Paridad de género y candidaturas

Mónica Aralí Soto Fregoso expone algunas de las resoluciones dictadas por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relacionadas con las jornadas electorales –tanto a nivel federal como local–, analizando ....

Por: Mónica Aralí Soto Fregoso

Mónica Aralí Soto Fregoso expone algunas de las resoluciones dictadas por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relacionadas con las jornadas electorales –tanto a nivel federal como local–, analizando la contribución que éstas representan en el camino hacia una democracia sustantiva

Es indiscutible la trascendencia que la función jurisdiccional ha tenido en México para superar los obstáculos que han enfrentado las mujeres para participar activamente en el ámbito político. Los procesos electorales de 2014 y 2015 corroboran esta aseveración y evidencian el importante papel que desarrollan los tribunales, en su carácter de garantes del orden constitucional y del respeto de los derechos fundamentales.

Al respecto, hemos atestiguado una histórica condición de desigualdad en perjuicio del género femenino, sustentada –o cuando menos avalada– en el propio ordenamiento jurídico que privó a las mujeres del reconocimiento y ejercicio de ciertos derechos, los cuales se consideraron reservados de manera exclusiva para los hombres.

En este contexto, por lo que hace a los ámbitos de la política y de la democracia, el primer avance legislativo encaminado a lograr la igualdad formal entre hombres y mujeres fue el reconocimiento del derecho al voto en favor de las mujeres, en 1953, medida positiva pero sin duda insuficiente, al basarse en la premisa de la existencia de una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ante la ley, que del todo era ajena a la realidad social imperante, manteniendo a las mujeres en una clara situación de desventaja.

El siguiente paso en la evolución del marco jurídico mexicano, en dirección a la igualdad, tuvo sustento en el principio de equidad de género, conforme al cual, reconocidas las diferencias entre hombres y mujeres, se consideró justificado el establecimiento de medidas afirmativas, previstas y reconocidas como necesarias en el ámbito internacional, para aminorar la desfavorable condición de las mujeres.

Así, en México quedó demostrado que la implementación de acciones afirmativas contribuye de manera eficaz a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de cargos públicos, de ahí que pudimos testificar, de manera gradual, el incremento en la participación de las mujeres en la vida pública nacional, principalmente en el ámbito federal.

En este contexto, los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en buena medida permitieron hacer efectivas las cuotas de género, previstas en la legislación federal desde 1996 como recomendación porcentual (70-30), y a partir de 2002 como obligación (en ese mismo porcentaje), pasando en 2008 al 60-40, estableciendo precedentes que en su momento dotaron de eficacia a la regla de la alternancia de género en la postulación de candidatas y candidatos (SUP-JDC-461/2009).

Además, sostienen y remarcan que, tratándose de medidas afirmativas, consistentes en la aplicación de cuotas de género, resultaba necesario cumplir diversos postulados, entre ellos el que precisa que las fórmulas de candidaturas a cargos de elección popular deben estar compuestas por propietario y suplente del mismo género y el que determina que resultaba indebida la excepción, según la cual, quedaban excluidas de la cuota las candidaturas de mayoría relativa que fueran producto de un proceso de elección democrático conforme a los estatutos de cada partido político (SUP-JDC-12624/2011 y SG-JDC-48/2013, entre otros).

En este contexto fue que se aprobó la reforma político-electoral, con el afán de dar un nuevo paso en el combate de la aún imperante desigualdad entre hombres y mujeres, estableciendo a nivel constitucional el principio de paridad entre los géneros, en la postulación de candidatas y candidatos al Congreso de la Unión y a los congresos locales.

Este ajuste a nuestro sistema político-electoral se estrenó en los procesos electorales locales que concluyeron en 2014 en Nayarit y Coahuila; sin embargo, sería en los procesos de 2015 en los que se contaría con mayores elementos para evaluar su verdadero impacto y aporte a nuestro régimen democrático, al haberse desarrollado de manera simultánea el proceso federal para la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión –y con ello, votaciones en todo el territorio nacional–, además de procesos locales en diecisiete entidades federativas, de las que tres correspondieron a estados en los que ejerce jurisdicción la Sala Regional Guadalajara (SRG) (Baja California, Jalisco y Sonora).[1] 

 

Criterios de la Sala Regional Guadalajara

Bajo este contexto, me referiré, de manera específica a tres de las resoluciones que la SRG emitió con perspectiva de género, de las que una correspondió al proceso electoral de Jalisco, otra al federal y una más al de Baja California Sur, destacando desde que el criterio contenido en cada caso pudiera ser extensivo a una diferente demarcación, al tratarse de interpretación de normas y principios comunes o análogas al resto de las partes que comprenden la federación.

 

Reserva de los mejores distritos

El primer caso a reseñar tiene que ver con uno de los aspectos de la reforma legal que estimo fundamental para lograr la paridad en la postulación de candidaturas, consistente en la disposición prevista en la Ley General de Partidos Políticos (lgpp) que exige a estos entes públicos dar a conocer los criterios adoptados para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores –federales y locales– debiendo ser objetivos dichos criterios y asegurar condiciones de igualdad, al tiempo que prohíbe que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.[2]

Este mandato a los institutos políticos, de no asignar a ninguno de los géneros los distritos en los que obtuvo menor porcentaje de votación en el proceso electoral anterior, constituyó un tema jurídico que fue materia de debate en el proceso electoral de 2012 y su importancia, insisto, no es menor, puesto que tiene como objetivo la postulación verdaderamente paritaria de candidaturas a los órganos de representación, de ahí que deba ser interpretado, acorde con el marco de respeto a los derechos de quienes militan en los distintos partidos políticos, de conformidad con lo que disponen, entre otros, los artículos 1 y 41 de la Constitución Federal.

El asunto  resuelto en la SRG (SG-JDC-460/2014), versó sobre la designación de candidaturas a legisladores y legisladoras en el ámbito local de Jalisco y tuvo como sustento el análisis e interpretación de la referida Ley General de Partidos Políticos (LGPP).[3]

Para contextualizar el asunto, a finales del 2014, una ciudadana presentó de manera directa, ante la Sala Regional Guadalajara, escrito de demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, señalando que el Partido Acción Nacional (PAN), en el proceso interno para postular candidaturas en el Estado de Jalisco, trasgredió los principios de equidad y paridad de género.

El acto impugnado fue la decisión de los órganos centrales del PAN, de reservar a mujeres en diez de los veinte distritos que conforman al estado de Jalisco. La actora consideró que con dicha determinación se limitó a las mujeres la posibilidad de triunfo, al reservar para el género femenino, según sostuvo, aquellos distritos en los cuales el PAN no había resultado vencedor en la elección anterior, asignando por el contrario, al género masculino, cuatro de los cinco distritos electorales en los que dicho instituto político obtuvo el triunfo en dicho proceso electivo.

Como se ha mencionado, el precepto que esencialmente sirvió de sustento a la resolución en comento fue el contenido en artículo 3, párrafo 5, de la LGPP, que establece que los criterios que los institutos políticos deben adoptar para garantizar la paridad de género en las candidaturas deben ser objetivos, sin que, en ningún caso puedan admitirse aquellos que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.

Ahora bien, con base en el actual modelo de protección de derechos fundamentales, delineado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir del contenido integral de nuestra Carta Magna, la SRG sostuvo que la decisión partidista efectivamente restringió los derechos de las mujeres, entre ellas la actora, al verse disminuida, con respecto a los hombres, su posibilidad de acceder a los cargos públicos.

El sentido que se le atribuyó al artículo mencionado fue el de que no es válido reservar para un género aquellos distritos en los que el partido respectivo haya obtenido los mayores porcentajes de votación o, por el contrario, los más bajos en el proceso electoral anterior.

Aunado a ello, se precisó que no bastaba con no asignar los peores distritos sino que debían adoptarse criterios que permitieran a las mujeres contender con verdaderas posibilidades –cuando menos similares a las de los hombres– de obtener el triunfo.

Así, en la SRG se hizo una revisión de los últimos procesos electorales realizados en la entidad de referencia, y con base en los resultados obtenidos se estimó procedente revocar la determinación impugnada, ordenando al partido político que, en ejercicio de la autodeterminación que le reconoce nuestro sistema jurídico, reservara mujeres cuando menos dos de los cinco distritos en donde obtuvo el triunfo en la última elección local, en el entendido de que debía corresponderle a cada uno de los géneros, cinco de los diez distritos en los que dicho instituto obtuvo los mayores porcentajes de votación, partiendo de la base de que el estado de Jalisco se conforma con veinte distritos locales.

Como consecuencia de la sentencia de la Sala Regional, el partido político tuvo que emitir una nueva convocatoria, asignando de manera más equilibrada los distritos de referencia, con lo cual la designación fue paritaria o, cuando menos, se acercó lo más posible a ello.

 

Fórmulas de candidaturas independientes de género distinto

El segundo de los casos a reseñar (SG-JDC-10932/2015) tuvo como origen la pretensión de un ciudadano y una ciudadana, ambos de Sinaloa, de integrar una fórmula de aspirantes a una candidatura independiente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, supuesto en el que el hombre sería postulado como propietario y la mujer como suplente.

La SRG analizó el contenido del artículo 14, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), cuya inaplicación fue solicitada, en virtud de que el actor y la actora consideraban que resultaba discriminatoria, al establecer, en su parte controvertida, que para las candidaturas independientes, las fórmulas deben estar integradas por personas del mismo género.

Al respecto, la SRG consideró que era no era necesario inaplicar la porción normativa controvertida, toda vez que, según se razonó en la sentencia, aquella no constituye, por sí sola, violación a algún derecho político electoral. Por el contrario, el razonamiento partió de la base jurídica de que la exigencia de que las fórmulas se integren por personas del mismo género, resulta de gran importancia, tal y como se ha reiterado en múltiples criterios jurisdiccionales, incluidos los que ya se mencionaron líneas arriba.

Así, lo que se sostuvo en aquél caso fue que en aras del empoderamiento de un grupo históricamente discriminado, el de las mujeres, debía ser procedente el registro de la fórmula puesto que dicha interpretación abona en favor de las reglas de género y las acciones afirmativas.

En ese sentido, se resolvió que las fórmulas donde el hombre es propietario y la mujer suplente, sí se apegan a la Constitución y a los tratados internacionales, ya que su conformación va encaminada a lograr una mayor representación de la mujer. Contrario sería –quedó asentado– en aquellos casos en los que la mujer se presente como propietaria, en los cuales, por razones históricas y jurídicas, no podría aceptarse la suplencia si no es en favor de otra persona del mismo género. 

El efecto de esta última resolución fue vincular al Instituto Nacional Electoral (INE) que reconociera el derecho de la ciudadana actora de postularse como suplente del aspirante a candidato independiente a diputado propietario, no obstante ser de género distinto. El precedente cobra una relevancia especial a partir de que la fórmula avalada judicialmente obtuvo el triunfo en las elecciones del 7 de junio de 2015, de ahí que si el diputado en funciones se llega a apartar de su cargo, sería su suplente, una mujer, quien lo ocuparía, elevando el porcentaje de participación de las mujeres en el Congreso de la Unión.

 

Paridad horizontal

La tercera de las resoluciones a destacar del año electoral 2014-2015 tiene que ver con la paridad horizontal en la integración de ayuntamientos en Baja California Sur y derivó de una demanda presentada por el partido político Morena, quien controvirtió el reglamento para el registro de candidatos a cargos de elección popular aprobado por el órgano electoral de ese estado, por considerar que tal acuerdo vulnera el marco jurídico aplicable en materia de paridad de género, al no establecer la paridad horizontal en la postulación de las candidaturas a las presidencias municipales.

En la resolución respectiva (SG-JRC-43/2015), la SRG sostuvo que la Igualdad de género es una obligación constitucional, convencional y legal y que si bien era cierto que en el acuerdo impugnado se establecieron criterios para garantizar la paridad de género en el registro de cada planilla de candidatas y candidatos para integrar los ayuntamientos, en el plano vertical, también lo era que fue omiso en señalar los criterios de paridad en un plano horizontal o transversal a fin de dar certeza sobre las medidas cuantitativas de registro de candidaturas, a fin de establecer los parámetros que deben cumplir los partidos políticos.

La disposición de la ley local que en el asunto en comento fue analizada conforme al parámetro de constitucional y convencionalidad, es la contenida en el artículo 96 de la ley electoral de Baja California Sur, que establece esencialmente que los partidos deben garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso del Estado y planillas de ayuntamientos del estado y que precisa que en ningún caso la postulación de candidatos para la renovación de ayuntamientos debe contener más de 50 por ciento de candidatos de un mismo género.

Ahora bien, a partir de la interpretación del precepto señalado, se concluyó que debía revocarse el acuerdo impugnado y ordenar la emisión de uno nuevo en el que se añadiera el alcance horizontal y/o transversal del principio de paridad en la postulación de candidaturas a los cinco ayuntamientos que conforman la entidad, de tal manera que cada una de las fuerzas políticas debían postular tres candidatos de un género y dos del diverso.

La resolución de la SRG fue debidamente acatada por la autoridad electoral sudcaliforniana, reflejándose en la postulación que hicieron los partidos políticos y en la posterior conformación de los ayuntamientos en dicha entidad.

Esta cuestión nos  permite retomar la premisa con la que inició el presente ensayo, consistente en la innegable incidencia que en el avance hacia una democracia igualitaria en nuestro país han tenido las resoluciones de los tribunales electorales.

Una muestra de ello es el aspecto de la paridad horizontal en la postulación de candidaturas a la integración de ayuntamientos y hablan por sí mismos los resultados obtenidos en las tres entidades de la primera circunscripción que tuvieron elecciones en 2015: en el caso del estado de Baja California Sur, donde existió resolución de por medio. Actualmente 40 por ciento de los ayuntamientos se encuentran encabezados por mujeres.

Por el contrario, en los casos de otras entidades federativas, como Jalisco y Sonora, donde no fue materia de pronunciamiento judicial la paridad horizontal, esos porcentajes se reducen dramáticamente a niveles de 4 y 11, respectivamente, lo que evidencia la importancia de la implementación de medidas en favor de la participación de mujeres en los órganos de representación democrática.

Conclusión

 

La reforma de 2014, que implementó la paridad de género en el registro de candidaturas, significa un nuevo y muy destacado avance; sin embargo, sigue siendo necesario que las distintas autoridades, administrativas y jurisdiccionales desempeñen de manera cabal el rol que les corresponde, visibilizando y suprimiendo las barreras que persisten y limitan de manera injustificada la plena participación política de las mujeres. En ellas y en el resto de instituciones del Estado mexicano recae buena parte de la responsabilidad, el resto está en la propia sociedad.

 

[1]      La Sala Regional Guadalajara del TEPJF, correspondiente a la Primera Circunscripción, ejerce jurisdicción en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

 

[2]      Artículo 3, párrafos 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Mayo de 2014.

 

[3]      Dicha resolución obtuvo mención especial por parte de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en 2015, en virtud de la perspectiva de género con que fue emitida.