Lo que require nuestra incipiente democracia

​Un guiño de fluidez narrativa al rigor discursivo y argumentativo es lo que José Woldenberg nos ofrece en este breve ensayo acerca de lo que él llama “nuestra incipiente democracia” y el principal requerimiento para alcanzarla ...

Por: José Woldenberg

Un guiño de fluidez narrativa al rigor discursivo y argumentativo es lo que José Woldenberg nos ofrece en este breve ensayo acerca de lo que él llama “nuestra incipiente democracia” y el principal requerimiento para alcanzarla: una inyección de la cuestión social, es decir, el anhelo de construir una sociedad para todos.

La encuesta. El reto

La siempre importante Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) –ahora de 2014–, elaborada por el INEGI, volvió a ilustrarnos sobre las características fundamentales del “piso” de nuestra convivencia social. Porque no solamente nos enteramos del monto, procedencia y distribución de los ingresos y egresos de los hogares, divididos por deciles, sino que aparecen con fuerza y nitidez los múltiples Méxicos que conforman a nuestra nación y los cambios que se han producido en los últimos años. Y no creo exagerar si digo que el rasgo fundamental de ese mosaico de realidades es la de su profunda desigualad. Una desigualdad que irradia sus derivaciones a todas las esferas de la vida y que cierra el paso a cualquier esfuerzo por tratar de construir un “nosotros” auténticamente inclusivo, abarcante, idealmente universal. Nuestro sentido de pertenencia a una “comunidad nacional” es débil, gaseoso, epidérmico, porque la presunta comunidad, simple y sencillamente, no lo es.  Empecemos por lo más grueso y evidente.

Entre los hogares más ricos, 10 por ciento, en promedio, tiene un ingreso de 46 mil 928 pesos mensuales. Mientras 10 por ciento de los hogares más pobres recibe, en promedio, 2 mil 572 pesos. Una desigualdad oceánica. Y ello a pesar de que el decil más pobre fue el único que vio incrementar sus ingresos de 2012 a 2014 en 2.1 por ciento, mientras el más rico observó que su ingreso se deterioraba en 2.0. La diferencia sigue siendo de más de 18 veces y por supuesto construye vidas, visiones y aspiraciones, prácticas y retóricas, igualmente divergentes.

El decil noveno, es decir, el que da cuenta de los hogares más ricos, solo superados por el 10 por ciento ya señalado, tuvo un ingreso mensual promedio de 20 mil 721 pesos. Menos de la mitad de lo que percibe en promedio 10 por ciento de los hogares más ricos. Una diferencia para nada menor entre el 20 por ciento más acaudalado. Y si nos pusiéramos a especular –o mejor aún a documentar- sobre las diferencias entre los integrantes del decil más próspero, sin duda resultarían abismales. Es más que probable que en ese decil –el de los más pudientes– las diferencias entre los de arriba y los de abajo resultaran todavía más exageradas. 

Una de las muchas posibles síntesis del informe del INEGI podría ser que 30 por ciento de los hogares más ricos concentra 62.5 por ciento de los ingresos corrientes totales, mientras que el otro 70 por ciento apenas obtiene 37.5. Dicho así, por supuesto, resulta benévolo, por lo apuntado con anterioridad, es decir, por las oceánicas diferencias incluso entre “los de arriba”.

Los que se encuentran en la mitad de la tabla, los deciles 5 y 6, obtienen en promedio al mes 8 mil 300 y 9 mil 951 pesos. Y recordemos que se trata de hogares no de personas, ya que en no pocos casos son dos o más los aportantes.

La desigualdad crónica apenas si se mueve. Las oscilaciones en dos años resultan marginales. El propio Informe nos dice que el coeficiente de Gini sufrió un cambio microscópico: de 0.440 a 0.438. Nuestra ancestral desigualdad es más dura que una roca.

Ahora bien, en los dos años que se comparan: 2014 contra 2012, el ingreso corriente total disminuyó en 3.5 por ciento. Todos los deciles perdieron, salvo el de los más pobres, como ya apuntábamos. Pero los que más vieron decrecer sus ingresos fueron los deciles del 5 al 9: 3.6, 4.2, 5.7, 6.1 y 5.6 por ciento respectivamente. En suma, malas noticias para todos.

Ahora bien, ¿cómo se distribuye el gasto? Si bien los más pobres gastan el 50.7 por ciento de su ingreso en “alimentos, bebidas y tabaco”, los más ricos solo destinan a esas áreas 22.5 de su ingreso (por ello el IVA aplicado a los alimentos resulta tan sensible). En sentido inverso, mientras 10 por ciento de los hogares más ricos gastan en educación y esparcimiento el 20.6 por ciento de sus entradas, 10 por ciento más pobre solo destina a esas actividades 5.6 por ciento.

Solo he mencionado algunos temas que aparecen en las primeras páginas de la ENIGH. Y la marcha de las cifras vuelve a colocarnos ante una disyuntiva que por desgracia se ha evadido una y otra vez a lo largo no de los años, sino de las décadas. ¿Existe la voluntad –lo que quiere decir políticas, instrumentos, acuerdos– para edificar un país medianamente integrado –lo que supone un combate real a las desigualdades–, o creemos que la inercia de las “cosas” resolverá el problema o peor aún, pensamos que ni siquiera es un problema?

 

Falta agenda socialdemócrata

En el escenario público se encuentra más que instalada una agenda liberal-democrática pertinente. Pero hace falta (creo) inyectar una agenda socialdemócrata si queremos atender las causas profundas de nuestra desnaturalizada convivencia.

Hace años Norberto Bobbio insistió en la necesidad de articular dos tradiciones que vivían escindidas: la liberal y la socialista. La segunda sin la primera era insensible a los problemas de las libertades individuales, los mecanismos de control del poder político, la normatividad que garantiza derechos fundamentales. Pero la primera sin la segunda resultaba ciega ante la desigualdad económica, las asimetrías de poder, los costos sociales del ejercicio de las libertades de los más fuertes. Por ello, postulaba fundir esas dos grandes corrientes de pensamiento: un socialismo fuertemente teñido de reivindicaciones liberales o un liberalismo recargado de la “cuestión social”.

Entre nosotros, sin embargo, en la prensa, la academia, las organizaciones no gubernamentales, los circuitos de representación y los gobiernos, gravitan con fuerza una serie de reivindicaciones centrales –estratégicas– que tienen que ver con dos grandes áreas: el control de las acciones de las instituciones estatales y la ampliación de las libertades individuales. Ambos asuntos son, por supuesto, nodales en el proceso de construcción y fortalecimiento de un régimen democrático.

Siguiendo a Rosanvallon (2007), se podría afirmar que en los últimos 20 o 30 años en México se han desplegado movilizaciones, iniciativas y reformas que tratan de 1) proteger al individuo del desbordamiento de los poderes públicos, 2) multiplicar la vigilancia, el control, sobre esos mismos poderes, 3) generar pesos y contrapesos dentro del propio entramado institucional y 4) someter a controles de constitucionalidad y legalidad las acciones de esa red de representación y gobierno.

Resulta natural, comprensible y necesario. Durante una larga etapa, las instituciones estatales, cuya cúspide era el titular del Poder Ejecutivo, desplegaron su accionar sin demasiados contrapesos sociales, institucionales y normativos. Eran o parecían agentes incontestables, todopoderosos, por encima del común de los mortales y sin necesidad de rendir cuentas. El proceso de cambio democratizador modificó esa relación y construyó pesos y contrapesos entre los poderes públicos y entre éstos y muy diferentes agentes sociales.

Estamos lejos de haber logrado los estándares deseados en esa dimensión, y por ello es acertado mantener viva y redoblada una agenda liberal-democrática. Pero brilla por su ausencia –o para no exagerar, apenas y se ve- un programa socialdemócrata que ponga también en el centro de la atención pública y en los circuitos de representación la serie de problemas que impiden que México sea un país medianamente integrado, armónico. Estoy hablando de los temas del empleo, las remuneraciones, la informalidad, las oceánicas desigualdades sociales, la pobreza y la pobreza extrema, que conforman un país polarizado, escindido.

Esa profunda desigualdad que todo lo marca debería ser el eje de una preocupación expansiva que fuera capaz de construir un basamento de satisfactores materiales y culturales básicos (educación, salud, alimentación, transporte y vivienda) que eventualmente se tradujera en un cemento cohesionador de lo que hoy no es más que un archipiélago de clases, grupos y pandillas que no se reconocen mutuamente.

Recuerdo la vibrante película de Ken Loach, El espíritu del 45, una cinta sobre el esfuerzo que ordenó la reconstrucción de la Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. Se trató de edificar un piso de bienes públicos desde las ruinas y cenizas que había dejado la conflagración. Por supuesto que se apreciaba la vuelta a la paz, pero en el ánimo de la época flotaba la idea de que esa nueva paz debería ser acompañada de un esfuerzo consistente por una sociedad igualitaria o por lo menos capaz de cerrar las oceánicas brechas que la modelaban. El histórico Informe Beveridge estableció que había que luchar contra la miseria, la ignorancia, la enfermedad, el desempleo masivo y en esa dirección se enfilaron los grandes proyectos de vivienda, salud y educación públicos. Se trató de un aliento capaz de forjar lo que se llamó un Estado de bienestar que transformó la vida de millones de personas. Algo así necesitamos para México, porque sin ese basamento todo lo demás estará asentado en tierra movediza.

 

Impuestos, crecimiento, equidad

En el duro y pertinente Retrato de un país desfigurado que dio a conocer en agosto de 2015 el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, que preside Ricardo Becerra, se dice que “es indispensable abrir un debate sobre los principios, objetivos y prioridades del gasto, centrados en la construcción de una agenda pública para el crecimiento y la equidad social: presupuestar para la equidad y la seguridad social, y orientar el peso del gasto hacia la redistribución. La convocatoria al presupuesto base cero puede aprovecharse para anclar en el presupuesto una estructura que asegure un piso mínimo de derechos económicos y sociales universales, y que pueda robustecerse con el tiempo (a través de reformas hacendarias progresivas)”.

Y en efecto, crecimiento, equidad y fiscalidad conforman un triángulo estratégico. Jaime Ros, en su libro ¿Cómo salir de la trampa del lento crecimiento y alta desigualdad? (2015), nos recuerda que el sistema fiscal teóricamente debe cumplir tres funciones: “a) provisión de bienes públicos y de acumulación de capital público (infraestructura física y social), b) estabilización de la actividad económica…mediante una política anticíclica que modere las recesiones y atenúe los auges… y c) redistributiva, orientada a reducir la concentración del ingreso y la riqueza mediante un sistema de impuestos progresivos y una estructura de gasto que atienda las necesidades de los estratos de menos ingresos”.

No obstante, “en México ninguna de estas funciones se cumple satisfactoriamente” y ello debido a la “baja carga fiscal”. Ros demuestra que dicha carga no es solo inferior a la de los países de la OCDE, sino también se encuentra por debajo de la de los países de América Latina. Y “el efecto de la baja carga impositiva es un bajo nivel de gasto público, en particular 1) de inversión pública (sobre todo en infraestructura), también 2) un “gasto social” precario (a pesar de que aumentó, se encuentra por debajo del promedio latinoamericano) y las 3) “cuentas fiscales siguen siendo fuertemente vulnerables a los cambios en los ingresos petroleros”, por lo que su función estabilizadora tampoco puede cumplirse de manera cabal.

Pero la recaudación fiscal no solo es baja, resulta injusta. “Recae de manera no proporcional en los impuestos indirectos en lugar de en los ingresos a las personas y empresas e impuestos a la propiedad, como sucede en los países desarrollados”. Mientras la tasa máxima del impuesto sobre la renta bajó (55 por ciento a principios de los 80 a 28% en 2009, para recuperarse con la última reforma fiscal –35 por ciento–), el IVA ha tendido a aumentar (de 10 por ciento en sus orígenes a 16 por ciento hoy). Y no solo la recaudación es desigual (en México los impuestos a la propiedad suman cero, mientras en los Estados Unidos representan 12.9 por ciento de los ingresos fiscales), el gasto tampoco ayuda a atemperar las desigualdades, como sí sucede en los países europeos y asiáticos desarrollados.

Como se sabe, para medir la distribución del ingreso se utiliza un coeficiente llamado de Gini. Ros hace un interesante ejercicio para observar el resultado de esa distribución dejada a la sola fuerza del mercado para luego compararla con el resultado que se obtiene luego de la “función redistributiva del Estado” (política fiscal y gasto). La conclusión: “México tiene un Gini de mercado similar al de Portugal, Italia, Gran Bretaña y Alemania”. Pero no resulta así después de impuestos y transferencias. Mientras en México la corrección es de aproximadamente 2 puntos porcentuales en Alemania es de 20.

Por supuesto modificar la fiscalidad para hacerla más robusta, progresiva y redistributiva no es sencillo. Hablamos de afectar intereses duros y maduros. Y Ros, de nuevo, ofrece algunos ejemplos ilustrativos y provocadores. Dice: si 1 por ciento más rico de la sociedad mexicana (que se “apropia aproximadamente entre 21 y 30 por ciento del ingreso total”) pagara tasas impositivas similares a las de los países escandinavos y se abolieran todos los demás impuestos, “podríamos mantener o elevar la actual carga fiscal”. Pero siendo realistas, nos dice, aumentando un poco más la progresividad en el pago del ISR y elevando los impuestos a la riqueza y estableciendo gravámenes a las grandes fortunas heredadas, podríamos no solo elevar la recaudación, sino reducir la desigualdad y promover el crecimiento económico. Y por supuesto habría que hacer transparentes todos los ingresos y egresos de las instituciones públicas.

En suma, nuestra incipiente democracia requiere una inyección de eso que algunos llaman “la cuestión social” y que no es otra cosa que el anhelo de construir una sociedad para todos. 

 

Bibliografía y fuentes de información

Rosanvallon, Pierre (2007), La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Buenos Aires: Manantial.

Ros,  Jaime (2015), ¿Cómo salir de la trampa del lento crecimiento y alta desigualdad?, México: El Colegio de México-Universidad Nacional Autónoma de México (Col. Grandes Problemas).

 

 


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