La Reforma Pendiente una visión desde la justicia electoral

La diversidad de enfoques, propuestas y posiciones refleja la pluralidad de la sociedad mexicana

Por: María del Carmen Alanís

Reformas políticas

Desde fines del año 2009, la clase política ha iniciado la discusión de un conjunto de propuestas orientadas a hacer más eficiente el desempeño institucional y propiciar nuevos equilibrios entre los poderes públicos.

La variedad de estas iniciativas, catalogadas genéricamente como “reforma política”, da cuenta de la diversidad de problemas que se pretenden resolver, al tiempo que ilustra la heterogeneidad de experiencias y modelos que ofrecen respuestas. 

Buena parte de las propuestas sugieren modificar la norma electoral. No es casual que así sea: las reformas que se han hecho a las reglas comiciales en México no sólo han logrado generar un sistema electoral de vanguardia internacional, sino que además han inyectado dinamismo al sistema político en su conjunto.

El grado de sofisticación de nuestro sistema electoral se fue construyendo de manera paulatina. En efecto, cada experiencia práctica, cada cita con las urnas, se fue traduciendo en aprendizaje y éste a su vez, incorporado al marco jurídico como reformas electorales. Es el caso de las aprobadas en poco más de dos décadas, en 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2003, 2006, 2007 y 2008. Así, el sistema electoral mexicano ha sido eficaz en ir adaptando la regulación a las nuevas circunstancias, expectativas y –sobre todo– a la evidencia de nuevos dilemas.

El aporte de la jurisdiccion espeializada

Los procesos de reforma parten, en efecto, del diagnóstico de una problemática por resolver, la evidencia de nuevas realidades o de ideas para fortalecer determinados aspectos de la norma.

En casi todas las materiasen las que existen instituciones especializadas, éstas cuentan con información sobre las virtudes o defectos de la ley.

La materia electoral no es la excepción. Las autoridades aplican la norma en su quehacer cotidiano y, en ese ejercicio, van encontrando sus fortalezas, pero también efectos o limitaciones originalmente no previstos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es, en ese sentido, un mirador privilegiado, pues ahí confluyen casos de diversa índole y realidades de reciente aparición. En ese sentido, los tribunales son los primeros en enfrentarse a problemas que no se habían considerado en el diseño normativo.

De ahí que, en ocasiones, cuando inician las discusiones para revisar la norma electoral, los legisladores se acercan al Tribunal para conocer su posición frente a determinados temas.

La experiencia que deriva de la resolución de más de 21 mil asuntos durante 2009, su función interpretativa, así como la generación de criterios que actualizan la norma al aplicarla al caso concreto, le permiten ofrecer respuestas a algunas de las interrogantes de quienes forman parte del proceso legislativo.

En ese sentido, al resurgir las ideas sobre una eventual reforma electoral, el TEPJF inició un proceso amplio de sistematización y recopilación de criterios relevantes y necesidades detectadas en diversos temas para ofrecer insumos al debate legislativo.

Así, con pleno respeto a la división de poderes y al trabajo de las señoras y señores legisladores, el órgano jurisdiccional preparó un conjunto de propuestas técnicas con el único propósito de compartir el acervo institucional y el conocimiento adquirido en la resolución e interpretación de casos para la discusión parlamentaria.

Las propuestas que a continuación se describen, fueron entregadas a los presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Unión el pasado 15 de abril.1 

Reformas constitucionales

Aún es pronto para afirmar si una eventual reforma electoral atravesaría modificaciones a la Carta Magna. Ante la existencia de esa posibilidad, el Tribunal Electoral ha puesto sobre la mesa seis modificaciones que en conjunto se refieren a cuatro artículos constitucionales: 99, 105, 107 y 116.

Las propuestas veran sobre cuatro temas: control constitucional y distribución de competencias entre las Salas del Tribunal Electoral; improcedencias del juicio de amparo en materia electoral; eliminación del derecho exclusivo de los partidos políticos para postular candidatos a puestos de elección popular locales y municipales, y declaración jurisdiccional de validez de la elección presidencial y de presidente electo.

A fin de favorecer el acceso a la justicia y fortalecer el control de constitucionalidad concreto que se ha depositado en las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se propone ampliar la procedencia del recurso de reconsideración para permitir que la Sala Superior pueda conocer todos los casos cuyas demandas planteen cuestiones de constitucionalidad.

También, con la intención de acercar y darle mayor rapidez a la impartición de justicia electoral federal en beneficio de los ciudadanos y actores políticos se incluyen modificaciones a las facultades de atracción y delegación conferida a la Sala Superior de este órgano jurisdiccional.

Por otra parte, se sugiere concentrar el control abstracto de leyes electorales en el TEPJF. El sistema dual que ahora tenemos en no pocas ocasiones se ha traducido en contradicciones de criterios al resolver diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, sobre la constitucionalidad o no de disposiciones normativas.

De ahí que para generar certeza, sería pertinente que sólo un órgano especializado aglutine el instrumento de control con efectos generales de leyes electorales; es decir, que el Tribunal Electoral pueda conocer de acciones de inconstitucionalidad en materia comicial.

En el mismo sentido de contribuir a dar certeza y en el de fortalecer el sistema de medios de impugnación previsto en la norma, se sugiere establecer con claridad la improcedencia del juicio de amparo en materia electoral.

Ello, además, evitaría cargas innecesarias para órganos jurisdiccionales federales ajenos a la materia electoral: la eliminación del derecho exclusivo de partidos políticos para registrar candidatos a nivel local y municipal daría un paso más a la apertura del sistema electoral, reconociendo liderazgos comunitarios y la presencia de personalidades relevantes en las comunidades que no necesariamente son partidistas.

Por ùltimo, un tema fundamental para la conformación del poder político se refiere a la declaración jurisdiccional de validez de la elección presidencial, así como de la de presidente electo, aspecto que por su trascendencia conviene tener definido con claridad en el texto de la Ley fundamental.

Ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral

En cuanto a la ley que regula nuestro sistema de medios de impugnación, se propone incorporar explícitamente la interpretación conforme al derecho internacional. Con ello se está reconociendo la jurisdicción universal de los derechos humanos y la validez de la interpretación que de los mismos hacen órganos internacionales especializados en la materia al emitir sus resoluciones.

Por otra parte, se sugieren algunos elementos para ampliar el alcance de los distintos medios de impugnación con que se cuenta:

a) Recurso de apelación abre la posibilidad de completar la normativa vigente a efecto de incluir a las coaliciones y a las autoridades electorales locales como entes legitimados para interponer dicho recurso, a efecto de que puedan controvertir la asignación de tiempos en radio y televisión para la transmisión de campañas con fines institucionales.

b) Recurso de reconsideración. Propone abrir las hipótesis por las que este medio de impugnación es aplicable.

c) Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Se plantea la posibilidad de ampliar la procedencia del juicio ciudadano a casos como el acceso y ejercicio de cargo en los órganos electorales o los impedimentos para que los funcionarios electos en los poderes legislativos y ejecutivos de estados y municipios puedan ocupar y ejercer los cargos para los que fueron electos.

Si bien el documento es consistente con el planteamiento constitucional de privilegiar la resolución interna de conflictos intrapartidarios sobre la jurisdicción federal, se considera necesario garantizar que ese principio no haga nugatorio el derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia impartida por este Tribunal Electoral.

d) Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Se propone abrirlo a temas como la redistritación, el financiamiento público y la imposición de sanciones, así como los actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los procedimientos de participación ciudadana, previo agotamiento, desde luego, de las cadenas impugnativas locales. 

Código federal de instituciones y procedimientos electorales

Se hacen diversos planteamientos para enriquecer el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en temas sobre los que el Tribunal Electoral se ha pronunciado en sus sentencias.

Así se propone garantizar el acceso a los tiempos del Estado en radio y televisión en materia electoral a los partidos políticos locales con el objeto de propiciar condiciones de equidad en el ámbito local. Se precisa que precandidatos y candidatos en ningún momento podrán adquirir o contratar tiempos en radio y televisión.

Por otra parte, se definen los sujetos obligados en materia de radio y televisión, pues se precisa que la obligación de transmitir los tiempos del Estado se actualiza respecto de cada estación de radio o canal de televisión.

Respecto a la regulación del Artículo 134 constitucional se introducen modificaciones sobre difusión de informes anuales de labores o gestión de los servidores públicos, entre otros.

En materia de equidad de género, se incorporan tres propuestas de la mayor relevancia: la introducción de las reglas de paridad de género y alternancia entre los sexos, así como la modificación de composición de las fórmulas de candidatos.

Así, se sugiere que del total de solicitudes de registro, 50 por ciento se integre con fórmulas de un mismo sexo; también que las listas de representación proporcional se integren por fórmulas alternadas entre los sexos, es decir, intercaladas en forma sucesiva una mujer seguida de un hombre o viceversa de modo tal que el mismo sexo no se encuentre en dos lugares consecutivos; por último se establece que el propietario y suplente de cada fórmula sean personas del mismo sexo.

Además se modifica el orden de alternancia para la sustitución de fórmulas, al establecer que la ausencia de ambos integrantes sea sustituida por la siguiente fórmula del mismo sexo de la lista.

Otro aspecto a destacar es dotar a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral de la facultad de ordenar, como medida cautelar, la suspensión de la difusión en radio y televisión de propaganda política electoral que resulte probablemente violatoria del Código

Por otra parte, se precisan reglas de asignación de tiempos para las precam pañas de procesos comiciales locales con jornada electoral concurrente con la federal, así como que las candidaturas comunes locales, serán consideradas como coaliciones, incluso cuando las normas locales las distingan de éstas. 

Apunte final

La complejidad y relevancia de la Reforma Política que se discute hoy en México se ha dado en el marco de un nutrido y respetuoso debate en el seno del Poder Legislativo Federal.

La diversidad de enfoques, propuestas y posiciones refleja la pluralidad de la sociedad mexicana y, sobre todo, el interés por explorar aspectos de la mecánica constitucional que permitan el perfeccionamiento de nuestra democracia.

Es relevante que los órganos especializados del país aporten insumos a ese debate, pues su experiencia en la aplicación y la interpretación de la norma puede ser benéfica para la discusión legislativa y, en su caso, podría traducirse en mejoras a la norma.

La posibilidad de ir mejorando el Marco Jurídico y de hacerlo a través de un debate participativo e informado es un privilegio de las democracias desarrolladas, aprovechemos nuestro tiempo.


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