Segunda vuelta electoral para la elección presidencial

Durante los últimos treinta años se ha privilegiado una política encaminada a la generación, el desarrollo y el fortalecimiento del pluralismo político, al grado que hoy el escenario público es extremadamente distinto al monocolor de hace una o dos décadas

Por: César Astudillo

Desde la primera aproximación a la iniciativa presidencial salta a la luz que su premisa esencial descansa en el fortalecimiento del poder presidencial, y que para ello se proponen distintas fórmulas encaminadas al reforzamiento de sus capacidades de decisión política.

Si ésta es, a nuestro juicio, la intención real de la propuesta, lo primero que tendríamos que hacer sería ponderar hasta qué grado la propuesta de incluir mecanismos de participación ciudadana obedece a la expectativa de contar con instrumentos que funcionen realmente como puente de interlocución entre el gobierno y la sociedad, o si, por el contrario, constituyen un escaparate que cumple con la finalidad de hacer mediáticamente vendible un producto que no encuentra su razón de ser en el empoderamiento ciudadano, sino en el enaltecimiento de la institución presidencial.

La segunda vuelta para la elección del presidente representa una de las piedras angulares de toda la iniciativa. Para desvelar el empoderamiento presidencial que encierra es necesario adentrase someramente a la entidad de la figura y, enseguida, ponerla en perspectiva con otras propuestas presidenciales.

Es vedad, y ahí está la historia para constatarlo, que durante los últimos treinta años se ha privilegiado una política encaminada a la generación, el desarrollo y el fortalecimiento del pluralismo político, al grado que hoy el escenario público es extremadamente distinto al monocolor de hace una o dos décadas.

El cambio, como no podía ser de otra manera, evidenció sus primeros influjos al dificultar, y en ocasiones paralizar, la toma de ciertas decisiones que, al margen de la pesada maquinaria representativa, se tomaban con el máximo grado de eficiencia al provenir de una sola persona.

La representación, en este sentido, más que una instancia verdaderamente decisoria funcionaba –cuando el pluralismo no había florecido– en calidad de institución legitimadora de decisiones tomadas en otro lado.

Mientras el partido hegemónico gobernó, los partidos políticos opositores conquistaron paulatinamente los beneficios de la pluralidad; lo que importaba realmente era aminorar el peso del presidente para que no tomara unilateralmente decisiones que correspondían a la órbita competencial del Congreso; la exigencia de fondo consistía en que dicha validación pasara efectivamente por el filtro de una nueva composición que reflejaba de mejor manera las diferencias existentes en una sociedad cada vez más heterogénea.

De manera paradójica, ahora quela oposición históricamente más consistente se ha convertido en gobierno, se encuentra padeciendo algo por lo que antes luchó, y de lo que incluso se benefició.

Por extraño que parezca, la propuesta presidencial intenta regresar a una etapa de la historia política de este país que parecía cerrada y reproponer una serie de mecanismos que van a contrapelo de lo construido en tres décadas, instalándose en las antípodas de la mecánica de nuestro cambio democrático, sin siquiera explorar fórmulas adicionales o contemplar alternativas distintas.

La premisa de partida, en consecuencia, es clara y evidente: sacrificar la pluralidad en aras de la gobernabilidad. Desde la perspectiva oficial, la única alternativa para salir del pasmo institucional se halla en el fortalecimiento del Poder Ejecutivo.

En ánimo de fortalecer la legitimidad de la institución se propone que la elección del presidente de la república se realice mediante mayoría absoluta de votos, recurriendo a una segunda votación cuando ningún candidato obtenga la mayoría necesaria para ser electo en primera votación.

Para efectos de este somero panteamiento, no interesa explicar en qué consiste la figura en cuestión, sino únicamente poner en perspectiva crítica sus presupuestos y problematizar algunas de sus derivaciones.

1. La propuesta afirma que la segunda vuelta demuestra su eficiencia cuando logra que en la segunda ronda el ciudadano decida entre dos aspirantes.

Si bien es cierto el ballotage se justifica al posibilitar que los dos candidatos punteros en la primera ronda pasen a la segunda, lo cierto es que no es una fórmula fija que no admita excepciones. Atendiendo a la máxima de Nohlen, el contexto hace la diferencia.

Para ver cuál es la mejor alternativa hay que tener presente, entre otros factores, el sistema de partidos existente; es así porque si algo ha hecho funcionar la figura, al menos en los sistemas con democracia consolidada, es que de manera general los partidos más grandes y consolidados se encuentran ubicados en distintos polos ideológicos, lo que propicia una competencia clara entre el voto de derecha y de izquierda, cuyos candidatos con frecuencia pasan el umbral requerido para presentarse en una nueva oportunidad, donde la agregación de los apoyos políticos para arribar a la mayoría se produce de manera casi natural, dependiendo de la ubicación ideológica de los partidos minoritarios (existen evidentemente excepciones como la de 2002 en Francia, donde la fragmentación de la izquierda hizo posible una segunda ronda entre dos candidatos conservadores como Chirac y Le Pen).

En un contexto como el mexicano en donde es notoria nuestra tendencia a consolidar un sistema tripartito, la fórmula no puede tener los mismos resultados.

La propuesta parte de la lógica de que el PAN es el segundo partido más importante y da por sentado que tiene un asiento reservado permanentemente en la segunda vuelta.

Pero esto no constituye, ni puede constituir una regla inveterada. Depende de cada elección y de cada contexto. Las preguntas obligadas al respecto son las siguientes: ante una eventual segunda vuelta entre el PRI y el PAN, ¿a quién apoyaría el PRD? Ideológicamente lo natural sería al PRI, pero en la realidad dichos partidos se encuentran ampliamente distanciados.

¿Al PAN?, probablemente, puesto que al día de hoy van en coalición en distintas entidades federativas, pero que es difícil que el acuerdo pueda proyectarse a nivel presidencial.

Ante una segunda vuelta PAN-PRD, ¿a quién apoyaría el PRI? Al ser de izquierda parece que no existe duda, sin embargo, la experiencia histórica constata los acuerdos alcanzados mediante la fórmula PRI-PAN.

Incluso, ante una eventual segunda vuelta PRI-PRD ¿cuál sería la posición del PAN? Parece que en este ámbito su capacidad de agregación no encuentra salida, sencillamente porque quienes se ubican en la segunda vuelta no tienen ninguna afinidad ideológica con él.

Al final de cuentas, de operar en nuestro país, la capacidad de agregación del tercer partido político tendría dificultades de orden ideológico; no obstante, al ser un partido con un porcentaje de votación que por sí mismo puede inclinar la balanza en el resultado final, sería una opción sumamente atractiva a la que los dos candidatos contendientes acudirían de inmediato.

Lo anterior aumentaría la capacidad de chantaje de esa tercera fuerza e, incluso, del resto de partidos minoritarios si la diferencia porcentual en primera ronda fue muy pequeña, todo lo cual, por supuesto, elevaría aún más la influencia de los liderazgos partidistas que sin consultarlo con los electores pueden comprometer el caudal de votos del partido.

2. Si en la lógica de la fórmula se encuentra el fortalecimiento de la legitimidad de quien resulta electo, ¿es verdad que el ganador estaría respaldado por una amplia mayoría de electores? Teóricamente sí, debido a que la fórmula exige la agregación de múltiples apoyos electorales hasta pasar el umbral de la mayoría absoluta.

Pero es precisamente en esta mayoría donde se esconde la paradoja del mecanismo. La mayoría absoluta exige llegar a 50 por ciento más uno de los votos emitidos; jamás 50 por ciento de los votos posibles, lo cual sí incidiría en la legitimidad al propiciar que el vencedor tuviera el respaldo de la mitad de la lista nominal de electores.

Pero en el contexto real, donde el porcentaje de participación de las dos últimas elecciones presidenciales es de 61.26 por ciento, la segunda vuelta generaría que, en realidad, un presidente elegido por mayoría absoluta únicamente lograría representar a 30.6 por ciento del electorado general.

Evidentemente este ejercicio es orientador, pero no se ajusta a la realidad. No existe un dato preciso sobre el comportamiento del electorado mexicano ante un segundo llamado a las urnas.

Tampoco sobre cómo incidiría en su voluntad la forma de agregación de los partidos en torno a los dos punteros, pues en los hechos las alianzas conformadas podrían favorecer o inhibir la participación de los electores, sobre todo ahora que existe el empeño de demostrar la existencia de acuerdos contra natura entre partidos de distinto signo político.

El principio teórico se cae por tierra ante la eventualidad de que a la segunda vuelta acuda a votar únicamente 40 por ciento del electorado, con lo cual el vencedor obtendría la presidencia con 20 por ciento de la votación, algo que, en el extremo, podría ser un porcentaje menor al que alcanzaron los candidatos en el primer llamado a las urnas.

3. La iniciativa también subraya que la segunda vuelta promueve la coalición de diversos intereses, el acuerdo y la negociación entre partidos y candidatos, con el objeto de que puedan ir juntos, mediante un candidato común. Esto es cierto, pero hay que entender que el mecanismo únicamente “promueve” pero no “garantiza” llegar a esos acuerdos.

Además, no es la única fórmula para ello. Actualmente la legislación electoral permite las coaliciones, que se dirigen a un propósito similar; posibilitan que previo al proceso electoral los partidos midan su fuerza real y busquen la conciliación de distintos intereses con fines electorales, para lo cual resulta inexorable el acuerdo y la negociación; no obstante, lo hacen con un nivel de formalidad mucho más elevado; mientras que la negociación política en el contexto de la segunda vuelta se ancla por lo general en acuerdos de tipo político, la que se da para una coalición se estampa en un convenio regido por características específicas que, adicionalmente, debe ser formalizado ante la autoridad electoral.

Además de ello, el acuerdo, la negociación y la conciliación de intereses no necesitan, en política, ser favorecidos o no por determinados mecanismos electorales.

Forman parte de la esencia de la política, pero requieren, eso sí, de operadores políticos hábiles y con oficio, porque si no los hay, aunque exista una norma que los fuerce, no habrá posibilidad alguna de acordar.

4. Importante es reparar en que, según la iniciativa, se propone el “mecanismo” de la segunda vuelta; sin embargo esta apreciación es parcial porque si bien es cierto se establecen las premisas de la misma, se omite cualquier consideración al mecanismo concreto de operación que, en el contexto de nuestro pesado andamiaje electoral resulta muy significativo.

Según el documento, la segunda votacion deberá programarse de manera concurrente con la elección de los cargos legislativos federales, lo cual quiere decir que la elección en primera vuelta no será concurrente con ellos, sino sólo si se abre la segunda. La primera se llevará a cabo el primer domingo de julio, la otra, el segundo de agosto.

Antes incluso de hablar de las implicaciones del ballotage hay que decir que, de entrada, su incorporación supondría importantes retos para el IFE, porque con independencia de que se abra o no la segunda vuelta, existirá la obligación de realizar dos eleccionesen un término de tiempo reducido.

En lo que interesa, obligado es preguntarse si el modelo de organización que tenemos, basado en la existencia de múltiples garantías para preocupar la fiabilidad de los resultados, permite realizar dos elecciones presidenciales en ese lapso, adicionando las legislativas, que deberán coincidir con la segunda vuelta.

No nos referimos exactamente al hecho de convocar a una segunda vuelta y poner de nuevo las urnas para depositar los sufragios. Implica, sí, ver si es posible acordar el formato, imprimir y distribuir cerca de 80 millones de boletas electorales, determinar si la conformación de las mesas directivas de casilla y si los representantes de los partidos permanecerá igual o no, etcétera.

Pero sobre todo, implica ver el impacto que la figura tendría a nivel general en la legislación; advertir, por ejemplo, si la convocatoria a dos ejercicios de votación tendrá implicaciones al financiamiento de campaña, al periodo para el proselitismo, al espacio de tiempo de veda y, de forma relevante, al reparto de tiempos en radio y televisión.

5. No obstante, como señalamos al inicio, la segunda vuelta sólo es una de las distintas fórmulas que constatan la intención presidencial de fortalecer la gobernabilidad a costa de la representatividad.

Una más es la concurrencia de la segunda vuelta con la elección congresual, otra la pretensión de volver la composición de la cámara a la configuración que tuvo en 1977, y una más la elevación del umbral de votación necesario para que los partidos políticos permanezcan en la arena electoral.

Nos extenderíamos demasiado al intentar explicar cada una de ellas y su reciproca implicación. Lo cierto es que a la luz de lo que se ha apuntado es evidente que los dos objetivos centrales de la iniciativa se encuentran proyectados en una proporción desigual porque en la balanza, aquellas iniciativas para ensanchar el ámbito de libertad ciudadana (candidaturas independientes, y mecanismos de participación democrática directa) sucumben ante el imponente peso de las propuestas encaminadas a enaltecer el poder presidencial.

mientras tanto, lo que queda en el ambiente es esta rara sensación de que algo está fallando en el ejercicio del quehacer político, porque los mecanismos para favorecer y concretar los acuerdos, más que de la política en sí, parecen necesitar el impulso vinculante que sólo pueden ofrecer las normas jurídicas.


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