Mujeres, feminismo y lo político

Son muchos y diversos –aunque, sin duda, insuficientes– los esfuerzos para reconocer y visibilizar a la mujer en la política. No obstante, ha sido un proceso complejo y demorado, por lo que Mariana Espeleta nos hace un recorrido...

Por: Mariana Espeleta Olivera

Son muchos y diversos –aunque, sin duda, insuficientes– los esfuerzos para reconocer y visibilizar a la mujer en la política. No obstante, ha sido un proceso complejo y demorado, por lo que Mariana Espeleta nos hace un recorrido, partiendo desde la Constitución de 1917 hasta otros movimientos más recientes. Un texto que nos conduce a la reflexión acerca de la lucha y conquista de las mujeres en la obtención de sus derechos políticos

Como en la mayoría de las constituciones liberales, la Constitución de 1917 reconoció que los derechos en ella expresados deberían ser para todos los hombres, sin excepción de raza, credo o clase social. Cuando este documento fue redactado, se utilizó el término hombre para referirse a la población en general, y ciudadano (o ciudadano mexicano) para referirse a un círculo más reducido: aquellos quienes reunieran las características necesarias para tener derechos políticos. Sin mencionar nunca el sexo concreto de aquellas personas contempladas dentro de los respectivos términos “hombre” y “ciudadano”, hoy existe la tendencia de asumir que éstos se utilizaban como sexo neutro y se referían a hombres y mujeres por igual. En realidad, la Constitución de 1917 no es ambigua a este respecto: “hombre” y “ciudadano”, están escritos pensando en los varones y excluyendo en términos prácticos a las mujeres, particularmente en tanto al ejercicio de los derechos políticos.

De particular interés a este respecto son los debates que se dieron en el Congreso Constituyente entre 1916 y 1917, donde los entonces disputados discutieron el conflicto entre la universalidad de los derechos –que el texto de la Constitución pretendía establecer al no especificar si las voces utilizadas hacían referencia solamente a los varones– y la exclusión de las mujeres que los propios diputados veían como algo necesario.

El asunto del voto femenino nunca fue discutido en el pleno del Constituyente, a pesar de que el Diputado Palavicini insistía en hacerlo, pues le preocupaba que el masculino podría prestarse a confusiones, la siguiente es su argumentación:

 

      El dictamen dice que tienen voto todos los ciudadanos: está el nombre genérico; esta misma redacción tenía la adición que existe en la Constitución del 57 y  que se conserva hoy, y yo deseo que aclare la Comisión en qué condiciones quedan las mujeres y si no estamos en peligro de que se organicen para votar y ser votadas (Congreso Constituyente, 1916-1917: 982-983).[1]

 

Sin embargo, la cuestión había sido brevemente revisada en la Comisión que trabajaba respecto a las reformas que habían de implementarse en los artículos correspondientes a los derechos políticos, copiados de la Constitución de 1857. Fernando Lizardi, Secretario general del Congreso, resume así lo que esta Comisión había resuelto sobre el voto de las mujeres:

 

      La doctrina expuesta puede invocarse para resolver negativamente la cuestión del sufragio femenino. El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos, no funda la conclusión de que éstos deben concederse a las mujeres como clase. La dificultad de hacer la elección autoriza la negativa. La diferencia de los sexos determina la diferencia en la aplicación de las actividades; en el estado en que se encuentra nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los de los miembros masculinos de la familia; no ha llegado entre nosotros a romperse la unidad de la familia, como llega a suceder con el avance de la civilización; las mujeres no sienten, pues, la necesidad de participar en los asuntos públicos como lo demuestra la falta en todo movimiento colectivo en ese sentido (Congreso Constituyente, 1916-1917: 829-831).

 

Por supuesto, esta última afirmación del Secretario Lizardi, es particularmente errónea pues ya desde antes de la Revolución, las mujeres mexicanas se habían organizado para exigir su derecho al voto, pero es aún más sorprendente la negativa a reconocer la enorme participación de las mujeres en las luchas revolucionarias, no solamente como soldaderas –lo cual ya fue bastante– sino como espías, correos, informantes y militares. Algunas de estas mujeres, lograron incluso nombramientos como generales[2] que al terminar la Revolución no fueron reconocidos (ni recibieron pensión por los servicios prestados, contrariamente a los hombres), pues la ley prohibía que las mujeres fueran formalmente parte en la lucha armada. Más aún, justo en enero de 1916 se había organizado en Yucatán el primer congreso feminista de México, al que asistieron aproximadamente 700 congresistas (Rocha, 2011: 44), y el cual de ninguna manera pudo haber sido ignorado por el Congreso Constituyente, pues las feministas, en voz de Hermila Galindo, exigieron a este Congreso de manera formal el derecho al voto para las mujeres (Cano, 2014: 36).

Sin embargo, lo que resulta más relevante del dictamen de Lizardi es la sustentación ideológica que guía claramente el razonamiento de los diputados del Constituyente, y de la época en general: la división del espacio social entre lo público y lo privado, que también marcó una frontera de los sexos: las mujeres tendrían su sitio en la esfera doméstica (corazón simbólico y material de lo privado) y los hombres habrían de pertenecer al espacio público.

En el ámbito doméstico habrían de desarrollarse las labores de reproducción: nuevos seres humanos y todo lo necesario para sustentar la vida, extendiendo esta idea hasta concebir el hogar como un espacio de confort, descanso y placer masculino, cuyas responsabilidades corresponderían a las mujeres, identificadas con lo emocional por la “naturaleza reproductiva” de su cuerpo. El espacio público sería entonces el de la producción económica y particularmente donde se tomarían las decisiones relacionadas con lo común, y se asentarían las instituciones de gobierno. Este espacio sería de los hombres y abarcaría las calles, las fábricas, las plazas, los congresos. Así, el espacio público estaría identificado con la razón, el intelecto y lo político.[3]  

Esta división sexual –ya no solo del trabajo– sino de todos los aspectos de la vida social, se basó en la idea de que a cada cuerpo sexuado, hembra o macho, correspondía de forma inherente una serie de conductas, capacidades físicas y capacidades mentales determinadas por la característica biológica del sexo.

Por supuesto, las mexicanas no se quedaron conformes con la resolución que impidió el voto a las mujeres, y los clubes femeninos se implicaron ardientemente en la exigencia de sus derechos políticos. La actividad de estas organizaciones antes y luego de la Revolución, está ampliamente documentada por historiadoras de las mujeres como Enriqueta Tuñón (2002) y Martha Eva Rocha (2011) entre muchas otras. Los discursos de estas mujeres organizadas son igualmente muy interesantes de analizar pues existieron dos tendencias que perviven hoy día posturas ideológicas en la lucha por los derechos de las mujeres.

La primera de estas posturas es aquella que asume que la diferencia biológica de los sexos produce de manera natural diferencias en la conducta, mente y sentimientos de las personas y, por ende, el hecho de que las mujeres tuvieran derechos políticos garantizaría que estas actitudes y valores (por ejemplo el cuidado a los más débiles, la afectividad, entre otros) formarían parte en la toma de decisiones, beneficiando al conjunto de la sociedad. La segunda de estas posturas combate la idea de que las diferencias mentales y emocionales entre hombres y mujeres sean naturales; afirmando, por el contrario, que son producto de la educación, la cultura y la diferencia en trato y oportunidades. Según esta postura, las mujeres pueden ser tan racionales, prácticas y líderes como los hombres si se les proporcionan los medios. 

Ambas posturas –la de la diferencia y la de la igualdad– consideran que las mujeres son perfectamente capaces de desempeñar todos los roles del espacio público reservado a los varones, independientemente de la diferencia sexual.

Por el contrario, el debate que sostenían los congresistas, estaba centrado en asumir que la diferencia (ya fuera cultural o biológica) deshabilita a las mujeres para ejercer responsabilidades políticas, pues su ser y su quehacer pertenecen a la esfera privada.

En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores una propuesta para reformar el artículo 34 constitucional y permitir el voto de las mujeres. La coyuntura política del momento es clave para comprender por qué aunque la reforma se aprobó en 1938, nunca fue publicada. Si bien Cárdenas era simpatizante de ciertos grupos feministas de corte socialista, su gobierno estaba en permanente tensión con sectores conservadores cercanos a la Iglesia Católica, que a su vez tenían una fuerte base social femenina. El gobierno cardenista temía que de otorgar el voto y el derecho a ser votadas, las mujeres acudirían en masa a apoyar en las urnas los ideales contrarios al proyecto socialista del PRM (Partido Revolucionario Mexicano, el partido de Cárdenas).

Muchos años después, el 17 de octubre de 1953, se publicó la reforma que reconoció los derechos políticos plenos de las mujeres, pues el contexto había cambiado: las relaciones con la Iglesia se habían suavizado, y muchas de las organizaciones de mujeres habían sido incorporadas en la militancia del partido oficial a través de la llamada “Alianza de Mujeres de México”, con lo que sus votos serían útiles. 

A partir de este momento las mujeres votaron y con esta reforma la deuda histórica quedó aparentemente saldada. Por supuesto, y como ha sido ampliamente discutido en los recientes debates generados en torno a la Ley de paridad, la reforma al 34 constitucional de ninguna manera garantizó de forma efectiva el acceso a los puestos de elección popular ni la democracia de género al interior de los propios partidos.

Mientras los esfuerzos de las mujeres en México dedicaron tantos años a la relación entre ellas como sujeto y el Estado, una cuestión de fondo derivada de la división público-privado quedó sin discusión: ¿sólo puede ser político aquello que ocurre en el espacio público? La pregunta se relaciona con un debate central para la filosofía política, que se ha ido distanciando de la idea liberal que por definición considera indisoluble el vínculo de lo político, con el gobierno y con el Estado. En cambio, para muchos teóricos de finales del siglo XX,[4] lo político está en el espacio de lo común, en donde se procesa el conflicto, los antagonismos, y se redefine constantemente el orden social. Hay muchas perspectivas distintas respecto a los detalles e implicaciones de esta apertura conceptual, pero para el feminismo, resulta particularmente necesario establecer que lo político está presente también en el espacio privado, o incluso cuestionar la mera idea de dicha división.

Por supuesto, es indiscutible que históricamente la división público-privado ha operado de forma patente para limitar el ámbito de acción de las mujeres, y para producir un espacio en el que el Estado no pudiera intervenir en la vida de los hombres. Pero ¿es verdad que puede dejarse a lo político esperando sobre el tapete de bienvenida de un hogar? ¿Acaso lo común, las luchas de poder, los antagonismos y el orden social se definen tan sólo en la calle, la plaza y el Congreso?.

En 1970 se publicó la obra Sexual Politics, de Kate Millet (2010). Allí, la autora propone que las relaciones de la vida privada, y particularmente las relaciones entre los sexos, son inherentemente políticas pues desde ellas es que se establece un mecanismo fundamental del ordenamiento social en su conjunto, a partir de un sistema de dominación que Millet y otras autoras llaman patriarcal. De allí, surgió el conocido lema feminista que reza: Lo personal es político. Con esta frase, se afirma que las actividades de cuidados y reproducción que realizan las mujeres sin remuneración en el hogar, son trabajo, y aportan al sistema económico formal, tanto como aquello que realiza el obrero en la fábrica.

Que la llamada violencia doméstica que sufren las mujeres a manos de sus parejas o padres, no es un asunto privado pues destruye el tejido social y repercute en todos los ámbitos de la convivencia humana. Que las actividades tradicionales que realizan las mujeres para sus comunidades –tan usuales en México– como la preparación de alimento para la colectividad, la organización de fiestas populares y la conservación de las costumbres, tiene una fuerte carga simbólica y tangible en el mantenimiento o la ruptura del orden establecido.

Que las decisiones cotidianas que toman las mujeres, incluso en contextos donde los roles de género están fuertemente definidos, son fundamentales para la producción económica y el funcionamiento del Estado, y más aún, las actividades de reproducción y particularmente la posibilidad exclusiva de generación de nuevas personas, son una acción política por excelencia en tanto que sin ellas se extingue la materia de la y lo político, o sea la vida humana. 

Podemos decir en conclusión que la historia de la lucha y conquista de las mujeres por los derechos políticos –aún en marcha– debe ser acompañada por la reflexión de la teoría política feminista que nos permite comprender en un sentido mucho más amplio, la profunda necesidad de desmontar la perspectiva clásica que comprende lo político como aquello que sucede solamente en el espacio público, en el espacio institucional, en el espacio gubernamental, en el marco estatal instituido por y para el hombre-ciudadano, entendido el término con toda la carga exclusiva que tenían en mente aquellos diputados del Congreso Constituyente.

 

 

Bibliografía y fuentes de información

Congreso Constituyente (1916-1917). Debates del Congreso Constituyente 2016-2017 (t. II), disponible en:

www.constitucion1917.gob.mx/es/Constitucion1917/Diario_de_los_Debates_del_Congreso_Constituyente_t_II_, fecha de consulta: abril de 2016.

Cano, Gabriela (2014) “Sufragio femenino en el México posrevolucionario”, en: La Revolución de las mujeres en México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, México.

Millet, Kate (2010). Política sexual, Cátedra, España.

Rocha Islas, Martha Eva (2011). “Feminismo y Revolución”, en: Espinosa Damián, Gisela y Lau Jaiven, Ana (Coords.), Un fantasma recorre el siglo luchas feministas en México 1910-2010, UAM-X, CSH, México.

Tuñón Pablos, Enriqueta (2002). ¡Por fin Ya podemos elegir y ser electas! El sufragio femenino en México, INAH, México.

 

 

[1]      El subrayado es mío.

 

[2]      Generales en masculino, porque no podía haber generalas, aunque fueran mujeres. Algunas de ellas asumieron identidades masculinas transitorias, otras identidades masculinas permanentes, y otras peleaban como mujeres. Gabriela Cano Ortega, Julia Tuñón Pablos y otras historiadoras tienen excelentes trabajos al respecto. 

 

[3]      En las publicaciones de la época dirigidas a las mujeres abundan los consejos para ser una excelente ama de casa y complacer al esposo. Se resaltaba mucho la obediencia y la buena disposición de las mujeres a sus esposos como una virtud. Elvia Montes de Oca Navas tiene interesantes trabajos a este respecto.

 

[4]      Desde diferentes marcos de intrepretación podríamos mencionar a Gramsci, Derrida, Laclau, Mouffé, Ranciére, entre otros. 

 


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