Periodismo, restauración autoritaria e impunidad

Un análisis sobre la tensa relación entre gobierno y medios de comunicación: dadas las condiciones de violencia contra periodistas, el ejercicio periodístico en México equivale a una perenne labor suicida

Por: Aurelio Contreras Moreno

En los últimos diez años, ser periodista en México es un oficio de valientes. O de suicidas, quizás. La labor informativa ha sido uno de los blancos más abiertos de la violencia que azota al país y que ve en los trabajadores de los medios a enemigos a los que hay que acallar. O desaparecer.

Esto, a pesar de que, en teoría, México debería vivir una época de modernidad democrática e instituciones fuertes, confiables y eficientes, producto de la supuesta transición iniciada en la década de los años 90 del siglo pasado, que abrió paso a la más amplia pluralidad política de la historia moderna del país.

Pero la realidad es otra. Doce años de panismo paralizante abrieron la puerta para la restauración de un régimen que a su regreso al poder demostró que no cambió un ápice. Que no aprendió nada al estar dos sexenios fuera de Los Pinos. Y lo más grave: que sigue siendo absolutamente intolerante a la crítica, al periodismo independiente y a la libertad de expresión sin cortapisas.

En medio de todo ello, el periodismo se debate en la actualidad entre ser una mera caja de resonancia de los intereses del poder (lo mismo del legalmente constituido que del emanado del crimen organizado), perderse en el anacronismo al no adaptarse a las nuevas dinámicas que entraña la revolución tecnológica o enfrentar hasta sus últimas consecuencias el hecho de ser el eslabón más débil de la cadena de la transparencia y la rendición de cuentas, bases inequívocas de una verdadera democracia.

Bajo fuego

De acuerdo con el informe anual “Estado de censura” de Artículo 19, organización no gubernamental dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, “en México, la censura ha permitido que las voces críticas cedan al miedo. No importa la entidad, ésta se aplica con el objetivo de quitarle la voz a quienes denuncian un estado de simulación de garantía de derechos humanos”.

Artículo 19 puntualiza que México sufre un deterioro del ejercicio pleno de la libertad de expresión a causa de la violencia contra la prensa: cada 26.7 horas se agrede a un periodista en el país.

Es decir, en la actual administración de Enrique Peña Nieto, las agresiones contra la prensa casi se duplicaron, comparado con la de Felipe Calderón, en la que se agredía a un comunicador cada 48.1 horas. A sólo dos años de haber iniciado su gobierno, diez periodistas han sido asesinados en posible relación con su labor informativa, cuatro más han desaparecido y los crímenes permanecen impunes.

También refiere que “el Estado ha llevado a la prensa y a los ciudadanos a autocensurarse y crear condiciones que vulneran el ejercicio de la libertad de expresión. Del total de agresiones, 48 por ciento son responsabilidad de funcionarios, siendo los principales atacantes de la prensa”.

En los últimos catorce años, cerca de noventa periodistas han sido asesinados en México en relación con su labor informativa, de los cuales, sólo el 10 por ciento de los casos cuenta con sentencia para los culpables.

Tan sólo en 2014, Artículo 19 documentó 326 ataques contra periodistas y medios de información, de los cuales, 43 por ciento correspondieron a agresiones físicas o materiales; 16 por ciento fueron intimidaciones; 14 por ciento, detenciones arbitrarias, y 13 por ciento correspondieron a amenazas.

Además, en ese mismo año, fueron asesinados al menos cinco periodistas en el país, presumiblemente por su labor profesional: en Veracruz, Gregorio Jiménez de la Cruz, del diario Notisur, el 6 de febrero; en Zacatecas, Nolberto Herrera, de Canal 9, el 29 de julio; en Oaxaca, Octavio Rojas, del periódico El Buen Tono, el 11 de agosto; en Sinaloa, Atilano Román, de Así es mi tierra, el 11 de octubre, y también en Sinaloa, Antonio Gamboa, de Nueva Prensa, el 22 de octubre.

Artículo 19 refiere en “Estado de censura” que, por entidad federativa, el Distrito Federal fue donde más se agredió a la prensa, con 85 casos; seguido de Quintana Roo, con 42 agresiones, y Veracruz con 41.

Veracruz, el infierno en la Tierra

El caso de Veracruz merece un apartado especial. Es, sin dudarlo, el estado de la República más peligroso para ejercer el periodismo, a secas. El que se desempeña de forma crítica e independiente es candidato natural al cadalso. Tan sólo en los primeros cuatro años del gobierno de Javier Duarte de Ochoa fueron asesinados once reporteros, cuyos casos no han sido resueltos a satisfacción en ninguna oportunidad.

Sin embargo, la descomposición data de tiempo atrás. Los ataques abiertos contra periodistas en Veracruz comenzaron a finales del sexenio de Miguel Alemán Velasco, con el crimen –hasta la fecha sin resolver– de José Miranda Virgen en 2002. Hacia finales de ese año, Miranda Virgen publicó en varias entregas de su columna “El espejo del poder”, información sobre presuntos vínculos de altos funcionarios del gobierno estatal con el narcotráfico.

El 12 de octubre de 2002, al llegar de madrugada a su casa, una “explosión en su cocina” le provocó quemaduras de tercer grado por todo el cuerpo que le causaron la muerte pocos días después. La conclusión oficial fue que se trató de un “lamentable accidente”.

El sexenio de Fidel Herrera Beltrán se caracterizó por ponerle una mordaza a los medios de comunicación en Veracruz. Mas no mediante la violencia física. Encontró una manera más efectiva de controlar la información: se entendió directamente con los directivos y dueños de periódicos y emisoras a través de jugosos contratos de publicidad, con lo que logró desaparecer la crítica en su contra, sustituyéndola con un endiosamiento megalómano de su figura y el ataque frontal contra sus adversarios políticos y sus pocos críticos. De lo contrario, se cancelaban los “convenios publicitarios”.

El sexenio de Javier Duarte de Ochoa será recordado históricamente como la etapa más oscura para el periodismo en Veracruz y quizás en todo México. Con la llegada de su gobierno, sobrevino la descomposición total. El periodismo se convirtió en blanco de los más feroces ataques de los que se tenga memoria en ese estado.

En poco más de cuatro años de su administración, once reporteros fueron asesinados impunemente: Noel López Olguín (Noticias de Acayucan, 31 de mayo de 2011); Miguel Ángel López Velasco y Miguel López Solana (Notiver, 20 de junio de 2011); Yolanda Ordaz (Notiver, 27 de julio de 2011); Regina Martínez (Proceso, 28 de abril de 2012); Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez (Notiver, Veracruz News y AZ, 3 de mayo de 2012); Víctor Báez (Milenio El Portal, 14 de junio de 2012); Gregorio Jiménez de la Cruz (Notisur y Liberal del Sur, 6 de febrero de 2014); Moisés Sánchez Cerezo (La Unión de Medellín, 2 de enero de 2015).

Javier Duarte de Ochoa cargará con estos nombres sobre su espalda como una marca de ignominia por su desdén hacia la situación de riesgo que viven los periodistas en el estado que dice gobernar, y a quienes ha preferido acusar de trabajar para los delincuentes que asuelan Veracruz desde el sexenio pasado o bien, atribuir sus muertes a causas ajenas a su actividad profesional. Siempre a priori, sin investigar.

“Veracruz es un caso paradigmático, un laboratorio del horror”, sostuvo Jorge Israel Hernández, del Centro de Investigación y Docencia Económica (cide), durante la Cumbre Latinoamericana de Periodismo celebrada en la Ciudad de México en el mes de octubre de 2014.

El regreso del dinosaurio

Con el retorno del Partido Revolucionario Institucional (pri) al poder presidencial regresaron también viejas prácticas de control de los medios y de los periodistas. La crítica no es el fuerte del régimen y así lo ha hecho sentir. Porque no sólo se ha presionado a empresas mediáticas como Grupo Imagen y mvs para prescindir de periodistas críticos de la figura presidencial, como Pedro Ferriz de Con y Carmen Aristegui. Los esfuerzos retardatarios del régimen van más allá de la censura de facto.

Se han introducido en las legislaciones sobre telecomunicaciones y acceso a la información algunas disposiciones que en los hechos significan un retroceso de décadas para muchos de los avances logrados prácticamente con sangre. Incluso, para evitar que se escudriñe en la historia y en los excesos del régimen a lo largo de los años, se cerró el acceso al Archivo General de la Nación, acto que pinta de cuerpo entero a un gobierno que aspira a regresar al pasado más autoritario y oscuro.

Durante la Cumbre Latinoamericana de Periodismo, el académico del cide Ugo Pipitone sentenció que “el periodismo crítico es lo que nos queda para nombrar y reconocer el horror del presente y a sus responsables. No hay peor trabajo que el de ustedes. Y al mismo tiempo, no hay trabajo más necesario”.

El reto del periodismo actual en los estados de México, y en Veracruz en particular, es no ceder, no callar y no bajar la guardia. Se vive un momento de redefiniciones hacia las nuevas formas de comunicarse con la sociedad y de servir como contrapeso del poder. Como señaló el periodista colombiano Javier Darío Restrepo, “periodismo que no sea incómodo al poder, es publicidad y propaganda. Pero sin periodismo, no hay democracia”.


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