Para no dejar la guerra en paz

Silvano Cantú hace un análisis de la gravedad de la inseguridad pública, y la consecuente violación estructural de los Derechos Humanos de las y los mexicanos.

Por: Silvano Cantú

Es temprano para definir lo que será el proceso de construcción de paz y la agenda sobre derechos humanos en la Cuarta Transformación o, más modestamente, la política que adoptará el próximo gobierno en la materia. Hay pistas aquí y allá. Se sabe, por ejemplo, que quien se ha anunciado como próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es conocedora y sensible al tema, y quien encabezará los trabajos en la materia desde SEGOB será Alejandro Encinas, un hombre que goza de un alta legitimidad y estima entre la sociedad civil. También que Alfonso Durazo, presentado como próximo secretario de Seguridad (¿Pública o Ciudadana?), incorpora el tema en un acertado sitio central de su discurso. Sin embargo desconocemos quiénes serán los responsables del tema desde otras instancias que pueden ser clave (Fiscalía, Cancillería, etcétera), y también si los dejarán actuar libremente. Tampoco sospechamos el lugar y dimensión que ocupará en los presupuestos por venir, tradicionalmente un indicador fiable de la relevancia de un tema.

Lo mejor que se ha dicho hasta ahora sobre la paz en la Cuarta Transformación es que echará mano de las herramientas de la “justicia transicional”, es decir, que apuesta a hacer un “corte de caja” al pasado mediante medidas de reparación integral (incluyendo las colectivas), verdad, memoria y garantías de no repetición. Con todo, el entusiasmo que genera el concepto (a veces empleado como una suerte de mantram), será correspondido por los hechos siempre que se cumpla con las siguientes condiciones: 1) entender el tamaño real de la crisis de derechos humanos a la cual aplicaremos herramientas de justicia transicional; 2) garantizar la integralidad de las medidas que se adopten; 3) incorporar un enfoque transformador a la atención de cada caso; y, 4) no desaprovechar lo que ya tenemos.

 

La guerra o la paz, esa es la cuestión

La dosis hace al veneno pero también al remedio. Entender las escalas del problema ayudará a evaluar la idoneidad de las medidas que se apliquen y los resultados que podemos esperar. La escala más amplia, pero también la más real, es la que tiene que ver con la necesidad de cambiar de modelo de seguridad, es decir, no basta con medidas cosméticas ni con la atención a víctimas caso por caso: hace falta devolver la vida al Estado Democrático de Derecho. Tomar la decisión de superar la crisis (al menos si se advierten acciones para avanzar en ese sentido) indicará finalmente si la Cuarta Transformación representa un cambio democrático o no, e incluso si es en efecto un cambio.

No se trata de saber solamente si, además de ganar las elecciones, Morena ganará el gobierno. Se trata de saber si el inicio hacia la recomposición del Estado democrático de derecho será viable próximamente. Hoy, transformar la estructura de poder recae en la decisión sobre persistir en el actual modelo de autoritarismo corrupto y necropolítico, preservando así la crisis de derechos humanos en curso, u optar más bien por una “seguridad sin guerra” que apueste a un modelo de seguridad ciudadana con derechos humanos, combate a la corrupción y a la impunidad, autonomía de la investigación ministerial, búsqueda de las y los desaparecidos, reforma policial, nueva política de drogas y reparación del daño. Quizá sea materialmente imposible esperar la paz entera de golpe, pero no debemos exigir menos que las condiciones indispensables para habilitar la construcción de la paz, entendida no como la mera ausencia de conflicto sino como un orden social capaz de proteger los derechos de toda persona.

Parcializar la respuesta a la crisis nos hará distraernos de las soluciones o limitarnos a simularlas. Empecemos por advertir que la crisis de derechos humanos no es solo el problema de unos casos aislados de elementos de la tropa que inobservaron algún protocolo o que no asistieron a la clase de la capacitación en la que se vio el tema. La crisis reside en que hoy en México lo público es la guerra, es decir, que la cosa pública misma, la agenda de los temas y problemas públicos, está estructurada como una estrategia de seguridad, se ha seguritizado el gobierno y se ha militarizado la seguridad, y el poder político que resulta de esa rejerarquización en la cual la seguridad interior es el eje, no puede sostenerse sino disponiendo de los derechos de las personas, como ocurre en un estado de excepción. En un régimen irregular como este, violar derechos humanos con total impunidad es la fórmula del poder, así como de lucro cuando el motor de violencia lleva un blindaje de corrupción y lavado de dinero. “Transformación”, entonces, debe equivaler a “revertir la crisis de derechos humanos” o no hay transformación, sino la continuación de la guerra por otras siglas.

 

Contra la atomización de la paz

Tampoco servirán las estrategias que giran en torno a maquilar trámites individualizados en vez de políticas amplias, como ocurre ya con el problema victimal. La reparación integral no es un proceso acumulativo de pagos de ayudas o indemnizaciones a personas formadas en una fila. Si las reparaciones no son integrales y transformadoras, a lo más que seguiremos aspirando es a remendar parches de gobernanza al gastado saco social. Contención política, disciplina victimal, clientelismo de las familias, pero no justicia, no paz.

Más dinero para indemnizaciones individuales o más asesores jurídicos de las víctimas no necesariamente traerán más paz ni más justicia, si las soluciones no son del Estado en conjunto, y van encaminadas a impactar la estructura para asegurar que los hechos no se repitan. La estrategia de resolver la crisis caso por caso (y nada más) será fútil para cualquier instancia coordinadora como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sola o el Sistema Nacional de Búsqueda solo, o incluso Gobernación completa, ante el tamaño y la complejidad del problema.

 

Contra una paz “a toda costa”

La integralidad también significa que la paz no es una isla en la que se puede entrar y salir para volver a la guerra, sino que esta debe terminar en cualquier escenario en el que tenga lugar hoy. Lograrlo, incluye abrogar la Ley de Seguridad Interior, construir una ruta honesta y articulada de retiro de las tropas a sus cuarteles y no alimentar a esa parte monstruosa que tiene la reforma penal, de nombre “prisión preventiva oficiosa”. Esta expectativa contrasta, sin embargo, con al menos dos momentos tensos en este impasse de prealternancia: cuando Andrés Manuel López Obrador se sinceró reconociendo que las Fuerzas Armadas no podrán replegarse de inmediato a sus cuarteles (nada más demorarán todo el sexenio, añadió Durazo), y cuando el coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para inflar los supuestos de procedencia de la prisión preventiva automática.

Aunque discutir a detalle estos hitos no cabe aquí, sí procede insistir que el plan de retiro de las Fuerzas Armadas no debe ausentarse del debate público como irreductible que es de cualquier ruta hacia la paz; esta sería ilusoria si no se precisan los pasos a la desmilitarización y al control del uso de la fuerza mientras las tropas continúen en la calle.

También es indispensable que la justicia sirva a la paz y no a la guerra. La incorporación de figuras exóticas al derecho penal democrático como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa contaminaron la reforma penal de 2008, al convertirla en el guante de lujo de una mano dura y descontrolada que, al final, también terminaba siendo impotente ante las exigencias de los estándares probatorios y los procesos penales más articulados. Disponer de las libertades de las personas sin investigar no garantiza la contención del crimen, sino el incremento de la tortura y la detención arbitraria. Insistir (como en tiempos de Calderón) en un “derecho penal del enemigo” que forme parte de la política de seguridad nos vuelve a poner en las antípodas del Estado democrático de derecho, cuya construcción no solo acompaña la construcción de paz, sino que es la precondición para que esa paz tenga lugar.

 

Transformación versus distracción

Visto como se dijo antes, la agenda de derechos humanos en el país no se puede percibir como un accesorio más ni como algo que haya que inventar “de cero”. La crisis no está en vacíos legales, ni en el desconocimiento de los elementos armados sobre las normas básicas, ni en la ausencia de instituciones especializadas, comisiones, tribunales o fiscalías extraordinarios, ni la falta de expertas o expertos nacionales, ni la falta de sistemas interinstitucionales que mezclen todos los que ya hay para ver si revueltos generan algo distinto, [1]sino la inocuidad de los controles democráticos existentes sobre el uso de la fuerza.

Lo que sigue es implementar las propuestas que las víctimas y la sociedad han empujado durante la última década para mantener a raya al monstruo: la reforma penal, la reforma en derechos humanos, la Ley General de Víctimas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las legislaciones sobre desapariciones de personas y otros crímenes graves. El plexo garantista que configuran estas disposiciones, hoy único patrimonio jurídico de las personas frente a la violencia, debería ser el guion elemental de la Transformación, es decir, ya sabemos cómo revertir la crisis, falta la voluntad política para realizarlo. No hace faltar inventar de nuevo el principio pro persona, o la reparación integral, o el combate a la corrupción y la impunidad. Si nos ponemos a inventar el hilo negro, podríamos perder el hilo de la transformación. 

 

Biografía

Canchola, Alejandra. (25 de agosto de 2018). “Militares estarán al frente de Sedena y Marina: AMLO”. El Universal. Disponible en: www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-ejercito-y-marina-seguiran-en-lascalles

–––(04 de octubre de 2018). Anuncian creación de Fiscalía para la Paz, que atenderá crímenes graves en sexenio de AMLO”. Animal Político. Disponible en: www.animalpolitico.com/2018/10/anuncian-fiscalia-paz-delitos-gaves/

Carrasco Solís, Javier. (21 de septiembre de 2018). “¿Seguirá la engañosa mano dura en México?”  firmado por organizaciones y personas expertas en derechos humanos. Disponible en: www.ijpp.mx/acervo/noticias/item/1680-seguira-la-enganosa-mano-dura-en-mexico

Corona, S.; Monroy, J. y Molina, H. (29 de agosto de 2018) “Para el 2024, Ejército dejaría las calles, plantea Durazo”. El Economista. Disponible en: www.eleconomista.com.mx/politica/Para-el-2024-Ejercito-dejaria-lascalles-plantea-Durazo-20180829-0151.html

 

[1]    Recientemente se anunció el abrupto final de los Foros Escucha sin pasar por estados como Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz y Morelos. La coordinadora de tales Foros, Loretta Ortiz, anunció que con el material reunido se propondría al presidente electo una nueva ley sobre una fiscalía para la paz, un tribunal para la paz y un “Sistema Integral para la Justicia, Verdad, Garantía de No Repetición y Reparación a las Víctimas”.             

 


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