Siete y Contando: un gobierno en los linderos de la mayoría

Por: María Amparo Casar

María Amparo Casar deshilvana las cuentas del reciente proceso electoral a través de un análisis cualitativo y cuantitativo. Se trata de un valioso documento que lo mismo funciona como mapa político que como carta de navegación para entender la agenda política –y la distribución del poder político– en el resto del sexenio en el país.

Siete y contando. Ese es el número de gobiernos sin mayoría que acumula México de manera consecutiva. Sin importar sus reglas electorales o número de partidos los sistemas presidenciales producen gobiernos divididos con mayor o menor regularidad y con mayor o menor sistematicidad.

Después de las elecciones intermedias de 2015 México tendrá una nueva distribución del poder político –federal y local– producto del cambio en las preferencias del votante mexicano y del marco electoral que regula la competencia y la transformación de votos en cargos. El séptimo gobierno sin mayoría es distinto cuantitativa y cualitativamente a los anteriores. Cada uno respondió a distintas circunstancias. Cada uno tuvo distintas composiciones. Cada uno restringió o habilitó en mayor o menor medida al partido del presidente. Cada uno permitió distintas alianzas políticas. El de hoy está en los linderos de la mayoría. Si se cuenta a sus asociados se puede hablar de una coalición gobernante mayoritaria.

Hasta el momento no han sido causa de parálisis. Así lo atestiguan las reformas que con mayor o menor dificultad se han ido concretando. La negociación como esencia de la política se ha implantado y ha rendido frutos.  De las 605 modificaciones a los diversos artículos de la Constitución en los últimos 98 años, 229  o 38 por ciento ocurrieron en los 18 años de gobiernos sin mayoría.

Novedades de la elección: acechadas pero competidas

Las elecciones de 2015 fueron de enorme complejidad pero el proceso pudo fluir como ha venido ocurriendo desde hace dos décadas. Hubo continuidades que hubiera sido deseable no tener: abusos y conductas abiertamente ilegales por parte de los partidos y candidatos, cuestionamientos permanentes a la autoridad electoral, la percepción de cierta permisividad de ella frente a lo que a los ojos de muchos constituían faltas graves y sistemáticas, litigios en demasía.

Hubo también notas distintivas. Fue el proceso electoral más acechado por conflictos sociales (CETEG y CNTE) y el temor de intervención del crimen organizado. Si en las elecciones intermedias de 2009 se declararon 1,942 secciones electorales de atención especial por motivos de “inseguridad, narcotráfico y actividades ilícitas de carácter regional” en 2015 el número se incrementó a 6,656. Hubo incendio de locales partidistas, toma de juntas distritales, quema de material electoral, privación de libertad de funcionarios del INE, advertencias de boicot y hasta espionaje telefónico. A estos riesgos se les sumaron el fantasma de la abstención y la campaña por el voto nulo. Ninguno de los dos prosperó. La participación fue dos puntos porcentuales mayor que en 2009 y el voto nulo disminuyó ligeramente (de 5.4 a 4.9 por ciento). Se les sumó también el riesgo de la experimentación con un nuevo marco electoral tan abigarrado como inacabado y el de un Consejo Electoral renovado.

El proceso electoral (enero-junio) resultó ser el más violento. Se contabilizaron 22 homicidios entre pre-candidatos y candidatos (8) e integrantes de los equipos de campaña (14). Durante la jornada electoral se registraron otros 3.

Fueron también las más litigadas de las que se haya tenido noticia. Sin contar la cifra de litigios post-electorales, se presentaron 14,566 denuncias ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) frente a 1,578  que se recibieron en el proceso electoral intermedio de 2009. Un crecimiento de 820 por ciento.

Finalmente resultaron las más caras de la historia. A las elecciones intermedias de 2009 se les asignó 14 mil 013 millones de pesos. Esta cifra incluye los recursos para el entonces IFE, el dinero entregado a los partidos, el presupuesto para el TEPJF y el de la FEPADE. En contraste, las de 2015 costaron 21 mil 786.7 millones de pesos. Todo esto sin contabilizar el valor de 40.9 millones de spots pautados en pre-campañas, inter-campañas y campañas.

Del lado positivo, las elecciones 2015 fueron las más “transparentes”. Solamente 397 de alrededor de 16 mil candidatos acudieron a la convocatoria de Transparencia Mexicana y el IMCO para hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, pero en un hecho inédito 8 de los 9 nuevos gobernadores serán “gobernadores transparentes” y su patrimonio será fiscalizable por los ciudadanos. La excepción fue Campeche, estado que nunca ha gozado de la alternancia.

 Fueron las elecciones más competidas: en 76 distritos la diferencia entre los punteros fue de menos de 5 por ciento; en 102 de los 300 distritos hubo alternancia; 5 de las 9 gubernaturas cambiaron de partido; y 8 de las 17 capitales en juego cambiaron de color. La incertidumbre sobre qué partido/candidato ganaría cada cargo –sobre todo a nivel estatal–  se mantuvo a lo largo del proceso dándose elecciones tan cerradas como la de Colima en la que la diferencia de votos para gobernador fue de 0.1 por ciento. Lo mismo ocurrió en el D.F. con la Asamblea Legislativa y las delegaciones. La incertidumbre reinó y los resultados fueron sorprendentes en muchas demarcaciones.

No puede dejar de mencionarse el resultado de unas elecciones que estrenaron la figura de candidaturas ciudadanas. De los 127 candidatos ciudadanos, resultaron electos un gobernador (NL), 1 diputado federal (Sinaloa), 3 alcaldes (Morelia, García y Comonfort) y 1 diputado local (Jalisco).

Compitieron 10 partidos, el mayor número desde 1997. Cada uno enfrentaba desafíos distintos. El PRI su refrendo como partido gobernante. El PAN su recuperación y reposicionamiento. El PRD su permanencia como tercera fuerza. El PVEM su crecimiento para elevar su valor dentro de la coalición gobernante. Morena su capacidad para atraer a los votantes de izquierda, para ganar nuevos adeptos que le permitieran desbancar al PRD como fuerza hegemónica de la izquierda y, por supuesto, el posicionamiento de López Obrador hacia el 2018. El resto (PT, PANAL Humanista y Encuentro Social) su supervivencia con el nuevo umbral de 3 por ciento. Todos: una jugosa bolsa de recursos públicos.

Rompiendo la maldición

Algunos resultados fueron los esperados, otros sorprendieron. Con pocas excepciones, (MC y PES) la votación federal se comportó de acuerdo a las expectativas creadas por las encuestas.

Destaca que el PRI logró romper la “maldición” de las tres elecciones intermedias anteriores en las que el partido del presidente perdía una proporción importante de votación y curules. Peña Nieto es el presidente que mejor desempeño electoral ha tenido a mitad del mandato desde que la competencia es razonablemente equitativa y los votos cuentan y se cuentan. Zedillo perdió 61 diputados de 1994 a 1997; Fox perdió 58 de 2000 a 2003 y Calderón 63 de 2006 a 2009. En contraste, Peña Nieto mantuvo para su partido más o menos la misma votación que en 2012 y más o menos la misma proporción de asientos en la Cámara de Diputados (pasó de 42 a 41 porciento) perdiendo únicamente 11 asientos.[1]

Al menos a nivel federal no hubo voto de castigo. En los aspectos que la población identifica como sus mayores preocupaciones, los resultados de los primeros 30 meses del sexenio no han sido satisfactorios: economía, violencia y corrupción. Las variables que la teoría señala como determinantes del voto para el rechazo del partido en el poder parecen no haber operado en las elecciones de 2015: la percepción ciudadana del desempeño gubernamental o voto retrospectivo, las expectativas para el futuro o voto prospectivo y la imagen del partido. En las dos primeras, la percepción era más bien negativa para cada uno de los principales problemas identificados por el ciudadano.

 

En lo retrospectivo

•    59 por ciento  de los mexicanos piensa que la seguridad ha empeorado (BGC).

•    40 por ciento que la situación económica ha empeorado vs 14 por ciento que ha mejorado (Reforma).

•    24 por ciento que la situación política está peor que el año pasado vs 9 por ciento que ha mejorado) (GEA).

•    60 por ciento que la corrupción y la impunidad han aumentado mucho o algo (INEGI).

 

En lo prospectivo

•    53 por ciento de los mexicanos piensa que la situación de la violencia generada por el narcotráfico el año próximo será peor y 18 por ciento que será igual (BGC).

•    Sólo 30 por ciento cree que la situación económica del país para el año próximo mejorará (GEA).

•    Sólo 24 por ciento piensa que puede mejorar (GEA).

•    71 por ciento piensa que la corrupción aumentó en los últimos dos años (TI).

•    54 por ciento piensa que el Sistema Nacional Anticorrupción no servirá (Reforma).

 

Lo mismo ocurre si analizamos la imagen de los partidos que según los teóricos es otra variable que explica el sentido del voto. En las elecciones 2015 se dio la paradoja de que a mayor rechazo del partido en cuestión, mayor votación.

La conclusión bien podría ser que las variables que mejor explican los resultados del 7 de junio –al menos para el partido del gobierno– fueron las de la preferencia dura junto la fortaleza de la maquinaria partidaria. Esta explicación es complementada por el hecho de que sus principales opositores no utilizaron los escándalos y el mal desempeño gubernamental como parte central de sus campañas y así minar la credibilidad del adversario.

Lo anterior se traduce en una coalición gobernante (PRI-PVEM-PANAL) mejor posicionada que en el pasado obteniendo 260 curules o 52 por ciento de la Cámara de Diputados.

Efectos de la elección sobre el sistema de partidos

Por sus consecuencias sobre la distribución del poder, la elección del 2015 sólo es equiparable a la de 1997 cuando se inauguró el primer gobierno sin mayoría y el sistema de partidos sufrió una profunda transformación.

Hasta ahora los tres partidos mayores se habían llevado en promedio 83 por ciento de la votación y 85 por ciento de los asientos en la Cámara de Diputados. En 2015 la situación cambió. La votación agregada de PRI-PAN-PRD alcanzó sólo 61 por ciento y la porción de curules que se repartían bajó a 73 por ciento.

Ya no se pueden contabilizar tres partidos grandes sino dos (PRI-PAN) que explican poco más de 50 por ciento de la votación, cuatro medianos (PRD-Morena-PVEM-MC) que dan cuenta en conjunto de poco más de 30 por ciento y cuatro pequeños (PANAL-PES-PT-PH) que obtuvieron casi 13 por ciento. Dos de ellos (PT y PH) perdieron su registro.

Lo mismo ocurre, aunque de manera más acusada, en términos de la distribución de la Cámara de Diputados: el PRI-PAN con poco más de 60 por ciento de los puestos, los cuatro medianos con poco más de 30 por ciento y los dos pequeños con 4 por ciento. El resto quedó en manos de 1 independiente y los 6 diputados ganados por el PT que, en caso de perder el registro, se sumarán a algún grupo parlamentario.

Dos hechos llaman la atención. El primero es que el PVEM obtuvo prácticamente la misma votación que en 2012 (6.4 versus 7.2%) y sin embargo pasó de 27 a 47 diputados. El segundo es que Morena obtuvo una mayor votación que el PVEM pero 12 diputaciones menos. La explicación a ambos hechos está en la fórmula para traducir votos en asientos y en la coalición que pactó el PVEM con el PRI y que le valió 29 diputados de mayoría.[2] En contraste, Morena ganó solamente 14 distritos de mayoría 11 de los cuáles estuvieron concentrados en el DF.

Otro cambio relevante es que el porcentaje de votos que recibe la auto-denominada izquierda es mayor que en cualquier otra elección intermedia. Si en 2009 el PRD-PT-MC obtuvieron en conjunto 18 por ciento, su votación en 2015 –incluido Morena– fue de 28.3 por ciento. Hoy se presentan el PRD y Morena como adversarios irreconciliables pero en un futuro no lo sabemos. Un crecimiento de 10 por ciento en seis años no es desdeñable y cambia la correlación de fuerzas pues sitúa a la izquierda como segunda fuerza en la Cámara de Diputados. En términos ideológico-programáticos el mapa queda de la siguiente manera: una coalición gobernante de PRI-PVEM-PANAL, un centro derecha que ocupa el PAN en solitario y una izquierda desunida formada por tres partidos ya que el PT perdió su registro. Hasta el momento se asume que el PES será un partido satélite más del PRI. Habrá que esperar a ver su comportamiento parlamentario antes de pasar un juicio pero su peso en la Cámara es menor.

 

Además del fraccionamiento del Congreso, la elección del 2015 trajo aparejado otro fenómeno que podría conceptualizarse como la “estatalización” de los partidos. Sobre todo de los medianos y pequeños. Mientras que 50 por ciento de la votación nacional recibida por el PRI y el PAN se dispersó en 10 y 9 estados respectivamente, la del PRD, Morena, PVEM, MC y PES se concentró entre 3 y 5 estados. Los casos más extremos son los del MC que reunió 35 por ciento de su votación en Jalisco, el PVEM 25 por ciento en Chiapas y Morena 23 por ciento en el D.F. Llamar a estos partidos “nacionales” no parece hacer justicia a los hechos.

Visto desde otra perspectiva la mayoría de los partidos (PRD, Morena, PVEM, MC, PANAL y PES) no alcanzan ni siquiera el 10 por ciento de su votación en 20 entidades federativas. Ninguno de los cuatro partidos pequeños alcanzan a marcar 5 por ciento en 24 entidades.

¿Playing Solo?

Puede afirmarse que la necesidad de construir[3] una mayoría de dos tercios pasó a segundo plano en tanto que las principales reformas constitucionales que el presidente requería para su proyecto de gobierno ya están prácticamente concluidas. Ahora sólo necesita de la mayoría simple para poder aprobar las leyes secundarias que aún faltan para terminar el trabajo legislativo de las reformas estructurales y, desde luego, para conformar los presupuestos de los próximos tres años. Para ello el PRI necesita solamente del PVEM y del PANAL. En todo caso el partido del presidente cuenta con una ventaja adicional: el fraccionamiento de la oposición.

Dada la correlación de fuerzas, jugar en solitario es una alternativa pero por algún motivo –para mí desconocido– los presidentes no suelen tomar esta opción. Buscan el mayor consenso posible aún a costa de desfigurar las iniciativas. A diferencia de otras democracias en las que se celebra como un triunfo alcanzar la mayoría –aunque sea por un voto- para la aprobación de una reforma, en México eso resulta vergonzante. A casi 20 años de instalada la plena pluralidad en el Congreso sigue existiendo una especie de temor a que se diga que el partido del presidente ha mayoriteado al resto de las fuerzas políticas y que eso resta legitimidad a las decisiones.

La distribución del poder político en el Congreso permite las siguientes coaliciones mínimas ganadoras para las reformas constitucionales y ordinarias.[4]

La nueva distribución del poder político deja al partido del presidente en una posición bastante cómoda. El Senado se mantiene inalterado y desde el 2012 el PRI tiene por sí solo el poder de veto sobre cualquier iniciativa de reforma constitucional que pudiese intentar la oposición. Ésta simplemente no reúne los 85 senadores necesarios para aprobar una reforma constitucional. Lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados.

Esta situación se reproduce aún para las reformas ordinarias pues aunque el PRI perdió 11 asientos, su socio principal –el PVEM– aumento los suyos en 20. Estos dos partidos juntos alcanzan justo la mitad de la Cámara y si se les agrega al segundo socio –el PANAL– suman 260 curules o 52 por ciento de la Cámara. Con esta aritmética parlamentaria, resulta evidente la posición de privilegio del PRI. Sus opciones para hacer alianzas –probables e improbables– son mayores que para el resto de los partidos. Peor aún, la oposición en su conjunto (PAN+PRD+Morena+MC+PES+PT+IND) suma 240 votos y por tanto no puede ganarle una sola votación a la coalición gobernante.

¿Y las entidades federativas?

A diferencia de lo que ocurrió en la elección federal, en las estatales la votación difirió de lo que las encuestas habían reflejado, hubo mayor competencia y alternancia y se presentó un importante voto de castigo en al menos 5 estados y en otros como Colima y Campeche, en donde nunca ha habido alternancia, la votación se cerró como nunca antes.

La diferencia de votación entre el primero y el segundo lugar fue de menos de 5 por ciento en dos gubernaturas (Colima y SLP) y de entre 6 y 10 por ciento en seis gubernaturas (BCS, Campeche, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Sonora). Nuevo León, en cambio, tuvo una diferencia de 25 por ciento entre el candidato independiente y la candidata del PRI.

De 9 gubernaturas en juego en 5 hubo alternancia y de las 17 capitales en 8. Por su parte, al igual que a nivel federal los gobiernos sin mayoría se han vuelto comunes. De las 16 entidades en las que hubo elecciones locales en 7 se registraron gobiernos sin mayoría.

A pesar de estos cambios, la distribución del poder en términos de número de gubernaturas en manos de cada partido quedó prácticamente inalterado y el partido del presidente sigue manteniendo una posición privilegiada en lo que al poder territorial se refiere.