Las políticas culturales institucionales en México: el círculo vicioso aparentemente sin fin

El objetivo de exigir políticas culturales claras, bien diseñadas, redactadas y publicitadas, es un método de trabajo que no existe ni semestral, anual ni sexenalmente en ninguna institución en el país

Por: Jade Ramírez

Durante los primeros días de diciembre cumplió veinte años de haber sido creado el máximo órgano que encabeza las políticas públicas en materia de cultura en México: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Con tanto tiempo en su haber, el CONACULTA ha alcanzado su mayoría de edad, pero no el mayor rango jurídico, el de secretaría o ministerio, como ya sucede en países como Colombia, Chile, Venezuela, Brasil, Argentina.

Los números marcan el trazo: tres sexenios y dos años apenas de la cuarta administración con tres diferentes presidentes de consejo, sin dejar de lado la original labor que Víctor Flores Olea realizó, de 1988 a 1992, al darle un diferente estatus al subsector cultural.

Rafael Tovar y de Teresa, afín al Partido Revolucionario Institucional (PRI), representó la corriente del concepto de cultura más orientado a la producción y difusión de las bellas artes, con algunos tintes de visión antropológica que integraba la investigación y difusión de la cultura indígena.

Después, a Sari Bermúdez le correspondió poner en marcha la descentralización como resultado de varias iniciativas anteriores que pedían tomar en cuenta a los estados y municipios, y exigían, a su vez, interactuar horizontalmente con la federación.

Existen dos instituciones con mayor trayectoria no sólo en años, sino en gestión de recursos, prestigio y ejecución de políticas culturales, en su campo, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Ambas, duplican y chocan no entre sí, sino con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la ejecución de políticas en materia de disciplinas artísticas y protección, conservación y restauración del patrimonio edificado.

Por un lado, tenemos claro que jurídicamente el INBA y el INAH están por encima del CONACULTA y, por el otro, no han sido suficientes los foros, mesas de discusión, asesorías de secretarios técnicos, publicaciones y gestiones en pasillos de las oficinas de la presidencia, para que al ejecutivo en turno, en coalición con legisladores, la academia y grupos representativos de la cultura en el país, logren sacar adelante la transformación administrativa, jurídica y legal de un consejo en secretaría de Estado.

El diagnóstico de los veinte años de políticas culturales es breve, pero definitivo y rotundo: la permanente desarticulación de políticas y estrategias en materia de cultura, basada en el ensanchamiento de la infraestructura; la duplicación de tareas entre instituciones; y el sostenimiento de la burocracia que opera las mismas, propicia un incierto panorama no sólo en la asignación de recursos, sino en su aplicación, intervención en las comunidades creativas, impacto en la formación de nuevos públicos y su evaluación. 

Presupuesto histórico vs. añeja política

Si bien es cierto que la anquilosada burocracia que habita las dependencias culturales absorbe un alto porcentaje de los recursos anuales, cada vez más los ejercicios presupuestales han estado a la altura de algunas circunstancias, como es el caso de 2009 cuyo histórico presupuesto asciende a 13 mil 304 millones 312 mil pesos.

Este incremento se dio a fin de otorgar recursos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y al Instituto Mexicano de Cinematografía, entre otras dependencias que habrán de encabezar parte de las conmemoraciones del Centenario de la Revolución Mexicana y el Bicentenario de la Independencia.

Las políticas culturales, lejos de ser transexenales y que superen la visión de seis años, para conseguir logros y fortalecer un desarrollo cultural a mediano y largo plazo, terminan bajándose a políticas anuales, que en ocasiones son repetitivas y no responden, precisamente, a la evaluación y seguimiento de las estrategias ya emprendidas.

Así para 2009, el gobierno federal le otorga 100 millones al FIDECINE, que apoya festivales y producción cinematográfica; 320 millones para el INAH, con sus labores de preservación, mantenimiento, investigación y difusión del patrimonio; además de otros 100 millones para el Fondo Arqueológico, también dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia; 420 millones para infraestructura del INBA en lo que se refiere a teatros y todo recinto cultural bajo esa institución; 100 millones para Ciudades Patrimonio Mundial, rubro que tiene que ver con la promoción turística, y 960 millones para proyectos etiquetados de todos los estados de la República que son administrados por el CNCA, a través de planes y programas específicos, gestión de diputados y por dictámenes inciertos en sus mecanismos de propuestas que presenta el ancla más olvidada de toda política cultural: la sociedad civil organizada a través de asociaciones civiles y fundaciones de pequeño rango; es decir, lo que continúa a la alza en políticas culturales trasladadas a estrategias son las actividades de difusión y promoción. 

De reformas constitucionales y los nuevos temas en la agenda: las expectativas

A lo largo de los sexenios, los especialistas en trabajo legislativo y políticas culturales recogen la sensación generalizada de la comunidad artística y cultural del país que transmiten en foros, entrevistas y publicaciones: nunca será suficiente el presupuesto aprobado para el sector cultural, y quizá, tampoco se llegue –al menos en los próximo años–, al deseable 1 por ciento del PIB recomendado en reiteradas ocasiones por la UNESCO para países con características similares a México, considerados subdesarrollados y con una alta representatividad en lo que se conoce como tercer sector: un sinfín de agrupaciones conformadas por la sociedad civil organizada sin fines de lucro, dentro de las esferas de la salud, la educación, la cultura, el deporte y la investigación, cada vez más golpeadas por reformas hacendarias.

Sin embargo, la aprobación por unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados el 2 de octubre de 2008, y dos meses después, con cero votos en contra y sin abstenciones, en la Cámara de Senadores, y posteriormente en los congresos locales, de la reforma de los artículos 4º y 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, donde se adiciona un párrafo noveno al primero y se reforma la fracción XXV y adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 referente a la adhesión al Derecho a la Cultura, es decir, se ha explicitado como derecho básico de todos los mexicanos, se convierte en otro argumento e instrumento legal, para la obtención de otro rango en diferentes ámbitos: público, legal, jurídico y, sobre todo, político de la cultura.

Con ello no sólo se ganó una larga batalla por subir a la discusión en recintos legislativos el tema de la cultura, sus incentivos fiscales, necesidades y panoramas profesionales; se va ganando, también, un espacio para las reflexiones ligadas a acciones muy precisas para transformar las políticas culturales que operan hoy en la estructura pública.

Se consideran de nuevo temas, incluso dentro del sector, la formación de públicos, la inclusión cultural, la cooperación internacional y la cada vez más fortalecida sociedad civil organizada que ha brincado de pequeños colectivos a fundaciones y asociaciones civiles, porque existe una escasez de investigación, documentación, seguimiento y evaluación de lo que año con año sucede en este país en materia de cultura.

Por un lado, se presentan informes de acciones, como corresponde el trámite de cualquier secretaría de Estado del país: número, estadísticas y porcentajes, pero nunca el análisis claro con resultados favorables o fallas, de cómo se ejerce el presupuesto, lo que se apoyó y lo que se ha venido dejando de lado.

Los público: el eterno ausente en la redacción y aplicación de acciones culturales

El objetivo de exigir porlíticas culturales claras, bien diseñadas, redactadas y publicitadas, es un método de trabajo que no existe ni semestral, anual ni sexenalmente en ninguna institución en el país. Existen decálogos, pensamientos plagados de aspiración, frases célebres y hasta poesía en los programas públicos de cultura, pero no políticas transparentes y precisas.

Es probable que sea necesario crear todo un departamento para saber si los millones que se aplican en la difusión de actividades artísticas están estimulando la formación de públicos; si la organización de temporadas y ciclos musicales está creando algún  tipo específico de públicos, de escuchas y degustadores de qué música y qué intérpretes.

No es paja informativa, son datos que, analizados y evaluados como en cualquier esfera de mercadeo, arrojan valioso conocimiento sobre para quiénes están trabajando las instituciones públicas del país; a quiénes sí atienden por sistema; qué temáticas y enfoques estéticos son los preponderantes y cómo reacciona el consumidor, porque ya no podemos permanecer excluidos de un sistema de consumo, en un mercado de la cultura y el arte, que cada vez más exige nuevas maneras de ser conceptualizado, atendido y valorado.

La formación de públicos no sólo se refiere a acrecentar la cantidad de espectadores en una actividad para cualquier disciplina artística o manifestación de la aún mal llamada cultura popular.

No se trata de llenar el Estadio Jalisco con la Orquesta Filarmónica interpretando la Novena Sinfonía de Beethoven, como suelen provocar entusiastas comentarios de los políticos en turno, secretarios o directores de cultura, como si se tratase de inventar chistes o buscapiés para dejar en claro que un “gran evento [sic]” –a los que suelen referirse los políticos– fuese el máximo de lo que el Estado en materia de cultura está destinado a hacer.

Las esferas profesionales de la gestión cultural dentro de  instituciones que cuentan con presupuesto fijo, o las agrupaciones autogestivas, necesitan, deben y no pueden continuar su existencia, sin referencias que evalúen las reacciones, preferencias y detonantes que se presentan en cada público atendido.

Esta es una política que ni el Estado, ni las empresas, ni los grupos artísticos han explicitado en planes de trabajo: diseñar, crear, darle seguimiento, evaluar y modificar acciones culturales encaminadas a la formación y análisis de los públicos.

Como el huevo y la gallina: ¿primero fue la participación política en la cultura o la intervención sociocultural en un aparato burocrático?

Habría que resolver si primero se intervino desde la estructura política y gubernamental, sin mayor reflexión por parte de los que verticalmente decidían qué se veía, exponía y valía la pena impulsar, o si pasados los decenios, y gracias a la movilización de diferentes pensadores que un buen día dijeron que no bastaba con que sucediera una celebración de tertulias, sino que debía convertirse en algo masivo, diverso, abarcador, popular y moderno, políticamente se convirtieron en incluyentes de las más innovadoras manifestaciones culturales, ya no sólo destinando recursos al ballet clásico, sino a la creación efímera de escenografías teatrales, la danza contemporánea, la fiesta popular de santos, la inmersión de la tecnología en espacios públicos y la intervención sociocultural de ciertas comunidades en sus propias comunidades.

Entonces pareciera que lo patrnalmente disponían las esferas políticas sobre qué era cultura y debía mostrarse al mundo, socialmente la gestión cultural –junto a un grupo de nuevas generaciones que se injertaron en la administración pública– abrió camino para la nueva conceptualización de lo que las políticas culturales a nivel patrimonio tangible e inmaterial, debían ser.

Velada y muy abiertamente se sabe que la cultura y su gestión (de recursos, proyectos, organización) vende, gana votos, viste y hace quedar bien.

Sin embargo, la urgencia de políticos por usar a la cultura como vehículo rumbo al éxito, está plagada de parafernalia de “grandes eventos” (sic) o “grandes políticas”, como el referido binomio libro-lectura o educación-arte, donde obligadamente se interviene sobre una realidad y su comunidad, pero sin acciones claras, continuas, integradas a una gestión de la administración de recursos públicos ordenada.

Por lo general, las políticas culturales que han prevalecido en México se brincan los objetivos,  funciones y papeles que juega la intervención sociocultural  y que son básicamente cinco:

1)  fundamentación y contextualización: denominación, naturaleza, descripción, definición y justificación de las políticas-proyecto;

2)  análisis y conocimiento del medio: llamada también fase de diagnóstico, investigación o análisis de la realidad;

3)  planificación: en la que se incluye la programación, metodología, temporalidad, organización y determinación de recursos;

4)  intervención: objeto de análisis y momento de la ejecución, proyección, realización y determinación de recursos, y

5)  evaluación o fase de valoración, balance, elaboración de conclusiones, recomendaciones e informe final.

La recomendación de la UNESCO de destinar el 1 por ciento del PIB al sector cultural, bajo ningún punto de vista, partido o líder político, podrá ser una realidad mientras el diseño, redacción, aplicación y evaluación de acciones culturales, no responda medianamente, cuando menos, a los cinco puntos antes mencionados.

Por otro lado, hay una nueva oleada de la sociedad civil organizada, que a contracorriente de las reformas hacendarias, la burocracia incansable de las instituciones y el negocio en el que se convierte la inversión deducible de impuestos, está rompiendo con las viejas y paternalistas políticas culturales convertidas en esquemas, de recibir recursos exclusivamente del Estado, cuya práctica responde más a una tradición europea replicada en países como Brasil y Cuba, donde el único responsable de destinarle recursos a la cultura es el Estado.

Esto para abrir nuevos escenarios que atienden los llamados internacionales por cambiar las prácticas cotidianas de la autogestión cultural, atender nuevos y diversos públicos conciliando el arte y la expresión humana con la diversidad cultural, sexual, geográfica, el desarrollo sustentable y los diferentes segmentos de mercado asociados a la práctica cotidiana de la cultura y el arte.

Tomando en cuenta que en el decenio de los ochenta, de ser cientos de asociaciones civiles y fundaciones hoy nos encontramos alrededor de veinticinco mil organizaciones de la sociedad civil del cual el 1 por ciento responde, específicamente, al eje cultura, pero en el más amplio, abarcador y antropológico concepto –donde la tecnología está implícita– unas con otras están asociadas y bajo un sistema de red comienzan, ya, a interactuar y articular sus planes y programas de acción, incluso, lejos de las instituciones.

Una vez aprobada la reforma constitucional –por la mitad de los congresos estatales más uno– que reconoce el derecho a la cultura  habrá que bajar las estrategias de difusión y acción respectivas a las entidades institucionales, y el derecho que por naturaleza tiene el hombre al disfrute de bienes y servicios culturales, ahora se convertirá en un nuevo argumento para la gestión de mejores y ampliados recursos.

Pero con ello, también se tendrá que asumir un nuevo sistema cultural que garantice a todas las comunidades artísticas y creativas de viejas y mejoradas concepciones, su existencia, apoyo, seguimiento, proyección y documentación, a partir de políticas, que no es otra cosa que seguir un rumbo claro, de lo que el Estado, de la mano con la sociedad civil organizada y los agentes socioculturales, debe acatar en materia de cultura.