Los nuevos retos de México: seguridad y justicia

Con loable manejo técnico del tema, Marcos Pablo Moloeznik nos presenta un texto en el que jerarquiza diez áreas prioritarias para representar y complejizar el abordaje de las problemáticas de seguridad y justicia.

Por: Marcos Pablo Moloeznik

El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tendrá la delicada responsabilidad de responder al principal problema y demanda ciudadana en México, la (in)seguridad pública, así como enfrentar a la impunidad entendida como la ausencia de sanción a los transgresores y, en especial, a una minoría de la población caracterizada por el quebrantamiento sistemático de la ley, en el marco de un déficit de cultura de la legalidad y acuerdos cupulares entre bambalinas.

En la agenda de la seguridad en cualquiera de sus vertientes, destaca la violación al sagrado derecho a la vida: efectivamente, de conformidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el escenario nacional está signado por una situación de violencia endémica, a la luz de la elevada tasa de homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes, indicador propuesto por la OMS; con el agravante de que la mayoría de las víctimas son menores de 25 años de edad, cuyo significado es la dilapidación del denominado bono demográfico.

La violencia constituye un fenómeno complejo, multicausal, que deberá ser atendido a través de todas las herramientas del Estado, a partir de la identificación de los principales factores que la explican y mediante un abordaje multidisciplinario.

Tratándose de la violencia producto del accionar de la delincuencia organizada, el aparato de seguridad-inteligencia deberá (con toda la fuerza del Estado, como detentador del monopolio de la misma) neutralizar a aquellos grupos que atacan indiscriminadamente a la población civil, contribuyendo a generar un sentimiento de indefensión social y de cuestionamiento a la legitimidad del Estado.

En primer término, se impone el diseño de una estrategia nacional de seguridad y justicia que establezca las grandes directrices, líneas de acción, mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión, y presupuesto, es decir, dimensión-costos.

En tanto que, entre las prioridades en materia de seguridad y justicia, se podría señalar el siguiente decálogo:

 

1. Ajustar el marco legal vigente, comenzando con la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que significaría debatir, consagrar las misiones de las Fuerzas Armadas en la Ley Suprema de la Nación; discutir y aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional, que separe en una Ley de Inteligencia Nacional, todo aquello que caiga en el campo de la inteligencia. Adicionalmente, deberá promulgarse una Ley de Defensa Nacional y actualizar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También sería recomendable abrogar la categoría “seguridad interior” por ser un resabio del siglo XIX que solo genera confusión, para quedar la “seguridad nacional” (concepción estado-céntrica cuyo instrumento coercitivo por excelencia son las fuerzas armadas), y la “seguridad pública” (de carácter antropocéntrico cuyo instrumento de fuerzas son las instituciones policiales) y, reservar la intervención de los militares y marinos en esta última solo mediante la declaratoria del Estado de Excepción.

2. Refundar el Centro de Investigación y de Seguridad Nacional (CISEN), para que responda exclusivamente a los objetivos e intereses nacionales, es decir, al proyecto de nación y no al gobierno en turno. Esto se traduciría en funcionarios de estado con titulación universitaria y sólida formación en la apreciación o análisis de la información, su debida clasificación y contribución a dotar de racionalidad al proceso de toma de decisiones. El CISEN se convertiría en la institución a cargo de la inteligencia estratégica, con una visión de largo plazo.

3. La actual Unidad de Inteligencia Financiera (para detectar lavado de activos y blanqueo de bienes y capitales producto de actividades ilícitas), deberá someterse a una evaluación e intervención que permita judicializar casos emblemáticos, que atentan contra el interés nacional y la integridad y confianza en nuestro país.

4. Apostar por la coordinación de las diferentes agencias de inteligencia mediante los centros de fusión, y coadyuvar al desarrollo de una doctrina y cultura de inteligencia, que guarde correspondencia con el Estado democrático de Derecho e incentive la participación ciudadana en la materia.

5. Los ejes articuladores de la seguridad como política pública deberá ser la prevención de las violencias y la delincuencia y, el respeto irrestricto de los derechos humanos. Invertir en prevención deberá ser la consigna y praxis de la próxima administración, lo que se traduciría en replicar las buenas prácticas documentadas en las entidades federativas y, en especial, en los municipios.

6. La reforma militar deberá incluirse en la agenda de reforma del Estado: el debate sobre la estructura y organización de los institutos armados, sobre sus misiones y funciones, y la profesionalización del personal encuadrado serán entre otros, algunas de las asignaturas pendientes a atender.

7. El Estado de Excepción consagrado en el artículo 29 de la Carta Magna deberá ser reglamentado para que, ante situaciones excepcionales, el Congreso de la Unión esté en condiciones de declararlo y suspender determinados derechos humanos hasta que sea restablecida la tranquilidad y el orden público.

8. La inseguridad e inestabilidad laboral de los integrantes de las instituciones policiales, (agentes del Ministerio Público y peritos), se erige en un escollo para la carrera (como proyecto personal de vida) de estos tres colectivos de funcionarios públicos, lo que obligaría a repensar los mecanismos de control y sanción y, el peso excesivo del polígrafo en la batería de exámenes de control y confianza actuales. Exante, deberá definirse el modelo policial al que se aspira y, a partir del cual, se establecerían los perfiles de ingreso, contenidos de formación y perfiles de egreso de los cuerpos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.

9. Una fiscalía general autónoma que garantice la preeminencia del interés de la sociedad sobre el interés del gobierno en turno, deberá ponerse a debate entre los expertos y operadores del sistema de justicia penal. La cooperación internacional y el apoyo de países hermanos sería recomendable, a la luz de experiencias exitosas en naciones con una aquilatada experiencia democrática.

10.     La incorporación de nuevas tecnologías en las instituciones encargadas de la seguridad en sus dos vertientes y la persecución del delito, se erige en un imperativo categórico en la Era de la Información; ciberseguridad y ciberdefensa debiendo recibir así un tratamiento jerarquizado.

 

El devenir histórico demuestra que el factor humano es el decisivo, por lo que habría que apostar por el desarrollo de una masa crítica (humana) para el diseño, ejecución y evaluación de la seguridad y la justicia; lo que traería aparejado una depuración de personal y su renovación con sangre nueva, a partir de mecanismos de contrainteligencia.

Dada la situación imperante en México, los desafíos del nuevo gobierno federal son múltiples y complejos, y demandan como código genético la selectividad por un lado y, la calidad por el otro.

 


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