La propuesta presidencial sobre iniciativas ciudadanas: Entre el escepticismo y la esperanza

El Estado constitucional de Derecho se configura precisamente a partir de las minorías y su participación en las decisiones públicas

Por: Oswaldo Chacón Rojas

El tema de la iniciativa ciudadana en la propuesta de reforma constitucional del presidente, busca otorgar a los ciudadanos el derecho de organizarse para enviar al Poder Legislativo propuestas representativas de las demandas de la sociedad sobre cualquier tema, proporcionando una alternativa para promover leyes y reformas que respondan a las necesidades sociales.

Su incorporación pudiera constituir un paliativo para justificar restricciones impuestas a los partidos y el privilegio de las iniciativas preferentes del presidente.

De forma doctrinal se ha considerado que este instrumento de participación ciudadana adquiere mayor importancia en un escenario de ciudadanías minoritarias, de grupos definidos, en el que la participación adquiere el rango de meta primordial.

El Estado constitucional de Derecho (en la idea de autores como Zagrebelsky) se configura precisamente a partir de las minorías y su participación en las decisiones públicas, entre las que, por supuesto, se encuentran el fenómeno de la creación, modificación y derogación de normas jurídicas.

En este sentido, la propuesta presidencial parece ser conveniente y oportuna para una sociedad tan plural y multicultural como la mexicana.

Esta acción popular de ley (como también es conocida), es una forma de “democracia directa” muy utilizada en Europa en países como Suiza, Italia, España, Austria, Hungría y Liechtenstein.

En América y el Caribe también se encuentra reconocida en más de la mitad de las cartas fundamentales (Argentina, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros países). No obstante, son Argentina, Uruguay y Colombia los países que más uso hacen de este instrumento.

En México, las constituciones de los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, ya contemplan esta figura, pues los congresos locales no tienen ninguna limitación al respecto. De hecho, el primer antecedente lo encontramos en el estado de San Luis Potosí, en 1943.

En la exposición de motivos de la iniciativa se argumenta que su reconocimiento constitucional representa una evidente ampliación de los derechos políticos de los ciudadanos al tener la facultad de proponer iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión.

Pero, ¿es esto cierto? La realidad es que se trata de una institución que conlleva una serie de aristas y que, además, así como viene presentada en la iniciativa del ejecutivo, genera mucha desconfianza. De tal suerte que hablar de las expectativas de esta propuesta es movernos en hilo muy delgado entre el escepticismo y la esperanza.

La decepción pudiera derivarse de la experiencia negativa en otras democracias donde su implementación ha sido una falacia que, lejos de contribuir al empoderamiento ciudadano, ha sido una mera montaña de humo para justificar medidas arbitrarias y gobiernos autoritarios.

Algunos autores argumentan que el hecho de no utilizar el conocimiento y experiencia de que disponen los abogados del gobierno, que están familiarizados con el procedimiento para la elaboración de leyes, provoca que las medidas aprobadas resulten poco efectivas o tengan que ser reformuladas debido a que las personas que intervinieron en su enunciación no cuentan con la experiencia necesaria para ello.

De la misma forma, se le cuestiona porque puede propiciar la “tiranía de la mayoría”. Este término hace referencia al hecho de que el poder electoral de los grupos mayoritarios de la sociedad se puede utilizar para restringir o anular los derechos de los grupos minoritarios. Los críticos argumentan que sin la influencia moderadora de la legislatura se podrían aprobar leyes capaces de afectar los derechos de los grupos minoritarios de la sociedad.

En muchos lugares las iniciativas son inútiles principalmente donde la cultura política es básicamente parroquial. Resulta lógico que este instrumento sólo pueda funcionar en democracias que cuentan con una masa ciudadana participativa, políticamente educada, cívicamente responsable y, sobre todo, correctamente informada; donde los medios de comunicación masiva gozan de amplia libertad y su gestión es controlada por órganos ciudadanos que excluyen la injerencia estatal. Condiciones que parecen no existir, al menos cabalmente, en México.

Aun y cuando desconocemos los detalles técnicos, básicamente los requisitos para promoverlas, se observa que en la mayoría de las democracias son tan complicados que las convierte en instrumentos difíciles de utilizar. En ocasiones se vetan temas de la agenda de estas iniciativas, como es el caso de materias presupuestarias, política exterior, de defensa y leyes orgánicas, entre otras.

O se dejan fuera reformas constitucionales, como en el caso de la legislación chiapaneca donde la iniciativa está restringida sólo para proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes o decretos de carácter general.

Pero quizá el aspecto que más llama al desánimo es que en la versión contemplada en la propuesta presidencial, el que los ciudadanos cuenten con la capacidad de presentar proyectos de ley es irrelevante.

Contar con ella no garantiza en lo absoluto que el tema de que trate será abordado en la Cámara en que se presente, y mucho menos que será aprobado y se convierta en norma vigente cuando el Ejecutivo la promulgue y publique.

Si el presidente mismo ha padecido la desatención y el desinterés de las cámaras ante sus iniciativas, es iluso o engañoso pensar que se pueda dar un tratamiento diferente a la iniciativa ciudadana.

Por último, resulta decepcionante que en la propuesta no se hayan contemplado otras figuras como el referéndum, plebiscito, o revocación de mandato, que resultan complementarias de estos ejercicios y que pudieran contribuir a incentivar la participación ciudadana y, por ende, la deliberación de los asuntos públicos del Estado mexicano.

A pesar de que estas condiciones conllevan un alto grado de escepticismo, también se presentan razones esperanzadoras relacionadas con las posibles contribuciones democráticas de esta propuesta.

Basta observar la experiencia en otras democracias donde, igualmente, la iniciativa se restringe sólo a la presentación del proyecto, siendo su tramitación facultad exclusiva del Congreso, para identificar que este instrumento ha jugado un rol integrador en sociedades con un alto grado de desconfianza en la actividad parlamentaria.

De tal suerte que no deben minimizarse sus efectos favorables en el fortalecimiento anímico a favor de la democracia y en el empoderamiento ciudadano en general.

Su reconocimiento y uso bien pudiera contribuir a paliar el evidente desánimo ciudadano, o desafección política hacia una democracia representativa desangelada como la mexicana.

Un cansancio y hastío respecto de la democracia representativa, que se expresa en la evidente descalificación ciudadana implícita o explícita de todo aquello que suene a representación electoral, a actividades de partido o a militancia política.

Este fenómeno se ha recrudecido en México una vez que, después de que el sistema electoral generó la competencia y alternancia en el poder, se presentó la tentación de pensar que la construcción democrática se llevaría a cabo de forma casi automática.

Sin embargo, ahora se puede afirmar que la democracia mexicana aún se encuentra en ciernes. La mayoría de los mexicanos no identifica a los partidos como agencias privilegiadas de representación. Les parecen alejados de los intereses ciudadanos y centrados en sus ambiciones de poder.

De mantenerse esta tendencia, la democracia seguirá perdiendo legitimidad y las instituciones debilitándose, colonizándose aún más por los partidos –que ven a los ciudadanos como clientes– y por los políticos corruptos.

Esto no es asunto menor, la relación entre confianza y democracia ha sido extensamente señalada por una larga tradición, cuyos orígenes se remontan a los trabajos de Alexis de Tocqueville, Montesquieu, Hume y Madison.

Incluso recientemente, el tema de la confianza ha sido retomado en una serie de trabajos que han intentado demostrar que sin confianza no es posible la democracia (Boix y Posner, 1998; Paxton, 2002; Putnam, 1993 y 2000; Warren, 2001), ni la gobernabilidad misma (Arbós y Giner, 1993).

Así, una perspectiva muy difundida ha señalado que distintas formas de confianza –que van desde la interpersonal, la confianza en el gobierno o la confianza en las instituciones, hasta la existencia de redes de participación ciudadana y formas de asociacionismo– conforman los micro-fundamentos de las democracias saludables.

Su tesis es que, para que una democracia funcione bien, debe observarse confianza de los ciudadanos entre sí y de éstos hacia el gobierno. Este enfoque postula que una intensa vida cívica constituye el cimiento de una buena democracia.

Desde esta perspectiva, aún y cuando la propuesta presidencial genera un tufillo de desconfianza al no garantizar la discusión ni, mucho menos, la aprobación de las iniciativas ciudadanas, se presenta como una posibilidad de participación política más directa de los ciudadanos que pudiera motivarlos.

Desde el punto que se vea, dicho aliento resulta necesario ante la creciente crisis de la democracia representativa en México.

Además, el que los ciudadanos cuenten con este instrumento y hagan uso de él, puede contribuir a alinear los intereses de la agenda legislativa del Congreso con las preocupaciones reales de la ciudadanía, aunque sea mínimamente.

Así, la ciudadanía podrá emitir mensajes claros a los partidos políticos para que incluyan en sus plataformas electorales y sus agendas programáticas preocupaciones sociales claramente respaldadas. En este sentido, la simple existencia de este instrumento actuaría como un contrapeso o medida de presión a las funciones de la legislatura.

 


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