La teoría de la implosión tecnológica y el derecho de acceso a la información

Es imprescindible garantizar a la ciudadanía un acceso oportuno y eficaz a la información vinculada con el quehacer gubernamental en su rama administrativa y judicial en forma responsable

La promoción de la defensa de los derechos fundamentales a través de un debido control de convencionalidad y, entre ellas, del acceso a la información pública, así como más recientemente, la protección de datos personales, tanto en el ámbito público como privado, son pasos fundamentales en la construcción y avance de la vida democrática de la sociedad mexicana, por lo que es imprescindible garantizar a la ciudadanía un acceso oportuno y eficaz a la información vinculada con el quehacer gubernamental en su rama administrativa y judicial en forma responsable.

Garantizar el acceso a la información requiere, necesariamente, de un correcto registro y organización de los archivos institucionales, pues en ellos se contiene la memoria histórica de la sociedad. En lo personal, he manifestado mi inquietud respecto a la necesidad de que estos archivos estén disponibles de forma efectiva para aquellos que tengan interés en conocerlos.

Lo he señalado en lo que suelo llamar la teoría de la implosión tecnológica y su incidencia en los archivos, con ello me refiero a dos aspectos:

1) La existencia física y electrónica de los documentos

 2) Un contenido preciso, en la cantidad indispensable.

El primer punto tiene que ver con la digitalización de los documentos, lo que representa una resolución del problema del espacio físico, no así el del volumen de información innecesaria y poco organizada, con la que se enfrenta el usuario en su búsqueda de temas específicos, lo que se relaciona con la segunda de las cuestiones enunciadas.

Al respecto, es importante señalar que el uso de las tecnologías actuales ha otorgado ventajas en el manejo de la información, como son la disponibilidad instantánea de la misma, la rapidez de transmisión y bajo costo, la confiabilidad del mensaje, la autenticidad del emisor-receptor –esto es, permitir al destinatario asegurarse de que el mensaje fue enviado realmente por quien dice ser– y la integridad de la información, de manera que ésta no pueda ser modificada o alterada.

Esto, además, permite probar fehacientemente que el usuario ha enviado o recibido un mensaje, de modo que ninguna de las partes pueda alegar que no efectuó la transmisión y, de igual forma, posibilita el control de acceso y garantiza la disponibilidad.

Sin embargo, también enfrentamos algunas consecuencias negativas, entre ellas el uso inapropiado de las mismas, lo que ha propiciado que se generen documentos cada vez más extensos sin que, en la mayoría de los casos, toda la información que contienen sea indispensable.

Lo que tenemos que impulsar es que los documentos, desde su origen, tengan más información en menos palabras, es decir, generar contenidos precisos, que alimenten y reproduzcan conocimiento de utilidad social.

No se trata de llegar al extremo de expresarnos bajo lo ingenioso de un telegrama, o recortando palabras como los jóvenes ya que, hoy, el uso debido de redes sociales permite reducir el contenido del mensaje y busca que, al mismo tiempo, sea entendible para el receptor.

Esta selección podría implicar un mayor esfuerzo de síntesis y análisis de la información, pero ¿qué tan comprometidos estamos con la ciudadanía para facilitarle el acceso a la información?, ¿qué tanto interés tenemos en transmitirle la información relevante de forma accesible y que ella, la ciudadanía, haga lo propio con su comunidad?, ¿estaremos dispuestos a pasar de una sociedad de la información a lo que la UNESCO llama sociedad del conocimiento?

Es momento de que la autoridad asuma una posición proactiva con los ciudadanos, mediante la creación de espacios virtuales, lo que llamaría “tu información” o nube interactiva, que permitan la interacción y generación de conocimiento social, en el ánimo de proporcionar lo que es importante para el público, y que éste coadyuve a la rendición de cuentas de las autoridades, a través de retransmitir en otros espacios la información recibida, lo que sin duda despertará el interés y participación social hacia el quehacer institucional.

Cabe mencionar que con la creación de archivos voluminosos nos enfrentamos a la falta de espacio para su conservación, entre las soluciones que se han planteado se menciona la conservación, “solo de ciertos documentos”; evidentemente esta medida nos expondría al riesgo de perder información importante si la valoración de los expedientes o sus actuaciones no es la adecuada.

Por lo anterior, es momento de pasar de “la transparencia” a “la comunicación”, a la socialización del conocimiento; la solución es que todo aquel que genere información, en particular los servidores públicos, asumamos el compromiso de transmitirla en un lenguaje directo, conciso y preciso, y en un formato asequible que permita su consulta y reproducción por todo aquel interesado.

En tanto no resolvamos ambos problemas, la información no llegará a convertirse en conocimiento útil, y no obtendremos beneficios reales de la transparencia y el derecho a la información.

¿Y cómo incorporamos al ciudadano a nuestra red de difusión o comunicación? Invitándole, por un lado, a procesar y difundir la información obtenida, y que, a su vez, genere inquietudes nuevas con más internautas, lo que sumado al esquema multiplicador que producen las redes, favorecería, entre otras acciones:

  • La promoción de nuevas investigaciones.
  • Desactivar peticiones recurrentes a las instituciones en temas similares.
  • Reducir los tiempos de espera para aquellos cuyo insumo de trabajo es, precisamente, la información oportuna (periodistas).
  • Retroalimentar a las instituciones respecto al conocimiento que de ellas tiene la opinión pública y, medir, en su caso, la efectividad de sus propias estrategias de comunicación social.
  • Facilitar la rendición de cuentas de la autoridad bajo una óptica real y ciudadana.

Es indispensable fortalecerel hecho de que la información esté al alcance de todos, que los archivos se conviertan en espacios en los que, a través de servicios de calidad, los ciudadanos puedan encontrar respuestas a las interrogantes que derivan de la búsqueda de una memoria histórica y que las generaciones que nos sucedan sean capaces de acceder a ella y moverse con habilidad entre los documentos que la contienen.

Es importante que sean ellos mismos quienes coadyuven al buen ejercicio de este derecho fundamental y asuman, al igual que nosotros, la obligación correlativa de protegerlo.

No debemos dejar que nuestra memoria histórica se pierda por no tener información disponible, sea por descuido en su conservación, o por autorizar su dilapidación al no disponer de estrategias para su resguardo, síntesis y sistematización o, más aún, que conociendo nosotros la información que es precisa, heredemos a quienes nos sucedan el largo y tortuoso camino de búsqueda que, de alguna forma, hemos avanzado.

Nuestra responsabilidad es darle los canales y las herramientas para que coadyuven en la producción de información útil para las nuevas generaciones.

Debemos también avanzar en materia de modernización tecnológica, adquiriendo infraestructura de punta y capacitando a todo el personal, pero principalmente a las áreas que tienen a su cargo la valoración y depuración documental para disponer de un acervo organizado, descrito adecuadamente en sus distintos niveles y con puntos de acceso suficientes.

Además, es necesario que el desempeño de los funcionarios públicos sea eficiente, austero y transparente, y que el mismo se documente en instrumentos que sean conservados en archivos accesibles. De esta forma la ciudadanía tendrá la posibilidad de ejercer un control importante del actuar institucional, y contará con los insumos necesarios para reconstruir la memoria histórica.

Bajo ese contexo, debemos tener presente que en el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y la Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, de agosto de 2011, se señala que las tecnologías pueden servir como herramientas para aumentar la transparencia en la conducta de los que detentan el poder, obtener acceso a las diversas fuentes de información, y facilitar la participación activa de los ciudadanos en la construcción de las sociedades democráticas (ODS, s.f.).

En ese sentido, una sociedad será más participativa y comprometida manifestará su confianza en las instituciones en la medida en que esté informada de la actuación de sus funcionarios. Comprometámonos entonces, en hacer el esfuerzo de poner a disposición de todos, la información que avala nuestro actuar, pues solo así, y no con discursos, contaremos con el respaldo y la credibilidad de nuestra ciudadanía.

 

Bibliografía

OFFICIAL DOCUMENTS SYSTEM OF THE UNITED NATIONS (ODS), en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/

UNDOC/GEN/N11/449/81/PDF/N1144981.pdf?OpenElement.