Políticas culturales: congruencia entre la institución y la organización de la acción pública

Los procesos comunicativos suceden en torno a la necesidad de la expresión de los seres humanos para organizar el sentido y las acciones de la vida social

Por: Alfonso Hernández Barba

El acuerdo social básico para la gestión de la cultura en México: la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos

Dirigir la mirada a las políticas culturales, en el contexto mexicano, conduce de manera directa a la gestión gubernamental de la cultura en este país. Como en cualquier otro Estado-nación del mundo, el asunto de las políticas públicas, y las políticas públicas de cultura en particular, implica reconocer de inicio que hay acuerdos sociales fundamentales, fundacionales del orden social vigente.

Dichos acuerdos sociales son institucionalizados, es decir, siguiendo a Giddens (1984:60), se trata de los rasgos más duraderos de la vida social.

Al decir Estado-nación, salta a la vista el conjunto básico integrado por población territorio-gobierno. Este conjunto remite a la complejidad de las relaciones humanas, cuya parte constitutiva son los procesos de comunicación, a través de los cuales se negocian y se institucionalizan todos los acuerdos sociales, desde los fundamentales.

Los procesos comunicativos suceden en torno a la necesidad de la expresión de los seres humanos para organizar el sentido y las acciones de la vida social.

Para ello es necesaria una abundante circulación social de formas simbólicas. Lo anterior sirve de sustento para afirmar que la gestión gubernamental de la cultura es una práctica dentro de un Estado-nación que se lleva a cabo en el contexto de un acuerdo social de validez general, expresión, como afirma Miguel González Madrid (1999:30), de una:

Trama de instituciones, reglas, actores e intereses que se definen en un ordenamiento entrecruzado, multipolarizado y mediado: lo gubernamental y lo no gubernamental, lo individual y lo colectivo, las minorías y las mayorías, los administradores y los administrados, las grandes organizaciones y las pequeñas organizaciones, etcétera.

En este país, el acuerdo social fundamental del estado ha sido formulado y plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue promulgada el 5 de febrero de 1917, y en estos más de ochenta años de vigencia ha sido objeto de constantes adiciones y reformas, de acuerdo con lo expresado en el artículo 39:

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Acerca de la posibilidad de alterar o modificar los acuerdos sociales plasmados en la Constitución, conviene recordar a Crozier y Friedberg (1977:13-31), quienes en su obra El actor y el sistema comentan ampliamente el carácter contingente de los acuerdos sociales, es decir, que pudieron o pueden ser de otra forma y que, por lo tanto, son susceptibles de modificarse. 

Antes de la Constitución actual hubo otras tres desde el nacimiento del Estado mexicano: 1814, 1824 y 1857. En el siglo XX, que acaba de concluir, la Constitución política de 1917 ha sido el soporte de la institucionalidad, en la cual los actores sociales y políticos se han apoyado para impulsar, sobre todo en sus siguientes siete decenios, el proyecto unificador del nacionalismo revolucionario.

En nuestros días, el consenso es amplio acerca de que el nacionalismo revolucionario, como estrategia de unificación del sentido de nación, ha llegado a su fin, y cada vez más la Constitución empieza a incorporar modificaciones que hacen evidente dichos cambios, uno de los cuales es el claro reconocimiento a la pluralidad y diversidad cultural en nuestro país.

La constitución política es considerada la ley suprema acerca de los derechos y obligaciones de los ciudadanos (parte dogmática) y de la organización del Estado (parte orgánica), es decir, que en ella se exponen las normas esenciales de la convivencia política, económica y social; responde al pacto social de los miembros de un Estado-nación (territorio, población y gobierno); y es la base del llamado Estado de derecho al que los ciudadanos se acogen en la vida social.

Desde el punto de vista de la acción organizada y la vida social, es posible reconocer tres funciones de la Constitución: organización, legitimación y limitación del poder. De este documento rector se deriva el numeroso conjunto de leyes y reglamentos que crea o modifica el Poder Legislativo.

Es en este acuerdo social, formalizado como Constitución política, que es posible reconocer la visión legitimada y vigente en torno a la cultura y la sociedad que ofrece el Estado mexicano. Desde luego, esta visión no está exenta de desacuerdos y tensiones, ni de numerosos esfuerzos por mejorar los enunciados en torno al derecho a la cultura, por citar lo más reciente.

En congruencia con el texto en cuestión (artículo 26), los gobiernos particulares han formulado para sus períodos sexenales, al menos en los últimos decenios, los llamados planes nacionales de desarrollo. En ellos es cada vez más evidente la postura explícita del gobierno en lo que toca al desarrollo cultural de los mexicanos.

De los planes nacionales se derivan, para nuestro caso, los programas de gobierno en materia de cultura, enmarcados orgánicamente hasta ahora en las tareas y planes de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Estos programas deben ser invariablemente congruentes en el discurso con los planteamientos de la Constitución. 

Las políticas culturales en el concierto de las políticas públicas del estado mexicano

Con base en el marco constitucional de los acuerdos sociales fundamentales, analizaremos detenidamente las políticas públicas y el campo particular de nuestro interés: las políticas públicas de cultura.

De aquí en adelante, la referencia a éstas será como políticas culturales. De acuerdo con el planteamiento de la acción organizada de los seres humanos en la vida social, en la cual diversos actores crean inventan o instituyen soluciones específicas para resolver los problemas que presenta la acción colectiva (Crozier, 1977: 13), consideramos a las políticas públicas como construcciones sociales concretas, contingentes, no como un fenómeno natural.

Las políticas públicas, de manera general, podemos entenderlas como un sistema de acción pública en el que participan múltiples agentes y que está constituido por tres elementos:

a) Un reparto o una distribución diversificada y variable de actores gubernamentales y no gubernamentales, aunque el reparto puede variar de una política a otra.

b) Una red de acciones visibles y no visibles (de acciones y no acciones) que pueden ser registradas textualmente o, al contrario, simbólicamente.

c) La orientación de la acción hacia la provocación de cambios sociales, pero no necesariamente de innovaciones (González Madrid, 1999:20).

Lo anterior orienta la reflexión frente al terreno de la acción pública, de cara al sentido y a la necesidad de que existan formulaciones explícitas o implícitas de las políticas públicas, y en particular de las políticas culturales.

Cualquier sistema de acción pública tiende a imponerse en un sector de la sociedad, está ordenado por un conjunto de operaciones diferenciadas en contextos específicos e implica determinadas orientaciones valorativas y la asignación de recursos para el cumplimiento de objetivos y metas.

La manera más ordenada y legitimada hasta ahora para presentar las políticas públicas a los ciudadanos es en forma de planes, programas y proyectos de gobierno.

Las políticas públicas no son, por lo tanto, entidades fijas y permanentes, aunque por tratarse de manifestaciones de procesos institucionales transcurren en períodos de duración significativa en el tiempo, condensan relaciones de poder, activan procesos de intercambio, negociación y consenso, incorporan influencias del entorno, y son la expresión de múltiples reglas del juego e interdependencia de metas y valores.

Estas construcciones sociales concretas están, desde luego, orientadas a problemas y necesidades, definen públicos en situaciones particulares de conflicto o cooperación entre diversos actores y en el contexto de decisión de la estructura de las autoridades públicas.

En los últimas decenios han aparecido numerosos escritos desde diferentes enfoques y tratamientos acerca del tema “políticas culturales” en tanto sistema de acción pública. Por un lado, se encuentran los estudiosos e investigadores que se han interesado por contribuir a su reflexión e incluso a formular propuestas; por otro lado, se encuentran los funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno e incluso de los diferentes poderes (ejecutivo y legislativo sobre todo), y diplomáticos y miembros de organismos internacionales, quienes también han incluido en sus discursos y acuerdos el tema de la cultura.

Sobre el segundo grupo de textos, preparados por quienes se han desempeñado mayoritariamente como funcionarios públicos, se encuentran, por ejemplo, los informes de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (Pérez de Cuellar, Javier. UNESCO, Madrid 1996); los documentos de la Organización de Estados Iberoamericanos, accesibles por Internet en la página www.oei.org.; el Programa Media, en sus diferentes versiones, de la Comunidad Europea, también accesibles por Internet; las reflexiones y acuerdos en torno a las políticas culturales en el contexto del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica; y el texto Modernización y política cultural, de Rafael Tovar y de Teresa (1994), quien fuera presidente del CONACULTA en el período 1992-2000.

A continuación, se mostrarán dos concepciones, muy alejadas una de otra, para ilustrar brevemente el debate y la reflexión sobre políticas culturales en México: Carlos Monsiváis y Rafael Tovar y de Teresa. Ambos textos sirven para ilustrar el tema de la política cultural o de las políticas culturales, en tanto momento o momentos de congruencia entre el significado y la representación que se le otorga al arte y la cultura respecto a la sociedad y la organización de la acción pública.

Para Carlos Monsiváis:

…en lo cultural la revolución mexicana [en este caso, el aparato estatal] fuera del período de Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública y del proyecto cardenista, ha carecido de pretensiones teóricas y ha oscilado en sus intervenciones prácticas, sin que en ello advierta contradicción: de las amplitudes y estrecheces de un nacionalismo cultural al frecuente oportunismo de una actitud ecléctica, del afán monolítico a la conciliación, [...] por lo general [...] al sistema político le ha interesado modular y acomodar cualquier ambición doctrinaria. Esto, traducido en la ausencia de una política cultural rigurosa y coherente, no ha amenguado la decisión autocelebratoria (Monsiváis, en Cosío Villegas, coord., 1976:1378).

Para Rafael Tovar y de Teresa:

La década de los años cuarenta fue decisiva para la definición de la política cultural del Estado mexicano hacia la segunda mitad del siglo XX [...] Es también una época marcada por la diversificación de instituciones y dependencias, de acuerdo con criterios de especialización y la participación de los propios intelectuales y artistas en las esferas institucionales (Tovar, 1994:42).

Ante la creciente atención al tema de la cultura y las políticas culturalesen Europa y otros lugares del mundo, como México, Philippe Urfalino(1997) escribió un texto titulado La historia de la política cultural, en elcual reúne lo que para él son las cinco vertientes de estudio predominantesen torno al tema de la política cultural. En estas vertientes se englobala discusión actual, y también la práctica institucional de la gestión de lacultura, campo de estudio creciente:

a) Los intercambios entre el arte y la política;

b) Dos pasiones: el culto del pasado, el culto de la creación;

c) Las políticas públicas de la cultura;

d) El sector cultural; y

e) La política cultural como problematización global.

Estas cinco vertientes son consideradas como materia de política pública que engloba los tres elementos sistémicos que enuncia González Madrid, pues como afirma el mismo Urfalino, “Hay política pública cuando una autoridad política se sujeta de un problema o de un fenómeno social y cuando esta inversión política produce medidas que afectan a grupos sociales” (Urfalino, 1997: 329-330).

El caso mexicano no es ajeno a una mirada desde esas cinco vertientes, aunque en nuestro estudio optamos por un eje conductor desde la tercera vertiente, la de las políticas públicas de la cultura o políticas culturales. Hay varias maneras de referirse a este tipo de políticas, veamos ahora aquellas que contribuyen a nuestro estudio:

Para comenzar, el mismo urfalino propone la siguiente definición de política cultural:

El o los momentos de convergencia y de coherencia entre, por una parte, las representaciones del papel que el Estado puede otorgarle al arte y a la ‘cultura’ con respecto a la sociedad; por otra, la organización de una acción pública (Urfalino, 1997: 333).

A esta formulación, su autor le otorga el rango de tan sólo un intento de definición, pues considera que la “política cultural” es una totalidad no reductible a sus partes que escapa aún al inventario.

En la práctica, podemos reconocer una clara correspondencia de esta definición con el discurso de quien dirigió en el último decenio del siglo XX a CONACULTA, en su libro Modernización y política cultural:

La cultura se aprecia entonces como un terreno que no es ajeno a las incertidumbres y ambivalencias finiseculares, pero también como el medio por excelencia a través del cual se expresa la diversidad humana en la sociedad contemporánea.

Es, al mismo tiempo, ámbito de confluencia de la globalización y medio de afirmación de las particularidades de los pueblos: a través de la cultura los países pueden compartir procesos de desarrollo sin perder aquello que los caracteriza y distingue... (Tovar, 1994: 12-13).

En el contexto de la formulación y operación de la o las políticas culturales como mediación entre la institución y su entorno, es decir, tanto la organización del sentido como de la acción pública, resulta apropiado reconocer que lo central en la política cultural tiene que ver con representaciones y decisiones asumidas y expresadas desde la institución cultural.

Tales representaciones y decisiones son encarnadas por personas, en tanto actores y agentes, con una clara ubicación institucional, que llevan a cabo prácticas destinadas a la administración, renovación y reestructuración del sentido.

Aunque el discurso presentado unos párrafos atrás, de Rafael Tovar y de Teresa, enfatiza el carácter de un proyecto nacional hacia el futuro, no se debe perder de vista la abrumadora realidad de que en México no hay una sola cultura, sino una multiplicidad de ellas en contacto, a veces ignoradas, rechazadas, idealizadas o en confrontación.

La Memoria 1988-1994 de CONACULTA, texto final de la primera administración de Tovar, lo expresa de esta manera: “…la idea de cultura nacional como suma y confluencia de las expresiones de todos los grupos y comunidades, en ese espacio de interacción e influencias recíprocas que es nuestro país” (CONACULTA, 1988-1994: 6).

Para Teixeira Coelho (1997:380), académico e investigador brasileño en el campo de las políticas culturales, “…la política cultural constituye una ciencia de la organización de las estructuras culturales y generalmente es entendida como un programa de intervenciones realizadas por el Estado, instituciones civiles, entidades privadas o grupos comunitarios, con el objeto de satisfacer las necesidades culturales de la población y promover el desarrollo de sus representaciones simbólicas”.

Desde esta concepción, la política cultural tiene que ver con el conjunto de iniciativas tomadas por estos agentes para promover la producción, distribución y uso de lo cultural, la preservación y divulgación del patrimonio histórico y el ordenamiento del aparato burocrático responsable de ellas.

La investigación acerca de las políticas culturales tiene por objeto, entonces, el estudio de las diferentes formas de proponer, obtener y llevar a cabo estas iniciativas, así como la comprensión de sus significados en los diferentes contextos sociales en que están presentes.

Estas intervenciones, por instituciones y grupos, según Coelho, asumen la forma de (1) normas jurídicas, en el caso del Estado, o procedimientos tipificados en relación con los demás agentes, que rigen las relaciones entre los diversos sujetos y objetos culturales, (2) intervenciones directas de acción cultural en el proceso cultural propiamente dicho (construcción de centros de cultura, apoyo a manifestaciones culturales específicas, etcétera).

Si se considera que el fenómeno cultural es parte del todo, de la lógica general de la vida social en que sucede, entonces se aceptará también que la política cultural es, siguiendo a Coelho, “…el conjunto de intervenciones de los diversos agentes en el campo cultural con el objeto de obtener un consenso de apoyo para mantener un cierto tipo de orden político y social o para emprender una transformación social” (Coelho, 1997:381).

En el caso particular de CONACULTA, responsable de la política cultural del Gobierno de la República, su discurso acerca de la o las políticas culturales es uno de los principales recursos de los que se vale el Estado mexicano contemporáneo junto a la política social, “…para garantizar su legitimación como entidad que cuida de todos y que habla en nombre de todos” (Coelho, 1997: 381).

Desde la perspectiva de la política cultural como el conjunto de intervenciones de los diversos agentes en el campo cultural, el caso del Gobierno mexicano durante el período 1995-2000, en el que inicia la página web del CONACULTA (www.conaculta.gob.mx), ilustra una forma particular de enmarcar el programa de intervenciones desde los siguientes presupuestos, que son interpretados como esfuerzos para la formación del consenso y la creación de metas colectivas en la vida social:

Al definir sus objetivos en el ámbito de la cultura y trazar las líneas de acción del nuevo impulso que recibirá este campo, el Gobierno de la República se inspira en principios históricos que condensan aspiraciones de la sociedad y la comunidad cultural de México a lo largo del tiempo: aprecio y afirmación de la identidad nacional; plena libertad de expresión y creación; y auténtica socialización de los bienes y de los beneficios de la cultura.

El primero sintetiza la convicción de que nuestra cultura expresa lo que somos, y que al recrearla y vivirla preservamos nuestra identidad; el segundo, el ideal de una condición irrenunciable de la existencia de esa cultura y de la sociedad misma como tal; el tercero, el convencimiento de que los beneficios de la cultura deben alcanzar a todas y cada una de las comunidades de nuestro territorio y convertirse en elemento permanente y cotidiano del desarrollo social e individual.

El gobierno de la república ratifica plenamente estos principios como base histórica de la política cultural en México, así como a tres tareas fundamentales, de carácter permanente, que dicha política ha asumido en contextos diferentes y con acentos y sentidos diversos: la preservación del patrimonio cultural nacional; el apoyo a la creación intelectual y artística; y la difusión de la cultura.

Al hacerlo, asume también el deber de precisar el sentido particular que estas grandes tareas, a la luz de los objetivos, lineamientos y directrices adoptados por el Gobierno de la República para encauzar el desarrollo de la nación, tendrán en los próximos años (Programa de Cultura 1995-2000: 21).

Preservación, creación y difusión son las tareas que en materia de política cultural se planteó el Gobierno de México en su Programa de Cultura 1995-2000, y ello no fue una novedad de aquel sexenio pues, a lo largo del tiempo, se ha ido construyendo su enunciación como tarea que le corresponde al Gobierno de México. Varios decenios antes ya se habían creado, desde el Congreso, tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) para responder a tales propósitos.

Seguramente, esto no es muy diferente en otras naciones, pues el mismo Coelho registra que se observan dos formas en las políticas culturales desde el punto de vista del objeto hacia el cual se orientan: una, llamada patrimonialista, que marca la política cultural dirigida a la conservación, fomento y difusión de tradiciones culturales supuestamente autóctonas o, en todo caso, antiguas e incluso ligadas a los orígenes del país.

La segunda forma, llamada creacionista, caracteriza a la política cultural que promueve la producción, distribución y uso o consumo de nuevos valores y obras culturales (Coelho, 1997: 384-385).

Ambos enfoques (patrimonialista y creacionista) de las políticas culturales han sido también referidos tradicionalmente a la cuestión nacional. En este sentido, y como ya hemos visto en el caso de la Constitución política de México, ha prevalecido históricamente la referencia al valor del nacionalismo revolucionario, en el caso de la mayor parte del siglo XX mexicano.

Ello sin negar en el discurso institucional el pluralismo cultural (artículo 4º de la Constitución). Ahora, sin embargo, el debate sobre políticas culturales se incluye en la gran discusión sobre la globalización, así como en el fortalecimiento de las culturas regionales y locales.

En este punto, el de lo nacional, afirma Coelho que una política cultural nacionalista prefiere privilegiar aquellas formas culturales consideradas autóctonas, sean de extracción popular o erudita. Las políticas pluralistas, por su parte, se abren a manifestaciones de los más diversos orígenes, y las políticas globalizadoras tienden a desproteger la producción cultural nacional, aboliendo las fronteras y obstáculos burocráticos frente a la producción internacional o supranacional mediante la exención o reducción de impuestos sobre la cultura importada y, sobre todo, la eliminación de los subsidios a los productores locales de cultura (Coelho, 1997: 385). Ahora es difícil encontrar políticas culturales puras o excluyentes en tanto se refieran a lo nacional o a lo internacional.

Otra forma de clasificar las políticas culturales tiene que ver con los circuitos en los que buscan intervenir, ya sea dentro o fuera de la lógica de mercado, o ya sea como usuarios y consumidores o como organizadores de los circuitos culturales. Al respecto, Coelho presenta la siguiente clasificación

a) Políticas relativas al mercado cultural: se interesan en el apoyo a los sectores de producción, distribución y consumo de la cultura.

b) Políticas relativas a la cultura ajena al mercado cultural: se refieren a las formas culturales que, en principio, no se proponen entrar en el circuito del mercado cultural tal como éste es comúnmente caracterizado.

c) Políticas relativas a os usos de la cultura: se ocupan de crear las condiciones para que la gente disfrute plenamente de las formas culturales a su disposición, ya sea como receptores informados o como eventuales creadores más preocupados por manifestarse culturalmente que por llegar a la condición de futuros profesionales.

d) Políticas relativas a las instituciones organizadoras de los circuitos culturales: se refieren a la organización administrativa de la cultura. Definen ejemplarmente la estructura de funcionamiento de órganos públicos, como secretarías y departamentos de cultura, institutos, museos, centros de cultura, instituciones de investigación, etcétera, y determinan las características de los recursos humanos necesarios, la designación de recursos o modalidades de premiación y estímulo.

Estas políticas no se manifiestan de manera aislada o inconexa, sino más bien en estrecha combinación. La presencia simultánea de todas ellas caracteriza la existencia de una política cultural del Estado, y dicha política cultural se muestra también con diversos grados de dirigismo, liberalismo o democratización.

Ello sirve para entender el caso de México, ya que en el discurso explícito de la institución CONACULTA, y su anclaje en la Constitución, se aprecia una estrecha coherencia en términos de las motivaciones o justificaciones, en cuanto que la o las políticas culturales son respuestas a las demandas sociales y aspiran a enriquecer los procesos democráticos en México.

Tales demandas sociales a las que la institución dice responder, también son una combinación de demandas reales, recogidas por medios democráticos de diálogo y decisión, con demandas supuestas, hipotéticas, fruto de la observación subjetiva o del análisis con diversos grados de pertinencia por parte de los investigadores.

No existen los estados puros y asépticos en el campo de las políticas culturales, pues surgen de negociaciones que van desde la lógica de bienestar social y pasan en ocasiones por situaciones de intervencionismo en aras de tal o cual concepción de lo que sería la identidad nacional; todo lo cual sucede en el terreno de las prácticas comunicativas para su instalación, defensa o imposición ante los sectores sociales interesados o participantes, simpatizantes o críticos, en el desarrollo de las políticas culturales.

A todo lo anterior habría que agregar la consideración de la mezcla resultante entre el marco institucional y las preferencias y tomas de postura personales, tanto de los funcionarios públicos como de aquellos investigadores que realizan estudios y formulan propuestas que, eventualmente, enriquecerían la mirada de quienes toman las decisiones en el terreno de la política cultural.

Por último, dichas prácticas comunicativas, que radican en procesos incesantes de significación y de su institucionalización, transitan por lógicas como la de la oferta. Una forma concreta es la del apoyo a los artistas, en la creación y mantenimiento de una infraestructura adecuada.

Y, por otro lado, las prácticas comunicativas también atienden la lógica de la demanda, como es el caso de las políticas preocupadas por formar y estimular a los públicos. La vinculación entre las instituciones culturales y la sociedad radica, por tanto, en que los actores sociales (el ‘dentro’ y ‘fuera’ de las instituciones) son al mismo tiempo formulantes e interlocutores de las políticas culturales.

Es notable cómo, cada vez más, los interlocutores en la sociedad (el ‘fuera’ de las instituciones, por ejemplo: los creadores, artistas y ejecutantes, los investigadores) ejercen con mayor visibilidad su capacidad de interlocución. En los últimos años, se ha incrementado notablemente dicha participación, y esto obedece tanto al reclamo y demandas de estos sectores, como a la modificación en los procedimientos estandarizados por CONACULTA y otras instituciones culturales del país.

Una muestra de ello es la significativa participación obtenida en la “Consulta Cultural”, llevada a cabo durante el segundo semestre del año 2000. La “Consulta Cultural” nació de una propuesta de Letras Libres (revista del mes de octubre, 2000, número 22:28: 33), y entre los resultados sobresalieron dos respuestas ante dos asuntos prioritarios: el primero, “Conservar y mejorar el sector cultural”; el segundo, “Aumentar la difusión informativa” (Zaid, Gabriel, en revista Letras Libres, núm. 23, noviembre 2000: 26-28).

La comunicación (en tanto práctica discursiva) juega en estos procesos un papel fundamental, para llevar a cabo las negociaciones en el marco de las relaciones de poder, para expresar las tensiones, y para ejercer la legitimación y la dominación, para dar coherencia, finalmente, a la acción pública (visibilidad de las políticas culturales).

Ante los resultados de la “consulta cultural”, Zaid (Letras Libres, ibídem: 27) se muestra optimista ya que afirma que ha crecido el número de ciudadanos interesados en política cultural, los cuales han contribuido con su participación tanto a la legitimación del sector cultural como a evidenciar que el problema práctico de comunicarse y participar en la nueva situación puede atenderse de varias maneras, para que las decisiones se tomen cada vez menos en petit comité:

a) Fragmentar el poder cultural. La fragmentación puede ser geográfica, por tipo de actividad o por unidades de operación. Y el poder fragmentado está más cerca de los participantes respectivos.

b) Darle más información al público. En primer lugar, información práctica para que aproveche la oferta cultural disponible. Además, información operacional para que juzgue las decisiones que se toman.

c) Consultar a la comunidad. Desde luego, a los conocedores en cada materia; pero también a los demás interesados en la cultura.

En el concierto, y en ocasiones desconcierto, de la compleja red de significaciones de la que formamos parte (Geertz), la elaboración e institucionalización del significado en términos de política cultural no está exenta de visiones diferentes y a veces opuestas, y no podría ser de otro modo.

Instituciones como CONACULTA, a través de sus actores y agentes, tienen el derecho y la obligación de formular y reiterar en el discurso su política cultural, y a someterla a la interpretación de sus públicos; y éstos, a su vez, tienen el mismo derecho a producir el sentido que resulte de sus propias circunstancias, creencias, preferencias e intereses.

Ante esta realidad, Néstor García Canclini (1989: 148) expresó, acerca de los procesos de democratización, lo siguiente: “democracia es pluralidad cultural, polisemia interpretativa”.

CONACULTA no se escapa del todo, como es propio de las instituciones, de la tendencia natural a la rutinización y a la rigidez en sus procedimientos de acción y prácticas discursivas.

Se muestra en su discurso tanto constreñido a una definición de funciones y programas, como abierto a sumarse, incorporar o incorporarse, a las propuestas de lo que llaman la comunidad de artistas e intelectuales, a otras instituciones estatales en el campo de la federación y a lo que la sociedad en general demanda y plantea a lo largo del tiempo.

Se trata de una tensión entre el cumplimiento de sus planes como dependencia federal y lo que va emergiendo en la sociedad, particularmente en grupos bien localizados.

Esto resulta muy importante para la sobrevivencia de la misma institución, la cual busca permanentemente conciliar y producir congruencia y coherencia entre el significado que le otorga a la cultura con respecto a la sociedad, y la organización particular de su acción pública.

 
 
Bibliografía

BONFIL Batalla, Guillermo (1987). México profundo, una civilización negada, Grijalbo/CONACULTA.México 1989.

COEHLO, Teixeira (1997). Diccionario crítico de política cultural, ITESO/CONACULTA/SC-JALISCO,Guadalajara 2000.

CONACULTA, Memoria 1988-1994, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México 1994.

CONACULTA, Memoria 1995-2000, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México 2000.

COSÍO Villegas, Daniel, coord (1976), Historia general de México, vol. 2, El Colegio de México, México 1981.

CROZIER, Michel y Friedberg, Erhard (1977). El actor y el sistema. Las restricciones de la acción colectiva,Alianza Editorial Mexicana, México 1990.

GARCÍA Canclini, Néstor (1989). Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad,Grijalbo, México 1998.

GARCÍA Canclini, Néstor, coord. (1991). El consumo cultural en México, conaculta, México 1993.

GIDDENS, Anthony (1984). La constitución de la sociedad, bases para la teoría de la estructuración,Amorrortu Editores, Buenos Aires 1995.

GIMÉNEZ Montiel, Gilberto (1982), La problemática de la cultura en las ciencias sociales, Institutode Investigaciones Sociales, UNAM, documentomecanografiado.

GONZÁLEZ Madrid, Miguel (1999), “¿A qué llamamos políticas públicas?”, en: Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, número 46, julio-diciembre de 1999, Universidad Autónoma Metropolitana.

Letras Libres (s/f), “Letras libres y la Consulta Cultural”, revista mensual, número 22, octubre, 2000, pp. 28-33.

LINDBLOM, Charles E. (1988), Democracia y sistema de mercado, fce/cncpap/uaeh, México 1999.March, James G. y Olsen, Johan P. (1989), El redescubrimiento de las instituciones, la base organizativa de la política, FCE/CNCPAP/UAS, México 1997.

PÉREZ de Cuéllar, Javier (presidente) (1996), “Nuestra diversidad creativa”, informe de la Comisión de Cultura y Desarrollo de la UNESCO, Correo de la UNESCO, México, 1997.

PROGRAMA DE CULTURA: 1995-2000, Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México 1996.

RUIZ Dueñas, Jorge (2000), Cultura, ¿para qué?, un examen comparado, océano, México 2000.

The Internet Archive: Building an ‘Internet Library’

– Wayback Machine

http://www.archive.org

http://web.archive.org/web/*/http://www.cnca.gob.mx

TOVAR y de Teresa, Rafael (1994), Modernización y política cultural, una visión de la modernización de México, FCE, México 1994.

URFALINO, Philippe (1997), “La historia de la política cultural”, en: Rioux, Jean-Pierre y Sirinelli, Jean François, Para una historia cultural, Taurus, México 1999.

ZAID, Gabriel, “Primeros resultados de la consulta cultural”, en: Letras Libres, revista mensual, número 23, pp. 26-28, noviembre de 2000.

 


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