Paradojas predemocráticas

¿Cómo fue que un sistema que convocaba y, al mismo tiempo, ninguneaba o burlaba la voluntad de la ciudadanía, pudo sobrevivir tantos decenios?

Por: Juan José Doñán

Hasta años recientes, la historia política de nuestro país estuvo marcada por una curiosa paradoja: en teoría, éramos una república democrática, pero en la práctica operaba un sistema político en el que el “sufragio” sólo era “efectivo” en la papelería oficial.

Y aun cuando periódicamente había comicios electorales, los ciudadanos convocados a las urnas no decidían necesariamente el resultado de una elección, pues casi siempre estaba por encima de ellos, más o menos camuflado, un votante de calidad que se tomaba el atributo de avalar o corregir la voluntad de la ciudadanía.

Ese “voto de calidad” era emitido por un personaje proteico, que lo mismo podía ser el presidente de la república en turno, o alguien que cumplía su voluntad, o el “hombre fuerte” de equis estado del país, o el cacique del municipio más apartado, o el “líder moral” de determinado gremio, etcétera.

Éste supremo elector ejercía tal control sobre el proceso electoral que los partidos y candidatos de oposición, por más apoyo popular que tuvieran, ni noqueando ganaban.

Otra paradoja no menos singular es que un gran número de fraudes electorales pareciera haber sido cometido en vano, pues en muchísimos casos los candidatos oficiales ganaban efectivamente las elecciones, porque lo que a todas luces resultaba redundante, innecesaria y, sobre todo, contraproducente la intervención del votante de calidad.

Y sin embargo, casi infaltablemente éste intervenía; si no para asegurar el triunfo, sí para garantizar el absurdo y abusivo “carro completo”, desligitimando invariablemente cualquier proceso electoral y poniendo una nota de sospecha sobre los triunfadores de los comicios, aun cuando éstos hubiesen ganado en buena lid.

Este peculiar sistema predemocrático prevaleció desde la derrota del régimen espurio de Victoriano Huerta, en 1914, hasta 1996, cuando a raíz de la reforma electoral de esos años, el gobierno (tanto el federal como los estatales) deja de organizar y calificar las elecciones.

A partir de entonces, los gobiernos en turno han dejado de ser juez y parte o, lo que es lo mismo, junto con las demás fuerzas políticas, asistieron tanto al sepelio del votante de calidad como al alumbramiento de órganos electorales independientes (el Instituto Federal Electoral y sus equivalentes en cada una de las entidades del país, con sus respectivos tribunales), en cuya conformación ya no interviene el Poder Ejecutivo.

Con ello se crearon las condiciones mínimas indispensables de equidad, transparencia y confiabilidad, tanto para los comicios federales como para los locales, garantizándose de esa forma algo tan simple como deseable, justo y necesario: que el ganador de cualquier contienda electoral sea el partido, el candidato o la fórmula que sume el mayor número votos, siempre y cuando éstos no hayan sido conseguidos de mala manera.

¿Y por qué esta normalización de los procesos democráticos tardó tanto en llegar a la vida política de nuestro país? ¿Cómo fue que un sistema que convocaba y, al mismo tiempo, ninguneaba o burlaba la voluntad de la ciudadanía, pudo sobrevivir tantos decenios?

La explicación, o por lo menos parte de ella, pareciera estar en que, a pesar de todo, ese sistema premoderno –nueva paradoja– modernizó al país, creó un Estado benefactor, entre cuyos principales activos se cuentan mejoras tangible en los estándares de vida de la población, movilidad social, la instauración de una provechosa estabilidad política, y sin tener que recurrir en ningún momento a dictaduras militares como las que asolaron a casi todos los países de América Latina.

A ello pareciera deberse que, durante muchas generaciones, la democracia, comenzando por el indispensable “sufragio efectivo”, no fuera mucho más allá de ser exigencia de unos cuantos (pequeñas elites y contadas agrupaciones políticas), sin llegar a convertirse en una demanda popular.

Del estandarte guadalupano a la muerte del benemérito  

Las paradojas políticas de México se remontan al Grito de Dolores de 1810. El movimiento revolucionario que encabezó don Miguel Hidalgo perseguía un tipo de independencia nacional bastante sui generis.

La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura de Dolores hizo una triple proclama ante sus desmañanados feligreses: “¡Viva nuestra señora, la Virgen de Guadalupe! ¡Viva nuestro rey, Fernando VII! ¡Y muera el mal gobierno!”, consigna que, según Jean Meyer, fue simplificada inmediatamente por el pueblo y de tal modo que, a diferencia de la original, la reinterpretación no daba lugar a ningún equívoco: “¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines!” 1 

Con respecto a la efigie guadalupana parecía haber una suerte de adhesión casi unánime, reconociendo a esta mexicanísima advocación mariana como uno de los principales símbolos de unidad nacional.

En cuanto al “mal gobierno”, éste incluía lo mismo al de casa (conformado preferentemente por españoles peninsulares que relegaban y discriminaban a los nacidos en esta tierra, ya se tratara de criollos, mestizos, mulatos...) que al de la madre patria, cuyo “rey natural”, Fernando VII, había sido destronado por las huestes napoleónicas, para poner en su lugar al famoso Pepe Botella, José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón, ya para entonces emperador de Francia.

En otras palabras, hidalgo se proponía independizar a México del gobierno espurio que por entonces gobernaba España y, de paso, librar a nuestro país del “mal gobierno” doméstico, pero manteniendo la lealtad al depuesto Fernando VII, de tal suerte que cuando éste volviera a ocupar el trono español, muy probablemente los rebeldes dirían adiós a la independencia mexicana.

Claro que el Padre de la Patria no vivió lo suficiente para ver cumplida su paradójica empresa y menos aún para atestiguar cómo, once años más tarde, la consumación de la lucha que él había comenzado acabó dándose en condiciones muy distintas a las que él y sus primeros seguidores pudieron haber imaginado, con el insólito caso del comandante en jefe del ejército monárquico, Agustín de Iturbide, convocando a los rebeldes a deponer las armas, pero no para rendirlas a la Corona española, para la que Iturbide chambeaba, sino para todo lo contrario: para desconocer, juntos, esa monarquía colonial y declarar a México como nación soberana.

Desde nuestro nacimiento como país independiente, y dejando de lado los breves paréntesis imperiales de Agustín de Iturbide (1822-1823) y Maximiliano de Habsburgo (1864-1867), México ha sido formalmente una república “democrática”, “popular”, “representativa”... Así la han concebido al menos nuestras constituciones políticas, desde los protoconstitucionales Sentimientos de la Nación (1813), inspirados por don José María Morelos entre Chilpancingo y Apatzingán, hasta la que ahora nos rige (la promulgada el 5 de febrero de 1917, en la ciudad Querétaro), pasando por la de 1824, las Siete Leyes de 1835, las Bases Orgánicas de 1843 y la Constitución de 1857.

Pero lo que en teoría era una legislación de avanzada –con claras directrices tanto para garantizar la división de poderes como para legitimar el arribo al poder de quienes periódicamente tomarían las riendas para conducir el destino de nuestro país–, en la práctica no sólo no pudo prosperar, sino que por muy diversas causas dio pie, a lo largo del primer medio siglo de vida independiente (hasta el encumbramiento de Porfirio Díaz, en 1876), a una serie de luchas intestinas e invasiones extranjeras que, entre otras cosas, le costaron a nuestra debutante nación la pérdida de más de la mitad de su territorio.

En varias de las primeras constituciones no se establecía la conformación del gobierno a partir del sufragio universal, sino mediante un sistema democrático mediatizado, a través del voto de delegados o del Congreso de la Unión.

Pero aun en estos casos eran frecuentes las protestas y la inconformidad de las facciones perdedores, dando pábulo a toda suerte de pronunciamientos (militares, por supuesto), cuartelazos, conspiraciones, etcétera, en los que lo mismo intervenían las fuerzas vivas domésticas (el Ejército, el alto y el bajo clero católico, los distintos partidos políticos, las logias masónicas...) que diversos Estados extranjeras como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, el Vaticano... Por diferentes motivos, ni el Partido Liberal ni el Conservador confiaban mucho en el voto ciudadano.

El primero, porque temía a la influencia política que la Iglesia, partidaria inequívoca de los conservadores, desplegaba sobre el pueblo tanto desde el púlpito como desde el confesionario.

Y el segundo, porque de muy poco le servía ese eventual voto, mientras no se reformara una legislación que desconocía los fueros, privilegios y bienes de los que sus principales aliados (la Iglesia y el Ejército) habían gozado desde la época colonial y de los que habían sido desposeídos.

En otras palabras, la forma más común de legitimación gubernamental eran los triunfos en el campo de batalla y no tanto el “requisito” de los comicios electorales establecidos por el sistema constitucional vigente, sistema que casi siempre terminaba desconociendo la facción contraria y la cual, cada que se le presentaba la ocasión propicia, hacía todo lo posible por cambiarlo.

Tal estado de cosas se mantuvo aun después del triunfo de la República y la posterior reelección de Juárez. Ésta fue llevada a cabo, en 1871, por el Congreso de la Unión, contando con la abierta antipatía de no pocos aliados del Benemérito, entre ellos el héroe republicano Porfirio Díaz, quien se declaró rebelde y tomó las armas, enarbolando el Plan de la Noria, cuyo postulado principal lo perseguiría luego, en las siete reelecciones que acumuló: “que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder”.

Pero las tropas juaristas sofocaron la rebelión, por lo que Díaz tuvo que abandonar el país. Sin embargo, con la repentina muerte de Juárez, en 1872, el periodo presidencial inconcluso fue terminado por Sebastián Lerdo de Tejada, a quien el Congreso reeligió en 1875, para ser depuesto un año después por la Rebelión de Tuxtepec, que encabezaba nuevamente Porfirio Díaz y a quien, por fin, el Congreso designó presidente de la República para el periodo 1877-1880. 

Armas y urnas

En la extensísima foja de servicio de Don Porfirio figuran no pocos méritos, pero entre ellos no está el de haber ayudado a construir un régimen democrático.

Por el contrario, la suya fue una larga dictadura, con elecciones que eran “mera cuestión de forma”, como lo consignó en 1908 un observador extranjero, quien se decía extrañado de que en lugar de la farsa democrática que el dictador montaba cada cuatro años, no hubiera optado mejor por “ceñirse una corona” 2.

Como gobernante de México, al general oaxaqueño se le debe la pacificación nacional, lo cual ciertamente fue un alivio para el país, luego de casi siete décadas de revueltas políticas, guerras intestinas y foráneas, así como de una grave plaga de bandoleros y salteadores.

También es mérito suyo haber iniciado un proceso de modernización material que, años después y más allá de las diferencias ideológicas, continuarían las fuerzas políticas y militares que pusieron fin a sus ochos periodos presidenciales, el último de ellos inconcluso a causa precisamente de la Revolución maderista.

Luego de la segunda reelección porfirista, los comicios presidenciales empezaron a rayar en lo caricaturesco, pues el divisionario oaxaqueño no tuvo más contendiente en las urnas que un personaje pintoresco y un poco chiflado, que respondía al nombre de Nicolás Zúñiga y Miranda.

De ahí que cuando en 1909 apareció en el horizonte político del país un tal Francisco I. Madero, fundando el Centro Antirreelecionista de México y, luego, manifestando su deseo de postularse para competir en las ya próximas elecciones presidenciales de 1910, muchos lo hayan tomado como otro Zúñiga y Miranda.

Pero luego de advertir el arrastre que el nuevo lunático, quien no tenía más chifladura que su afición al espiritismo, comenzaba a tener entre círculos cada vez más amplios, la percepción sobre su persona, especialmente por el lado de los porfiristas, cambió completamente.

No sólo Madero, sino muchos mexicanos habían tomado en serio las declaraciones que don Porfirio hiciera, en 1908, en su famosa entrevista con James Creelman.

En resumidas cuentas, el longevo mandatario le había dicho al periodista estadounidense que en nuestro país había llegado la ya la hora de la democracia: “los principios de la democracia han crecido y fructificarán en México”, “veré con gusto un partido de oposición [...] si se forma, lo veré como una bendición, no como un mal”, “estoy dispuesto a retirarme cuando termine mi periodo actual, y no volveré a aceptar ni reelección” 3.

Sin embargo, a la hora de la verdad, el envejecido dictador no sólo vuelve a postularse, sino que ordena la detención de Madero, en San Luis Potosí, inhabilitándolo como contendiente electoral y dejando como su único rival en las urnas al folclórico Nicolás Zúñiga y Miranda, a quien se le conocía popularmente como el “eterno candidato”.

Luego de que Francisco I. Madero y sus seguidores tuvieran que recurrir a las armas, por haber sido canceladas las urnas, a fin de convencer a don Porfirio de que había llegado la hora de ahuecar el ala, el iniciador de la Revolución Mexicana se ganó, en los comicios extraordinarios del primero de octubre de 1911, su derecho a gobernar el país.

Por desgracia, la primavera democrática mexicana duró muy poco, pues fue sacrificada en febrero de 1913, por la traición mayúscula del general Victoriano Huerta.

Éste, quien tenía encomendada la defensa militar de la plaza de la ciudad de México, se entendió secretamente con los rebeldes de la Decena Trágica, hizo prisioneros al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez y los obligó a firmar su renuncia para, luego, perpetrar una “legal” usurpación, con el apoyo de la mayoría del Congreso y, tres días más tarde, el 22 de febrero, ordenar la ejecución del presidente y del vicepresidente depuestos.

Ascenso y caída del ogro filantrópico

No obstante la esperanzadora promulgación de la Constitución de 1917, el país ya no pudo reencarrilarse en la vía democrática. Después de que los leales a Madero obligaron a Huerta a poner pies en polvorosa, se siguieron de filo e hicieron un ajuste de cuentas entre ellos mismos, y luego, al descubrir que de las muchas facciones revolucionarias que había ya nomás quedaba una (la de los nativos de Sonora, con Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles a la cabeza), pues decidieron ser ellos, en cuanto triunfadores y sobrevivientes de la Revolución, los que partieran y repartieran el queso.

Durante poco más ocho de años, de principios 1920 a fines de 1928, sólo sonorenses ocuparon la silla presidencial: Adolfo de la Huerta, quien a raíz del asesinato del presidente Carranza fue designado por el Congreso “presidente provisional” y, posteriormente, Obregón y Calles, que prácticamente sin oponentes se encumbraron como presidentes constitucionales, el primero en el periodo 1920-1924 y el segundo, en el cuatrienio siguiente.

Y la racha sonorense se vio interrumpida porque un fanático católico, José de León Toral, se le atravesó en el camino al invicto general Obregón, asesinando al ya para entonces “presidente electo”, el 17 de julio de 1928, luego de la “oportuna” enmienda constitucional que cambiaba la terminante no reelección presidencial por otra más flexible: “no reelección” pero sólo en periodos seguidos.

Con la muerte de Obregón, Calles quedó como el hombre fuerte del país (Jefe Máximo de la Revolución” fue el epíteto mayestático que le dieron sus seguidores). Con tanto poder, el cual estaba por encima de cualquier institución, incluida la presidencial, durante siete años el sonorense fue el poder tras –y por encima– del trono.4 

Durante ese periodo, conocido como maximato, no hubo más votante supremo que el general Plutarco Elías Calles, quien eligió a cuatro presidentes (Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas) y hasta se dio el lujo de deponer, en 1932, a uno de ellos (a Ortiz Rubio).

Ya para entonces, Calles le había dado forma al que durante 71 años sería el “partido oficial del país”, el PNR (Partido Nacional Revolucionario), que luego cambiaría dos veces de nombre: Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Hasta antes de que el presidente Lázaro Cárdenas los expulsara del país, en 1935, por no tolerar su injerencia en la vida institucional de México, Calles tampoco utilizó su largo turno al bat para relanzar la democracia en México.

De hecho, la consideraba como un peligroso sistema político, pues estaba convencido que de haber elecciones libres, los revolucionarios serían desplazados por los mochos y los reaccionarios, temiendo a la enorme influencia que la Iglesia católica (su bestia negra) tenía en la población mexicana.

Y como se creía que las mujeres eran mucho más vulnerables a la influencia clerical, pues ni hablar del derecho femenino al voto, aun cuando en la práctica todo éste fuera mediatizado.5 

Y aun cuando no compartieran el exacerbado desafecto callista por el clero (una de las causas que provocaron la llamada Guerra Cristera), en términos generales los sucesores del sonorense tuvieron una opinión muy parecida de la democracia: no era conveniente para el país.

Tal vez haya sido Fidel Velázquez quien expresó de la manera más nítida y también más descarnada el sentir de la familia revolucionaria respecto al sistema democrático.

Cuando un partido o un candidato de oposición reclamaba su triunfo en determinada elección, el sempiterno líder de la CTM (Confederación de Trabajadores de México) decía: “Nosotros llegábamos a balazos al gobierno”, dando a entender que sólo a través de este medio, si no era a través del partido, podía accederse al poder.

A lo largo de ocho décadas, los gobiernos revolucionarios y los que se asumieron como emanados de ella, no buscaron legitimarse en las urnas, sino con una política social que le acarreó no pocos beneficios al país.

La existencia por tantos años de un sistema político (el del partido “casi único”) que al tiempo que conculcaba los derechos políticos de su población, dispensaba toda suerte de beneficios sociales, llevó a Octavio Paz a definirlo como “el ogro filantrópico”.

Venturosamente, la sociedad mexicana ha podido resolver ya esta paradoja, jubilando al ogro, al cambiar la autocracia por la democracia, pero sin por ello dejar de exigir los deberes filantrópicos del ex ogro, el Estado mexicano moderno. 

Citas

  1. Jean Meyer, Hidalgo,Clío, México 1996, p. 37.
  2. Gustavo Casasola, Historia gráfica de la Revolución Mexicana, t. I, Editorial Trillas, México 1967, p. 98.
  3. El Imparcial, México, D.F., 3 de marzo de 1908.
  4. Luego de concluido su periodo presidencial, Calles se mudó con su familia del Castillo de Chapultepec, que por entonces era la residencia oficial del presidente de la República, a una casa que había adquirido en la colonia Anzures, fraccionamiento ubicado enfrente del histórico inmueble. Como la opinión popular era que Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez eran una suerte de peleles del llamado Jefe Máximo, la gente solía señalar el Castillo de Chapultepec diciendo: “Ahí vive el presidente y el que manda vive enfrente”.
  5. Hasta 1953, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se reconoció en México el derecho de la mujer a votar y ser votada.

 


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