Libertad de expresión y campañas electorales

Para algunos, la reforma aprobada por el Congreso de la Unión viola dicha libertad, mientras que otros consideran que se trata de un falso debate cuyo único objetivo es el de proteger intereses económicos muy concretos

Por: Miguel Carbonell

En las últimas semanas se han escuchado interesantes argumentos, al hilo de la discusión sobre la reforma electoral, sobre el alcance de la libertad de expresión. Para algunos, la reforma aprobada por el Congreso de la Unión viola dicha libertad, mientras que otros consideran que se trata de un falso debate cuyo único objetivo es el de proteger intereses económicos muy concretos. 

Ante esta discusión, quizá valga la pena poner algunos elementos adicionales sobre la mesa, ya que la reforma electoral se encuentra ahora bajo la consideración de las legislaturas locales, que son los órganos que darán el visto bueno final a la misma. 

En primer lugar, no se debe confundir el derecho a expresarse con el derecho a comprar publicidad. Una cosa es muy distinta de la otra.

Lo que la reforma electoral prohíbe es que los partidos políticos compren espacios comerciales en medios de comunicación electrónica para difundir sus propuestas y a sus candidatos. Eso no viola en modo alguno la libertad de expresión.

Prohibiciones parecidas existen para ciertos medicamentos, o para ciertas formas publicitarias (por ejemplo, no se pueden poner anuncios en el metro ni difundir comerciales a través del Canal del Congreso) y nadie ha dicho que esas regulaciones violen la libertad de expresión. 

Pero además hay que considerar el contexto histórico del que venimos y que creo que justifica la medida. Lo que tenemos actualmente y desde hace varios años es un enorme dispendio de recursos públicos que los partidos políticos dirigen a los medios electrónicos de comunicación.

Esa relación entre partidos y medios, siempre vista a partir del interés económico, no era la mejor para el desarrollo de la democracia mexicana ni cumplía con ninguna función informativa para los votantes. Los partidos se limitaban a emitir breves spots o jingles y los medios facturaban millonadas cada vez que comenzaba una nueva campaña electoral. 

Por tanto, lo que hizo la reforma fue ahorrarle al contribuyente mexicano algunos millones de pesos (habrá que ver cuantos son al final del día) y permitir reglas más equitativas para la difusión de los mensajes de los partidos políticos. 

Tampoco viola la libertad de expresión el que los particulares no puedan pagar espacios comerciales para atacar o defender a partidos y candidatos. Eso evita el muy nocivo fenómeno de los grupos de interés expresados mediáticamente que tanto daño ha producido en otros sistemas democráticos, como lo ilustra muy bien el caso de los Estados Unidos.

Si un particular quiere expresar su opinión sobre un candidato o sobre un partido es muy libre de hacerlo a través de todas las vías que no impliquen compra de publicidad. Esto permite que quienes puedan pagar espacios en medios electrónicos no sean los que acaben inclinando el resultado electoral.

Desde luego que nada impide que cualquier ciudadano convoque a cuantos foros y seminarios de discusión considere conveniente para analizar las propuestas o la personalidad de los contendientes en un proceso electoral.

Lo que quizá sí pudiera poner en riesgo la libertad de expresión es la parte de la reforma electoral que prohíbe emitir expresiones “denigrantes” en el marco de una campaña electoral.

Tal vez recordando las campañas negativas del año pasado, los legisladores quisieron eliminar de la contienda electoral un elemento que le es consustancial: la crítica dura, ácida, vehemente, libre y robusta entre candidatos y entre partidos. Sin esa crítica el ciudadano no podrá formarse una idea completa sobre el mejor destinatario de su voto.

En todas las democracias hay una cierta dosis de discurso negativo en las campañas, y ello sirve no para minar a la propia democracia, sino para evidenciar las fortalezas y las debilidades de los contendientes.

Esperemos, sin embargo, que lo que sin duda es un error de la reforma constitucional pueda de algún modo ser matizado en las normas legislativas que habrán de expedirse en las semanas siguientes a su aprobación definitiva. 


Publicado en El Universal, 21 de septiembre de 2007.


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