Transformaciones y desafíos de la teoría democrática contemporánea

La teoría política de cada época ha cumplido con la tarea de fundamentar y justificar ese orden socio-histórico que en razón de la pluralidad y contingencia humana tiene que estar siendo constantemente construido

Por: Ángel Sermeño
 

Del entusiasmo por las libertades al desencanto democrático 

Las posturas más pesimistas sobre el valor de la teoría política contemporánea sostienen que ésta, en especial cuando adopta el formato de democrática, no posee en realidad capacidad para explicar la naturaleza y el impacto de las transformaciones o, incluso, de la emergencia de nuevas realidades y procesos sociohistóricos de gran trascendencia para la configuración del orden social.
 
Este radical juicio, sin embargo, no logra opacar o minimizar el hecho de que gran parte de la nueva literatura sociopolítica se dedica a describir y descifrar la dinámica y lógica de estas nuevas realidades en referencia.
 
De ahí, precisamente, la proliferación de estudios –quizá cada vez menos aproximativos, pero tal vez sin alcanzar a ser satisfactoriamente concluyentes– sobre fenómenos tales como: la globalización; la fragmentación cultural y la afirmación y expresión de nuevas identidades; los alcances de la funciones del aparato de Estado; el impacto del desarrollo tecnológico; la revolución de la información y los enfoques sobre la creciente complejidad de la constitución de la realidad social; definen, entre otros muchos, los nuevos temas de la agenda de desarrollo de la teoría política contemporánea.
 
A pesar de su exactitud queda, no obstante, algo del pesimismo de los enfoques radicales mencionados que abiertamente contrarían la capacidad de la teoría política para orientarnos de manera satisfactoria en la comprensión de tales fenómenos y, especialmente, en su naturaleza fallida ante la necesidad de reajustar con sentido y congruencia nuestro comportamiento frente a dichas nuevas realidades. 
 
Una tesis más específica de esta perspectiva escéptica ante el valor de la teoría política impugna, con diferentes dosis de radicalidad, la capacidad del discurso democrático (liberal y representativo, en particular) para hacer frente a los desafíos reales de estas transformaciones inéditas.
 
En este sentido, se nos dice, con bastante acierto en mi opinión, que el discurso democrático adopta dos expresiones muy distanciadas o, mejor dicho, colocadas en extremos opuestos de un mismo eje que paradójicamente convergen en un mismo resultado consistente en vaciar de sentido y contenido a la democracia.
 
Una postura hace de la democracia un ejercicio retórico e ideológico (que la convierte en un principio de legitimación válido en sí mismo, pero que cuando no se traduce en prácticas y ordenes institucionales eficaces hace de dicha legitimación un vulgar ejercicio de enmascaramiento de la realidad).
 
La postura opuesta hace de la democracia un discurso utópico de alto contenido normativo que apela a valores e ideales que igualmente no se traducen en experiencias prácticas reales. 
 
Por supuesto, esta tensión dentro de la teoría democrática, entre la dimensión axiológica normativa y su traslado hacia un ejercicio práctico, no es nada nueva; siempre ha existido y tradicionalmente ha cumplido un papel más bien positivo, consistente en evaluar, en función de su referente normativo, la calidad del ejercicio democrático concreto. 
 
A lo largo de su larga historia, la democracia siempre se cocibió como un proyecto permanentemente inacabado que, precisamente, retomaba de sus impulsos normativos las energías necesarias para conciliarse con las problemáticas concreciones del presente.
 
La cuestión abiertamente expresada en muchos diagnósticos sobre “el futuro de la democracia” consiste en determinar si ese papel positivo se sigue jugando; es decir, si bajo las transformaciones de la realidad de la estructuración y dinámica del orden político es aún realista defender la viabilidad de la aplicación o concreción de los valores normativos de la democracia.
 
Ante esta suerte de dilema, el espectro de posturas adopta, como hemos dicho, un matiz de escepticismo y rechazo que se diferencia básicamente por su radicalidad. 
 
Por una parte, tenemos aquellas posturas que tajantemente anuncian la defunción de la democracia, hasta aquellas otras que proponen una reconstrucción exhaustiva de dicha teoría para devolverle viabilidad y sentido a sus valores.
 
Según la primera postura, la democracia sería, en razón de la génesis del presente, una forma política evolutivamente frágil y, de hecho, improbable.
 
Según la segunda postura, en cambio, las propias autocríticas del discurso democrático indican los correctivos (epistemológicos, normativos y prácticos) que salvarían los aspectos más problemáticos y universalistas de la democracia liberal. En tal disyuntiva, evidentemente, no están en juego cuestiones menores dado que atrás de los valores del discurso democrático están en consideración los alcances de la modernidad.
 
En suma, el dilema civilizatorio que se juega en esta reflexión sobre el sentido y la viabilidad del discurso democrático es, precisamente, el de elegir entre desmantelar o reconstruir, con las implicaciones que ello conlleva, el imaginario democrático. 

Facticidad y validez del imaginario democrático

Todo orden social es, como sabemos, un artificio humano, una construcción social que depende de la correlación de fuerzas imperantes en el contexto histórico de una sociedad.
 
De esta manera, la teoría política de cada época ha cumplido con la tarea de fundamentar y justificar ese orden socio-histórico que en razón de la pluralidad y contingencia humana tiene que estar siendo constantemente construido y reconstruido de forma abierta e inacabable.
 
Justamente, la raíz o fundamento de la práctica política se encuentra en esa condición intrínseca de fragilidad social. Es decir, salta a la vista que el objetivo de la práctica política –en un sentido muy amplio– es definir la forma del orden social, y para cumplir ese propósito se vale de un conjunto de significaciones sociales centrales que facilitan la objetivación concreta e institucional del orden socio-histórico.
 
Estas significaciones pueden llamarse, de acuerdo con una influyente categorización de la teoría política contemporánea, como el “imaginario social” (Castoriadis). 
 
Ahora bien, la naturaleza de un imaginario social es esencialmente simbólica. Lo imaginario y lo simbólico van juntos. Esto es, un imaginario utiliza lo simbólico para expresarse y existir.
 
De hecho, un imaginario social es algo mucho más amplio y profundo que las construcciones intelectuales producidas por la teoría política, aunque el ejercicio de reflexión sobre la realidad social que expresa puede dar cuenta de los contornos (con límites poco claros) y los contenidos (valores, practicas, etcétera) de un imaginario específico.
 
En este sentido, un imaginario social indica el modo en que imaginan o entienden y dan sentido a su existencia social los integrantes (individuos y grupos) de un orden social. Esto significa que el imaginario es compartido por el conjunto de una sociedad y no es el coto privado de una minoría.
 
Por ejemplo, una elite dirigente o el propio segmento de intelectuales de una sociedad. Al ser, en consecuencia, una concepción colectiva compartida, el imaginario hace posible prácticas comunes que informan nuestra vida social. 
 
Todo imaginario social es complejo y condensa, entre otros contenidos, las expectativas normales que mantenemos unos respecto de otros. Por otra parte, un imaginario es algo que es al mismo tiempo fáctico y normativo. La relación entre estas dos dimensiones (prácticas y valores) no es, como de manera sensata se puede comprender, unidireccional.
 
Es decir, “las cosas sociales obedecen a las significaciones que figuran, inmediata o mediatamente, directa o indirectamente y recíprocamente; las significaciones imaginarias sociales están en y por las cosas que las presentifican y las figuran (Berian, 2004, p.158); o, dicho de otra manera, puede sostenerse que la importancia de una definición como la de imaginario social radica en que es lo que le da sentido tanto a un acto particular como a una institución en un contorno simbólico amplio y profundo.
 
Así, los actos y las instituciones sociales cobran sentido en el marco del conjunto simbólico que hace realidad un mundo de significados. Es ese mundo de significados los que les proporcionan a los miembros de una sociedad una concepción del lugar que ocupan en el tiempo y en el espacio y entre las demás personas. 
 
Estas breves consideraciones conceptuales que indican unos contornos elementales para poder utilizar la categoría de imaginario social tienen el propósito de compartir la visión de un filósofo como Charles Taylor, que sostiene que un imaginario social es, en el fondo, primero la definición y luego la concreción de un orden moral.
 
Para Taylor, el orden social de la modernidad es, precisamente y ante todo, un orden moral que nació como una idealización de valores que poco a poco dieron paso (en un proceso histórico con contradicciones y retrocesos sin que, por tanto pueda asumirse como una evolución teleológica ordenada y tendente a un orden superior) a prácticas e instituciones que hoy día se intercomunican y moldean mutuamente con el imaginario social de la modernidad.
 
De esta suerte, “el orden moral de la modernidad se caracteriza por el surgimiento de ciertas formas sociales entre las que se cuentan: la economía de mercado, la esfera pública y el autogobierno del pueblo entre otras” (Taylor, 2006, p. 14). 
 
Sin duda, el pilar de estos valores estriba, a juicio del referido autor, en una concepción de los seres humanos que los define como agentes sociales y racionales que colaboran pacíficamente para beneficio mutuo; y en donde la doctrina de los derechos naturales (humanos) se volvió el trasfondo moral universal de las prácticas y del discurso de las instituciones modernas. Para Taylor este impacto en la construcción de la realidad social contemporánea no puede subestimarse.
 
En su opinión, “esta idea de orden moral ha reformulado nuestras nociones de sociedad y política. Ha supuesto el paso de un contexto único a muchos distintos; ha avanzado del ámbito teórico al imaginario social; ha definido, finalmente, un conjunto de exigencias que este orden moral impone” (Taylor, 2006, p. 43).
 
La visión del orden moral moderno como imaginario social es que este orden moral no se asume como una utopía que en cuanto tal es irrealizable sino que enfatiza o, mejor dicho, exige una realización más o menos plena aquí y ahora de ese entramado de normas que dan cuerpo a dicho orden moral.
 
Habría, en opinión de Taylor, una suerte de componente “óntico” en el sistema normativo y moral de la modernidad que justificaría su realización en la historia. De esta suerte, la siempre argumentable distancia insalvable entre facticidad y validez no sería en sí misma problemática toda vez que –al menos en parte, y sujeto a diversas condiciones– ese orden moral sería realizable. La distancia entre la norma y la práctica en esta perspectiva sería en el fondo un poderoso aliciente para adecuar ésta a la norma.
 
Hoy día, la verdad sea dicha, este componente “óntico” se encuentra en entredicho. Asumiendo, en efecto, que el impacto sobre la construcción de las realidades socio-históricas del presente de este imaginario social no puede minimizarse, tampoco puede no advertirse que las inéditas transformaciones de las realidades políticas habrían vuelto obsoleto e inviable el discurso del orden moral moderno y, con él, como es obvio atisbar, el discurso de la democracia liberal representativa.
 
Expresado de muy diversas maneras y por un conjunto amplio de autores de signo ideológico opuesto, emerge una idea común que comparten muchos de los diagnósticos sobre la mutación de las instituciones democráticas y su funcionamiento real.
 
Este argumento afirma, a grandes rasgos, que los supuestos clásicos de la democracia son irrealistas. Es decir, las transformaciones de las realidades políticas (globalización, posmodernidad, complejidad, etcétera) hacen inviable que el discurso y las instituciones diseñadas para hacer realidad los objetivos de la democracia (autonomía moral del individuo; autogobierno; ejercicio de libertades y derechos; justicia e igualdad económica; participación política y democrática).
 
En opinión de una autora como Seyla Behabib “algunos aspectos de nuestro universo social, simbólico y político han sido transformados profundamente y casi con certeza de modo irrecuperable.  El presente alberga muchas paradojas, contradicciones y hechos que nos dejan perplejos”.
 
La consecuencia directa de lo anterior sería para esta misma autora que “los ideales culturales y políticos de la modernidad: las metanarrativas de las democracias liberales se han vuelto poco creíbles para la vanguardia humanística y artística de la sociedades occidentales del capitalismo tardío… [de manera que] se ha producido un clima intelectual profundamente escéptico respecto de los ideales morales y políticos de la modernidad, la ilustración y la democracia liberal” (Benhabib, 2005, pp. 13-14). 
 
Entonces, de ser cierto lo anterior, ¿cómo explicar –y no sólo constatar– ese pesimismo radical? ¿Tienen o han recibido respuestas convincentes las argumentaciones que impugnaron y aún hoy día colocan en entredicho la eficacia de las prácticas y de las instituciones democráticas? ¿Es posible corregir la aparente tendencia declinante y parabólica de tales instituciones? ¿El asidero universalista del orden moral en que consiste el imaginario democrático puede aún sostener las bases fuertemente normativas de la teoría democrática contemporánea?
 
Estas y otras interrogantes similares atraviesan, como insisto, los intereses y las preocupaciones de la gran mayoría de autores y corrientes del pensamiento político contemporáneo. Personalmente me suscribo a las visiones que defienden la importancia y pertinencia de la tradición universalista en la filosofía práctica.
 
Al estilo de Jürgen Habermas y otros autores, creo que ceder ante el nihilismo y relativismo de nuestro tiempo es inaceptable desde un punto de vista ético-político, dado que dicha opción implica necesariamente que se sacrifiquen aspectos tan relevantes como la legitimación, el consenso y la libertad dejando, en consecuencia, el camino abierto en pos de la eficacia, la eficiencia y la gobernabilidad, a soluciones definidas por rasgos tecnocráticos y autoritarios.
 
Sin embargo, no puede negarse ni la extensión ni la profundidad, la rapidez e, incluso, el vértigo de las transformaciones de las realidades socio-históricas del presente ya indicadas. Por tanto, la cuestión sustantiva sobre la que ha estado girando este esfuerzo de problematización intenta aclarar, a partir de la revisión de los más destacados diagnósticos sobre el tema, en qué condiciones y con que auto correcciones (teóricas y prácticas) la democracia puede continuar siendo deseable y preferible como régimen político. 

Diagnósticos sobre las transformaciones de la democracia 

Con la intención de ilustrar, de manera un poco más concreta, la tesis anteriormente expuesta, describiré a continuación algunos de los principales elementos que se vuelven recurrentes en los diagnósticos pesimistas sobre las transformaciones de las realidades y los órdenes sociales del presente.
 
Es conveniente aclarar que se trata de un recuento improvisado e incompleto que no intenta ofrecer aún una sistematización satisfactoria que defina, por ejemplo, la jerarquía de los nuevos problemas o la comprensión ultima de la naturaleza de dichas transformaciones y, ni siquiera, intenta ofrecer claridad completa sobre sus orígenes, entre otras razones objetivas, por la falta de espacio en este momento para acometer dicha tarea.
 
En todo caso, un primer rasgo compartido por muchos de estos diagnósticos del presente estriba en mi opinión en la gran dificultad para arrojar luz en la confusión reinante en este mundo de principios del siglo XXI. 
 
En efecto, muchas de las viñetas publicitarias con las que se intenta condensar el espíritu de esta época de transformaciones siguen dominadas, en su mayoría, por el peso de la ideología y su ocultamiento de realidades más que por un afán verdaderamente esclarecedor de los nuevos engranajes o resortes estructuradores de los inéditos procesos que reconfiguran el orden o, mejor dicho, desorden del momento presente.
 
De esta suerte, frases exitosas y multicitadas como, por ejemplo: “fin de la historia”, “choque de civilizaciones”, “multiculturalismo y exigencia de reconocimiento”, “globalización”, “crisis de la política” o “múltiples modernidades” dan cuenta, en el mejor de los casos, sólo de forma parcial de la dinámica de un mundo no sólo anárquico y caótico sino anárquico y caótico en extremo, es decir, desenfrenado, incontenible y anómico.
 
¿Cuáles serían en este contexto la lista de peligros que amenazan al orden liberal y que volverían en los hechos, irreales los componentes del imaginario político de la modernidad en los Estados democráticos del presente? Como digo, no se trata de agotar dicha lista, sino simplemente de ilustrar el surgimiento de nuevas desigualdades y conflictos sociales y, por lo pronto, sólo indicar tentativamente cómo ellos amenazan o desafían abiertamente a las instituciones políticas de la modernidad y la democracia.
 
Reduciré, pues, un listado abrumadoramente extenso a la enumeración y breve descripción de tres procesos sumamente complejos y cuya importancia radica en que se convierten en, por así decirlo, centros de generación y de abigarramiento de las nuevas transformaciones del orden sociopolítico e histórico del presente.

Modernidad y globalización

La literatura sobre la modernidad y la globalización ha producido ya varias generaciones de diagnósticos sobre su naturaleza, sobre su origen y, especialmente, sobre su impacto en la transformación del presente. Tal literatura es, por lo demás, intrínsecamente polémica.
 
Acá sencillamente retomo algunos lugares comunes que contienen una interpretación que si bien yo comparto, no está exenta de contrarréplicas.
 
Sostengo que esta apretada síntesis de la literatura en cuestión nos coloca en la dirección correcta para comprender el sentido de las nuevas dinámicas y desafíos en cuestión.
 
Queda claro, en primer lugar, que la globalización si bien está moldeando un nuevo mundo ha sido una fuerza esencialmente perturbadora y desestructuradora. La globalización, evidentemente, no es homogénea y, en cuanto tal, expresa luces y sombras. Y, tal vez, más sombras que luces. 
 
En segundo lugar, el vínculo entre la modernidad y la globalización se da a través de los procesos de modernización. La modernidad sería entonces, a grandes rasgos, ese proceso de diferenciación funcional y de secularización cultural que dio paso al imaginario político de la democracia liberal, arriba ya esbozado en gruesos contornos.
 
En cambio, la modernización sería una especie de importante subproducto de la modernidad. Sería un proceso de búsqueda, por una parte, del desarrollo y del progreso en el plano económico y, por la otra, de impulso hacia la creación de instituciones que se convertirían en el soporte de las prácticas de la democracia en el mundo. 
 
En tercer lugar, a reserva de desarrollar debidamente las dos premisas anteriores, comparto la interpretación que ve en la globalización un proceso de aceleración del proceso de modernización. La consecuencia extrema de tal aceleración sería la detonación de un mundo desbocado, un mundo incontenible, un mundo anómico (Giddens).
 
La globalización expresaría, en cierto sentido, la manifestación de las consecuencias “perversas” de la modernidad. Es decir, la modernidad trasmutada en posmodernidad. Dicho de otra manera, al ser la modernidad, al menos si adoptamos un sentido weberiano, un proceso de disolución del orden estamental y la transición desde la autoridad tradicional hacia una autoridad lógico racional, la deformación de dicho proceso radicaría en la acentuación de los rasgos ambivalentes de la modernidad.
 
En efecto, con la aceleración de la modernización implícita en el desarrollo de la globalización, se estaría asistiendo a cierta y significativa destrucción de los referentes y asideros manifestados en las instituciones procuradoras de ley y de orden. Esto es, a la grave erosión del ámbito de las normas que garantizan la estabilidad de la estructura social. Pero no solamente a ello. También asistiríamos al avance del relativismo y nihilismo posmoderno y, por tanto, a la expansión de la desorientación general de la sociedad. Esto es, a la disolución de valores, ligaduras, vínculos, en pocas palabras, a la pérdida de la eficacia del imaginario de la modernidad. 
 
Quizá, entonces, en cuarto lugar, no deba sorprendernos cómo en las realidades contemporáneas presenciamos claramente el resurgimiento de valores y ligaduras premodernas como las que convencionalmente han proporcionado las creencias religiosas.
 
Se trataría, en efecto, de la activación de las diversas religiones (y no sólo las grandes religiones milenarias sino incluso también algunas de las variaciones de las mismas en clave new age) como discurso politizable y politizado.
 
Tal suerte de resurgimiento religioso puede comprenderse como un esfuerzo de construir sentido ante la desintegración de las estructuras sociales y del orden que emana de las mismas.
 
La politización del discurso religioso radicaría, precisamente, en su capacidad de movilización y de búsqueda de nuevas ligaduras de sentido.
 
Para una mentalidad que defiende los valores de la ilustración y la modernidad temprana ese proceso orientado a combatir los elementos de la anomia que se desprenden de la globalización y la modernización en el refugio de la religión no carecería de racionalidad pero, evidentemente, sería calificado como de una salida falsa; de una respuesta errónea. 
 
Parece, entonces, que el principal problema de las sociedades modernas, visto desde esta perspectiva de análisis, consistiría en resolver el desafío de poder construir nuevas ligaduras, nuevos valores y, por supuesto, nuevas instituciones para combatir la desestructuración del orden social al mismo tiempo que tales valores e instituciones continúen siendo congruentes con una visión liberal. Es decir, que reactualicen y renueven el clásico imaginario social de la modernidad. ¿Es esto posible?

Nuevas expresiones del conflicto social 

Es un lugar común admitir o reconocer que la base material del proceso de globalización es proporcionada por el desarrollo de la tecnología y, junto a ello, por la importancia estructural que la información adquiere en este nuevo modelo de sociedad.
 
Líneas arriba se ha retomado la tesis que advierte de la condición de anomia social que la globalización trae consigo. Cabe reiterar, por lo demás, que esta anomia no es sólo cultural o simbólica; también posee una expresión material.
 
Aunque en buena medida los enfoques marxistas han cedido terreno en su capacidad explicativa de la transformación del sistema capitalista, su énfasis en la importancia de comprender las expresiones concretas y materiales de tales procesos de cambio continúa, en mi opinión, vigente.
 
En este sentido, ha quedado demostrado, de manera bastante clara y convincente, que uno de los impactos concretos y más visibles de la afirmación de una sociedad estructura por las fuerzas del desarrollo tecnológico e informático de la globalización consisten en la transformación del mundo del trabajo.
 
Lo que conocíamos como la “sociedad del trabajo” ha perdido terreno y ha sido sensiblemente minada por los embates de la globalización. 
 
No hay espacio en este momento para profundizar en los diagnósticos que explican cómo, en razón del desarrollo tecnológico y del aumento de la productividad, el trabajo asalariado y el capital ya no están, como otrora, indisolublemente unidos. Es decir, el capital ha desarrollado formas de auto-reproducción que pueden prescindir del trabajo de muchos.
 
Lo que si importa en este lugar de la presente argumentación es reflexionar, al menos a grandes rasgos, sobre las consecuencias de este hecho.
 
La idea básica que se defiende, en conexión directa con las reflexiones desarrolladas en el apartado anterior, es que la globalización no sólo ha debilitado la fuerza integradora de instituciones tradicionales como la familia, la comunidad local o, incluso, el sentimiento de pertenencia a un Estado nación, sino que también ha socavado peligrosamente el mundo del trabajo, quizá el último recurso, la última fuente de cohesión social.
 
En opinión de un autor como Ralf Dahrendorf, por ejemplo, las consecuencias de la pérdida en una sociedad del trabajo son radicales en términos de desestructuración social: “...la técnica –argumenta dicho autor– hace prácticamente superfluo el trabajo de la mayoría para el mantenimiento del bienestar del país. Ni la calidad, ni la cantidad bastan ya para estructurar la sociedad. De este modo, el trabajo también pierde su capacidad para estructurar la vida individual. Con ello, las instituciones sociales mudan de carácter y de significación” (Dahrendorf, 2005, p. 66).
 
Otro lugar común, pero exacto en mi opinión, de los trabajos sobre la globalización, es afirmar que su impacto en el mundo es desigual.
 
Ello implica que parte de la asimetría del despliegue de dicho proceso globalizador tiene que ver con el balance de ganadores y perdedores que el mismo produce. Los contrastes del impacto de la globalización no están a discusión.
 
De un lado, el bienestar y la prosperidad ha logrado niveles sin precedentes en los países beneficiados por dicho proceso. De otro lado, la pobreza en el mundo ha ido en galopante aumento. De esta suerte, el aumento del desempleo y el aumento de la desigualdad han devenido en un nunca visto hasta ahora grado e incremento de la pobreza. Es decir, de la exclusión social, y no de cualquier exclusión sino de la más completa, compleja y extrema encarnada en la condición de pobreza extrema.
 
Ahora bien, la pregunta de sentido común es la que inquiere sobre cómo la vivencia de esta nueva expresión de la desigualdad se traducirá o no en la manifestación de nuevas formas de conflictos sociales que tengan el potencial de poner en severo riesgo a las sociedades contemporáneas.
 
Una forma convencional de formular esta interrogante podría optar por utilizar el viejo argot marxista: ¿desembocará la manifestación de estas nuevas expresiones de la desigualdad y la pobreza en una reedición del conflicto de clases en la sociedad capitalista? 
 
Para una autor como el ya citado Ralf Dahrendorf es improbable que dicho formato de conflictividad social se reactualice. En su opinión, el nuevo formato del conflicto social se caracteriza por su individualización. El conflicto contemporáneo no es el conflicto de clase. Ello no implica que este cancelada la posibilidad de organización del descontento en las sociedades de hoy.
 
La delincuencia organizada y el terrorismo serían los nuevos cauces de un conflicto social que nace en la vivencia individualizada del fracaso, la anomia y la exclusión social.
 
La pérdida de horizonte de futuro vivida con particular intensidad en los segmentos jóvenes de la sociedad y primariamente experimentadas a través de maneras individualizadas, da paso de manera casi espontánea a otras maneras impredecibles e invisibles de oposición contra los poderes establecidos y las fuerzas excluyentes del mundo globalizado.
 
Quizá la nota novedosa sobre los cauces de organización del conflicto en el presente radique en la fuerza de la creencia fundamentalista para proporcionar un horizonte de sentido al excluido y, por ende, para movilizar su frustración y amargura en un evidente contexto de manipulación.
 
O, en el otro típico caso de expresión del conflicto social, en la búsqueda de salvación individual a través de las actividades ilícitas como las vinculadas al narcotráfico que, con todo, suponen un elevado grado de organización, desencadenan un sensible deterioro y corrupción de las instituciones políticas y sociales, además de que también pulverizan el significado de los valores asociados a dichas instituciones.
 
Tales respuestas acentúan la anomia social y colocan en entredicho la eficacia de las instituciones para encauzar y resolver tales conflictos. Volvemos, entonces, a la pregunta recurrente que indaga sobre la viabilidad del orden social contemporáneo.
 
En específico, ¿son posibles soluciones “liberales” a las indudables mutaciones de la realidad y las nuevas manifestaciones de su conflictividad? Y si la respuesta a la pregunta anterior es inevitablemente negativa, ¿lo único que podemos hacer es constatar la muerte de la democracia y resignarnos?

Dilemas y presiones de la democracia

La democracia, entendida como el diseño institucional de un orden liberal que garantiza a los ciudadanos el ejercicio pleno de derechos y libertades en la búsqueda y autorrealización de las competencias y del desarrollo del individuo, se encuentra radicalmente cuestionada por las señaladas transformaciones del presente.
 
Los pilares institucionales del orden liberal que hacen viable el imaginario democrático ya descrito, son el Estado-nación, y la democracia representativa.
 
Los muchos diagnósticos sobre el impacto de las transformaciones de fin de siglo sobre estas instituciones capitales convergen en indicar algunas de las modificaciones sustantivas en sus funciones y en su núcleo identitario central. Veamos rápidamente, en primer lugar, el Estado-nación. 
 
El estado-nación es, al mismo tiempo, una institución y un actor político central. En cuanto tal, el Estado nación –en razón de los impactos sufridos por el doble proceso de globalización y modernización– muestra claros problemas para controlar por sí mismo los distintos procesos sociales que, en virtud de lo que dicta tanto la experiencia histórica como la propia doctrina de la teoría política, está llamado a disciplinar, moldear, controlar.
 
Se trata de una objetiva pérdida tanto de soberanía como de autonomía por parte de esta institución tan decisiva. Para ilustrar la tesis anterior convendría recordar que las funciones tradicionales del Estado, como sabemos, abarcan aspectos tan diversos y complejos como el:
 
a) Garantizar la seguridad y la defensa de una comunidad política (soberanía territorial)
 
b) Cohesionar a dicha comunidad en función de la construcción de una identidad colectiva (procurar condiciones de homogeneidad cultural)
 
c) Garantizar un mínimo de bienestar social a sus ciudadanos (políticas asistenciales y rectoría de la economía)
 
d) Generar las condiciones de su propia legitimidad por medio del encauzamiento y la mayor expansión posible de la participación política (principio de mayoría y gobierno representativo).
 
 
Tales funciones ya no se pueden alcanzar por la creciente pérdida de soberanía y de autonomía del Estado. Esto es, como ya advertía, por su incapacidad para modular y conformar la propia sociedad mediante las decisiones emanadas por su órganos e instituciones políticas. 
 
En efecto, en un mundo cada vez más interdependiente, los miembros de las sociedades nacionales respectivas son afectados por decisiones y procesos que escapan a su (nuestro) control político directo.
 
Los desafíos del Estado y sus instituciones eluden claramente a su propio campo de influencia y, en muchos casos, la capacidad del Estado es simplemente reactiva.
 
En el pasado la política estatal se caracterizaba por crear un orden “desde arriba”; ahora, en cambio, el Estado ha pasado a adoptar una posición claramente defensiva: ya no organiza a la sociedad, simplemente combate, como puede, el desorden y la entropía. Y no siempre con resultados eficaces.
 
Tal visión es válida no sólo para los referidos temas de la agenda de seguridad de la sociedad, comprende igualmente las otras funciones tradicionales del Estado. 
 
En el caso de las identidades colectivas constatamos como las mismas se han pluralizado y fragmentado, del mismo modo que los sentimientos étnicos se han revitalizado y focalizado.
 
Estos procesos multiculturales emergentes, cuando son mal conducidos o manejados erosionan significativamente la consistencia de los “demos” nacionales, es decir, una de las bases principales de la cohesión social.
 
Por otra parte, del papel del Estado como garante del bienestar general y como arquitecto de la justicia distributiva puede decirse que, sin duda, es uno de sus roles más afectados o minados.
 
La regulación nacional de la economía parece haberse vuelto un mito del pasado. La sociedad ya no puede ser defendida, o hacerlo con la misma intensidad, del impacto de la dinámica económica global (mercados financieros, poderes multinacionales, agentes globales).
 
Las instituciones representativas que forman parte del Estado democrático son el segundo pilar que sostiene al orden liberal. En rigor, la crisis del Estado nación las incluye a tales instituciones (parlamento, partidos, elecciones). Es decir, también dichas instituciones estarían en un contexto de crisis o de desempeño disfuncional por las mismas causas o razones que afectan el desempeño del Estado en su conjunto, aunque en cada una de ellas dicha crisis se manifestaría de manera particular.
 
El Parlamento y los partidos políticos son, los principales canales de mediación entre sociedad y sistema político. Pero dicha mediación no está libre, en el contexto presente, de distorsiones graves que afectan a todo el concepto y sentido de la representación política.
 
Dicho de otra manera, en cuanto canal de mediación entre ciudadanía y clase política dirigente, ni el Parlamento, ni los partidos funcionarían correctamente. Bajo esta lógica, a los partidos se les imputa básicamente su “oligarquización” y su “estatalización”, mientras que al Parlamento se le reclama el haberse convertido en un espacio de representación sí, pero no democrática, sino corporativa. En consecuencia, la idea de autogobierno del pueblo que las instituciones representativas buscan hacer realidad bajo las condiciones del presente pierde credibilidad.
 
Sin duda, al experimentar mutaciones extremas que modifican las funciones tradicionales de las instituciones representativas acontece que se sustituye a la comunidad política de ser la protagonista decisiva en la confección de las políticas públicas, además de evitar que expresen sus auténticas preferencias. 
 
Con todo, no puedo recuperar como se debe, por razones de espacio, un aspecto importante de esta tesis que afirma la crisis de las instituciones vertebrales del orden liberal. Este aspecto es, precisamente, el anverso de la misma en el sentido de que las reacciones al declive del parlamento, los partidos o el Estado-nación no implica forzosamente el paso a un paradigma analítico diferente.
 
Muchos autores están advirtiendo sobre el riesgo de hablar a la ligera sobre tal enfoque de la crisis de las prácticas democráticas. Es decir, cuestionan la pertinencia de tales enfoques y defienden la vigencia de la teoría democrática contemporánea; en especial, un argumento emanado del enfoque propiamente politológico para generar teoría política, advierte sobre el peligro de generalizar conclusiones sin que las mismas estén respaldadas por la comprobación empírica.
 
Desde esta perspectiva se nos advertiría de la abundancia de generalizaciones y afirmaciones que carecerían, justamente, de análisis empírico. Veamos rápidamente algunos ejemplos. 
 
Primero, el caso del impacto de la globalización sobre el Estado-nación. Uno de los argumentos más citados en la literatura respectiva es el que defiende el hecho de que, sin minimizar las transformaciones sufridas, el Estado continuará como el protagonista del cambio.
 
Es decir, el Estado seguirá siendo necesario como fuerza estabilizadora frente a la fragmentación que impone la globalización. Será, pues, una institución útil para dotar de eficacia en su interior a las regulaciones, decisiones o disposiciones que, aunque emanadas de instancias supranacionales, requieren de un aparato doméstico para ser llevadas a efecto.
 
Persiste, con todo, la pregunta de cuánto quedaría de la titularidad del Estado para ejercer el monopolio de la violencia legítima, si la tendencia consolidada de un sistema o marco de “governaza” global se abre camino en el horizonte de futuro democrático. 
 
Una revisión de la tesis de la crisis de los partidos políticos, en segundo lugar, nos conduce a un debate similar. El meollo de la contrarréplica sostiene que las transformaciones sufridas por los partidos no han conducido ni a la desaparición de los mismos ni tampoco a quedar relegados a un papel secundario en la política democrática.
 
Esto es, los partidos han mostrado contundentemente una enorme vitalidad para renovarse y seguir colocados como agentes centrales del proceso de toma de decisiones. Las funciones propiamente políticas de los partidos, se nos asegura, se mantienen intactas y no han sido suplantadas ni apropiadas por otro tipo de organizaciones o instituciones.
 
Sin embargo, siendo cierto esto último, y de igual manera que en el caso anterior, aún subsisten las objeciones que cuestionan la dimensión representativa de los partidos. Prueba de ello es que, hasta el día de hoy, la crisis de confianza de los ciudadanos en los partidos sigue siendo un desafío no remontable. 

A modo de conclusión

A lo largo del presente texto he intentado presentar una visión de conjunto de los principales desafíos y dilemas que la teoría democrática contemporánea enfrenta.
 
Cabe reiterar que no he pretendido agotar un tema tan ambicioso y complejo. Simplemente mi objetivo ha sido, a la manera como se estila en los trabajos escolares, el de bosquejar, sin duda de manera imperfecta, un estado de la cuestión y destacar algunas de las fuerzas o tesis principales que se destacan en la problematización del tema que me ocupa. 
 
Un aspecto delicado de la tarea presente radica en los distintos niveles de abstracción que atraviesan las fuerzas que moldean; de manera inédita, el orden sociohistórico del presente, de las mutaciones de la modernidad a las impugnaciones de los partidos y de los políticos; de la globalización al desmantelamiento del Estado de bienestar.
 
De la creciente vivencia de la anomia social a la evaporación del mundo del trabajo. Este traslape de niveles de abstracción mina sin duda el terreno de reflexión de la temática en cuestión. No estoy seguro de haber librado con éxito tales peligros. Sin embargo, tengo la convicción de que es inevitable moverse en estos niveles de abstracción tan desiguales para acercarse al meollo de la cuestión sobre el futuro de la democracia. 
 
En este sentido, salta a la vista que la principal pregunta gira en torno a si la teoría democrática contemporánea posee aún la capacidad para orientarnos satisfactoriamente en el entendimiento de los nuevos procesos y fenómenos sociohistóricos arriba reseñados que están moldeando tan drásticamente las realidades del orden social presente.
 
De manera puntual, lo que claramente está en juego es la viabilidad futura del paradigma de la democracia liberal; y, específicamente, el sentido de seguir defendiendo y aspirando a concretar los valores de su imaginario social. Sin embargo, afirmar a secas la vigencia de la democracia liberal o, por el contrario, decretar sin mediaciones su defunción quizá no resuelve el problema de fondo.
 
Esto es, el de precisar cuál es la relación entre las transformaciones de la realidad y las visiones de mundo que fundamentan, no sólo en el plano normativo sino también en el ámbito institucional, un nuevo marco de comprensión del orden social. No deja de ser, en efecto, un tanto paradójico la persistente borrasca ideológica propia del panorama del pensamiento político de nuestros días.
 
Tormenta de ideas que se manifiesta en el acuñamiento de nuevos conceptos que buscan explicar ese vertiginoso movimiento del mundo. Pese a todo, no falta quien piense que este mundo no avanza. Volvemos así al punto de partida. 
 
Los cambios incuestionables y profundos de las realidades sociohistóricas (globalización y modernidad) ponen en cuestión las visiones convencionales sobre el fundamento y el sentido del orden social.
 
Es decir, vivimos atravesados por el desfase existente entre las ideologías políticas tradicionales (sobre todo la ideología liberal) y los nuevos acontecimientos referidos. La víctima primera de tal situación es, como ya hemos visto, la política. Ahora tenemos el reto de construir nuestra propia imagen de la política a partir de ideologías “fraccionadas, incoherentes, cruzadas, hechas de retazos de antiguas visiones de mundo y de préstamos de otras nuevas.
 
La política sigue viva, pero ya no podemos atraparla desde las cómodas simplificaciones de las ideologías tradicionales” (Vallespín, 2000, p. 215). Una postura que creo puede ser juzgada como conservadora, pero que, por lo pronto, me parece sensata, defendería la idea de que los valores y las instituciones clásicas siguen, a pesar de todo, vigentes.
 
No habría que minimizar en tal sentido que las transformaciones del mundo contemporáneo son profundamente asimétricas de modo que incluso en aquellos contextos donde se han manifestado con mayor fuerza sus efectos podemos constatar, por un lado, la fuerza de las instituciones por adaptarse y responder a tales requerimientos y, por el otro, de que en realidad no tendríamos mayores alternativas.
 
Es decir, frente a la crisis de las instituciones democráticas y mientras no emerjan nuevas modificaciones o presiones del entorno debemos alejarnos tanto de los enfoques pesimistas como de aquellos otros que trivializarían dicha problemática.
 
Debemos, pues, continuar defendiendo los procedimientos democráticos de legitimación del ejercicio del poder so pena de resignarnos al advenimiento de un futuro autoritario.
 
 
Bibliografía

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Castoriadis, C. (1980). La institución imaginaria de la sociedad, Barcelona, Tusquets. 

Dahrendorf, R. (2005). En busca de un nuevo orden. Una política de la libertad para el siglo xxi, Barcelona, Paidós. 

Taylor, Ch. (2006). Imaginarios sociales modernos, Barcelona, Paidós. 

Vallespín, F. (2000). El futuro de la política, Madrid, Taurus.

Vallespín, F. (2002). “Estructuras condicionantes e ideologías en el siglo xxi”, en Mellón, J.A. (coord.), Las ideas políticas en el siglo xxi, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 79-90.

Zolo, D. (1994). La democracia difícil, México, Alianza.

 


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