La pluralidad insuficiente

Por: Jorge Javier Romero

Politólogo. Maestro en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-investigador titular C del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

¿Es suficiente o no la competencia electoral plural en la búsqueda de un orden social abierto?, ¿el sistema electoral mexicano permitió la formación de una oligarquía partidista? En su texto, Jorge Javier Romero hace un repaso sobre la historia política de México de los años recientes a través de un análisis del registro de partidos, la organización política de los ciudadanos y las candidaturas independientes.

Durante las últimas dos décadas del siglo XX, cuando el régimen del PRI se encontraba ya inmerso en una profunda crisis, al tiempo que la estabilidad económica que lo había caracterizado se hacía añicos, la discusión en la Ciencia Política Mexicana se centró en el tema de la transición a la democracia.

Mientras el viejo monopolio político se debatía por no cambiar y sólo aceptaba sucesivas reformas en el margen, al tiempo que el pacto que lo había consolidado en el poder se resquebrajaba de derecha a izquierda, los analistas discutían sobre si ya había empezado o no la transición, atados al esquema desarrollado por Schmitter, O’Donnell y Whitehead (1986), puesto de moda por su capacidad explicativa de la mecánica de los procesos de democratización de la llamada tercera ola, que había comenzado con el fin de las dictaduras en Grecia, Portugal y España entre 1974 y 1975, había continuado continuado durante la década de 1980 en Sudamérica y Centroamérica y había alcanzado un punto culminante con el colapso de los regímenes comunistas del centro y el este de Europa durante los primeros años de la década de 1990.

Desde aquella perspectiva, el horizonte a alcanzar era la construcción de un régimen pluralista con elecciones libres y aceptadas por los contendientes: una poliarquía que cubriera los requisitos mínimos planteados por Robert A. Dahl (1989). El objetivo planteado era casi exclusivamente político: la democracia tenía sentido en sí misma, sólo como mecanismo para resolver el conflicto por el control del Estado sin violencia. Se trataba de una visión complaciente de la democracia que el mismo Dahl cuestionaría en trabajos posteriores (Dahl, 2001).

Muy pocos autores de aquellos tiempos, centrados en la formalidad del arreglo político, se aventuraron a plantear la democracia como parte de un proceso más amplio para avanzar hacia una sociedad abierta que garantizara el crecimiento económico sostenido, con algunas excepciones, como la de  Adam Prsevorski, que en su libro Democracy and the Market (1990) planteó la vinculación entre la competencia económica y la democracia, al tiempo que señalaba las consecuencias distributivas de los arreglos políticos.

Mientras el debate de los politólogos iberoamericanos, en los que se encuadraban los mexicanos, se centraba en las formalidades de los pactos de elites que conducían al establecimiento del pluralismo, desde el nuevo institucionalismo económico, Douglass C. North (1990) expandía el horizonte interpretativo con su análisis sobre el papel que jugaban las instituciones –entendidas como el conjunto de reglas del juego de una sociedad– para el desempeño económico. El trabajo del North traía de regreso al Estado y sus concreciones al debate económico sobre el crecimiento, pues lo colocaba como la principal fuente de desarrollo institucional, con importantes consecuencias sobre el conjunto de incentivos de los actores económicos, políticos y sociales: el Estado podía ser tanto la garantía del buen desempeño de la economía como la causa fundamental del estancamiento.

Mientras transcurría ese debate teórico, los cambios institucionales se aceleraban en México como producto tanto del agotamiento del modelo económico que había impulsado el régimen del PRI durante su época clásica, como por el resquebrajamiento del pacto político de 1946, el tercero de una serie sucesiva de acuerdos comenzada en 1929, que había consolidado en el poder a la coalición desde entonces dominante.

El del PRI ha sido calificado, desde la perspectiva formal de la Ciencia Política como un régimen autoritario. Los males que encarnaba, por tanto, eran esencialmente políticos y, por tanto, bastaría con abrir la política a la competencia plural para acabar con las calamidades por él creadas. Veinte años después, con una competencia política relativamente abierta, ha quedado claro que no bastaba con la existencia de elecciones libres para romper con las inercias de un arreglo político que ha limitado el crecimiento económico, lo ha sometido a crisis episódicas y ha reproducido la desigualdad, al tiempo que ha dejado de ser eficiente para reducir la violencia.

Durante la época clásica del PRI se alcanzó la madurez del orden social de acceso limitado que ha existido en México desde la consolidación del primer Estado nacional posterior a la independencia, con la restauración de la República en 1867 y su afianzamiento durante el Porfiriato. Los Estados naturales o de acceso limitado se caracterizan, según North, Wallis y Weingast (2009) por reducir la violencia a partir de pactos de distribución de parcelas de extracción de rentas entre los incluidos en la coalición de poder; las protecciones estatales se extienden sólo a aquellos que pagan directamente por ellas o a las clientelas políticas en las que sustentan su dominio los integrantes del pacto de dominación. Para hacer negocios, para conseguir servicios o para desobedecer la ley se requiere de protecciones particulares obtenidas a través de relaciones personales con quienes tienen la capacidad de extender el patronazgo. El Estado mexicano ha sido, a lo largo de su historia, un claro ejemplo de este tipo de orden social.

La versión priista de orden social limitó el acceso a la organización económica, política, sindical y social sólo a los incluidos en su esfera de protección, en la medida en la que aceptaron las reglas establecidas para el reparto de rentas. La corrupción, por ejemplo, ha formado parte del arreglo político y ha sido producto de la manera en la que el Estado, formado por una coalición estrecha de intereses, se ha relacionado con la sociedad.

Durante los años de estabilidad económica y política posteriores al pacto de 1946, los favoritos del régimen obtuvieron grandes beneficios: los empresarios dedicados a la producción para el mercado interno, protegidos de la competencia exterior, los dirigentes sindicales a los que se les otorgó el monopolio de la representación laboral y el usufructo exclusivo de las cuotas sindicales, al tiempo que se les permitía cobrar a los empresarios por la docilidad de los trabajadores, los burócratas que vendían directamente los servicios públicos, las organizaciones a las que se les otorgaba algún monopolio de servicios a cambio de su lealtad política, por citar algunos. En cambio, para los trabajadores urbanos o los campesinos el crecimiento económico se tradujo apenas en migajas.

El régimen comenzó a agrietarse cuando su capacidad para garantizar la creación de rentas y su distribución clientelista se agotó. Desde la década de 1970 cuando surgieron grupos guerrilleros y el corporativismo sindical comenzó a ser retado desde el propio movimiento laboral, pero sobre todo durante la de 1980, el orden social mexicano mostró sus limitaciones para que el país aprovechara las ventajas de los mercados globales y del cambio tecnológico y las bases del consenso se mostraron insuficientes para mantener la estabilidad política. La coalición de poder optó por la ampliación gradual de la inclusión política, presionada por la contestación primero desde la izquierda, con expresiones que incluso retaron la capacidad estatal de reducir la violencia, después desde la derecha, agraviada por la nacionalización de la banca en 1982 y que canalizó electoralmente su descontento a través del PAN, y más tarde por la fractura del propio PRI, una vez que la crisis económica redujo sustancialmente la capacidad del arreglo para distribuir rentas entre los diversos grupos pertenecientes a la coalición.

Las reglas de inclusión política, hasta entonces marcadas por un fuerte proteccionismo electoral, se comenzaron a modificar con la reforma de 1977 y desde entonces el proceso de cambio institucional se volvió iterado, hasta que se alcanzó un nuevo pacto de elites en 1996, el cual ha sido visto por varios analistas (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2001) como el punto culminante del proceso de transición democrática. Sin embargo, hoy, a casi veinte años de distancia, es evidente que si bien el acuerdo de 1996 significó un paso importante en el proceso de transición más amplio de un orden social de acceso limitado a uno de acceso abierto, el Estado mexicano no ha superado buena parte de las características que lo definen como protector de intereses particulares, lo que sigue obstaculizando el crecimiento sostenido y con el agravante de que ya no es capaz de reducir con eficacia la violencia.

El pacto de 1996 amplió la inclusión y fijó un marco para la competencia electoral entre un número limitado de fuerzas, pero mantuvo o redefinió buena parte de las barreras proteccionistas en materia electoral, extendidas a los nuevos integrantes de la coalición de poder. Si bien con las nuevas reglas se terminó con el monopolio del PRI, el nuevo proteccionismo derivó en un oligopolio de tres partidos, amparado en las reglas cada vez más restrictivas para el registro, figura clave del sistema proteccionista.

Por lo demás, el pacto de 1996 dejó intocados otros aspectos claves del régimen de la época clásica del PRI. Los obstáculos para la organización sindical, por ejemplo se han mantenido intactos, por lo que las protecciones clientelistas siguen vigentes en el mundo laboral, apenas tocadas con las reformas recientes en el ámbito educativo.

El inveterado sistema de botín en la administración pública, que permite el reparto del empleo público entre los validos de los políticos para convertir a los funcionarios en clientelas de los diferentes grupos integrados en la coalición de poder, se ha mantenido casi intacto en el ámbito federal, apenas modificado por la simulación de la ley del servicio público profesional del sexenio de Vicente Fox, mientras que en el ámbito local y municipal sobrevive sin limitación alguna. Este arreglo ha tenido consecuencias tóxicas para la sociedad mexicana, pues ha producido un sistema de incentivos perverso, que premia la disciplina burocrática y la lealtad política, mientras desprecia el conocimiento, la capacidad y el buen desempeño.

Pero el déficit mayor del pacto de 1996 fue que no se basó en un nuevo acuerdo social en torno a la legalidad. La ley en México sigue siendo un referente para la venta de protecciones particulares y para la negociación de la desobediencia. El acceso al sistema judicial sigue limitado a aquellos que pueden conseguir protecciones políticas, a los influyentes, no a todos por igual, con las consecuencias distributivas correspondientes, que reproducen la desigualdad y los privilegios.

En suma, el pacto de 1996 modificó sólo parcialmente las posibilidades de acceso a la organización política, pero no significó el tránsito final del Estado mexicano a un orden social de acceso abierto, pues buena parte del sistema de protecciones particulares sigue intacto. En al ámbito electoral mismo, las reglas para el registro de los partidos se han hecho cada vez más restrictivas y las candidaturas sin partido se han mostrado ya como un resquicio para provocar la apertura del arreglo, el hecho es que también ahí los obstáculos para la participación se muestran ingentes.

La historia política de México durante los últimos veinte años muestra que la competencia electoral plural es insuficiente para alcanzar un orden social abierto, sobre todo cuando se trata de una competencia limitada con enormes obstáculos de entrada. El sistema electoral hoy existente permitió la formación de una oligarquía partidista que en poco se diferencia en sus resultados del viejo monopolio del PRI. La subsistencia de la figura del registro de partidos, elemento clave del proteccionismo electoral inaugurado con el pacto de 1946, es la piedra de toque de las restricciones actualmente existentes al acceso a la organización política de los ciudadanos, mientras que las llamadas candidaturas independientes son un mero subterfugio insuficiente para la verdadera apertura de la competencia política.

 

Bibliografía y fuentes de información

Becerra, Ricardo. Pedro Salazar y José Woldenberg (2001). La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas, México: Cal y Arena.

Dahl, Robert A.(1989). La Poliarquía. Participación y oposición, Madrid: Tecnos.

––– (2001). How Democratic is the American Constitution?, New Haven: Yale University Press.

North, Douglass C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press

––– John Joseph Wallis y Barry R. Weingast (2009). Violence and Social Orders, Cambridge: Cambridge University Press.

O’Donnell, Guillermo. Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (1986). Transitions from Authoritarian Rule, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Prsevorski, Adam (1991). Democracy and the Market, EUA: Cambridge University Press.

 


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