Libertad de expresión y construcción ciudadana

En este trabajo Agustín Ramírez observa el contexto legislativo de los medios de comunicación y la libertad de expresión, y cómo esto incide en nuestra madurez sociopolítica

Por: Agustín Ramírez Ramírez

Históricamente, el concepto de ciudadanía mantiene un vínculo indisoluble con nuestra capacidad jurídica para participar de las cuestiones públicas.

En ese sentido, la construcción de ciudadanía va aparejada a la naturaleza racional de la persona humana y adquiere relevancia en la medida en que gobierno y ciudadanos somos capaces de ensanchar los mecanismos de participación política.

En este contexto, los medios de comunicación constituyen una herramienta fundamental para fomentar el despliegue de nuestras posibilidades de participación política, así como para fortalecer los derechos civiles, particularmente la libertad de expresión y el derecho a la información, toda vez que privilegian el conocimiento de nuestro entorno y dan pauta para expresarnos sobre lo que nos circunda.

Por ello fue que en junio de 2013, con la aprobación de la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión –publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de ese año–, no reparamos en reconocer el interés del poder reformador de la Constitución por ensanchar las posibilidades de fortalecer el concepto de ciudadanía, toda vez que la ratio de la reforma encuentra su eje normativo en la satisfacción de los citados derechos fundamentales.

Son varias las hipótesis jurídicas que se introdujeron en la reforma constitucional, que nos inducen a suponer que los principios que sustentan la libertad de expresión y el derecho a la información nutren en sus finalidades al conjunto de las disposiciones constitucionales que se reformaron o adicionaron.

Por una parte, se estandarizaron los límites legales para el ejercicio de dichas prerrogativas, que ahora se encuentran señalados en los mismos términos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros y que se provoque algún delito o que se perturbe el orden público.

De igual manera resulta meritorio que en el caso del artículo 6, se haya retomado lo dispuesto por el artículo 19, numeral 2 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que señala:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Lo mismo ocurrió con el artículo 7, que recoge la parte sustancial del artículo 13, numeral 3, del llamado Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos), cuando prescribe que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Incluso en aquellos aspectos que regulan cuestiones de competencia económica, como es el caso de lo dispuesto en el párrafo décimo quinto del artículo 28 constitucional, se dispuso que las facultades otorgadas al órgano regulador para imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada, tienen como propósito garantizar “lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de [la] Constitución”.

A pesar de lo anterior, lo desafortunado es que la ley secundaria –publicada el 14 de julio de 2014– no respondió a esa lógica constitucional y, si bien se introdujeron diversas disposiciones consistentes con los principios anteriormente señalados, en lo que se refiere a los derechos de las audiencias, en donde pudo haberse puesto énfasis para fortalecer la capacidad ciudadana en términos de un efectivo ejercicio de su derecho a la información, se nos entregó un conjunto de disposiciones poco útiles para defender nuestros derechos como audiencias de la radio y la televisión abierta.

El artículo 256 de la llamada ley convergente, señala en su último párrafo, que “los concesionarios de radiodifusión […] deberán expedir Códigos de Ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias. Los Códigos de Ética se deberán ajustar a los lineamientos que emita el Instituto, los cuales deberán asegurar el cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de recepción de contenidos en términos de lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución.

Los lineamientos que emita el Instituto deberán garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos”.

Respecto a lo anterior, considero que fue un error otorgar capacidad jurídica a un texto deontológico para asegurar los derechos de las audiencias, ya que, no obstante que la ética constituye –además del derecho y los convencionalismos sociales– un orden normativo de la conducta humana, cuando se trata de privilegiar el cumplimiento de principios constitucionales relacionados con derechos fundamentales, como es el caso de la libertad de expresión y el derecho a la información, sólo la norma jurídica, por su naturaleza heterónoma, puede lograr la eficacia suficiente para satisfacer el propósito señalado en el texto constitucional.

Reprochar las normas éticas encuentra eco en la conciencia de su emisor, pero no resarce la violación de derechos fundamentales, de ahí que ante la insuficiencia normativa, estemos ante la necesidad de replantear el esquema legal que se introdujo en la ley secundaria.

Si como lo señala la ley, le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en su calidad de órgano regulador, emitir lineamientos que aseguren el cumplimiento de los derechos fundamentales ya enlistados, la subjetividad de los conceptos relacionados con la independencia editorial y la libertad programática, en el contexto interpretativo de la libertad de expresión, augura un futuro incierto sobre los beneficios para las audiencias.

Además, la figura del defensor de las audiencias, que también se introdujo en la ley secundaria, es insuficiente para garantizar el derecho a la información de los radioescuchas y televidentes, pues no hay certeza jurídica de que sus recomendaciones serán atendidas con puntualidad por parte de los concesionarios de los medios de comunicación.

Así lo confirman los hechos recientes –la salida del aire del noticiero matutino de mvs, dirigido por la periodista Carmen Aristegui–, en donde la voz del ombudsman tuvo poco peso en el ánimo de quienes toman decisiones en el citado medio de comunicación, lo que confirma la presunción de que prevalecerá un modelo de comunicación comercial en el que los concesionarios de los consorcios mediáticos seguirán decidiendo por sobre el derecho a la información de las audiencias.

Por lo anterior, es necesario voltear la mirada hacia los medios públicos, con el propósito de fortalecer su operación a efecto de superar la idea generalizada entre la población de que son simples voceros del poder político.

Un sistema eficiente de medios públicos, en conjunto con una política que permita el desarrollo de los de uso social, podría transformar el escenario de la libertad de expresión, al constituirse como verdadera alternativa a un modelo comercial que se rige por el rating, el interés de “ganar” el mercado publicitario y una enorme voracidad por las ganancias.

En tanto, bien haría el Estado, en sus diferentes órdenes de gobierno, en fomentar una política de alfabetización audiovisual. Mientras eso no suceda, la pésima calidad de los contenidos audiovisuales de los medios privados seguirá educando a gran parte de la población, en detrimento de la construcción de ciudadanía y en demérito de nuestra endeble democracia.