Retos hacia una gestión pública del agua

El texto aborda la problemática de “la estructuración de la agenda y la argumentación de una gestión pública del agua”. Este problema es examinado por Mario Édgar López, oscilando entre el conocimiento técnico y las indispensables dimensiones política...

Por: Mario Édgar López Ramírez

La gestión del agua en México se ha convertido en un tema clave de la agenda pública nacional. Durante más de una década, el interés de diversos actores sociales por incidir en la política gubernamental del agua urbana, industrial, agrícola y ecológica, ha constatado un importante incremento, acompañado por la exigencia ciudadana de una mayor consulta y participación en el proceso de toma de decisiones. Como tendencia creciente y por decirlo de modo muy general, dicho interés ciudadano ha derivado en escenarios de conflicto social en los que se enfrentan las posiciones de los expertos gubernamentales y privados que administran el agua, frente a organizaciones civiles, sectores académicos y grupos de afectados ambientales, que señalan carencias e injusticias en la política hídrica a lo largo de todo el país.

Mientras que los expertos tanto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como de las comisiones estatales del agua y los organismos operadores metropolitanos y municipales, arguyen constantemente y de diferentes formas que la ciudadanía es incapaz de entender la problemática técnica con que se maneja este elemento vital; los ciudadanos reclaman mayores espacios de decisión en torno a su gestión, argumentando que no es necesario ser expertos hidráulicos para participar en el manejo de un elemento natural que constituye la base de la vida humana y de los ecosistemas y que en muchas ocasiones les ha generado afectaciones socio-ambientales de diversos tipos (a su patrimonio, a su historia identitaria, a su estilo de vida y a su salud física y emocional, entre otros). En ese sentido, los ciudadanos argumentan que también poseen conocimientos locales y regionales, dudas razonables acerca de la forma de gestión del agua y sobre todo argumentos de precaución para la aplicación de la política hídrica nacional. Esta tensión entre expertos y ciudadanía se posiciona como fundamento de gran parte de los problemas y conflictos con los que se enfrenta la estructuración de la agenda y la argumentación de una gestión pública del agua, que permita realmente una gestión más integrada o compleja.

A esto se agrega el hecho de que la política hídrica en México no se atiene al ciclo hidrológico como unidad de gestión, sino a áreas administrativas divididas, temas separados e incluso visiones científicas, disciplinarias y tecnológicas fragmentadas. Me refiero a lo que llamo los “ciclos hidrológicos regionales” (es decir las particularidades del ciclo global que se manifiestan en los diversos territorios de la nación mexicana), que incluye gestionar los regímenes de la lluvia, las cuencas que captan el agua superficial y los acuíferos en los que se reserva el agua subterránea. Para el caso de la gestión del agua en México, la perspectiva disciplinaria de la ingeniería hidráulica es la que actualmente lleva mano, poniendo énfasis en la construcción de infraestructura hidráulica y desplazando o subordinando las visiones de otras disciplinas científicas como la arquitectura, la geología, la tectónica y la meteorología, la biología y la ecología por ejemplo; además de desechar casi por completo, las disciplinas provenientes de las ciencias sociales: la politología, las relaciones internacionales, la historia, la economía y la antropología. Una visión “simple” y no “compleja” (la de la ingeniería hidráulica) domina actualmente el panorama de la gestión del agua en México.

Desde el punto de vista técnico gubernamental (en prácticamente los tres niveles de gobierno) el tema del abastecimiento de agua ha ocupado un lugar central en el debate público, acompañado cercanamente del tema de tarifas y solo después se han tratado los temas del saneamiento, usos diferenciados por calidad del agua y su distribución, pero todos ligados al eje de la construcción de gran infraestructura hidráulica: al eje de los negocios público-privados. Así, la perspectiva gubernamental se ha reducido al manejo del agua superficial que existe en los ríos, lagos y lagunas; con énfasis en la edificación de presas artificiales, por ejemplo.

En contraste, los temas ciudadanos emergentes en defensa del agua, han variado en una lógica discursiva que va de los reclamos por las afectaciones a la salud pública causada por la contaminación de los cuerpos de agua, la presentación alternativas técnicas de expertos no gubernamentales frente a las mega obras hidráulicas, la exigencia de una mayor gobernanza democrática del agua, la defensa de los derechos humanos por el agua y el saneamiento, la exigencia de justicia para los afectados ambientales, la gestión integral del agua y la oposición a la privatización de los servicios públicos. Temas que también se han colocado con cierta frecuencia en la agenda pública, impulsados por comunidades, grupos sociales y académicos. Aparecen también, de modo intermitente, diversos reclamos de los usuarios de la infraestructura hidráulica urbana, ciudadanos y empresarios que expresan quejas por la mala calidad del agua potable, aunque de forma poco organizada.

Ante esta situación, el reto de la nueva Presidencia de la República de México, encabezada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es generar un “nuevo paradigma de la gestión nacional del agua” y para ello propongo 5 no y 5 sí sobre los que debería alinearse, según mi interpretación, la política del agua en México. Para el diseño de esta propuesta me subo “sobre los hombros” de destacados pensadores nacionales e internacionales en la gestión del agua: como Esteban Castro (Red Waterlat-Gobacit de estudios sobre política del agua, http://waterlat.org); Javier Bogantes (presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua: TLA, http://tragua.com); Raúl Gutiérrez Barrios (coordinador del Comité Científico-Técnico del TLA); Joan Martínez Alier (Proyecto EJOLT, www.ejolt.org) y Pedro Arrojo Agudo (Fundación Nueva Cultura del Agua, https://fnca.eu). Mi propuesta en concreto es la siguiente:

 

Los 5 noes de la gestión del agua en México:

1. No, al monopolio de los datos del agua generados, manejados y centralizados por una sola instancia pública como la Conagua. Pues los datos técnicos son la referencia básica de la planeación gubernamental; la argumentación pública; el discurso que retoman los medios de comunicación; la justificación de los proyectos hidráulicos y valores culturales del agua. Quien tiene el monopolio de los datos, tiene el monopolio de la manipulación de los mismos, a favor de quien crea más conveniente. No, a la idea de que una sola instancia genera y posee los datos “verdaderos” de la “política legítima del agua en México”.

2. No, al dominio disciplinario de la visión técnica del agua, que nos hace rehenes de la gran ingeniería hidráulica como cabeza pensante hegemónica, la cual subordina al resto de los conocimientos inter y transdisciplinarios, extraídos de la biología, la química, la ecología, la historia, la antropología, las humanidades y las ciencias sociales. Primero va el conocimiento integral de los ecosistemas del agua y el diálogo con los saberes comunitarios, que la aplicación tecnológica “pura”, insuficientemente contextualizada y ligada a negocios.

3. No, a la falsa credibilidad “a ciegas” en los “expertos del agua” tanto gubernamentales como privados, que implica la falsa creencia en que los expertos son “objetivos”, que no poseen intereses particulares, que hablan desde la neutralidad científica y que pretenden únicamente lograr el “bien público”. No, a la idea de que el agua es una materia que está fuera de un proyecto de poder político, económico, social, cultural y ecológico y, que solo es un asunto técnico que debe ser tratado por “expertos”.

4. No, a la privatización del agua, pues el agua es un bien público por definición histórica, que los administradores financieros privados no están capacitados para entender, pues la lógica de mercado es una lógica de la acumulación económica depredadora e incesante, basada en el consumo; mientras que la lógica pública, implica consideraciones tanto económicas como políticas. No, a la idea que el principal problema del agua es la escasez, que convierte al agua en materia del mercado y de la economía; ya que si bien hay territorios que sufren de falta de agua, los principales problemas del agua en México son de mala distribución y de mala calidad del agua, que impacta tanto a la salud pública como a la de los ecosistemas, lo cual es materia primordialmente de la política y no de la economía.

5. No, a la centralidad en el tema del abasto a las ciudades, las industrias y el campo, cuando frente al tema del abasto existen otros temas prioritarios como el mantenimiento de las fuentes, el cuidado de la recarga, la captación del agua de lluvia, el mantenimiento de la humedad en el ambiente y el cuidado de las cuencas y los acuíferos.

 

Los 5 síes de la gestión del agua en México:

1. Sí, al ciclo del hidrológico como unidad de gestión del agua. La comprensión tanto del ciclo planetario como de los ciclos regionales de los que dependen la generación del agua en el país, debe ser una prioridad de estado, lo que implica una prioridad para la investigación científica y para el desarrollo de tecnología, que nos lleve a conocer cuáles son las características del ciclo en general y, de los ciclos regionales particulares de los que depende la vida. El ciclo hidrológico es el “sistema complejo adaptativo” que debería ser el umbral de gestión ligado a las cuencas y los acuíferos y no solamente el agua superficial que se encuentra en los cuerpos de agua (ríos, lagos, lagunas y manantiales) tal como ahora desarrolla su deficiente actividad pública la Conagua, junto con las diferentes comisiones del agua en los estados de la República, así como los organismos operadores urbanos.

2. Sí, al “buen gobierno” y a la “democracia del agua”, que implica ampliar y hacer efectiva la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas; ya que si bien la democracia posee sus límites en la gestión del agua (pues se requieren necesariamente, de un conjunto de conocimientos especializados), la democracia obliga a que las autoridades del agua divulguen, difundan, expliquen y capaciten en el conocimiento sobre el agua, con el fin de construir una ciudadanía informada, que sea cada vez más capaz de discutir con los expertos, presentando sus “dudas razonadas” y sus “lógicas de precaución”; obligando a que los tomadores de decisiones gubernamentales, expliquen detallada y accesiblemente, en qué tipo de consideraciones basan sus decisiones, retomando con ello la función educativa de la política.

3. Sí, a la discusión abierta sobre cómo se valora el agua y no solo a la forma en que se le pone precio. Generalmente (el precio del agua) sus tarifas, se basan en una relación costo-beneficio financiero y contable que tiene su centro en la cuantificación de la infraestructura y del personal técnico contratado que administra el agua. Pero la valoración del agua implica considerar sus propias circunstancias territoriales: ¿cuál es el valor de un cuerpo de agua en un territorio que tiende a la sequía?, ¿cuánto vale el agua fósil de un acuífero?, ¿cuál es el valor del agua que se extrae de una fuente que es una cuenca cerrada o una cuenca abierta?, ¿cómo se valora el agua en una zona cuyo régimen de lluvia es limitado? Es decir la idea de valoración debe estar encima de la idea de precio.

4. Sí, a una geopolítica y a una ecología política del agua. Es decir, sí, a un conocimiento de los territorios y de sus fuentes de agua, junto con los intereses de poder social que se disputan los espacios vitales de los que proviene el agua. Sí, a entender que la disputa por el agua es real y que genera “conflictos ambientales”, que son aquellos conflictos en que la explotación de la naturaleza no tiene resistencia social, pero que deja una destrucción evidente sobre los ecosistemas. Y sí, a entender que en México se presentan cada vez más “conflictos socio-ambientales”, en los que generalmente son las personas y comunidades más vulnerables o pobres, los afectados directos de los circuitos del capitalismo global.

5. Sí, al agua que produce vida. La tecnología, la política, la economía y la cultura del agua, debería dirigirse no por principios tecnológicos, sino por principios éticos. Bajo esa lógica, toda aquella tecnología que produzca vida tanto para los seres humanos como para los ecosistemas, debería tener el primer orden de prioridad para los poderes públicos.