Los medios de la democracia. Educación cívica para la consolidación democrática

Sin ciudadanos que compartan un “sentido común” sobre el valor y utilidad de las instituciones la democracia corre el riesgo de convertirse en un simple trámite para legitimar el predominio de intereses privados y de élite

Por: Alejandra Altamirano Medina

La Democracia como régimen ha de ser la expresión, la resultante de la sociedad democrática. María Zambrano. PERSONA Y DEMOCRACIA 

Hoy día resulta un gran lugar común escuchar, desde muy variadas posiciones ideológicas, expresiones que nos hablan de la desconfianza y aversión hacia la política y los políticos. 

Asociada con la mentira, el cinismo y la corrupción, la política como método para zanjar las diferencias y construir acuerdos que permitan la solución de los problemas comunes, ha devenido en algunos casos como “espectáculo mediático” (Maira, 2002: 37), o bien como actividad particularista que tiene como finalidad principal la protección y beneficio de los intereses de algunos cuantos.

Al avance y arraigo de estas percepciones habrá que sumar un proceso más amplio de transformación en las mentalidades y comportamientos de los individuos que trajo consigo la llamada globalización, principalmente en el uso de nuevas tecnologías informáticas y de comunicación, y que han modificado, como nunca antes, las coordenadas para comprender los supuestos y modos de expresión de la política en la actualidad. 

De estas modificaciones se pueden extraer muy diversas consecuencias. Por una parte, se destaca la tendencia hacia una exacerbación del individualismo privatista a costa del debilitamiento del espacio público; la propensión a un consumismo conspicuo y poco solidario con la “suerte” de los menos favorecidos; y el vaciamiento de los viejos paradigmas para explicar y modular la organización política, cultural y económica de las grandes y complejas sociedades contemporáneas.

Pero también, y en paralelo, se experimenta una mayor preocupación sobre los problemas mundiales (de distribución de la riqueza dentro y fuera de las naciones; de los riesgos ecológicos y epidémicos; de las demandas de género y de las de minorías de todo tipo, etcétera); un incremento en el interés e información sobre el curso de los saberes y de los acontecimientos ejemplificada en la llamada “sociedad red” (Castells, 1999); así como una incesante búsqueda de otras formas de organización y participación distintas a las tradicionales. 

Y es precisamente en esta confluencia de comportamientos –muchas veces contradictorios– en donde se inserta la interrogante sobre el futuro de la política, y más específicamente de la política democrática.

Sin ciudadanos que compartan un “sentido común” sobre el valor y utilidad de las instituciones y de las reglas de juego para la instrumentación de políticas públicas eficaces, así como para la distribución y ejercicio del poder (Lechner, 1996), la democracia corre el riesgo de convertirse en un simple trámite para legitimar el predominio de intereses privados y de élite por encima de aquéllos que garanticen el más amplio beneficio público.

Vista así, la democracia puede quedar reducida a un fin en sí mismo que sólo servirá de “ornamento” para acompañar la retórica grandilocuente que dirigen políticos, partidos e instituciones a un auditorio copado por el hartazgo y la indiferencia, dejando con ello de lado su función sustantiva de ser medio para la representación del mayor número de intereses sociales, para la canalización de los conflictos inherentes a la pluralidad y para la atención a los problemas de índole común. 

Este fenómeno, de fuerte presencia en las jóvenes democracias latinoamericanas, también se manifiesta en democracias consolidadas, como las europeas o estadounidense; cuestión que ha llevado a algunos autores a emplear un nuevo término para referirse a esta forma de gobierno y organización de la sociedad:

“El concepto posdemocracia nos ayuda a describir aquellas situaciones en las que el aburrimiento, la frustración y la desilusión han logrado arraigar tras un momento democrático, y los poderosos intereses de una minoría cuentan mucho más que los del conjunto de personas corrientes a la hora de hacer que el sistema político las tenga en cuenta, o aquellas otras situaciones en las que las élites políticas han aprendido a sortear y manipular las demandas populares y las personas deben ser persuadidas para votar mediante campañas publicitarias” (Crouch, 2004: 35). 

Sin embargo, y a diferencia de Europa Occidental y Estados Unidos, en donde las instituciones democráticas fueron madurando lenta y gradualmente, dotándolas de mayor resistencia para enfrentar los retos que plantea el desprestigio de la política, de sus métodos y sus actores, en América Latina esta situación se presenta con una velocidad dramática y en medio de un contexto en el cual el desarrollo de esta forma de gobierno –y de sus efectos benéficos que, como quiera, aún se perciben en aquellos países que cuentan con una larga tradición democrática, tales como: la vigencia de un auténtico Estado de derecho; instrumentos institucionales para garantizar la rendición de cuentas de los gobernantes; una más amplia cobertura de políticas públicas y la presencia de grupos organizados de la sociedad civil que vigilan las acciones de gobierno, entre otras–, se ve amenazado aun antes de implantarse a cabalidad.

De ahí, y por la conveniencia que reporta una cultura política atenta y compartida, que no resulte ocioso reiterar la importancia de la educación cívica como factor de afianzamiento, en algunos casos, y de perduración, en otros, de los gobiernos democráticos en el mundo. 

Aunque la construcción y fortalecimiento de actitudes ciudadanas acordes con los valores de un régimen democrático se ha ido convirtiendo en una imperiosa necesidad para garantizar la estabilidad y vigencia de éste, principalmente de los recientemente inaugurados y en vías de consolidación como lo son la mayoría de los gobiernos democráticos en América Latina, aún se percibe un increíble déficit en esta materia.

La persistencia de rasgos autoritarios en muy diversas esferas de la vida cotidiana, el débil arraigo de una efectiva cultura de la legalidad y la distancia percibida como abismal entre lo que se dice y lo que se hace, por no considerar los elevados niveles de desigualdad y pobreza que caracterizan a la región, se vienen constituyendo como las principales amenazas para el establecimiento de gobiernos que hagan coincidir eficacia con pluralidad y bienestar social con libertad.

En suma, la ausencia de una cultura política recreada por los ciudadanos y sus gobernantes inhibe la instauración de democracias de calidad y no sólo de “baja intensidad” (O’Donnell, 1996), como lo son la mayoría de éstas en nuestro continente. 

Enfrentar este reto no es en absolutouna tarea sencilla, por lo menos así nos lo muestra el hecho de que muchos de los regímenes, particularmente los latinoamericanos de la llamada “Tercera Ola de la Democracia” (Huntington, 1994: 25-36) –que iniciaron en los años setenta su traslado desde regímenes autoritarios o de dictaduras militares hacia diseños constitucionales e institucionales preferentemente democráticos– no sólo no han logrado un adecuado funcionamiento de sus instituciones, sino que a lo largo de un muchas veces accidentado proceso de cambio político, para el que no siempre ha quedado desterrada la tentación autoritaria, se viene dibujando una creciente disminución en el respaldo social con que cuenta la democracia en la región. 

Un botón de muestra de la pérdida de confianza ciudadana respecto a la “efectividad” y “bondades” de la democracia, lo ofrecen los numerosos estudios de opinión que periódicamente realizan diversas agencias como Latinobarómetro o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Allí, y con las reservas y limitaciones que para el caso plantean los sondeos y estadísticas de opinión, se revela una tendencia que identifica un creciente malestar hacia la política democrática y sus instituciones (léase partidos, congreso, institución presidencial, etcétera) en virtud de lo que se considera una escasa, y a veces nula, mejoría en las condiciones de vida, a la par de una muy preocupante simpatía por el regreso del régimen anterior, siempre y cuando éste garantice mayor eficacia y bienestar social. 

A este paulatino deterioro en el reconocimiento social hacia la democracia y hacia las fórmulas de la política, viene a sumarse un hecho que en los últimos años ha cobrado gran fuerza en el continente, y es el que tiene que ver con que la disputa por el poder se ve condicionada por la emergencia de dos fuerzas polarizantes que, desde trincheras ideológicamente contrarias, pregonan una pulsión regresiva.

Por una parte, se encuentran los llamados gobiernos tecnocráticos, para quienes la toma de decisiones es un asunto exclusivo de cuerpos técnicos de la política y de la élite económicamente poderosa.

Desde esta óptica, las demandas y necesidades sociales pueden ser obviadas si así lo requiere la instrumentación de reformas en beneficio de los intereses del muy reducido grupo privilegiado, proceso al que suele denominarse como “modernización neoliberal”.

En cuanto a la participación ciudadana, ésta queda confinada a la lógica de mercado en la que se plantean los procesos electorales. Pero lo que se percibe, de cualquier forma, es una negación de la política a partir del extremo modernizante del racionalismo y la lógica instrumental que, como bien señala Manuel A. Garretón, “reemplaza la acción colectiva por la razón tecnocrática” (1991: 43). 

Frente a esta interpretación elitista de la democracia, aparece la respuesta “neopopulista” para la que la política institucional (elecciones, división de poderes, acceso a la competencia política y la participación mediante partidos políticos de distinto signo, etcétera) es un mero formalismo para encubrir los intereses de una “burguesía rapaz” y de una “clase política corrupta y poco nacionalista”.

Desde esta visión, y generalmente a través de un líder carismático, se propugna la transformación radical de las condiciones de vida del “pueblo”, pero evitando reconocer las distintas posiciones y puntos de vista que surgen en el seno de sociedades altamente diferenciadas, como son hoy en día las latinoamericanas. 

En contraste con la participación planteada como selección de productos en el mercado que impone el esquema tecnocrático de la política, para los “neopopulistas” la verdadera participación tendrá que ser directa, es decir, sin la mediación de instancias que puedan desvirtuar las demandas y sentimientos de la gente.

Sin embargo, y a partir de la preexistencia de sociedades numerosas y plurales, la intención se reduce generalmente al momento de comunión del líder o caudillo con la plaza anónima de la muchedumbre. Bajo esta lógica, la negación de la política a partir del extremo irracionalista, sustituye la acción política por el principio universalizante de la expresión simbólica, moral o religiosa.  

Así, y a pesar de que los preceptos y objetivos que los animan son abiertamente contrarios, la tensión entre ambos extremos coincide en el hecho común de lesionar la construcción (real e imaginaria) de instituciones democráticas en varios países de América Latina que aún debaten el rumbo de sus respectivas consolidaciones. 

Por tanto, y sin dejar de reconocer las demandas que plantea la inserción a una economía mundial de mercado, pero tampoco olvidando los enormes rezagos en las condiciones y calidad de vida de la población, se vuelve imprescindible el fortalecimiento de una visión que reúna concepciones y prácticas a favor de superar las desigualdades sociales sin perder la democracia.

Sin embargo, ésta no es sólo una labor a cargo de la clase política encargada de tomar las decisiones, sino también se deriva del respaldo y escrutinio que sobre sus acciones tenga el ciudadano común.

De ahí que la educación cívica que se precisa para afianzar la democracia en nuestros países más que responder a valores abstractos, poco cercanos a la realidad o inducidos únicamente por la buena voluntad, tenga hoy más que ver con la forma en que se establecen las relaciones entre el Estado, los actores políticos y la sociedad en su conjunto. 

En efecto, in gobiernos incluyentes y eficaces en la construcción de las políticas públicas, sin políticos socialmente responsables y sin ciudadanos informados y atentos a las decisiones que les afectan, poco se puede hacer por la estabilidad de un auténtico régimen democrático. Pero es justo aclarar que estas condiciones no se logran por decreto, ni de la noche a la mañana.

Por el contrario, una de las principales deficiencias que se observan en varias de las frágiles democracias latinoamericanas, es la notoria persistencia de prácticas opuestas a lo que plantea la norma escrita.

El desfase entre la constitución formal de la democracia y las conductas informales en que se despliega ésta, desde el ámbito gubernamental hasta el de la relación cotidiana que establecen los ciudadanos con las instituciones, hacen volver la mirada hacia la necesaria modificación de la cultura política, cuestión que por su misma naturaleza implica mayor paciencia y constancia en el tiempo que el diseño normativo de un nuevo régimen. 

El esfuerzo por modificar pautas de conducta y prácticas fuertemente ancladas por la tradición, forma parte de las tareas que, por lo menos en México, involucran el trabajo de numerosas instancias tanto gubernamentales como civiles.

Programas de divulgación, estrategias educativas y esquemas de difusión se incluyen en la agenda de actividades de muy diversas instituciones. Sin dejar de reconocer la importancia que en esta materia cumplen, es preciso señalar algunos aspectos que, desde mi punto de vista, inhiben la efectividad de sus acciones.

El primero radica en la concepción dual que se tiene de la democracia y que, en algunos casos, más que como definiciones complementarias, se colocan como mutuamente excluyentes.

Un segundo elemento tiene que ver con la ausencia de mecanismos efectivos para la rendición de cuentas, cuestión que ha minado sustancialmente la credibilidad en torno al buen funcionamiento de las instituciones y de la vigencia de un ordenamiento legal que contrarreste la impunidad.

Y, finalmente, un tercero que tiene que ver con el papel que juegan los medios masivos, principalmente la televisión, como instrumentos para la educación y socialización políticas.    

I. DEMOCRACIA MINIMALISTA VERSUS DEMOCRACIA COMO FORMA DE VIDA 

Sin duda, uno de los aspectos que más polémica suscita al hablar de democracia y, más en específico, de cultura política democrática es el que tiene que ver con los alcances y contenidos que esta forma de gobierno imprime a la acción colectiva e individual dentro de las sociedades que la han adoptado.

Así, para algunos, la democracia debe garantizar una serie de condiciones mínimas que permitan a los ciudadanos participar en la elección libre de sus gobernantes, la posibilidad de organizarse y expresar con autonomía sus opiniones, así como la vigencia de una normatividad común para el ejercicio de sus derechos y responsabilidades.

Para otros, sin embargo, esta visión corre el riesgo de reducir, por la vía de los hechos, las facultades ciudadanas a un mero listado de formalismos que dejan de lado valores considerados como imprescindibles para la convivencia social, tales como: tolerancia, respeto, cooperación, altruismo social y participación más allá del “momento electoral”.

Desde esta óptica, la democracia sólo será posible cuando los ciudadanos trasladen dichos valores a los más amplios aspectos de su vida cotidiana. 

Aunque la democracia requiere, para su actualización y perfeccionamiento, de la tensión permanente entre su desarrollo práctico y su aspiración ideal.

El avance de tendencias regresivas o de negación de la política vuelve necesaria la construcción de un denominador común sobre el valor y significado de las instituciones y las reglas de juego democráticas.

Con ello, no se sugiere que la concepción sobre democracia, y la educación cívica en torno a ésta, tengan que reducirse al ámbito de la política institucional y de las rutinas electorales.

Pero en una democracia en proceso de edificación como la mexicana se requiere enfatizar su aspecto formal y funcional, pues resulta muy improbable estimular un cambio de actitudes sin el concurso de normas e instituciones en las que éstas puedan reflejarse y recrearse; de ahí que resulta preocupante que los programas educativos y de formación en valores que despliegan muy diversas instancias, se realicen mediante dos esquemas que, más que fortalecer el interés y aprendizaje ciudadanos, propicien un mayor distanciamiento y confusión.

Por una parte, se promueve el conocimiento de cómo funcionan las democracias mediante lenguajes altamente técnicos y sofisticados, y que poco tienen que ver con la realidad cotidiana de los ciudadanos, mientras que, por otra, se difunden preceptos ideales de democracia mediante lemas que muchas veces quedan sólo en buenas intenciones, en el mejor de los casos, o como simples fórmulas de la demagogia de cualquier signo. 

II. RENDICIÓN DE CUENTAS: ENTRE LA TRANSPARENCIA Y LA IMPUNIDAD 

Otro de los asuntos que repercute directamente sobre la percepción y respaldo social al régimen democrático, es el que tiene que ver con el funcionamiento real de sus instituciones.

En México, la alternancia en el Poder Ejecutivo, derivada de la elección del año 2000, se encontró cargada de numerosas expectativas: se creyó que la clausura de setenta años de dominio de un solo partido eliminaría, casi como por acto de magia, las fórmulas autoritarias en que se había ejercido hasta entonces el poder político.

Sin embargo, el entusiasmo ciudadano que acompañó el inició de aquel gobierno, se tradujo seis años después en una notable decepción.

Muchas son las causas que se pueden aducir para explicar este cambio en la percepción ciudadana: el magro crecimiento económico en comparación a lo prometido durante la   campaña; la ausencia de políticas públicas eficaces para paliar los numerosos rezagos que se observan en muy diversas áreas; la poca habilidad del presidente y del resto de actores políticos para generar consensos fundamentales y de más largo aliento; así como el profundo arraigo con que cuentan las prácticas derivadas del régimen autoritario.

Pero estos problemas, ya de por sí preocupantes, no lo serían tanto si a la par no se registrara también una elevada insatisfacción social respecto a la democracia, 1 la cual aún lucha por afirmarse en nuestro país. 

Como habíamos señalado anteriormente,  una de las fuentes primordiales para lograr la convicción y apoyo ciudadanos respecto a la vigencia de un ordenamiento democrático, radica en la coherencia que pueda darse entre las normas y principios que dan origen a una determinada institución, y su operación en la realidad.

Si bien el cambio político en México posibilitó notables avances en dirección democrática (elecciones esencialmente libres y competidas; reconocimiento de la amplia pluralidad cultural y política; mayor apertura en los medios masivos de comunicación; creación de organismos autónomos para procesar la disputa por el poder y para la protección de los derechos humanos; una más clara división entre poderes, etcétera), aún se detectan expedientes en los que un adecuado diseño constitucional o institucional no siempre se acompaña de un adecuado funcionamiento, tal es el caso de la rendición de cuentas. 

Éste no es un problema menor, pues la rendición de cuentas representa el medio por el cual los ciudadanos, partidos, organizaciones civiles e instituciones, escrutinan y limitan el ejercicio del poder, además de constituir la mejor vía para el control de la corrupción, que es tal vez el síntoma más endémico de la vida pública en nuestro país. 

Fue durante el gobierno de la alternancia cuando, paradójicamente, mayores logros y retrocesos se registraron en materia de rendición de cuentas, pues junto a la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la consecuente creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), coexistió una muy escasa, por no decir nula, penalización de casos de corrupción ampliamente difundidos.

Con ello presenciamos el peor de los mundos posibles, pues por una parte se da una mayor transparencia en la información y, por ende, una más vigorosa demanda por hacer efectiva la rendición de cuentas, pero, por la otra, se pasa por alto cualquier sanción aplicable, incrementando con ello la sensación de un aumento de la corrupción y la impunidad.

Esta situación, aunada a una escasa cultura de la legalidad y a un sistema de justicia que requiere ser reformado, se traduce no nada más en el escepticismo de los ciudadanos respecto a la eficacia que tiene la nueva democracia mexicana para llamar a cuentas a quienes incurren en actos de corrupción y abuso del poder, sino también en la justificación más inmediata que tienen los ciudadanos para infringir permanentemente la norma. 

III. MEDIOS PARA LA EDUCACIÓN CÍVICA 

Si algo ha modificado como nunca antes los códigos en que se expresa y se percibe la política y la democracia, es sin duda su incorporación al lenguaje de los medios masivos de comunicación.

Así, y en franca imitación al mundo de la farándula, la política se desenvuelve entre el efectismo, el escándalo y el dato curioso o íntimo de la vida de los hombres y mujeres que se dedican a ella, o por lo menos, esto es lo que prefieren difundir los medios masivos, principalmente la televisión.

Regida   por intereses estrictamente comerciales y de negocio, la televisión, sobre todo la privada, enfatiza la importancia del rating por encima de cualquier interés público.

Sin embargo, y a pesar de lo mucho que podamos cuestionar sobre los métodos y contenidos que emplea la televisión para ganar audiencias, es un hecho innegable que hoy día representa uno de los principales vehículos por el cual no sólo la gente se entretiene, sino también por el que se educa e informa sobre lo que acontece en su país y en el mundo. 

Anque los medios de comunicación no determinen el comportamiento de la opinión pública, es razonable afirmar que en la actualidad lo influyen, y mucho.

No sólo son espejos que reflejan, sino que desvían, hacia una dirección u otra, las orientaciones de las personas. Así, resulta extremadamente importante para la democracia que exista una pluralidad de medios de comunicación, es decir, que no se creen monopolios ni cárteles. 

Es importante, además, que sean criticables, no sólo de otros medios de comunicación, sino también de instituciones y organizaciones que puedan juzgar, objetar o contestar lo que allí se dice.

Bajo estas premisas, los medios en México parecen estar muy distantes a cualquier criterio de pluralidad de opiniones y de un efectivo ejercicio de réplica a sus afirmaciones.

Concentrados en dos grandes empresas que monopolizan la televisión abierta y de cable, así como el 94 por ciento de las estaciones de radio, 2 la televisión mexicana se concibe “más como negocio o como instrumento de presión política, que como instrumento de interés público” (Trejo Delarbre, 1992: 205). 

Por tanto, más que promover el debate y la formación política de los televidentes, los consorcios mediáticos en nuestro país han preferido privilegiar su cobertura e influencia para ejercer toda suerte de chantajes y presiones sobre una clase política preocupada por su “popularidad”, más cuando en los procesos electorales los spots vinieron sustituyendo el debate y el razonamiento públicos.

Aunque la más reciente reforma electoral ofrece una renovada confianza sobre los límites que el poder público puede imponer a uno de los más influyentes poderes fácticos de nuestro país, aún queda pendiente la necesaria reforma en materia de medios.

Sin embargo, también las instituciones y la sociedad civil organizada que trabaja en el fomento de la cultura política democrática, tendrán que readecuar los formatos en los que desarrollan su tarea educativa.

La utilización de nuevas tecnologías, particularmente el Internet, pueden favorecer un acercamiento más directo, particularmente con los segmentos más jóvenes de la población, así como hacer un uso más imaginativo de estos medios para redimensionar los espacios en que también se construye la política. 

Finalmente, podemos concluir que entre la visión pesimista que anuncia el reinado del individualismo a ultranza en menoscabo de la perdurabilidad de cualquier espacio público más allá del comercial y de consumo, y la de una óptica que, más que optimista, podríamos catalogar como estática y para la que las innovaciones de todo tipo, particularmente las tecnológicas, no han influido mayormente en la dimensión cultural de la política, es decir, en las formas de apropiación y difusión de los valores que caracterizan a las instancias generales de representación y coordinación de la sociedad; se abre camino otra forma para entender y procesar la política democrática, la cual tendrá necesariamente que incorporar las relaciones comunicación/política en un marco más amplio y que, a decir de Jesús Martín- Barbero, deberá considerar tres ejes fundamentales: “...la reconstrucción de lo público, la constitución de los medios y las imágenes en espacio de reconocimiento social y las nuevas formas de existencia y ejercicio de la ciudadanía” (2001: 76).