La conquista del derecho a la ciudad en guadalajara

En esta colaboración, Alejandro Mendo Gutiérrez retrata el largo recorrido para hacer valer el Derecho a la Ciudad en una urbe como Guadalajara, bajo un sesgo sincrónico, particularmente visto a través de los últimos cincuenta años de desarrollo urbano

Por: Alejandro Mendo Gutiérrez

Doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara, dedicado a la investigación urbana y a la docencia en materia de asentamientos humanos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).

Desde su contundente introducción en 1968, la noción del Derecho a la Ciudad –formulada por el sociólogo marxista francés Henri Lefebvre– abriría en el plano internacional insospechadas oportunidades de avance intelectual y de progreso social, tanto desde la reflexión académica en universidades como en el fragor de las trincheras callejeras de los movimientos urbanos populares, debido a los sólidos fundamentos ideológicos en que este concepto descansa. La indiscutible aportación lefebvriana marcó un parteaguas teórico para las ciencias sociales que todavía sigue impulsando transformaciones urbanas cincuenta años después de que viera la luz y en regiones geográficas muy alejadas del continente europeo.

Guadalajara, la segunda metrópoli mexicana, es una de esas localidades en donde puede rastrearse el impacto tangible de tal contribución. Por eso, en estas páginas se intentará un somero recuento de los principales hitos locales relacionados con el Derecho a la Ciudad. En resumen, se distinguen tres grandes momentos históricos que marcan con claridad la evolución de esta prerrogativa hasta su concepción actual: a) la emergencia de los sin techo entre los años 1970 y 1990, b) de 2000 a 2015 la introducción de referentes urbanos vanguardistas por la sociedad civil, y c) el empuje institucional por gobiernos de avanzada a partir de esa fecha. A continuación se puntualizan los distintos aspectos de interés que marcan a cada una de esas etapas pensando en la posible utilidad que pudiera tener este texto para quienes trabajan alrededor del Derecho a la Ciudad.

 

Primer acto: las luchas populares por vivienda y servicios básicos

 

Si algo dejaron en claro los exhaustivos trabajos científicos y los múltiples ensayos filosóficos de Lefebvre, es que en las ciudades contemporáneas los procesos urbanizadores son motores funcionales de la racionalidad consumista que dirige la producción del espacio construido a la máxima plusvaloración inmobiliaria de los intereses económicos de las clases sociales dominantes. Desde la perspectiva materialista dialéctica, esta lógica capitalista conlleva problemáticas estructurales cuando la apropiación lucrativa desmedida sacrifica aspiraciones humanizantes colectivas dando paso a drásticos procesos de ajuste muy críticos que terminan expulsando a los sectores más vulnerables de las geografías donde radican y de los circuitos del empleo donde laboran. Lefebvre llama a esta dinámica hegemónica racionalidad urbana y anticipa que, en la producción del espacio, la sociedad evidencia en sus formas de apropiarse del territorio ciertas contradicciones, oposiciones y paradojas del tipo centro (poder y riqueza)-periferia (marginalidad y pobreza). En opinión de González Ordovás (1998: 308) “el urbanismo, como fenómeno de clase, es irremediablemente político” desde que organiza áreas, impone flujos, dispone reglas y controla el espacio.

Este contexto sociopolítico ampliamente distribuido por los países latinoamericanos desde la década de los sesenta fue el marco en que surgieron los excluidos de la ciudad o los sin techo, es decir, los vastos ejércitos de proletarios que irrumpirían en las periferias metropolitanas para ocupar los resquicios menospreciados por los estamentos privilegiados. En el caso tapatío, la emergencia de pobladores marginales rebasaría los mecanismos gubernamentales instituidos para atender la demanda habitacional originando enormes distritos de infravivienda que por años subsistieron en las peores condiciones de vida. Y con la formación de los movimientos urbanos populares reivindicativos de tierra y servicios básicos ocurre el primer punto de inflexión del Derecho a la Ciudad en la Guadalajara conurbada. En opinión de Regalado Santillán (1995), la lucha local por la vivienda brotó del significativo aumento de la pobreza urbana y del crecimiento de la marginación social, cuestiones oportunamente señaladas entonces por algunos catedráticos investigadores y profesionales del urbanismo[1] quienes advirtieron los problemas futuros que enfrentaría la ciudad de no intervenirse remedialmente a tiempo.

Como sea, la falta de infraestructura urbana en la primera corona de expansión metropolitana favoreció la organización de diversos frentes de lucha social al constituirse en la exigencia central de las frecuentes marchas, plantones, demandas y manifestaciones que tuvieron lugar entre 1970 y finales de los ochenta. Como elemento ideológico de fondo vertebrando estas expresiones, es posible descubrir los planteamientos críticos de Lefebvre que develan la coartada de los grupos políticos como estrategia de un poder burocrático al servicio los intereses financieros del urbanismo de clase. La introducción entre las filas populares de terminología revolucionaria de izquierda y la formulación de propuestas políticas progresistas se corresponde con las actividades divulgativas y de apoyo solidario que promotores comunitarios, religiosos comprometidos, académicos activistas y líderes partidistas brindaron a las bases más receptivas y no cooptadas por el corporativismo estatal imperante.[2]

La asimilación del pensamiento lefebvriano es patente en la medida en que entonces legitima la articulación gradual entre la acción colectiva radical y el empoderamiento democrático. En este sentido, las significativas victorias y logros de los solicitantes de suelo, vivienda y servicios establecieron la altura y el tono para los subsiguientes diálogos con las administraciones municipales y estatales, aunque el eventual cumplimiento oficialista de las peticiones también supuso el vaciamiento paulatino de las reclamaciones mismas hasta dejar éstas de tener el peso inicial y terminar desactivándose en un estancamiento pasivo que se prolongaría hasta la fecha.

El Derecho a la Ciudad es patente durante esta etapa a través de la concreción de los mínimos satisfactores de habitabilidad exigibles a cualquier gobierno. Visto así, los postulados de Lefebvre demuestran que las superestructuras constrictivas inherentes a los sistemas sociales pueden ser superadas por haceres emancipatorios que, además de ser políticamente correctos –como en efecto es el Derecho a la Ciudad–, son también pragmáticos.

 

Segundo acto: la acometida de los colectivos de resistencia por una mejor urbe

 

La Guadalajara metropolitana conoció hace treinta años una fase de consolidación urbana con la regularización de los muchos asentamientos informales que crecieron en su primer anillo de expansión (Jiménez Huerta y Cruz Solís, 2015). Con la introducción de infraestructura y equipamientos en esas colonias populares se elevó la calidad de vida, pero también, los gobiernos locales neutralizaron el potencial de conflicto social que representó por años el movimiento urbano popular. A partir del cambio de milenio comenzarían a manifestarse otro tipo de expresiones reclamando avances urbanos. En principio, diremos que saltó a la escena local una constelación de agrupaciones de la sociedad civil organizada preocupadas por grandes temas problemáticos: la degradación ambiental de los entornos silvestres, la congestión vehicular permanente de vialidades, la polarización social entre adinerados y desposeídos o la fragmentación espacial de distritos bien dotados de servicios y aquellos carentes de lo elemental.

Se trata de la injerencia abierta y pública de colectivos de nuevo cuño[3] que visibilizan las resistencias y expectativas socioculturales enarboladas por peatones, migrantes, discapacitados, jóvenes, indígenas y otros perfiles sociales que ejemplifican la nueva composición residencial de la metrópoli. La principal aportación de este conjunto multifacético será el enriquecimiento conceptual de las políticas públicas y la renovación léxica de la terminología empleada por funcionarios gubernamentales, que no es poca cosa. A raíz de las creativas actividades que estas organizaciones concibieron y realizaron de forma sostenida es que la aspiración por el Derecho a la Ciudad se hace presente en la Guadalajara metropolitana, esta vez mediante la incorporación de nociones clave del nuevo urbanismo como el espacio público accesible, la movilidad no motorizada, la gestión social del hábitat, la contraloría social de la obra pública, la sustentabilidad ambiental y la observación ciudadana de la gestión gubernamental.

¿Cómo es que el Derecho a la Ciudad se revela localmente en esta fase? La respuesta es simple: por vía de la exigencia colectiva al disfrute de lo que Karal Vasak llamó derechos de segunda y tercera generación, a saber, las prerrogativas económicas, sociales y culturales exigibles que se relacionan con las condiciones de vida, con el bienestar, con la equidad, con la calidad del entorno y con la solidaridad social (Rabossi, 1997). Lo anterior implica una novedad en Jalisco si se considera que este empuje ciudadano obligó a que las autoridades gubernamentales modificaran sus tradicionales esquemas operativos, a que actualizaran los anticuados marcos normativos vigentes y a que intervinieran situaciones deficitarias rezagadas por años. Desde la perspectiva lefebvriana, esta progresión representa no solamente la participación democrática directa de la sociedad en la transformación consciente de la urbe sino, más importante aún, el arribo a la ciudad socialmente justa.

En la difusión temprana y sostenida de estos contenidos innovadores jugaron roles primordiales algunas instituciones de educación superior regionales que de manera recurrente insistieron en abrazar el Derecho a la Ciudad como una aspiración utópica digna de concretarse en el país. Así, personalidades como Enrique Ortiz Flores –activista social de largo aliento y catedrático emérito mexicano–, Guillermo Peñalosa –empresario y funcionario colombiano–, Fernando Carrión Mena –investigador académico y planificador urbano ecuatoriano–, Jordi Borja –urbanista catalán y profesor universitario–, Diane E. Davis –estudiosa norteamericana del cambio sociourbano– y Germán Solinís Noyola –arquitecto tapatío y oficial de Unesco– serían algunos de los conferencistas invitados y asesores voluntarios que más influyeron para fijar en el imaginario colectivo la prerrogativa ciudadana.

Cabe resaltarse que no pocos analistas han señalado recientemente cómo Guadalajara se ha erigido en un referente latinoamericano de la reapropiación de lo público a partir de su activismo urbano. Estrada y Ponce (2014: 55) apuntan cómo estas expresiones ciudadanas espontáneas preocupadas por diversos asuntos han jugado “un papel importante en la gestión y discusión de temas nodales” localmente hablando. Proceso complejo que no tiene todavía una explicación integral pero que sí apunta a un conjunto de factores y circunstancias todas asociadas al Derecho a la Ciudad cuando es llevado a la práctica. Martínez Velázquez (2015) sugiere que la rotunda incidencia de la sociedad civil local en la toma de decisiones sobre asuntos públicos se comprende por la interacción de tres condiciones: a) una agenda ciudadana compartida que incluye contenidos innovadores y pretensiones vanguardistas que da lugar a buenas prácticas en la solución de problemas colectivos, b) una estructura organizacional ciudadana reducida, plural y flexible –pero expandible según se requiera– que maximiza los recursos comunicacionales de las redes sociales internéticas potenciando sus impactos en otras esferas y circuitos, y c) una masa crítica de sectores sociales locales hartos de ser desdeñados en sus necesidades más sentidas. Estas circunstancias, insiste Martínez Velázquez, hacen de Guadalajara una ciudad donde los ciudadanos son capaces de reclamar sus derechos; y eso es empoderamiento democrático.

Ahora bien, en el caso de Guadalajara, Orozco Barba (2016) ha mostrado cómo estas iniciativas ciudadanas han redondeado el concepto del Derecho a la Ciudad sumando una dimensión trascendental desde que sus habitantes han logrado imprimir una configuración significativa o un sentido colectivo a sus utopías. Desde esta óptica, al control social ganado y a la rendición de cuentas exigida hay que añadir la realización cultural del cuerpo social.

 

Tercer acto: la naciente innovación gubernamental hacia una gerencia urbana profesional

 

El ejercicio del Derecho a la Ciudad en la conurbación tapatía se encuentra al día de hoy experimentando una fase evolutiva muy interesante –por su naturaleza inédita y por su final incierto– marcada por la asimilación institucional de contenidos democratizantes que vienen haciendo las administraciones públicas y sus aparatos operativos. A estas alturas, legislaturas y equipos técnicos burocráticos han terminado de entender que su permanencia futura en la esfera pública depende de la calidad de los programas políticos que formulen. En este sentido, buena cantidad de nociones clave relacionadas con el ejercicio del Derecho a la Ciudad están siendo integradas por los distintos partidos contendientes en Guadalajara a las llamadas plataformas electorales y sus apartados temáticos.

En el fondo, lo que ocurre es que las agencias institucionales locales han iniciado un proceso estructural reorganizativo para nivelar su desempeño frente a los contribuyentes tomando como referencia las novedades introducidas por los actores privados y sociales más vanguardistas y adelantados. Corona y Arias (2016: 198) afirman que este proceso representa la “configuración de un régimen de coordinación metropolitana de segunda generación”. En consecuencia, se han venido produciendo ciertas innovaciones en el sector público que no consisten solamente en la mejora de la prestación de los servicios públicos, sino que buscan la participación colaborativa entre actores gubernamentales y sujetos civiles “para la co-creación de métodos, técnicas y habilidades […] para el impulso de decisiones y políticas públicas” (Mariñez Navarro, 2015: 25). Por lo anterior, en la Guadalajara metropolitana comienzan a ensayarse articulaciones inéditas entre académicos, activistas, cámaras y colegios gremiales, vecinos y funcionarios que representan en alguna medida la apropiación del Derecho a la Ciudad pues ya rinden nuevos valores, actitudes, procesos y estándares.

Hay varios casos locales de nuevas ideas que funcionan en las administraciones públicas que pueden referirse. Uno muy conocido es el del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara que ha venido apostando por incorporar a distintos individuos y colectivos en el desarrollo de planes y proyectos. Igualmente pueden mencionarse programas municipales y estatales para manejar residuos sólidos urbanos o para mantener espacios públicos en buenas condiciones o para dignificar el transporte urbano colectivo. Pero aun con estos significativos avances resta mucho todavía para que se asuman conceptos como Open Collaboration, Free Software o Peer Production[4] que varios autores refieren como distintivos de la innovación pública (Mariñez Navarro, 2015).

En relación con materias urbanas hay que apuntar que, a pesar de que las autoridades han experimentado novedosas mecánicas para la gerencia de la ciudad, por ejemplo, el empleo de dispositivos móviles en el levantamiento y seguimiento de reportes ciudadanos por quejas y fallas o el uso de plataformas digitales remotas para el cobro de espacios de estacionamiento, subsiste aún un variado elenco de opciones desconocidas localmente hablando que bien pueden representar nuevos avances hacia una gestión urbana más profesional y vanguardista. Entre las alternativas de gestión urbana más exitosas en otras ciudades –y que bien pueden implantarse en la capital jalisciense como resultante del Derecho a la Ciudad– se enlista la experiencia del Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario que opera el Gobierno de la Ciudad de México desde el año 2007 y que al día de hoy ha beneficiado a más de millón y medio de pobladores. En resumen, la espléndida lección que aporta esa buena práctica es que los vecinos gestionan mejor la obra pública cuando la realizan directamente los habitantes pues, al contrario que cuando la desarrollan gobiernos o contratistas, ésta acaba costando menos que lo presupuestado y se entrega antes de lo previsto.

En definitiva, el Derecho a la Ciudad ha sido asimilado por los tomadores de decisiones locales –aunque en distintos grados– como una noción imprescindible que debe orientar la formulación de la acción pública en diferentes áreas del quehacer gubernamental. No obstante, este concepto sigue siendo percibido de manera heterogénea por los actores políticos pues en algunos casos se le manipula superficialmente como membrete o leitmotiv mientras que en otros sí se adopta como consigna operativa de amplio espectro y hondo calado. En todo caso, en el ámbito de las dependencias oficiales radicadas en Guadalajara, se trata de un constructo en evolución que avanza irregularmente pero que tiene posibilidades de desarrollo.

 

Conclusiones

 

En la Guadalajara metropolitana se ha visto que el Derecho a la Ciudad es un referente bien conocido por distintos sectores sociales y que ha jugado diferentes roles en el impulso del ejercicio de una ciudadanía más plena. En un primer momento histórico, el Derecho a la Ciudad fue introducido por cuadros formados para el activismo social que pudieron animar las luchas vecinales tapatías por mejores condiciones materiales de existencia frente al régimen autoritario y corporativista de los años setenta. En ese contexto, el Derecho a la Ciudad se limitó al acceso a mínimos de habitabilidad urbana para las capas poblacionales rezagadas por lo que esta condición restrictiva agotó los alcances del Derecho a la Ciudad como noción.

Posteriormente, a lo largo de la transición del nuevo siglo, la insatisfacción generalizada por las problemáticas metropolitanas irresueltas en la capital jalisciense gestó la emergencia de nuevas formas de expresión ciudadana visibles en la movilización abierta y desafiante de colectivos civiles contestatarios pero propositivos que supieron nutrir sus demandas y sugerencias con aportes urbanísticos vanguardistas relacionados con el ejercicio del Derecho a la Ciudad. El impacto social generado por sus intervenciones en la esfera pública forzó a las administraciones gubernamentales a practicar soluciones en campo y potenció el empoderamiento ciudadano efectivo en varios aspectos de la vida social.

En el presente, el sector público ensaya cambios estructurales en sus distintos órdenes de gobierno para renovar los contenidos conceptuales del discurso institucional y adecuar la gestión oficial a nuevos estándares profesionales acordes con las exigencias globales de la sociedad contemporánea. En este intento por aprovechar el Derecho a la Ciudad subsisten desencuentros entre las fuerzas burocráticas que se resisten al cambio y los partidarios de innovaciones públicas. De cualquier forma, el Derecho a la Ciudad puede considerarse un impulsor clave de las grandes transformaciones sociourbanas en la Guadalajara metropolitana pues inspiró y sigue alentando a los más diversos sujetos sociales a conquistar el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

 

 

Bibliografía

 

Corona Ojeda, G.A. y Arias de la Mora, R. (2016). “Análisis de las instituciones y prácticas de la gobernanza en el área metropolitana de Guadalajara: el caso de las instancias de coordinación metropolitana”, en: Hiram A. Ángel Lara y Nancy García Vázquez (Coords.). Análisis de las políticas públicas regionales. Acercamientos y aportaciones. Zapopan, Jalisco: Universidad de Guadalajara.

Estrada Casarín, C.E. y Ponce Simental, T. (2014). “Hacia el Derecho a la Ciudad en Guadalajara, del medio ambiente sano a la movilidad sustentable”, en: Dfensor núm. 10, octubre. México: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Jiménez Huerta E. R. y Cruz Solís H. (2015). “Oportunidades y retos de las urbanizaciones consolidadas de origen informal en el área metropolitana de Guadalajara”, en: Peter M. Ward-Edith R. Jiménez Huerta-Mercedes Di Virgilio-Angélica Camargo Sierra. Políticas de vivienda en ciudades latinoamericanas. Una nueva generación de estrategias y enfoques para 2016 ONU-Hábitat III. Bogotá: Universidad del Rosario.

Lefebvre, H. (1968). Le Droit à la ville. Paris: Anthropos.

Mariñez Navarro, F. (2015). Innovación pública. Para que funcionarios públicos y ciudadanos actúen con saberes cívicos. México: Editorial Fontamara.

Martínez Velázquez, A. (2015, agosto 4). Guadalajara: rebelión ciudadana. En Horizontal boletín semanal. Disponible en http://horizontal.mx/guadalajara-rebelion-ciudadana/. Fecha de consulta: septiembre de 2017.

Orozco Barba, H. (2016). Utopías de la ciudad. La construcción del sentido urbano desde los colectivos. Guadalajara: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Rabossi, E. (1997). Las generaciones de derechos humanos: la teoría y el cliché. En Lecciones y ensayos núm. 69-71. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Regalado Santillán, J. (1995). Lucha por la vivienda en Guadalajara. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

 


[1]      Entre los más conocidos, los arquitectos Daniel Vázquez Aguilar, Eduardo Ibáñez Valencia, Esteban Wario Hernández y Jorge Camberos Garibi.

 

[2]      Una lista de protagonistas sería interminable pero no puede dejar de mencionarse la participación de agrupaciones como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., el Taller de Arquitectura Popular, Educación y Desarrollo de Occidente, y personalidades como Juan Manuel Ramírez Sáiz, Carlos Núñez Hurtado, Román Hurtado Huato, Daniel González Romero, Guadalupe Ruíz Velasco y muchos más.

 

[3]      Deben incluirse asociaciones civiles como ProHábitat, Guadalajara 2020, Red Ciudadana, Tianguis Cultural, Congreso Ciudadano, Ciudad para Todos, Parlamento de Colonias, Ciudades Públicas, ¡Tómala!, Guadalajara en Bici, Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, FM4, Tu Techo Mexicano de Occidente y varias más.

 

[4]      En el mismo orden: “Colaboración abierta”, “Programas informáticos gratuitos” y “Producción entre iguales”.