Los derechos humanos y el derecho a la información en el estado de Jalisco

Los derechos fundamentales en general y el derecho a la protección de datos personales en particular contribuyen a establecer y mantener condiciones mínimas para el desarrollo de la libertad y dignidad de la persona

Por: Guillermo García Murillo

Actualmente nos encontramos con importantes avances tecnológicos que permiten a los individuos disponer de una amplia cobertura de la información, sin limitaciones de espacio y tiempo.

A partir de nuestra adhesión al pacto de San José de Costa Rica, el 24 de marzo de 1981, es reconocido el derecho a la información como parte de los derechos humanos.

En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se estableció que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y que éste comprende también la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole contemplándose como parte de este pacto el respeto a los derechos y reputación de las personas, así como la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública.

Con las  reformas  al artículo  6ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 20 de julio de 2007, se perfecciona y complementa un derecho ya establecido, el de la manifestación de las ideas, cuya individualización y reconocimiento exigía el derecho a la información, para que éste se transformara en una garantía constitucional que sentara las bases y los principios por las que debe regirse este derecho, que conlleva la protección de los datos personales y el respeto a la vida privada de las personas. Los estados de la República se dieron a la tarea de emprender estos trabajos.

En Jalisco, la primer legislación tuvo lugar el 6 de enero de 2005, y posteriormente surgió una nueva versión el 23 de septiembre del mismo año, que registró importantes avances a favor de la transparencia y el acceso a la información.

Este cuerpo normativo, vigente en nuestros días, tiene por objeto garantizar el derecho fundamental de toda persona para conocer el proceso, y la toma de decisiones públicas, así como para solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar la información pública que se encuentra en posesión y es generada por los sujetos obligados y el Estado.

Sin embargo, en lo que respecta al tema de la protección de datos personales no se incorporaron mayores elementos a la limitada regulación, misma que se encuentra plasmada en unos cuantos artículos, y deja fuera, entre otros aspectos, el establecimiento de procedimientos de sanción específicos para quienes incumplan y vulneren el derecho a la vida privada de las personas.

En  este sentido, una de  las  teorías   sobre la eficacia del derecho nos dice, que si éste es considerado como un orden social o como un orden normativo, entonces su eficacia y validez radica tanto en su fuerza obligatoria como en la aplicación de la propia norma, estos es, que no la podemos considerar como eficaz hasta en tanto no contemple un procedimiento de sanción que garantice su correcta aplicación.

Los estados  de  Colima,  con la Ley de Protección de Datos Personales del Estado, creada en 2003; Guanajuato, con la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios, del año 2006, contemplan ambas procedimientos de sanción específicos; y el Distrito Federal, con la Ley de Protección de Datos Personales de reciente creación, han registrado importantes avances en esta materia; sin embargo, en Jalisco esta asignatura aún queda pendiente, aquella que regula de forma más eficiente el derecho a la información.

No debemos dejar de lado que los derechos fundamentales en general y el derecho a la protección de datos personales en particular contribuyen, ambos, en forma armónica y equilibrada, a establecer y mantener condiciones mínimas para el desarrollo de la libertad y dignidad de la persona.

Para  dimensionar  el otro extremo  del  derecho  a la información y la protección de los derechos de las personas, éste ha surgido principalmente con la concentración de grandes bloques entre los países del mundo, la globalización, con objetivos principal- mente de tipo económico, pero con efectos diversos, tales como una expansión creciente y acelerada de la tecnología, específicamente en lo que se refiere al desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones; la gran capacidad de almacenamiento de información que se maneja con las computadoras, así como la rapidez y eficiencia en el acceso a los datos acumulados, y la obtención de información ilimitada a través de grandes redes informáticas como el Internet, que ha reducido, de manera notoria  el costo para generar, almacenar, trasmitir y procesar información en todos los sectores de la economía, lo que contribuye a exponer la privacidad de las personas sin restricción alguna.

La nuestra  a nivel mundial  ha sido calificada como la sociedad de la información,1 cuyo término fue anunciado, entre otros, por Alvin Toffler en su obra La tercera ola, en 1980. Tal situación ha  tenido diversas consecuencias.

Es el caso de los estados, sobre todo en la publicidad de los actos de gobierno y su revisión constante, en la que, la participación de los individuos ha generado necesariamente una pérdida de su anonimato que será proporcionalmente mayor en función de la cantidad de actividades exteriores que realice.

La falta de controles y medidas para este fenómeno de información tecnológica, en la que incluso los datos personales que los propios usuarios proporcionan a diversos entes para obtener un servicio o realizar un trámite determinado, puede ser utilizada sin autorización para fines no establecidos, invadiendo con ello la intimidad de las personas, con los posibles daños o lesiones a su desarrollo individual y social.

Pierre  Mazeaud, en Préface a la vie privée [sic], se pregunta lo siguiente:

¿por qué hay que defender con tanto empeño la intimidad?, ¿qué tiene que esconder el hombre que vive de acuerdo a la ley? Si nues- tra existencia debe ser transparente, ¿no sería deseable que habitá- ramos una caja de cristal? La casa de cristal [concluye] es un ideal utópico que no podría albergar sino a una sociedad de robots. La discreción y el pudor de cada ser humano exigen la protección de la vida privada; sin ello, no habría libertad. 

Si  bien es cierto que la transparencia y el  acceso a la información son indispensables para el buen funcionamiento de una democracia y un Estado de derecho, debemos advertir que estos son sólo instrumentos que llevan a los países a hacer la administración de los recursos públicos, mas no representan un fin en sí mismos, y que en su utilización debemos calcular los alcances que estos pueden tener, cuando invaden la esfera de lo privado; cuando lesionan o dañan la intimidad de las personas sin restricción alguna.

Para Osvaldo Alfredo Gonzaíni,2 los datos personales se clasifican bajo ciertos criterios tales como: por la identificación del titular del dato; por la confidencialidad de la información; por la mayor o menor  complejidad para lograr el dato.

En este sentido, no debemos entenderlos solamente como información que identifica a una persona y que registran los archivos de los sujetos obligados, sino reflexionar sobre la trascendencia de su contenido y normar el proceso de concentración de estos, aplicando distintos tratamientos, toda vez que cada dato en específico tiene una repercusión particular sobre la persona de que se trate, por  lo tanto, debe ser sujeto de análisis, sus implicaciones jurídicas y los principios especiales que inciden en las responsabilidades que se generarían para quienes participen o intervengan en el tratamiento de datos personales.

Toniatti, por su  parte, clasifica los datos personales en irrelevantes o de rutina, directamente los que se refieren a la esfera de lo personal e íntimo, como la titularidad de los derechos fundamentales de la libertad.

En esta clasificación debemos considerar  las  creencias  religiosas,  opiniones  políticas,  salud, antecedentes penales, origen racial, vida sexual, etcétera. También contempla lo que él llama datos supersensibles o sensibilísimos, como una categoría especial que excluye al propio interesado; y el ejercido de sus medios de control para tener acceso a estos, ya sea para su corrección o para fines específicos.

Se trata esencialmente de datos personales clasificables, desde el punto de vista material, como ordinarios y sensibles que se cualifican ulteriormente  y de valor prominente por su presencia en archivos destinados a finalidades de orden particular y de valor preeminente, entre los que destacan, en primer lugar, la protección del orden público y de seguridad nacional y en segundo lugar, la intimidad en materia sanitaria.3

Pierini, Lorences y Tornabene señalan que el ámbito relativo a la intimidad en lo general y a la protección de datos personales en lo particular, encuentra en la dignidad humana su punto principal de referencia y fundamento, entendido este derecho como poder o potestad de tener domicilio particular, papeles privados, ejercer actividades, tener contactos personales, y pensamientos que no trasciendan a terceros en virtud del interés personal de mantenerlos en reserva y la discreción de no hacerlos públicos cuando se trata de datos sensibles de las personas.

Para entender este concepto de dignidad y su relación con los datos personales, Robert Spaemann afirma que los seres humanos tenemos diferentes características tanto físicas como circunstanciales que nos hacen diferentes a los demás. En este orden de ideas, la dignidad como tal es una cualidad que pertenece a todos los hombres por igual por ser algo inherente a su persona. Y  señala que:

…la dignidad del hombre es inviolable en el sentido de que no puede ser arrebatada desde afuera […] únicamente puede ser lesionada por otro en la medida en que no es respetada. Quien no la respeta, no se apropia de la dignidad de otro, sino que pierde la propia. Por lo tanto, la dignidad es una manifestación de la misma naturaleza del hombre, expresión inmediata de una constitución interior. Precisamente por estas razones, es imposible despojar a otro ser humano de su dignidad, sólo se pueden lesionar las manifestaciones externas de la misma.

Si volteamos la vista hacia otros países encontramos un concepto que para el nuestro es desconocido, el habeas data, una acción constitucional o legal de cualquiera que figura en un registro o banco de datos, de acceder a éste para conocer qué información existe sobre su persona, y de solicitar la corrección de esa información si le causara daño o perjuicio.

Este derecho se fue expandiendo y comenzó a ser reglamentado tanto por leyes de habeas data como por normas de protección de datos personales. Países como Estados Unidos, con una Ley de la Privacidad; Alemania, con la Ley Federal para la Protección contra Uso Ilícito de Datos Personales; Argentina, con la Ley de Protección de Datos Personales; y España, con la ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, constituyen un referente importante para que se consolide la legislación de la información relativa a los datos personales, especialmente en nuestro país y, por ende, en nuestro estado.

El ejercicio del derecho de informar no puede ser extendido en menoscabo de la necesaria armonía con los otros derechos que otorga nuestra Constitución, es decir las garantías individuales tienden ante todo a encontrar  un equilibrio para la correcta relación entre el Estado y los ciudadanos, sin vulnerar la esfera de lo privado en la que se halla la integridad moral y el honor de las personas, y  que esta armoniosa relación nos permita, como seres humanos, alcanzar el desarrollo pleno de todas nuestras potencialidades.

En este mismo sentido Gregorio Badén afirma: “de la misma manera que el reconocimiento de la intimidad no puede conducir al exceso de anular otras libertades constitucionales, tampoco el ejercicio de cualquiera de estas últimas puede desembocar en el cercenamiento liso y llano de la intimidad”.

En  síntesis, el acceso a la información   y la protección de datos personales son dos dimensiones de un mismo derecho fundamental que es el derecho a la información, la condición sin la cual no podríamos hablar de un Estado democrático de derecho.

 
 
Citas
  1. Ruiz Miguel, C. (1995), La configuración constitucional del derecho a la intimidad, Tecnos, Madrid, p. 35.
  2. Gozaíni, Osvaldo Alfredo (2001), Derecho procesal constitucional. Hábeas Data. Protección de datos personales, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, p. 231.
  3. Ibídem, p. 235.

 


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