitaria.
 
En casi todos los casos, el modelo de la Research University implícito en las políticas gubernamentales de la década de 1990, se tomó como referencia de los procesos de reforma y cambio en muchas universidades públicas, cuando en realidad la enorme mayoría de las universidades públicas autónomas tienen una enorme tradición de formadoras de profesionistas, sin experiencia ni capacidades institucionales para desarrollar actividades de investigación científica o tecnológica original y pertinente, ni vínculos importantes, institucionalizados, entre la docencia y la investigación.
 
El resultado de todo ello ha sido una suerte de modernización anárquica, asimétrica y conflictiva en el campo de las universidades públicas. 
  
ALTERNANCIA POLÍTICA, COALICIONES DE PODER Y GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL
 
En la dimensión estrictamente política de las universidades públicas, la disputa por el poder (y más específicamente, por el control de la administración y de los recursos) se ha convertido en el centro de muchos esfuerzos de los grupos tradicionales y emergentes que coexisten en las universidades públicas.
 
El debilitamiento en la función de proveedora de las elites políticas y gubernamentales de las instituciones universitarias de carácter público (una fuente de prestigio y poder de la universidad durante un largo período) ha significado el fortalecimiento de las redes organizadas de poder que coexisten y se desarrollan en las universidades.
 
Tenemos así casos de rectores de universidades públicas que se reeligen una y otra vez, de familias que retienen el control de las universidades, de acuerdos entre líderes sindicales, estudiantiles y burocráticos para mantener el control de la administración universitaria, y de los intentos de grupos no tradicionales que pueden ser capaces de desestabilizar la vida universitaria y colocarse como nuevos actores políticos capaces de alterar las reglas del “orden político” en las universidades.
 
El dramático caso de la UNAM en 1999 fue y es, sin duda, el espejo más claro de esta situación, pero no es el único. Lo ocurrido recientemente en la Universidad de Buenos Aires, en que la elección de un rector se convirtió en un conflicto político que provocó la intervención de los gobernantes locales, partidos políticos, activistas sindicales y estudiantiles, es otra muestra de que las amenazas contra la autonomía universitaria no descansan solamente en fuerzas externas a la universidad, que suelen ser instituciones penetradas por intereses políticos, partidarios o empresariales.
 
La alternancia política y la democratización han significado un reacomodo de los grupos internos de las universidades respecto a los partidos políticos y los nuevos gobernantes, de signo político distinto al de los partidos y agrupaciones políticas tradicionales.
 
Contra lo que podría esperarse luego de que muchas de nuestras universidades públicas fueron en el pasado remoto y reciente las principales promotoras del cambio político, la democratización efectiva de los regímenes políticos en América Latina ha significado nuevas tensiones y paradojas al interior de las universidades públicas, especialmente en la relación entre las autoridades universitarias y los partidos en el poder en cada estado y a nivel nacional.
 
La crítica fundada, junto con las creencias, recelos y desconfianza de muchos gobernantes no priístas hacia las universidades públicas, se ha traducido en conflictos sordos y permanentes en las relaciones entre los dirigentes universitarios y los dirigentes y funcionarios gubernamentales federales y estatales.
 
El regateo o condicionamiento constante de los recursos, la exigencia de auditorías, en ocasiones las mediaciones de los congresos, forman parte de las nuevas señales de las relaciones políticas entre los poderes públicos y las universidades locales.
 
En cualquier caso, la nuva situación política ha generado enormes desafíos a la capacidad institucional de gestión y negociación de las universidades con las agencias gubernamentales.
 
Eso significa una modificación al tradicional sentido de la autonomía universitaria, que ha pasado del autogobierno y la autogestión y distribución de los recursos públicos a la necesidad de generar un nuevo esquema de rendición de cuentas frente a los ejecutivos y legislativos locales y federal.
 
Pero a su vez, ello ha generado al interior de muchas universidades que los grupos políticos tradicionales configuren una suerte de coaliciones conservadoras para impedir o matizar las exigencias de accountability que surgen de los poderes electos o de propios usuarios de los servicios de educación superior que ofrecen las universidades públicas.
 
Hay ahí una tensión que muy probablemente se agudizará en los próximos años, con la conformación de legislaturas vigilantes y ejecutivos exigentes. La necesidad de nuevos arreglos institucionales en este campo es el desafío principal para las universidades provinciales, estaduales y nacionales en América Latina. 
 
LIBERTAD ACADÉMICA, AUTONOMÍA INSTITUCIONAL Y PERTINENCIA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
 
FINALMENTE, QUIERO REFERIRME a los cambios ocurridos en la teoría y la práctica de la autonomía, y su relación con los dos ejes centrales de la estructuración de la educación universitaria latinoamericana: la libertad académica y la pertinencia social.
 
En la década de 1990 fue posible advertir, con claridad, un conjunto de cambios en las políticas y en los sistemas e instituciones de educación superior, que no pasaron por reformas en la legislación federal al respecto.
 
Al contrario de lo que ocurrió en países como Brasil, Colombia, Argentina o Chile, o en España, donde tales cambios fueron precedidos de modificaciones a la normatividad nacional de la educación superior, en México muchas de las transformaciones experimentadas en los últimos años no requirieron, para su instrumentación, acciones similares en la ley federal respectiva.
 
Ello hizo posible una silenciosa transformación del significado de la autonomía universitaria, que en realidad, pasó de implicar el autogobierno y la libertad de distribuir los recursos públicos, hacia una autonomía basada en la producción de resultados y el establecimiento de la diferenciación y la diversificación de los recursos financieros.
 
En otras palabras, la autonomía pasó de ser una autonomía no regulada o flojamente regulada, a una autonomía regulada y sobrecargada de demandas internas y externas, donde el acceso a los fondos extraordinarios, la búsqueda de recursos propios a través del incremento de las cuotas estudiantiles, el establecimiento de fundaciones y patronatos, o la venta de servicios a empresas públicas y privadas, así como la incorporación de los programas de estímulos a profesores e investigadores, se han convertido en los dispositivos clave que restringen y modulan la teoría y la práctica de la autonomía universitaria.
 
Pero quizá el punto más delicado y estratégico de lo que ocurre en el paisaje interior de la universidad es el del equilibrio entre la libertad académica y la pertinencia social de las funciones y acciones de la universidad pública, en un contexto sistémico que ya no es desde hace tiempo lo que solía ser.
 
Con recursos limitados, el financiamiento público a las universidades tiende a generar conflictos en su sentido y distribución entre diversos sectores de la sociedad y malestar entre la burocracia y las comunidades universitarias, y, en una autonomía que ha cambiado de significado, la libertad académica ha pasado a depender de los recursos y los estímulos que controlan y distribuyen las agencias gubernamentales, privadas o burocráticas universitarias.
 
Los límites de la relación entre la libertad académica y la autonomía universitaria se vuelven entonces confusos. En un clima político y social donde lo público desde hace tiempo no goza de muy buena reputación en varios sectores, y la libertad intelectual y académica está severamente constreñida por la escasez de recursos y las incapacidades institucionales de las universidades, autonomía y libertad se vuelven una fórmula difícil de combinar.
 
Ello es, por supuesto, un problema que aqueja no solamente a las universidades públicas mexicanas, sino que es un “clivaje” que parece extenderse en prácticamente todas las universidades en el mundo, donde la tradición liberal se convirtió en el paradigma dominante del desarrollo intelectual y académico universitario, y la autonomía frecuentemente fue vista como el equivalente institucional de la libertad intelectual de los individuos.
 
Pero autonomía y libertad académica no son sinónimos. Como señalan Berdhal y McConnell: “La libertad académica es un concepto universal y absoluto, mientras que la autonomía es necesariamente parroquial y relativa”. 9
 
Pero existe también otra dimensión relacionada con el ejercicio de la libertad y la autonomía en las universidades públicas: el de la pertinencia social de sus funciones sustantivas.
 
Ese es quizá el límite más preciso del ejercicio de las otras funciones, y que no es un atributo de las universidades privadas. Hay aquí un enorme campo de discusión y reflexión que requiere poner al día debates clásicos de la década de 1930 del siglo pasado sobre el dilema entre compromiso social o libertad de cátedra –entre heteronomía y autonomía–, para identificar las rutas de transformación que requieren nuestras universidades públicas.
 
Ni la vieja ortodoxia, que intentaba subordinar las universidades a las necesidades del Estado; ni la nueva ortodoxia, que intenta comprometer a las universidades con las necesidades del mercado, parecen ser capaces de dar cuenta de la nueva complejidad social que enfrentan, y en algún sentido reflejan nuestras universidades públicas.
 
Hay aquí un enorme desafío a nuestras universidades, que involucra también a las políticas públicas y a la acción de los gobiernos y sociedades locales: hacer de nuestras universidades espacios críticos de deliberación pública, en ambientes de libertad y respeto, pero también sujetas al escrutinio público y orientadas hacia desarrollo social, que implica su incorporación a los avances del conocimiento científico o al desarrollo tecnológico, pero también al estudio de los problemas de integración y desigualdad que caracterizan a las sociedades latinoamericanas.
 
Ese es quizá el desafío crucial a resolver para que las universidades aporten su cuota a la consolidación democrática del país, el que puede confirmar las potencialidades civilizatorias de la universidad pública en un mundo fragmentado, de sociedades desiguales y una globalización paradójica y compleja. 
 
CONSIDERACIONES FINALES
 
La autonomía universitaria desde hace un buen tiempo ya no es lo que solía ser: un muro de contención de las intervenciones externas, una pared contra las agresiones gubernamentales, un espacio de libertad contra las exigencias de las elites de poder públicas o privadas.
 
La democratización y el cambio político, los reajustes y reestructuración de la economía y el papel del Estado, cambiaron significativamente el entorno en el cual la lucha y consolidación de la autonomía universitaria adquirió legitimidad y fuerza en las sociedades latinoamericanas.
 
Hoy, la autonomía es una idea en busca de significado y definición precisa, en un contexto que es a la vez viejo y nuevo, donde persisten déficit institucionales, desigualdad social, competencia salvaje, democratización frágil, y desconfianza o escepticismo marcado hacia las realidades y potencialidades de las universidades públicas.
 
A pesar de los cambios y transformaciones organizacionales, académicos y políticos de las universidades observadas (y documentadas) de las últimas décadas, las relaciones entre autonomía universitaria, el desarrollo económico y el progreso político transitan por una redefinición de sus términos, sus compromisos y potencialidades.
 
El siglo XXI mexicano aún aguarda un arreglo institucional entre el Estado, el régimen político y la universidad, para que la idea y las prácticas de la autonomía recobren, si ello es posible, el sentido de grandeza y lucidez que tuvo hace casi noventa años.
 
 
 
Citas
  1. Esta es una versión resumida del texto presentado en la XVI Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), Bogotá, Colombia, 9 de noviembre de 2007.
  2. Vease el texto de Juan Carlos Tedesco (2002): Educar en la sociedad del conocimiento, Fondo de Cultura Económica, México, pp.78-86.
  3. Para una discusión sobre el origen y desarrollo del principio humboldtiano de investigación y docencia que está en el origen de las universidades modernas, véase Clark, Burton R. (1997): Las universidades modernas: espacios de investigación y docencia, Porrúa/UNAM, México.
  4. Para una revisión de hecho y el contexto, véase Tünerman B., Carlos (1983): 65 años de la reforma universitaria de Córdoba, 1918-1983, Ediciones Distribuidora Cultural, Managua.
  5. Al respecto, véase el clásico texto de Daniel Levy (1987): Universidad y gobierno en México. La autonomía en un sistema autoritario, FCE, México; también puede consultarse el artículo de Marcela Mollis, “El sutil encanto de las autonomías. Una perspectiva histórica y comparada”, Pensamiento Universitario, año 4, n. 4/5, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, agosto de 1996, pp.102-115.
  6. Este es el caso de universidades estaduales que, sin ser autónomas desde el punto de vista jurídico, ejercieron esa autonomía en los hechos, como ocurrió durante un largo ciclo con los casos de la Universidad de Guadalajara o la Universidad Veracruzana, en México. Ambas universidades, sin ser autónomas (el rector de ambas instituciones era designado por el gobernador local en turno), gozaban de hecho de una enorme capacidad para la toma de decisiones académicas, administrativas y políticas. Ello permitió justamente que, en los años noventa –en 1994, para la U. de G., y en 1997, para la U. V.–, estas universidades alcanzaran la autonomía jurídica en sus respectivos contextos locales, con la reforma de sus leyes orgánicas.
  7. Vease el libro de Sheila Slaughter y Leslie Larry L. (1999): Academic Capitalism. Politics, Policies, and the Entrepreneurial University, The John Hopkins University Press, Baltimore and London.
  8. FOMES: Fondo para la Modernización de la Educación Superior. SUPERA: Programa de Superación Académica. PROMEP: Programa de Mejoramiento del Profesorado. Estos programas fueron formulados en el contexto de las nuevas políticas federales de educación superior en México, a partir de 1990. Para un análisis de su origen e implementación, véase Acosta, Adrián (2000): Estado, políticas y universidades en un período de transición, FCE, México.
  9. Ver Robert O. Berdhal y T.R. McConnell (1999): “Autonomy and Accountability. Who Controls Academe?, en Altbach, P.G, R.O.Berdhal y P. J. Gumport (eds.), American Higher Education in the Twenty-first Century, The John Hopkins University Press.

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