Las elecciones federales y locales de Jalisco de 2006 en una perspectiva diacrónica comparada

En Jalisco, hasta la fecha ningún proceso electoral local o federal ha logrado superar los porcentajes de participación ciudadana observados en las elecciones presidenciables de 1994

Por: Javier Hurtado
 
Todas las elecciones tienen sus lecciones. Los procesos electorales federales y locales siempre dejan sus enseñanzas. Su riqueza es variada y sus efectos diferenciados. Además, la forma como se manifiestan en los estados es distinta en cada uno de ellos y al interior de cada uno de los estados en el paso de una elección a otra.
 
No puede explicarse un proceso electoral federal en una entidad federativa a partir de los promedios de la media nacional, ni un proceso electoral local a partir de lo ocurrido en uno federal, aún cuando estos sean simultáneos (mal llamados en Jalisco “concurrentes” 1 ) o diferidos.
 
El presente trabajo está orientado precisamente a reconstruir las enseñanzas de las elecciones en un sentido general; y a captar los efectos diferenciados que en Jalisco han tenido los procesos electorales federales desde 1991 a 2006, y los locales desde 1988 a 2006.
 
Abordaremos, en primer término, la participación ciudadana en las urnas, las lecciones de las elecciones y los vaivenes electorales de los partidos políticos en Jalisco en esos períodos, tanto en elecciones locales como federales, así como algunas de las razones que pudieran ayudar a comprender el porqué del resultado electoral local de 2006 en las elecciones del estado de Jalisco.

La participación ciudadana en las urnas

Por razones que no han sido explicadas de manera suficiente, la participación ciudadana en procesos electorales federales, y en algunos casos también en los locales, ha ido a la baja en nuestro país.
 
En el caso de Jalisco, al igual de lo ocurrido en todo México, hasta la fecha ningún proceso electoral local o federal ha logrado superar los porcentajes de participación ciudadana observados en las elecciones presidenciables de 1994.
 
En las elecciones legislativas federales de 1991, el porcentaje de participación fue de 65.9 por ciento para llegar a su máximo histórico –desde que existe el ife– de un 77.1 en las elecciones presidenciales de 1994.
 
Tres años después se da un descenso en la participación de casi 20 puntos porcentuales; de ahí sube un poco más de seis puntos en las presidenciales del 2000 y desciende 22 puntos en las intermedias de 2003, para pasar a ubicarse en un 58.5 por ciento en las presidenciales recién celebradas en julio de 2006.
 
Para contextualizar lo anterior, baste recordar que en el año 2000 se dio la alternancia partidaria en la Presidencia de la República; y que, en el 2003, no obstante la escasa asistencia ciudadana a las urnas –de apenas el 41.6 por ciento–, la campaña de “Quítale el freno al cambio” fue derrotada, porque con una abstención del 58 por ciento el pri logró ganar el 36.9 de los votos, mientras el pan sólo obtenía el 32.8 por ciento a nivel federal.
 
Este dato, y lo ocurrido en otros procesos electorales, incluido el del 2006, sugeriría la validez de la hipótesis de que escasos porcentajes de participación ciudadana se correlacionan con triunfos del pri; y que, elevados índices de asistencia a las urnas producirían alternancia partidaria.
 
Sin embargo, insisto, la excepción a todo esto ha sido la elección de 1994, cuya elevada participación y la ratificación del pri como partido dominante tuvo que ver más que nada con el problema del alzamiento armado en Chiapas y el rechazo a la violencia.
 
Sin embargo, el lado oculto del comportamiento electoral es el abstencionismo; y a este, poco se le ha estudiado y tratado de explicar en nuestro país. A los abstencionistas no se les concede atención, no obstante que cada vez son más, tanto en elecciones intermedias como en presidenciales: en 1991 el 35 por ciento decidió no participar; en 1997, el 42, y en el 2003, el 58. En las elecciones presidenciales de 1994 el 23 se abstuvo de participar; y en las del 2000, el 37 no acudió a las urnas.
 
Entre 1997 y 2003 las cifras de la participación electoral se invirtieron: en la primera de estas fechas votó el 58, y en la segunda se abstuvo el 58.
 
Si a estos últimos le sumamos el 3.36 de votos nulos y el 0.6 de los que sufragaron a favor de candidatos no registrados, tenemos entonces que en 2003 casi un 62 de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores rechazó las opciones presentadas por los partidos políticos.
 
En las pasadas elecciones federales de 2006 hubo un total de 904,604 votos nulos, que corresponden al 2.16 del total de la votación emitida, y un total de 297,989 votos a favor de candidatos no registrados, los que en conjunto suman un 2.87.
 
Si este porcentaje lo restamos del 58.55 de participación en las elecciones federales pasadas, tenemos entonces que en realidad la participación sobre las opciones partidarias presentadas fue del 55.68 por ciento. O que, dicho de otra manera, 44 de cada 100 ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores rechazaron al sistema de partidos imperante y sus candidatos al no acudir a votar por ninguno de ellos; o bien, al hacerlo y anular su voto o emitirlo a favor de un candidato que no fue registrado por los partidos políticos.
 
En el caso del proceso local de Jalisco de 2006 para elegir gobernador, hubo un total de 54,214 votos nulos (que correspondieron al 1.89 de la votación emitida) y 3,501 votos a favor de candidatos no registrados, que corresponden al 0.12. Baste señalar que el porcentaje total de votos nulos es superior al obtenido por tres de los partidos políticos con registro. 
 
Lo anterior nos lleva a señalar que uno de los grandes vacíos y deficiencias de nuestra democracia es el abstencionismo, los votos nulos y los votos a favor de candidatos no registrados.
 
La interpretación predominante en nuestro país en materia de abstencionismo (sobre todo la oficial o de los organismos electorales) consiste en catalogar a los abstencionistas como “flojos”, “desobligados” o “incultos políticamente”.
 
Nada más alejado de la realidad que eso: puede ser que el abstencionismo derivado de causas económicas y sociales tenga algo que ver con la determinación ciudadana de no participar en procesos electorales, al sentirse el ciudadano excluido del sistema socioeconómico imperante.
 
Es decir, un desempleado o una persona que tiene dificultades para hacer efectiva la igualdad de oportunidades en materia laboral, educativa o social, lo más seguro es que no se sienta interesado en participar en los procesos político-electorales, pues difícilmente encontraría un incentivo o aliciente para hacerlo.
 
Sin embargo, más allá de eso existe otro tipo de abstencionismo que es de rechazo al sistema político imperante y que consiste en que por una libre determinación –fundada quizá en reflexiones profundas– el ciudadano llega a la conclusión, de forma conciente y deliberada, de no acudir a votar.
 
Y por el contrario, existe también el abstencionismo de adhesión al sistema, que consiste en que el ciudadano se encuentra tan identificado con el sistema político que de forma consciente deja en las manos de políticos y las autoridades las decisiones que en una democracia probablemente le corresponderían al ciudadano tomar. Estos abstencionistas, al no participar, hacen explícita su adhesión y confianza en el sistema político imperante.
 
Ahora bien, de entre los ciudadanos que acuden a votar, no todos lo hacen a favor del sistema de partidos y sus candidatos. Sin embargo, el sistema electoral mexicano está imposibilitado para poder captar formas distintas de rechazo activo del ciudadano al sistema electoral y de partidos prevaleciente.
 
La legislación mexicana y la costumbre han incurrido en la práctica de considerar como nulos todos los votos que se depositen en las urnas, ya sea en blanco o con leyendas que contengan expresiones soeces, cuando en otros países en la legislación está contemplado el voto blanco, que es aquél que se contabiliza así de las boletas que son depositadas con esas características; o bien, incluso cruzando un espacio en blanco que la legislación prevé específicamente para efectos de que el ciudadano exprese ahí, o al depositar su boleta en blanco, su rechazo al sistema de partidos y sus candidatos, pero sí su adhesión al sistema democrático. 2
 
En cambio, en México las boletas no contienen espacio para el voto en blanco (que no es lo mismo que “el cuadrito” para los candidatos no registrados) y los votos depositados así son contabilizados como nulos, por lo que el ciudadano no tiene medios para expresar de forma activa, institucional y civilizada su rechazo al sistema de partidos y sus candidatos, pero su adhesión al sistema democrático. 
 
Otra modalidad de rechazo activo al sistema electoral y de partidos prevaleciente es lo que podríamos denominar como “voto negro” que –ante la ausencia del espacio para el voto en blanco– consiste en que el elector escribe injurias y groserías contra las autoridades electorales, los partidos o sus candidatos. Erróneamente este voto también es contabilizado como nulo.
 
De tal suerte que existe un gran enigma respecto, por ejemplo, del casi un millón de votos que se contabilizaron como nulos en la elección federal de julio de 2006. ¿Qué decían?, o ¿por qué fueron considerados así?
 
Es algo que quizá nunca sabremos. Y lo que es peor: al sistema electoral mexicano parece no importarle este tipo de expresiones ciudadanas que en otros países son contabilizadas propiamente como tales y que sirven como un elemento determinante para emprender profundas reformas en el sistema electoral y de selección de candidatos en los partidos políticos.
 
Otro tema es el del espacio reservado para los candidatos no registrados que data de la reforma electoral federal de noviembre de 1996. ¿Son nulos o válidos los votos a favor de un candidato no registrado? Según el Diccionario de la Real Academia Española, nulo es “lo falto de valor y fuerza para obligar o tener efecto, por ser contrario a las leyes”.
 
Y, si ese “cuadrito” para los candidatos no registrados está en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en su artículo 230 se establece que un voto válido será la marca que haga el elector en un solo cuadro sobre el emblema de un partido político o coalición y que nulo será “cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada”.
 
Dichos votos no se emiten poniendo una marca sobre emblemas, sino escribiendo un nombre sobre un espacio en blanco. Por si quedara duda, el inciso c) del mismo artículo, señala que “los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado”.
 
De tal forma, que no puede decirse que estos votos no sean nulos, pero tampoco válidos, pues si son emitidos por el cuerpo en el que reside la soberanía nacional, éstos son un mandato que debe acatarse. Sobre este particular cabe señalar que en el país existen dos antecedentes de candidatos no registrados que lograron mayoría de votos en elecciones municipales.
 
El primero, en el municipio de Jiménez, Tamaulipas, en 1998, en donde la planilla de candidatos no registrados superó por 157 votos a la registrada por un partido político.
 
El Tribunal Electoral de ese estado ratificó dicho resultado y declaró infundado el recurso presentado por el pri que pretendía que los votos a favor de los candidatos no registrados fueran declarados nulos. En este municipio, los candidatos no partidistas repartieron calcomanías con los nombres de todos los integrantes de la planilla a munícipes, para que los ciudadanos los adhirieran a la boleta electoral en el espacio en blanco reservado a los candidatos no registrados.
 
El segundo caso se presentó en Las Vigas de Ramírez, Veracruz, en el 2004, en donde la planilla de candidatos no registrados obtuvo mil 877 votos, la coalición partidista obtuvo mil 542 y se le otorgó el triunfo al contabilizarse como nulos los primeros votos. El caso llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 23 de diciembre de ese año, en una decisión dividida, los magistrados resolvieron a favor de los candidatos a munícipes de la coalición partidista.
 
En este tema, tratándose de elecciones locales las cosas están empatadas, y el cómo se resuelva mucho depende de cómo se defina qué es voto nulo y voto válido, y si en las boletas electorales existe por disposición de ley un espacio para los candidatos no registrados.
 
En el caso de Jalisco, la Ley Electoral del Estado no dice que en las boletas electorales se tenga que incluir un espacio para candidatos no registrados. No obstante, la autoridad electoral resolvió que para las elecciones locales de julio de 2006 en las boletas para todos los cargos de elección popular debía existir un espacio para candidatos no registrados. 
 
Es cierto que los candidatos no registrados pueden no estar sujetos a las mismas reglas que las de los partidos, pero también lo es que difícilmente podrían gozar de mayores derechos y prerrogativas que éstos; y que, de lograr el triunfo, sería en condiciones de inequidad en su contra.
 
En este contexto, el abstencionismo de casi el 40 por ciento registrado en las elecciones locales de julio de 2006, y el de 41.4 registrado en las elecciones federales celebradas esa misma fecha, 3 es un dato que debe motivar la reflexión sobre lo cerrado de nuestra democracia de partidos, y de las omisiones legales para poder contabilizar los votos en blanco (como tales, y no como nulos) y respecto a qué ocurriría si un candidato no registrado logra mayoría en algún cargo en comicios constitucionales. 
 
El abstencionismo es uno de los principales retos de nuestra democracia. Tan importantes son las preferencias electorales como los puntos que pierde ante el electorado la oferta política partidaria.
 
Igualmente importante debería ser discutir sobre la conveniencia de seguir destinando miles de millones de pesos a unas campañas que lo único que hacen es motivar a los ciudadanos a no acudir a las urnas.
 
Mientras no se motive el voto razonado y se siga desdeñando el mensaje de los abstencionistas, nuestra democracia seguirá siendo una pobre democracia, que nos cuesta más que las mejores del mundo, cuando es una de las de más ínfima calidad, tal y como quedó acreditado por la forma como se desarrollaron las campañas electorales federal y local de Jalisco en el 2006.
 
Pero, junto a los mitos que se han construido en torno al abstencionismo, en Jalisco se ha creado otro que dice que la ciudadanía jalisciense es más participativa que la de otros estados y que el promedio de participación de los jaliscienses en las urnas es superior al que se da a nivel nacional y en otras entidades.
 
En el cuadro que se presenta a continuación se puede observar que esto es medianamente cierto. Efectivamente, el promedio de participación de los jaliscienses en las urnas en elecciones federales siempre ha sido superior al promedio nacional de participación ciudadana en procesos federales.
 
No obstante, en los procesos electorales celebrados cuatro meses después de realizadas las elecciones presidenciales de 1994 y 2000 y el realizado el mismo día de la jornada para la elección presidencial de julio de 2006, la participación fue inferior a la tenida por los ciudadanos jaliscienses en las elecciones federales.
 
Mas aun, en el caso del año 2000 la participación tenida en la elección local de noviembre de ese año fue inferior al promedio de las elecciones locales ocurridas en todos los estados, y menor también en más de diez puntos a la participación habida en Jalisco para las elecciones federales y al promedio nacional de participación ciudadana de las elecciones presidenciables de ese año. Véase cuadro 1.
 
 

Las lecciones de las elecciones

Si las elecciones de 1994 lo que hicieron evidente fue la inequidad en la contienda, las del año 2000 dejaron al descubierto los enormes vacíos existentes en la legislación en materia de regulación de las precampañas.
 
A su vez, la gran enseñanza que nos dejan las elecciones de julio de 2006, es la necesidad de que se legisle sobre las restricciones legales a la propaganda en campañas electorales y los vacíos en materia de voto blanco, voto nulo y candidatos no registrados. 
 
El discurso oficial sobre la democracia mexicana ha llevado a sobrevalorar la variable participación por encima de la de calidad democrática, equidad en la contienda, y debate público. Se ha partido del supuesto de que mientras más participe la ciudadanía en una elección, más democrático es ese sistema o de mayor calidad es la democracia que ahí existe. Falso.
 
Si a esas fuéramos, entonces Cuba sería el país más democrático del mundo. En una democracia la variable libertad es tanto o más importante que la participación, para competir en condiciones de igualdad por los cargos públicos, sin ser perseguido, humillado o denostado.
 
Y tan importante es también el que exista un auténtico debate público para que los ciudadanos de manera libre y razonada puedan elegir la opción que más les convenga.
 
En el caso de las elecciones locales y federales de 2006, no hubo una elevada participación ciudadana y tampoco las condiciones de equidad, calidad y libertad que deben de existir en todo sistema auténticamente democrático.
 
Las encuestas fallaron. Se ha dicho que esto se debió a que participó un porcentaje mayor de los ciudadanos que los que expresaban sus preferencias electorales en las encuestas que se publicaron previamente al desarrollo de la jornada electoral.
 
Si esto fuera así, entonces ello querría decir que el voto del miedo funcionó; o bien, que los ciudadanos encuestados nunca expresaron el verdadero sentido de su voto. Esta última posibilidad se reforzaría por el hecho de que, según datos manejados por casas encuestadoras, existió una tasa de rechazo de entre el 30 y el 40 por ciento en las encuestas de salida.
 
De tal suerte que entonces el voto del miedo vino acompañado del ciudadano de clóset; es decir, aquel ciudadano que con sigilo sale a votar y se avergüenza de la forma como lo hizo.
 
Esto, de ser así nos conectaría con un problema adicional de nuestra democracia que consistiría en que en el proceso electoral de 2006, en el mejor de los casos, lo que se habría fortalecido sería una democracia delegativa (aquélla que consiste en que el ciudadano sólo aparece el día de las elecciones, sufraga, y en ese mismo acto delega todas sus potestades y derechos a las autoridades que elige, para ya no volver a aparecer en el escenario de lo público, sino hasta el siguiente proceso electoral), y no una democracia participativa que consiste en que se establecen e incentivan formas múltiples y variadas que vayan más allá de lo meramente electoral para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y gubernamentales.

Los vaivenes electorales de los partidos políticos en Jalisco

Una regla parece existir. El porcentaje de votación que obtiene el pan en Jalisco en elecciones federales es superior al que ese mismo partido obtiene como porcentaje a nivel nacional. Al menos así se demuestra en las cuatro últimas elecciones presidenciales.
 
Tratándose del PRI, la regla es a la inversa: siempre obtendrá en Jalisco un porcentaje inferior al que obtuvo a nivel nacional. La única excepción a este caso es lo ocurrido en el pasado proceso de julio de 2006 en donde logró un 2.4 por ciento más en Jalisco de lo que obtuvo a nivel nacional. En el caso del PRD la regla también ha sido que su porcentaje siempre sea inferior, o en el mejor de los casos igual (como ocurrió en 1994), al obtenido a nivel nacional, pero nunca superior.
 
Si lo anterior tiene cierta regularidad, lo interesante viene cuando las preferencias electorales por esos tres partidos se expresan en las elecciones locales celebradas pocos meses después o el mismo día de los comicios federales.
 
En 1988, en una situación inexplicable y sólo atribuible al bajo perfil de su candidato a gobernador, el PAN desciende tres puntos con relación al porcentaje que había obtenido cuatro meses antes en las elecciones federales.
 
El PRI, por su parte, supera no sólo el porcentaje que obtuvo en las elecciones federales con más de 14 puntos, sino que también incrementa en casi diez puntos porcentuales lo que obtuvo su candidato presidencial en julio de ese mismo año.
 
En el caso del PRD, la tendencia siempre ha sido decreciente en ambos sentidos: los porcentajes que dicho partido obtiene con su candidato a gobernador en procesos locales son inferiores con mucho a lo obtuvo en Jalisco en las elecciones federales y al porcentaje nacional logrado (véase cuadro 2 y gráfica 1).
 
 
 
 
 
 
En el caso de las elecciones federales de 1994 y locales de febrero de 1995, con lo que toca al PRI se da la reversión de la tendencia observada en la elección presidencial y de gobernador de seis años antes: en las locales, el tricolor cae cuatro puntos porcentuales con relación al promedio que obtuvo en Jalisco en las elecciones federales, y 13 puntos con relación al porcentaje que obtuvo a nivel nacional en las presidenciales (la razón atribuible a esto sería la devaluación de diciembre de 1994 que se presenta cinco meses después de las elecciones presidenciales y dos meses antes de las elecciones para gobernador).
 
En el caso del PRD, las elecciones para gobernador de 1995 fueron su debacle: perdió 13 puntos con relación a los obtenidos como porcentaje nacional y del porcentaje de Jalisco en las elecciones federales. Comparando el cuadro 2 y la gráfica 1, se pueden observar estos movimientos de la votación en el caso de la votación emitida para la elección de diputados locales.
 
Para el 2000, las cosas cambian para el PAN: obtiene en la elección para gobernador casi cuatro puntos más que lo que ese partido logró como porcentaje a nivel nacional. Sin embargo, baja cuatro puntos con relación al promedio que obtuvo en Jalisco en las elecciones federales.
 
La causa puede ser atribuible a la personalidad de su candidato a gobernador y a la popularidad que tenía el candidato priísta a ese mismo cargo. Por el contrario, el pri obtiene en Jalisco en las elecciones federales de ese año casi medio punto porcentual menos que lo que obtuvo a nivel nacional.
 
Sin embargo, supera en más de ocho puntos el promedio de votación que había obtenido en la elección federal. Tratándose del PRD, la tendencia es en picada: del 16.6 por ciento que obtuvo a nivel nacional, en Jalisco sólo logra el 7.3 en esas mismas elecciones federales; y de ahí, llega tan sólo a obtener el 5.3, en las elecciones para gobernador.
 
Para el 2006, cuando por primera vez las elecciones presidenciales y de gobernador son el mismo día, la tendencia del PRD se confirma en Jalisco: lo que su candidato a titular del Ejecutivo local obtiene como porcentaje de votación es inferior en 27.5 puntos a lo que obtuvo su candidato presidencial.
 
Más aún, lo que su candidato a gobernador logra es inferior en más de 11 puntos porcentuales a lo que en Jalisco obtuvo su candidato presidencial. No obstante, ésta ha sido una de las mayores votaciones que en procesos locales para elegir gobernador ha obtenido este partido en Jalisco.
 
Sin embargo, por primera vez se da el caso de que los candidatos a diputados locales del prd obtienen más votación que su candidato a gobernador (situación que en el pri se presenta a la inversa).
 
En el caso del pan, si bien se confirma la tendencia que siempre ha existido de que en Jalisco este partido logra en elecciones federales un porcentaje superior a su promedio nacional, su candidato a gobernador estuvo 4.2 por ciento por debajo del promedio que en Jalisco obtuvo su candidato presidencial, generándose así una situación que nunca se había presentado desde 1988.
 
En estas elecciones lo interesante está en el comportamiento observado en el voto priísta: por primera vez el PRI obtiene en Jalisco (24.6 por ciento) en elecciones federales, un porcentaje mayor que el logrado a nivel nacional (22.2). Y, lo que es más, su candidato a gobernador obtuvo casi 17 puntos porcentuales más que lo que en Jalisco obtuvo su candidato presidencial y 8.2 por ciento más que de la votación que obtuvieron el total de los candidatos a diputados locales de ese mismo partido.
 
La explicación de este fenómeno tendría que ver con la repetición del hecho ocurrido en el 2000 en el que postula como candidato a gobernador a un político carismático. Sin embargo, en esta ocasión habrá que considerar que esos resultados fueron con todo y la “campaña de lodo” que se hizo en su contra. Véanse cuadro 2 y gráfica 1.

Hipótesis sobre el resultado electoral

Dados las anteriores cifras, lo que todo mundo se pregunta es ¿por qué el candidato del PRI a gobernador perdió en las elecciones frente al del PAN? Asumiendo que –no obstante la diferencia del 1.4 por ciento habido entre la participación ciudadana en las urnas en la elección local y federal de 2006– los datos son fidedignos, faltaría una investigación empírica para indagar las razones del comportamiento político del electorado. Entre tanto, se pueden formular algunas hipótesis explicativas de trabajo:
 
El candidato del PRI era un candidato sin partido compitiendo contra un candidato (el del PAN) con partido y con el apoyo de tres órdenes de gobierno.
 
Dado el hecho que desde 1995 el pri carece de la figura de primer priísta en el estado y de que el candidato a gobernador finalmente postulado por ese partido se tuvo que enfrentar en todo el proceso interno al rechazo de las estructuras de su partido en Jalisco, finalmente el precandidato ganó la candidatura pero nunca tuvo el apoyo de las estructuras directivas locales de su partido, porque éstas apoyaron al otro precandidato.
  
El candidato presidencial del PRI era también un candidato sin partido o, en el mejor de los casos, con el apoyo de medio partido; pero, lo que es peor, era un pésimo candidato que no suscitaba ni siquiera el apoyo de la totalidad de los miembros de su partido (sus candidatos a diputados federales obtuvieron un mayor porcentaje de votación que el candidato presidencial).
 
No obstante, el candidato presidencial insistía en visitar reiteradamente el estado de Jalisco para tratar de capitalizar a su conveniencia parte de la simpatía que en el estado tenía el candidato priísta a gobernador. Si con esto lo perjudicaba, eso era lo que al candidato presidencial menos le importaba.
 
Existió, entre la fecha de la elección interna del candidato a gobernador (26 de enero de 2006) y las fechas de registro de los candidatos a cargos electivos locales (marzo de ese mismo año), un proceso sumamente desgastante de negociación de las candidaturas en el que el candidato a gobernador tenía que actuar como presidente del partido, y por ello descuidó totalmente sus actividades preparatorias de su campaña a gobernador, que iniciaría en el mes de abril.
 
A final de cuentas, tiró por la borda un valioso tiempo irrecuperable y no dejó contentos a todos. Las deserciones estuvieron a la orden del día.
 
 
Errores garrafales en la presentación de la declaración patrimonial del candidato (la que legalmente no estaba obligado a entregar) y en la presentación de sus gastos de campaña en el primer mes de desarrollada éstas se convirtieron en el referente ideal para que su adversario del pan emprendiera una agresiva campaña de ataques en su contra, en la que se puso en duda la legalidad de su patrimonio y se le achacaron ligas con el narcotráfico.
 
 
Los vacíos legales en materia de regulación de las campañas en procesos electorales y la abierta intervención de la Procuraduría General de la República en el proceso electoral local, vinieron a darle la estocada final a la imagen que había venido construyendo el candidato priísta a gobernador cuando se planteaba como un “hombre de ley”. La cereza del pastel la pondría el ciudadano de clóset que el día de la jornada electoral salió a votar.
 
  
Por todo lo anterior, los procesos federal y local desarrollados en Jalisco el 2 de julio de 2006 han sido los más interesantes y atípicos de todos los que han existido desde 1988.
 
Las enseñanzas que dejan es la necesidad de regular en la ley el período comprendido entre la fecha de la elección de los candidatos al interior de los partidos políticos y la del inicio formal de las campañas electorales; la necesidad de establecer restricciones legales a la propaganda política en procesos electorales; la necesidad de efectuar reformas que permitan estimular la participación ciudadana en las urnas y, al mismo tiempo, captar de forma real el mensaje oculto de los ciudadanos en los llamados votos nulos. En estas tareas y retos, seguramente la autoridad electoral de Jalisco será una de los promotores principales.
 
 
Citas
  1. Procesos electorales concurrentes son cuando en un mismo día y jornada electoral se eligen a los integrantes de dos poderes distintos que son electos en forma separada. Procesos electorales simultáneos es cuando se eligen el mismo día los integrantes de alguno (s) de los poderes de un orden de gobierno con los integrantes de otros órdenes de gobierno.
  2. Por ejemplo, Chile y Argentina prevén en la legislación el voto blanco. En Argentina, en las elecciones de 2001 el porcentaje de voto blanco fue del 15 por ciento.
  3. Esta diferencia del 1.4 por ciento entre el porcentaje de participación observado en las elecciones federales y locales celebradas el 2 de julio de 2006, nos habla de que algo extraño ocurrió ya que siendo elecciones simultaneas habilitadas con las llamadas “casillas espejo”, resulta difícil que un ciudadano haya decidido sólo participar en las elecciones federales y no hacerlo en las locales, cuando a un lado de la mesa federal estaba la mesa estatal; e incluso, en ocasiones, no le era devuelta al ciudadano hasta que terminara de sufragar en los dos procesos electorales. Como quiera que sea, este es un dato que debe aclarar la autoridad electoral del estado de Jalisco. Estamos hablando de 393,624 ciudadanos que habrían rechazado participar en el proceso electoral local y sí hacerlo en el federal.

 


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