Mujeres y poder político: hacia una democracia paritaria

El estatuto de ciudadanía de las mujeres constituye un proceso de largo aliento que requiere de voluntad política. Blanca Olivia Peña analiza las condiciones y los retos para revertir la asimetría al respecto, así como la tentación autoritaria...

Por: Blanca Olivia Peña Molina

El estatuto de ciudadanía es una construcción social e históricamente determinada, por lo que no existe un modelo universal que explique cómo se elabora el derecho de ciudadanía. La ciudadanía cambia cuando se adquieren nuevos derechos, acceden a ese estatus nuevos grupos sociales y se reforman las reglas de representación y participación política. Cuando esto ocurre se modifica la noción de comunidad política y la democracia adquiere nuevas nociones.

¿Están las mujeres en las mismas condiciones que los hombres para ejercer sus derechos ciudadanos? Si respondemos con absoluta honestidad la respuesta es negativa porque el poder está mal repartido. ¿Y por qué está mal repartido? porque la diferencia sexual y el distinto impacto que tiene en la construcción social de la identidad de género de las personas se ha traducido en relaciones asimétricas en el ejercicio del poder: los hombres tradicionalmente dominan el espacio público y las mujeres son confinadas al espacio privado de la familia. 
Martha Lamas (2000) afirma que mientras no pensemos seriamente en la diferencia sexual y en el género, será difícil que el concepto de ciudadanía alcance su sentido igualitario, esto es, que las personas, independientemente de su sexo, participen como iguales, que no idénticos, en la toma de decisiones públicas. Por esta razón, entre otras, en la vida social humana la diferencia entre los sexos, más que una causa de la desigualdad, es una excusa.

Las políticas de igualdad en materia de derechos político-electorales de las mujeres en México son resultado de un largo proceso histórico que inicia con la conquista del derecho al sufragio femenino en el año de 1953 del siglo pasado. Desde entonces a la fecha el estatuto de ciudadanía de las mujeres se ha venido modificando con la adquisición de nuevos derechos para alcanzar su pleno ejercicio en aquellos espacios donde se ejerce poder y se deciden los asuntos públicos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su artículo 4,  mandata que: “el varón y la mujer son iguales ante la ley”, sin embargo en la práctica este principio jurídico no se cumple a cabalidad. A partir de la reforma efectuada del 11 de junio de 2011 se advierte un cambio sustantivo que viene a ampliar y fortalecer el principio de igualdad y no discriminación, en concordancia con lo anterior, México puede acreditar que cuenta con un marco regulatorio que responde a las obligaciones de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos que se conoce como nuevo bloque de constitucionalidad y convencionalidad: “el principio de igualdad y no discriminación es una norma de orden público internacional y nacional que no admite pacto en contrario” (Serrano y Arjona, 2013).

La modificación del capítulo I, “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, en su artículo 1 dice: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse (…)”, lo que significa que todas las autoridades y los particulares en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia: 

    …el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la Ley… quedando prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, de salud, religión, opinión, preferencias sexuales, estado civil o cualesquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas (CPEUM, 2011).

Según Miguel Carbonell (2012), dos efectos del principio de igualdad son identificables en este sentido: a) ante la Ley, como mandato a las autoridades encargadas de su aplicación –poderes ejecutivo y judicial– de trato igual a los desiguales, y, b) en la Ley, como mandato dirigido a las y los legisladores –poder legislativo– para que no establezcan en los textos diferencias no razonables o injustificadas a personas desiguales.  
En el ámbito internacional –y México no constituye la excepción–, el principio de igualdad ha adoptado distintas modalidades como instrumento de protección a los derechos humanos de las mujeres. En las últimas dos décadas se ha suscitado un amplio debate en torno a los principios jurídicos de igualdad y equidad en razón del género, conceptos que no son equivalentes, esto es, tienen significados y propósitos distintos. 
El principio de Igualdad, de jure, o formal, es la igualdad jurídica simple y llana.  Este principio jurídico iguala las diferencias que existen entre las personas, no solo en razón de su sexo, sino también de raza, etnia, creencias religiosas, preferencia sexual, entre otras. Como valor, este principio se encuentra contenido en todas las constituciones políticas emanadas en el siglo XX y su propósito es la igualdad de trato. Sin embargo, la diferencia sexual se convirtió en una categoría política que ha servido para excluir a las mujeres por razones de índole cultural, confinándolas al espacio privado de la familia.  

La experiencia ha demostrado que el “trato igual” en el que se sustenta la igualdad de jure entre mujeres y hombres resultó ser omiso y ciego ante las desigualdades de género, al no reconocer las múltiples dimensiones de desventajas, subordinación y discriminación sistemáticas y estructurales hacia las mujeres, que impiden su participación de manera equilibrada con los hombres en el ámbito de la política. Por esta razón otorgar el estatuto de ciudadanía a través del derecho al sufragio femenino no fue suficiente para abolir la exclusión de las mujeres en los espacios donde se concentra el poder y se deciden los asuntos públicos. En última instancia, este derecho fue condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres a votar y ser electas; “(…) la igualdad jurídica no será nunca otra cosa que la idéntica titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que los titulares son entre sí diferentes”, entonces la igualdad real (de facto) entre mujeres y hombres constituye  una meta por alcanzar (Ferrajoli, 2002). 

El principio de equidad reconoce las diferencias entre las personas, como la sexual, étnica, racial o de otro tipo. Se fundamenta en el principio jurídico de discriminación positiva que se materializa en medidas afirmativas de carácter temporal orientadas a garantizar una proporción razonable de personas que se encuentran en desventaja numérica para hacer efectivo un derecho. La forma adoptada se conoce como cuota de género o de cupos con variación en umbrales de exigencia; constituye una medida compensatoria de carácter temporal que se mantiene vigente en tanto se logre su objetivo que es revertir la subrepresentación incrementando el tamaño de la masa crítica de mujeres en espacios de toma de decisión. Toda acción afirmativa o acción positiva significa proporcionar ventaja en determinados ámbitos –laboral, educativa o política. Su objetivo es igualar las oportunidades. En materia de derechos políticos las cuotas aplican para establecer porcentajes mínimos que los partidos deben cumplir en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular que oscilan entre 30 y hasta 40 por ciento para un género.
En el caso del principio de igualdad sustantiva y efectiva, de facto o real, significa, ni más ni menos, hacer explícito que la condición humana universal está dividida entre hombres y mujeres. Por esta razón elevar a rango constitucional la paridad entre los géneros, significa reconocer que la diferencia sexual entre los seres humanos obliga a la defensa y protección del derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como de ampliar la garantía para que dicho reconocimiento se exprese en igualdad de resultados materializado a través de una distribución 50/50 por ciento; principio aplicable tanto a cargos de elección popular (poder legislativo) como por designación (administración pública), concurso, mérito o trayectoria (poder judicial). 

La diferencia entre los principios constitucionales de igualdad formal e igualdad sustantiva debe entenderse, en tanto así; la igualdad formal es un término normativo mientras que el principio de igualdad sustantiva y efectiva es un término descriptivo que parte del reconocimiento a la diferencia entre quienes han adquirido plenos derechos para su ejercicio, en este caso, en razón de la diferencia sexual de las personas. Por esta razón, entre otras, la demanda de paridad no debe ampararse en una supuesta “neutralidad genérica”, sino que debe reconocer la diferencia entre los sexos pero sin jerarquizarlos, ya que la responsabilidad pública atañe igualmente a hombres y mujeres. Lo anterior significa que la categoría  “mujer o mujeres”  no alude a una esencia distinta –mejor o superior– a la de los hombres en sentido ontológico, lo cual no obsta para reconocer que constituye una categoría cultural e histórica distinta por su tradicional exclusión del poder (Peña Molina, 2009). Por esta razón su inclusión en el ámbito de la política requiere ser explícita, deliberada: las mujeres son sujetos de los mismos derechos y obligaciones; en eso consiste el ejercicio pleno del estatuto de ciudadanía.

¿Cómo se incluyó el principio de paridad al texto constitucional en México? El 5 de diciembre de 2013 la Cámara de Diputados aprobó en lo general y con amplio consenso (81.8 por ciento de votos a favor), el dictamen de reforma a la CPEUM más ambicioso y no menos controversial por su alcance en materia político-electoral, siendo promulgada el 10 de febrero del 2014 por el Ejecutivo Federal. Dentro del amplio y diverso contenido de la iniciativa de decreto aprobada se incluyeron, entre otros ejes fundamentales, la exigencia de elaborar una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en sustitución del COFIPE y una Ley General de Partidos Políticos (LGPP) en la que se establecen: “…las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, así como las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obligaciones” (Gaceta Parlamentaria, núm. 3920-IX, 2014: 48). 


A partir de esta decisión histórica, solo equiparable a la conquista del sufragio femenino, México se suma a un total de diez países (Francia, Bélgica, Senegal, Túnez, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá) que han adoptado el principio de paridad de género en candidaturas a cargos de elección popular. La paridad en candidaturas a diputaciones federales fue puesta aprueba en los procesos electorales de 2015 y obligó a los partidos políticos y coaliciones a postular 50 por ciento de candidaturas por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, configurándose listas con alternancia y suplencia del mismo género para elevar el estándar de protección del derecho de las mujeres a ser electas (Peña Molina; 2015). El resultado que arrojó el margen de diputadas fue de 42 por ciento, configurándose una masa crítica inédita de representación femenina en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.


Este avance, sin embargo, no debería convertirse en entusiasta celebración para abandonar los esfuerzos de garantía al ejercicio de este derecho, las elecciones concurrentes en las entidades federativas donde la paridad también constituye un mandato resultado de la reforma política aludida, continúa presentando serios obstáculos para su materialización, que incluyen principalmente a los partidos políticos, pese existir mandato explícito en la CPEUM,  los códigos o leyes estatales electorales, acuerdos y criterios para vigilar y exigir cumplimiento, así como la jurisprudencia para no eludirlo o, en su caso, restituir el derecho. Por tanto, la paridad real y efectiva requiere de un trabajo permanente para elevar el estándar de protección de los derechos políticos de las mujeres en las constituciones políticas y marcos regulatorios locales que aún presentan heterogeneidad, capacitación y fortalecimiento de la maquinaria institucional electoral para vigilar su exigencia y cumplimiento, así como sensibilización de los órganos jurisdiccionales locales para impartir justicia electoral con perspectiva de género vía sentencias. 
Un hecho es incontrovertible: la paridad en candidaturas a cargos de elección popular apenas constituye un primer paso al ejercicio pleno de las mujeres mexicanas a participar en los espacios donde se ejerce poder y se deciden los asuntos públicos, toda vez que en los poderes Ejecutivo y Judicial persiste rezago en sus tres niveles de gobierno dignos de una reflexión a mayor profundidad. ¿Será necesaria una nueva reforma al texto constitucional para hacer exigible el derecho de las mujeres a ser designadas a ocupar cargos de primer nivel en las administraciones públicas o electas para lograr una presencia más equitativa en la estructura del poder judicial? 


El estatuto de ciudadanía de las mujeres constituye un proceso de largo aliento que requiere de voluntad política, así como la suma de esfuerzos y recursos de distinta índole para revertir la asimetría que aún persiste en la política formal. Sin embargo debe quedar claro que, si no se impulsan y fortalecen políticas de conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, difícilmente las mujeres podrán conocer, ejercer y reclamar sus derechos ciudadanos (Salazar, Salazar y Rodríguez. 2011). Ese es el reto. Construir una democracia paritaria con bases sólidas que fortalezcan el Estado de derecho. La democracia paritaria no pretende reemplazar a la democracia representativa y plural, aspira a enriquecerla posibilitando que las ciudadanas accedan a la promesa incumplida de universalidad que extiende los derechos a todas las personas sin distinción: “la democracia paritaria es más que una propuesta de participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos decisorios políticos, constituye un reclamo de vertebración social en un cuadro de responsabilidades compartidas tanto en el ámbito público como en el privado-doméstico” (Zúñiga; 2009). La democracia paritaria es un concepto que reconoce el hecho de que la democracia sólo puede ser auténtica cuando abraza a los seres humanos tal como realmente son a partir de su diferenciación sexual, y no como alguna forma de entidades abstractas y neutrales. 


Frente a los grandes desafíos que actualmente enfrenta nuestra democracia, tres objetivos deberían constituir un freno contra la tentación autoritaria, la desigualdad social y la discriminación: pluralismo, paridad y justicia distributiva. Si lo consustancial a una democracia son los disensos y no el consenso, aceptemos que el camino para materializar la igualdad sustantiva no será fácil, nunca lo ha sido para las mujeres, pero negarlo solo podría conducir al ostracismo o la complacencia, al silencio cómplice. No hay recetas; la frontera está por donde se va caminando.

Bibliografía y fuentes de información
CARBONELL, Miguel (2012). "La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos: principales novedades"; Septiembre 6 de 2012, México; www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CPEUM (2014). Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm, fecha de consulta: marzo de 2016.
FERRAJOLI, Luigi (2002). Derechos y garantías. La ley del más débil; Editorial Trotta, Madrid. 
GACETA PARLAMENTARIA, núm. 3920-IX; 2014:48
LAMAS, Martha (2000). "No basta con ser mujer"; Revista Perspectivas, núm. 20, Isis Internacional.
PEÑA MOLINA, Blanca Olivia (2009). "Género y política. Del esencialismo ontológico al esencialismo estratégico"; Universidad de Colima, Revista Géneros, núm. 5, época 2, año 16, marzo-agosto.
—  (2015). "La paridad de género: eje de la reforma político-electoral en México". En Revista Mexicana de Estudios Electorales, núm. 6, julio-diciembre, 2015, México, DF.  
SALAZAR, Rebeca Hilda Salazar, Maritza Rodríguez (2011). Conciliación trabajo y familia en México: las responsabilidades compartidas de mujeres y hombres en el debate público, Fiedrich Ebert Stiftung, noviembre 2011, México.
ZÚÑIGA AÑAZCO, Yanira (2009). Democracia paritaria: de la teoría a la práctica, Universidad Austral de Chile, Santiago.