Par conditio

¿Cómo podemos evitar, desde el código electoral, algunos de los males que –según voces preocupadas y/o interesadas– traerá consigo la reforma constitucional?

Por: Pedro Salazar Ugarte

“El contexto importa”, advierte Dieter Nohlen. Diseñar instituciones en abstracto, sin considerar el entorno social y político en el que cobrarán vida, es un ejercicio inútil. Tanto como intentar transformar la realidad con discursos, proclamas y manifiestos.

Por eso yo celebro la reforma electoral: porque, aunque no me guste todo lo que trae y no contenga todo lo que me habría gustado, atiende problemas de nuestro país con instrumentos legales concretos.

La médula de su contenido –las reglas constitucionales que norman la relación entre el Estado, los partidos, el dinero y los medios de comunicación- responde a las exigencias del contexto mexicano en el año 2007; no a los purismos ideológicos de supuestos liberales o a las advertencias catastrofistas de los poderosos intereses perjudicados. Enhorabuena.

Pero la reforma, valga la obviedad, aún no está concluida: falta la ley secundaria. Y ese pendiente no es menor porque, como dice el refrán, en los detalles se esconde el diablo. 

Miremos en la dirección correcta: ¿cómo podemos evitar, desde el código electoral, algunos de los males que –según voces preocupadas y/o interesadas– traerá consigo la reforma constitucional?

En particular, una de las desviaciones anunciadas merece llamar nuestra atención: la posible compra de tiempos en los medios para realizar propaganda subrepticia –soterrada, encubierta– a favor o perjuicio de candidatos y de partidos. La práctica ya existe, nos dicen; y, con la reforma, será costumbre.

La realidad es dura: el hecho de que se trate de un fraude a la ley, de una práctica prohibida, poco inhibe –explican con realismo los detractores de la reforma– a los políticos y a los señores y señoras de los medios. O, para ser justo, a una parte de ellos. 

Así las cosas, durante las campañas electorales, veremos y escucharemos muchas entrevistas ‘pactadas’ en las que la candidata o el representante de partido –previo pago, por supuesto– serán bienvenidos, bien tratados y bien retratados. Nuestros maestros de realismo todavía no nos dicen –pero lo harán, supongo– cómo se coronará la operación: maquillando gastos, por un lado, y reencauzando ingresos, por el otro. 

Creo que más allá de su difusión interesada, la advertencia es atendible. De hecho, su verosimilitud es un buen argumento a posteriori para sumar adeptos en pro de la reforma: es una prueba más de que los poderes –públicos o privados, legítimos o ilegítimos–, deben estar regulados con normas eficaces para evitar que se conviertan en poderes salvajes, como diría Ferrajoli.

En Italia, por ejemplo, desde el año 2000, se aprobaron leyes para asegurar “paridad de condiciones en la exposición de opiniones y posiciones políticas en las tribunas políticas, en los debates, en las mesas redondas, en las presentaciones de discusión en los programas políticos, en las controversias, en las entrevistas y en cualquier otra transmisión (radiotelevisiva) en la que sea relevante la exposición de opiniones y valoraciones políticas” (artículo 2, 2, de la Ley del 22 de febrero de 2000, N. 28).

Esa normatividad es conocida como la “Ley de la par conditio”. Es decir, de la paridad de condiciones. Se trata de reglas que responden a necesidades y realidades concretas: el contexto, por si quedaba duda, importa. 

Nuestra realidad no es igual a la de italia –al menos, por fortuna, no tenemos nuestro Berlusconi– y, por lo mismo, no necesitamos adoptar (al menos no por ahora) otras normas como la que señala que durante las campañas electorales “todas las transmisiones radiotelevisivas tienen prohibido difundir, incluso de manera indirecta, intenciones de voto o manifestar sus preferencias electorales” (artículo 5, 2) o como la que establece que “los directores y conductores deben observar un comportamiento adecuado e imparcial durante el desarrollo del programa, de modo que no ejerzan, ni siquiera de manera subrepticia, influencia en las libres decisiones de los electores” (artículo 5, 3).

Pero, atendiendo las advertencias de las voces que observan el mundo con realismo riguroso, bien podemos adoptar una norma de la par conditio, digamos, a la mexicana. Y nadie podrá acusarnos de violar la sacrosanta libertad de expresión porque, en todo caso, lo que estaríamos garantizando es un debate plural, equitativo y –al menos potencialmente– sustantivo en todos los espacios radiotelevisivos en los que se presenten candidatos o representantes de los partidos políticos durante los tiempos electorales. 

En concreto, nuestro código electoral, bien puede reglamentar las disposiciones constitucionales recién aprobadas para garantizar que, más allá de los tiempos oficiales, la presencia de los candidatos y partidos políticos en los medios de comunicación deba darse en paridad de condiciones.

O, por lo menos, en condiciones de pluralidad que impidan el fraude a la ley mediante las apariciones –entrevistas, reportajes, coberturas– pactadas. Basta con establecer en la legislación que, durante las campañas electorales, “en cualquier transmisión radiotelevisiva en la que sea relevante la exposición de opiniones y valoraciones políticas –entrevistas, mesas redondas, presentaciones, etcétera– deberán estar presentes –digamos, por lo menos– tres candidatos y/o representantes de los partidos políticos nacionales”.

Si el número mínimo de participantes no se logra –no llegan, no quieren llegar, no son invitados, etcétera– la transmisión, simple y sencillamente, no se lleva a cabo. Con una regla similar los simuladores no desaparecerán, pero apuesto que les complicaremos el trabajo. 

Por cierto, por aquello de las normas ineficaces, en Italia, en caso de violación a esta y otras disposiciones en la materia, la autoridad competente está facultada para interrumpir programaciones, exigir aclaraciones, ordenar emisiones, etcétera, pero, sobre todo, para imponer sanciones monetarias (sustanciosas) a las televisoras y radiodifusoras. Ni modo: ese es el duro mundo de la política real. El contexto importa.


Publicado en El Universal, el 29 de septiembre de 2007.


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