Mi tierra no se vende

En su colaboración, Line Algoed registra la lucha de comunidades informales del Caño Martín Peña, Puerto Rico, por el derecho a la tierra y a la ciudad, contra el colonialismo, la pobreza y los desplazamientos a través de un fideicomiso comunitario de la t

Por: Line Algoed

Antropóloga urbana especializada en planificación, vivienda y desarrollo comunitario. Posee una Maestría en Antropología Cultural de la Universidad de Leiden y una Maestría en Sociología de la London School of Economics.

 

Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol

Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor

Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores

Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores

No puedes comprar mi vida. Mi tierra no se vende.

Calle 13, Latinoamérica

 

El Fideicomiso de la Tierra ahora nos forma, cómo se llama, una...

 fortaleza a nosotros, podemos seguir luchando, porque sabemos

que tenemos un sistema que nos va a proteger y que nos va a dar

para trabajar nuestra lucha.

Don expedito de Jesús

Miembro del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña

 

Puerto Rico: isla colonizada

La relación con la tierra siempre ha sido sujeto de lucha para la gente en Puerto Rico. Como en el resto de Latinoamérica, la historia de Puerto Rico se define por el colonialismo, desarrollismo y desplazamientos de sus poblaciones. Un “territorio no incorporado” o commonwealth de los Estados Unidos desde el 1898, la isla caribeña no tiene soberanía real para tomar sus propias decisiones económicas y políticas. Décadas de dependencia económica y políticas de exención fiscal dirigidas a la extracción y la atracción de riqueza, han puesto fuertes tensiones sobre la economía en la isla. Con una deuda pública no auditada de 72 mil millones, el país se ve obligado a aplicar medidas de austeridad. Éstas son impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal, una junta creada bajo la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act) aprobada por el Congreso estadounidense durante la presidencia de Barack Obama, y que tiene como objetivo garantizar los pagos a los bonistas. El economista ganador del Premio Nobel Joseph Stiglitz recientemente describió estas medidas como “las más draconianas jamás vistas en la historia” (CNE, 2017). Bajan los sueldos de los empleados públicos, se cierran escuelas, se reduce drásticamente el presupuesto del sistema universitario público, se reduce el salario mínimo, se privatizan sistemas públicos. La inseguridad sobre las consecuencias de los recortes, la taza alta de desempleo y los altos costos de vida, complican la vida en la isla para una larga parte de su población.

La crisis es el resultado de la expiración de unas exenciones contributivas a las empresas estadounidenses de los impuestos federales, lo que en los años setenta y ochenta convirtió a la isla en uno de los lugares más atractivos para las empresas estadounidenses. El crecimiento de la economía dependía de estas exenciones contributivas. Cuando expiraron en 2006, la mayoría de las empresas abandonaron la isla, y miles de puertorriqueños perdieron sus empleos. En menos de veinte años, entre 1996 y 2014, el número de puestos de trabajo manufactureros en la isla se redujo con casi 50 por ciento. No hubo crecimiento económico desde entonces.

Continuando las economías neoliberales y agarrándose al mito del efecto trickle down, recientemente instalaron nuevos incentivos fiscales dirigidos a atraer a personas ricas de fuera para invertir en la economía de la isla. La “Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” fue creada con el propósito de “conceder exención contributiva con respecto al ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que advengan residentes de Puerto Rico” (Ley 22-2012). La idea es convertir a Puerto Rico en un paraíso tropical fiscal para los mega-ricos. La economía local parece de menor importancia.

Estas políticas públicas y la crisis financiera que se derivó de ellas están poniendo en grave riesgo las tierras públicas. La tierra es uno de los únicos activos que el gobierno puede aún monetizar (Algoed, Hernández y Rodríguez, 2017). Individuos Inversionistas están llegando a la isla a comprar tierras para desarrollar complejos de lujo o sedes de empresas multinacionales. Hay sitios web que explican “Cómo obtener su propia isla privada” en Puerto Rico (Stanchich 2015). Puerto Rico tiene mayor cantidad de establecimientos Walmart por milla cuadrada que en cualquier otro lugar en los Estados Unidos (Arbasetti, 2014). Muy poco de esta inversión tiene un efecto positivo en la economía de Puerto Rico, ya que los beneficios no se reinvierten en el país. Las políticas de exención contributiva permite que aproximadamente 35.000 millones de dólares de los ingresos de las multinacionales de los Estados Unidos salgan de Puerto Rico cada año, lo que representa alrededor de 35 por ciento del Producto Interno Bruto (Bernabé, 2015). Poco a poco se desaparece la tierra de la isla en las manos de los que no la usan para el beneficio del país.

Más puertorriqueños ahora viven en los Estados Unidos que en Puerto Rico. Una nueva ola de migración masiva está obligando a la gente a abandonar sus tierras. Casi medio millón de puertorriqueños han emigrado desde la crisis financiera comenzó en el 2006. El derecho a vivir en la isla no está garantizado. No es la primera vez que esto ha ocurrido; anteriormente la pobreza en la isla se ha atribuido a la “sobrepoblación”, convirtiendo la migración masiva en política social. Ya en 1915, el gobernador estadounidense de Puerto Rico, Arthur Yager, declaró: “Hay mucha miseria y pobreza entre las masas del pueblo de Puerto Rico. Indudablemente la causa fundamental es la enorme población. No dudo en expresar mi convicción de que el único remedio realmente efectivo es la transferencia de un gran número de puertorriqueños a alguna otra región” (Whalen 2005, 7). Se establecieron mecanismos para reemplazar a los puertorriqueños pobres “excedentes” con Estadounidenses ricos atraídos por los incentivos fiscales.

Hoy vemos una continuación de estas mismas políticas. La isla se está turistificando: se venden activos para la construcción de propiedades de lujo y los trabajos que quedan para la población local son para servir a los turistas. El sistema es conocido: la inversión en propiedades de lujo en sectores deprimidos – en el caso de Puerto Rico es la mayor parte de la isla – suelen resultar en aumentos en los valores de la tierra. Al mismo tiempo la inversión en propiedades de lujo provoca el desplazamiento de los residentes de ingresos bajos y medio bajos, en este caso por emigración al continente (Algoed, Hernández y Rodríguez, 2017). El desplazamiento de las comunidades pobres, a su vez, suele dar lugar a nuevos aumentos de los valores de la tierra (Navas, 2004: 4). Lo que parece ocurrir es la gentrificación deliberada de toda la isla de Puerto Rico con medidas que tienen la intención de desplazar a los residentes existentes y ‘vaciar’ zonas enteras para nuevas inversiones.

Estos desplazamientos crean riesgos para toda la población, pero más aún para las comunidades informales de la isla, ya muchas de ellas son establecidas en tierras públicas. Hay 135 asentamientos informales urbanos en la isla (Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y de la Auto-Gestión 2002). La rápida industrialización de la isla en las décadas de 1930 y 1940, que hizo de Puerto Rico un ejemplo de “capitalismo avanzado” para los países del tercer mundo, desplazó a los agricultores empobrecidos de sus tierras de cultivo. Muchos de estos campesinos sin tierra emigraron a los Estados Unidos, pero otros se establecieron en las ciudades costeras de la isla, en busca de empleos y acceso a los alimentos importados. Sin vivienda disponible a un precio asequible, ocupaban tierras que no eran adecuadas para la vivienda, como manglares, humedales, laderas de montaña y zonas costeras muy cercanas al mar.

Muchas de estas familias se establecieron en los pantanos alrededor del Caño Martín Peña, una vía fluvial en las fronteras de la capital, San Juan. Crearon nuevos terrenos, llenando gradualmente el cuerpo de agua con escombros para sostener sus casas construidas de cartón, madera y estaño. Utilizaban tablas de madera para crear conexiones entre las casas. Hoy, casi 26 mil personas aún viven en ocho barrios informales a lo largo del cuerpo de agua, que, a medida que la capital creció, ahora atraviesa una zona central de la ciudad. El Caño está ahora muy contaminado, ya que desde su establecimiento décadas atrás, la mayoría de los barrios aún carecen de un sistema de alcantarillado adecuado.

Como propiedad pública, son estas tierras las que son especialmente vulnerables a los desplazamientos. En varios momentos del siglo pasado, los gobiernos desarrollistas no vieron lugar alguno para los “arrabales” y trataron de desplazar a la gente con un discurso asistencialista. Este discurso se expresa, por ejemplo, en el documental histórico Puerto Rico elimina los arrabales (+-1950) donde una voz del gobierno declara: “Cada casa que se traslade o queme es una familia más que se arrebata del arrabal para convertirlas en ciudadanos libres de paz y orden, digna de gozar la verdadera vida democrática. Y no se olvide el arrabal es una pústula que amenaza todo nuestro cuerpo social”.

Por estos proyectos de eliminación de los asentamientos informales partes de las comunidades del Caño fueron desplazadas a torres de vivienda pública de baja calidad. Habían propuestas para recuperar el Caño con fines de conservación, para carreteras, proyectos de viviendas de alto costo, caminos peatonales y ciclistas, o el desarrollo de jardines, hoteles y puertos deportivos. En la mayoría de estos planes las comunidades de Caño Martín Peña serían eliminadas, sin incluir reubicaciones en los costos y sin espacio para la participación o consulta de la comunidad (Algoed, Hernández y Rodríguez, 2017). La gentrificación también ocurría en las comunidades de Caño, con especuladores que compraban casas y tierras, sabiendo que el posible dragado del Caño aumentaría drásticamente el valor de la tierra. A las familias se les ofrecen altas sumas de dinero por sus propiedades, altas pero insuficientes para comprar otras tierras con vivienda dentro de la capital. Esto suele ocurrir sobre todo en los casos de residentes a los que se les ha dado títulos individuales de propiedad, un método considerado ya desde mucho tiempo como la mejor manera de regularizar la tierra y ayudar a las familias a salir de la pobreza.

 

El fideicomiso de la Tierra
del Caño Martín Peña

 

Es esta amenaza de desplazamientos y gentrificación lo que juntó a los residentes de las comunidades del Caño Martín Peña. Facilitado por urbanistas y trabajadores sociales de la Autoridad gubernamental de Carreteras y Transportación se organizaron más de 700 reuniones comunitarias durante dos años a principios de los años 2000. El discurso del gobierno había cambiado y había más espacio para la “participación comunitaria” en los proyectos de revitalización urbana y en específico el proyecto del dragado del Caño Martín Peña. Los empleados de la Autoridad recibieron la tarea de tratar de entender qué pasaba en las comunidades y ellos aprovecharon esta oportunidad para ir más allá que consultar a la comunidad. Lo que siguió era una organización comunitaria muy extensa. Las reuniones de las comunidades tuvieron como resultado el nombramiento de líderes comunitarios y un Plan Integral de Desarrollo, luego adoptado formalmente por la Junta de Planificación de Puerto Rico. Los residentes exploraron opciones que les permitirían no sólo participar en el proyecto de revitalización, sino también, una vez que ocurrió el dragado, disfrutar de las mejoras sin la amenaza de ser desplazadas debido al mayor valor de la tierra que las mejoras traerían. Voluntarios urbanistas, trabajadores sociales y abogados, entrenados en la Universidad de Puerto Rico, llegaron a apoyar a los residentes en su esfuerzo por encontrar una manera de poder mejorar y permanecer en el área donde vivieron toda su vida.

Después de estudiar diferentes formas de propiedad colectiva de la tierra, las comunidades decidieron que el modelo del fideicomiso comunitario de la tierra era el modelo que mejor preservaría estas comunidades urbanas y su historia social. Los residentes “criollizaron” el modelo del community land trust (CLT), como ellos lo dicen. Tomaron elementos de los CLT existentes y desarrollaron otros elementos completamente desde cero. Al igual que otros CLT, la tierra está separada de las casas, haciendo que la vivienda sea asequible, mientras que la tierra es propiedad de y administrada por el fideicomiso comunitario, una organización privada sin fines de lucro regida por miembros de la comunidad. Cada familia es dueña individual de su casa, pero no de la tierra. La comunidad es dueña colectiva de la tierra. La tierra no se vende.

Hasta ahora el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña es el único CLT en el mundo cuyo objetivo principal es regularizar la relación con la tierra en asentamientos informales y dar a sus residentes el derecho de superficie de su tierra, y esto a perpetuidad, en lugar de alquilarla por un número limitado de años (99 años en la mayoría de otros CLT). Los derechos de superficie pueden ser vendidos, heredados e incluso hipotecados. La permanencia es esencial para los residentes, ya que sienten una fuerte conexión con su tierra, y los jóvenes expresan el deseo de envejecer en sus comunidades. Alejandro Cotté Morales, uno de los empleados de la Autoridad gubernamental que ayudó la comunidad a organizarse, ahora director de participación ciudadana en la empresa pública que implementa el plan de desarrollo de la comunidad, describe el proyecto como “un proyecto socialista en un estado colonial capitalista. Un proyecto donde el poder está en mano de la gente (entrevista personal 2016)”.

Los residentes estuvieron tan bien organizados que pudieron empujar al Gobierno a adoptar una Ley dedicada a las comunidades del Caño. A través de esta ley crearon una empresa pública, el Proyecto ENLACE, que cuenta con arquitectos, ingenieros, planificadores urbanos y trabajadores sociales comunitarios profesionales que trabajan en función y en colaboración continúa con los líderes locales para implementar su Plan Integral de Desarrollo. También a través de esta Ley, 200 acres (78,6 hectáreas) de terreno público fueron transferidos al Fideicomiso de la Tierra. El modelo claramente contrasta con el proceso de otorgar títulos de propiedad individual a residentes de barrios informales, lo cual ha definido la política de suelo en América Latina desde hace décadas. Esta política pública predominante se basa en el argumento influyente del economista peruano Hernando de Soto, quien dijo que los “pobres” también tenían derecho a la propiedad privada, considerada como la piedra angular de la economía, y que una economía de mercado nunca podría funcionar bien sin un sistema formal de propiedad. En el caso del Fideicomiso de la Tierra, la tierra pública se transfirió a las comunidades en una vez en una cantidad mayor y los miembros del Fideicomiso de la Tierra colectivamente se convirtieron en los terratenientes más grandes de la zona. Ahora, cualquier aumento en el valor de la tierra que resultaría de los proyectos de dragado y los proyectos de renovación urbana, permanecerá dentro de la comunidad. Este sistema de capturar la plusvalía hace del Fideicomiso de la Tierra un instrumento no sólo para regularizar la tierra y revitalizar la zona, sino también es un instrumento para superar la pobreza. Los residentes convirtieron un proyecto de infraestructura en un proyecto de desarrollo, desde la base. Como lo dice Jane Jacobs en un reciente documental sobre esta urbanista neoyorquina: “Las soluciones a los problemas en muy pocas ocasiones se producen desde arriba. Se producen por la gente que entiende los problemas porque viven con ellos a primera mano”.

 

El derecho a quedarse en sus tierras

 

En contextos de neoliberalismo desenfrenado, como es el caso en Puerto Rico, la gente produce soluciones para poder salir del juego económico en el que no se les da una participación justa. Como ha notado David Harvey en una entrevista reciente, los procesos de gentrificación pueden ser contenidos “incentivando arreglos arancelarios u otro tipo de políticas que sean antagonistas a la actividad especulativa del mercado en las ciudades […] Se puede también recurrir a maneras alternativas de ocupación de suelo, para que éstas estén fuera del mercado. (Marti y Salazar 2016)”. En las comunidades de Caño Martín Peña, las personas comprendieron y experimentaron que los títulos individuales, otorgados en momentos de campañas electorales sobre todo, no detenían a los desplazamientos. Al contrario, esos títulos servían sobre todo como una forma de simplemente meter la tierra en el mercado regular, con el propósito de animar a los residentes a vender sus tierras a los especuladores. Se podría decir que la tierra, en tales esquemas, se valora por su valor de cambio, no por su valor de uso. Sin embargo, los residentes del Caño Martín Peña consideraban que permanecer en sus tierras siempre era una clara prioridad. Más allá de Puerto Rico, el éxito del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña ayuda a romper el mito de que la propiedad individual garantiza seguridad de vivienda y tenencia de tierra. El instrumento del Fideicomiso de la Tierra, desarrollado por residentes como respuesta directa a sus necesidades, nos demuestra que la seguridad de tenencia y la independencia asociada con la propiedad individual, se puede obtener con programas no mercantiles.

Pero queda claro que la tierra nunca es el objetivo final, la tierra es donde comienza. Con la seguridad de su relación con la tierra, los residentes ahora pueden reivindicar su derecho a la democracia real con una verdadera participación en el desarrollo del barrio. Uno de los principales objetivos del trabajo en el Caño Martín Peña es que los líderes de las comunidades impulsen los proyectos de desarrollo, con los profesionales que les brindan apoyo técnico. En muchos otros proyectos de urbanismo ocurre al revés: los residentes son invitados a participar en un proyecto dirigidos por los técnicos. Como lo describe Alejandro Cotté: “Cuando tú estudias la carrera, te enseñan a que tú eres el que sabe. Tú ahora eres un ser que ahora domina lo que haces. La comunidad es un ser básico que no sabe. [Aquí] es lo contrario. La gente […], aunque no tenga los estudios, sabe también, tiene un saber, entonces hay un diálogo de saber (entrevista personal 2016)”. Este es un proyecto común de transformación social realizado por los residentes, con un enfoque en desarrollo social, pensamiento crítico y empoderamiento. Es un proyecto de construir, piedra a piedra, una nueva economía local, con micro-empresas impulsadas por el Proyecto ENLACE. Es una economía que sirve las necesidades de las comunidades, en la cual son ellas que tienen el control. Los jóvenes y los ancianos tienen un lugar especial en este proyecto: los ancianos como residentes que han estado allí desde que las comunidades fueron establecidas, y los jóvenes los que estarán allí para garantizar su futuro. Como lo dice la joven líder comunitaria, Marangely Torres: “Yo estudio derecho, porque odio la injusticia. No sé dónde viviré exactamente, lo único que sé es que me quedaré en esta comunidad (entrevista personal 2016)”.

Los residentes de las comunidades del Caño Martín Peña han superado todos los obstáculos históricos que marginaron a las comunidades informales en Puerto Rico y lograron garantizar un futuro en su isla en medio de la crisis económica más grande de su historia. Muchos otros sectores, de inquilinos a propietarios, no tienen esta seguridad y son forzados de quitar la tierra donde crecieron. En el Caño han fabricado su propia manera de reivindicar el derecho a quedarse en su ciudad y quedarse en su País. “Esa gente aquí cuando se para, no se queda en el piso llorando, se para y va para adelante, no hay otro (entrevista personal con Cotté 2016)”. Tienen un sistema que les protege y les da para trabajar su lucha, como lo describe Don Expedito de Jesús, miembro del Fideicomiso. Aquí se respira lucha.

 

 

Bibliografía

 

Algoed, Line, María E. Hernández Torrales y Lyvia N. Rodríguez Del Valle (2017). (forthcoming). “El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña: Instrumento Notable de Regularización de Suelo en Asentamientos Informales.” Lincoln Institute of Land Policy: s.p.i., Documeto de trabajo.

 Arbasetti, Joel C. (2014). “Puerto Rico first in the world with Walgreens and Walmart per square mile.” Centro de Periodismo Investigativo, en: http://periodismo investigativo.com/2014/05/puerto-rico-first-in-the-world-with-walgreens-and-walmart-per-square-mile/. Fecha de consulta: 7 de mayo de 2017.

Bernabé (2015). “U.S. Workers & Puerto Rico’s Crisis.” International Viewpoint, en: www.internationalviewpoint.org/spip.php?article4280. Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2017.

Calle 13 (2011). Latinoamérica, [Video file], en: https://youtu.be/DkFJE8ZdeG8, Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2016.

Center for a New Economy CNE. 2017. “Joseph Stiglitz Public Lecture: Debt, Austerity and Growth: There is Another Way.” [Video file], en: https://youtu.be/_1vcWhyJ9uQ. Fecha de consulta: 6 de abril de 2017.

Cotté Morales, Alejandro (2016). Entrevista personal. Disponible en Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña. Septiembre de 2016.

De Jesús, Expedito (2016). Entrevista personal. Disponible en Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña. Septiembre de 2016.

Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico. Ley Núm. 22 (2012).

Marti, Marc y Mónica Salazar (2016). “Entrevista a David Harvey sobre Gentrificación: “Habitat III tiene una posición neoliberal”, en: https://resistenciapopularhabitat3.org /2016/07/25/entrevista-a-david-harvey-sobre-gentrificacion-habitat-iii-tiene-una-posicion-neoliberal/.

Navas Dávila, Gerardo (2004). “Fideicomiso social de la Tierra.” Trabajo preparado para el Dr. Fernando Fagundo, Secretario de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Oficina para el Financiamiento Socio-Económico y de la Auto-Gestión (2002). Inventario de Comunidades Urbanas Espontáneas de Puerto Rico.

Stanchich, Maritza (2015). “Puerto Rico’s Symbolic Power.” Huffington Post, obtenido de: www.huffingtonpost.com/maritza-stanchich-phd/puerto-ricos-symbolic-pow_b_7911668. html. 31 de julio.

Viguié Film Productions, Inc. (Productor). Ca. (1950). Puerto Rico elimina el arrabal [Película]. Puerto Rico: Laboratorio Viguié.

Whalen, Carmen T. (2005). “Colonialism, Citizenship and the Making of the Puerto Rican Diaspora: An Introduction.” in C.T. Whalen and V. Vázquez-Hernández (Eds.) The Puerto Rican Diaspora: Historical Perspectives (pp. 1-42). Philadelphia: Temple University Press.


Publicado por: