Igualdad y democracia en México. El caso de la discriminación a los pueblos indígenas

Debería quedar claro que aunque haber nacido pobre, mujer o indígena es efectivamente un asunto de suerte natural, no lo es la existencia de prejuicios mentales y estructuras clasistas, racistas y machistas

Por: Alejandro Sahuí

Hace un año el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe denominado Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad (PNUD, 2010a).

Dicho informe denuncia que a pesar del consenso mundial contra la pobreza, que se ha traducido en amplios logros, no existe el mismo acuerdo sobre el tema de la desigualdad; por lo que reducir ésta debe ser entonces una meta explícita de la política.

Entre los aspectos del informe por destacar se encuentra la identificación de un vínculo insoslayable entre la desigualdad y nuestro pobre desempeño democrático; cabe subrayar la pertinencia de dicho estudio para nuestra región, que es la más desigual del planeta, aunque no la más pobre.

Junto con el informe regional mencionado, el documento global del mismo año La verdadera riqueza de las naciones: caminos al desarrollo humano (PNUD, 2010b) incorpora específicamente el factor de la desigualdad en dos distintas dimensiones con indicadores nuevos: desigualdad multidimensional y disparidad de género.

Asimismo se publicó el estudio titulado Nuestra Democracia (PNUDOEA, 2010) que asume que la desigualdad extrema en América Latina es la causa principal de la crisis de representación política; con la idea de ciudadanía integral caracterizada como el acceso pleno a los derechos humanos se explicitaría el papel de la igualdad en la construcción de una democracia auténtica.

Por último también el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (Konrad Adenauer-Stiftung-PoliLat, 2011) aborda la profunda desigualdad en ingresos, género, territorio y etnia en la región.

El espacio de las libertades efectivas de la gente que el discurso de la democracia defiende depende tanto del acceso a satisfactores que cubran las necesidades básicas como del tipo de relaciones interpersonales que suceden en la sociedad.

Mientras que lo primero requiere la disposición de bienes o recursos que permiten alcanzar ciertos niveles de bienestar, lo segundo demanda una igual atribución de capacidades y derechos sin atender a diferencias moralmente arbitrarias como la posición social, identidad cultural, condición, género, edad, etcétera.

Asimismo demanda abolir cualquier tipo de estructuras y prácticas que generen dominación, explotación, discriminación y exclusión.

Ian Shapiro ha denunciado el divorcio que existe entre teorías de la justicia y teorías de la democracia (1999: 4). Este rompimiento es sorprendente porque en ambos casos la igualdad es un valor constitutivo.

Recientemente Nancy Fraser (2008) ha analizado la relación entre justicia y democracia. La obra de Fraser es conocida sobre todo por la crítica a John Rawls de reducir inicialmente la noción de justicia a su dimensión distributiva, económica.

En el curso del debate de Rawls con el multiculturalismo, Fraser (2000) sugirió añadir el reconocimiento cultural como un aspecto complementario. Su propuesta actual es incluir una nueva dimensión: la representación política.

Distribución, reconocimiento y representación buscarían responder a tres preguntas básicas de la justicia: los qué, quién y cómo. Del lado de la teoría democrática estos tres aspectos también establecen los linderos de la legitimidad política: en relación con sus fines (qué), origen (quién) y ejercicio (cómo).

La crisis de representación que padece la democracia en México y el resto de América Latina refleja una ciudadanía deficitaria. De modo específico revela inequidad en la participación y asimetrías profundas en el poder de influir y controlar las decisiones políticas.

Sin embargo, como explica el estudio Nuestra Democracia sería un error reducir la desigualdad en el ámbito de la representación al tema de los derechos políticos típicos en el sentido de las llamadas democracias liberales o representativas: derecho al sufragio universal, libertad de opinión y expresión, de conciencia y religión, de asociación y reunión pacíficas.

El citado estudio asume correctamente la interdependencia e indivisibilidad de los derechos para una ciudadanía plena. En ello es consecuente con el enfoque de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Existe evidencia suficiente acerca de obstáculos sociales, económicos o culturales para ejercer los derechos políticos elementales: costos de oportunidad para movilizarse, capacidad de articular con claridad las propias demandas, educación sin calidad, pertenencia a grupos discriminados o excluidos, monopolio de medios de comunicación, falta de mecanismos de rendición de cuentas, etcétera.

Las personas en situación de desventaja y vulnerabilidad no tienen normalmente las capacidades necesarias para participar en la vida pública ni para disfrutar con equidad los beneficios de la cooperación y convivencia sociales.

Como se dijo con Nancy Fraser: la justicia –y su contracara la injusticia– tiene dimensiones diversas: distribución, reconocimiento y representación. Pese a la distinción analítica, en la práctica se hallan estrechamente relacionadas. En lo individual o juntas impactan positiva o negativamente la calidad de la democracia.

Esto es claro en todos los documentos recientes del PNUD. Para explicar lo anterior, en las páginas siguientes se hará referencia al caso de los pueblos indígenas de nuestro país en el marco del Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México publicado en 2010.

Desigualdad como discriminación: el caso de los pueblos indígenas en méxico

El informe de desarrollo humano de los Pueblos Indígenas en México, que lleva por título El reto de la desigualdad de oportunidades, es congruente con un concepto que –como se dijo al inicio del presente texto– se repite mucho en las últimas publicaciones del PNUD: la desigualdad como un problema de naturaleza distinta a la pobreza.

No deja de llamar la atención que las políticas públicas contra la pobreza gocen de un amplísimo consenso, por ejemplo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero que la desigualdad entre las personas, aún la más extrema, concite tanto desacuerdo y malestar.

Aunque es verdad que casi todas las personas se suelen declarar a favor del ideal de la igualdad, no resulta claro en relación con qué las personas debemos ser iguales. Como llamó la atención Amartya Sen (2004: 25-43):“igualdad sí, pero ¿de qué?”.

Una de las resistencias comunes contra la noción de igualdad radica en una confusión conceptual. Se tiende a asimilar igualdad con identidad. Ser iguales no nos torna idénticos.

Las personas pueden ser entre sí sin ningún problema iguales y diferentes, pero no idénticos y diferentes. Es decir: el antónimo de igualdad no es diferencia sino desigualdad, que suele resonar negativamente. Mientras que el antónimo de identidad es diferencia, lo que no tiene por qué connotar un desvalor.

Más bien resulta cierto lo contrario: hoy se tiene muchos motivos para celebrar la pluralidad, que se estima un valor fundamental de las sociedades modernas. Con similar sentido Jesús Rodríguez Zepeda (2011:14) ha dicho que la discriminación es una forma de dominio que convierte la diferencia en desigualdad.

El citado informe sobre los pueblos indígenas en México tiene que ver con estas cuestiones: desigualdad y diferencia. Su dificultad es que no las distingue con adecuada precisión.

Los problemas de la desigualdad que el informe trata reflejan principalmente la dimensión económica o distributiva del desarrollo humano, pero minimizan la de orden simbólico y cultural asociada con la discriminación, segregación y violencia estructural.

A pesar de que el informe se declara partidario del enfoque de las capacidades humanas (PNUD-CDI, 2010: 14) su objeto específico, como su mismo título lo indica son las oportunidades. A lo largo del citado estudio, éstas son conceptualizadas bajo la lógica de la eficiencia y equidad del gasto público (ídem: 17).

Algunos afirman la conveniencia de esta perspectiva asumiendo que lo primero que se debe hacer es resolver los problemas de pobreza y marginación, que son asuntos de orden económico, de bienes y riqueza, para luego atender la exclusión y segregación de los pueblos indígenas –quienes para entonces estarían integrados. Sin embargo existe evidencia en contra de este planteamiento.

La actitud de rechazo social, la falta de reconocimiento y respeto hacia este colectivo genera graves efectos en la distribución económica y los mercados laborales.

Los datos duros que el informe muestra sobre el fracaso de las políticas públicas a favor de los pueblos indígenas, incluso las más focalizadas, señalan los efectos perversos de nuestros estereotipos culturales en la constitución de las prácticas e instituciones sociales.

En los indicadores principales del desarrollo los individuos al interior de estos grupos étnicos tienen desempeños peores: clara desventaja en salud, educación y sobre todo en oportunidades para la generación de ingresos.

A pesar de que desde 2008 existe un anexo dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación donde se especifican los recursos focalizados para los pueblos indígenas, no hay una correlación clara entre más gasto social y un mayor éxito en los rendimientos del desarrollo.

No cabe duda que en México la pobreza se correlaciona positivamente con la apariencia de las personas. Cuando se observa la pirámide de ingreso y riqueza se constata un sesgo marcado en perjuicio de las personas con rasgos más claramente indígenas.

Conforme se asciende en dicha pirámide ocurre un “blanqueamiento” de la población. Refiriéndose al tema de la discriminación Carlos Elizondo Mayer-Serra (2011: 71) señala que la élite económica de nuestro país y la gente que aparece en la publicidad televisiva es fundamentalmente blanca y refiere una observación de un amigo suyo inglés: “no conozco ningún mexicano de la élite, en su sentido amplio, casado con una mujer con un color de piel más oscuro que el suyo”.

El problema social, en apariencia distributivo, revela así su faceta de falta de reconocimiento étnico o cultural. Lo anterior se traduce en que los servicios y las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas son peores que para el resto.

En el caso de la educación básica, por ejemplo, se refleja en escuelas de mala calidad, poca asiduidad y permanencia de los profesores en las comunidades, contenidos educativos no pertinentes, etcétera.

Las más de las veces estos sirven para legitimar el desprecio hacia este colectivo al “confirmarse” en sus pobres logros que no vale la pena invertir en ellos porque no sabe aprovechar las oportunidades que se les otorgan.

Basados en la gratuidad de la enseñanza otorgada se da por descontado sin mayor reflexión que las diferencias de logro entre los niños de las comunidades indígenas y los demás son cuestión de mérito.

De tanta trascendencia pueden ser estos efectos que los propios individuos en desventaja pueden no ser conscientes ni distinguir las razones reales de su condición precaria.

El informe en cuestión señala por ejemplo que cuatro de cada cinco indígenas afirman que no son discriminados, mientras que dos de cada tres creen que la pobreza es más grave que la discriminación –atribuyendo a esta última la causa de su rechazo (PNUD-CDI, 2010: 23).

Jesús Rodríguez Zepeda ha asociado a la discriminación con la noción de derechos (2011: 75-76). Con ello obtiene una definición operativa de la misma como una “conducta culturalmente fundada y socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupo sobre la base de prejuicios o estigmas relacionados con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales, así como su acceso a las oportunidades socialmente relevantes de su ambiente social”.

La respuesta debe ser por tanto de orden institucional, y no meramente la promoción de la tolerancia a título individual como una virtud privada o un asunto de buena voluntad (ídem: 121).

Desde el enfoque de las capacidades humanas –pero refiriéndose al tema del género– Martha Nussbaum (2003) ha señalado el problema de las preferencias adaptativas: las personas conforman sus percepciones e ideas a su experiencia vital.

Por su parte, Barrington Moore (1978) ha mostrado que mientras que la gente no perciba su condición de desventaja en términos de una injusticia social sino como mero infortunio no se movilizará ni participará en acciones colectivas para subvertirla.

Debería por tanto quedar claro que aunque haber nacido pobre, mujer o indígena es efectivamente un asunto de suerte natural, no lo es la existencia de prejuicios mentales y estructuras clasistas, racistas y machistas, que no son nada azarosas (Puyol, 2011: 42).

En el ámbito de la filosofía política ser conscientes de lo anterior ha llevado a cuestionar una concepción de la justicia solo distributiva, comúnmente asociada a la Teoría de la justicia de John Rawls (1995).

Debe empero reconocerse que el profesor de Harvard se dio a la tarea de revisar su original noción de la justicia como equidad debido en gran medida a su debate con el multiculturalismo.

Rawls pone así en el centro a la pluralidad de cosmovisiones, creencias e identidades como un atributo irreductible de la sociedad moderna. El resultado de esta revisión es El liberalismo político (Rawls, 1996).

El principal defecto de las concepciones distributivas de la justicia consiste en ignorar los efectos prácticos en el mundo de nuestra idiosincrasia e imaginario cultural: los llamados –y casi siempre ignorados– prejuicios.

Y es que los prejuicios desempeñan un papel fundamental en el orden social porque funcionan como criterios que orientan el actuar de las personas. Puesto que nadie es capaz de reflexionar permanentemente sobre todos los aspectos de la vida, los prejuicios como respuestas automáticas informan las actitudes cotidianas.

No obstante hay que distinguir –como lo hace Hannah Arendt– entre auténticos y falsos prejuicios (1997: 52). Los primeros, a diferencia de los segundos, no afirman ser juicios. Es decir, cuando los auténticos prejuicios se expresan uno es consciente de no contar con mayor evidencia que el común “se opina”, “se dice”.

Pero los falsos prejuicios, que son los más peligrosos, se reconocen porque la gente que los manifiesta suele ser reacia a afrontar la realidad. Dice Arendt que entonces dichos prejuicios se convierten en “esa especie de teorías perversas que comúnmente llamamos ideologías” (ídem: 98).

Como tuvo el acierto de observar en relación con el tema: “El racismo, a diferencia de la raza, no es un hecho de la vida, sino una ideología, y las acciones a las que conduce no son acciones reflejas, sino actos deliberados basados en teorías seudocientíficas” (Arendt, 1988: 175).

Por esta razón debe corresponder a la política la aclaración y disipación de los prejuicios, ya que éstos no equivalen a idiosincrasias personales sino que son típicamente sociales (Arendt, 1997: 52).

Cuando se tiene esto en consideración se observa que la solución desde la política pública no debe consistir simplemente en “nivelar el terreno de juego”.

La capacidad de las personas para generar aspiraciones y proyectos de vida valiosos depende del contexto social. Las políticas neutrales en relación con la cuestión étnica podrían contribuir a ampliar y profundizar la brecha de la desigualdad.

La noción de igualdad de oportunidades ha estado presente en los informes de desarrollo humano desde 1990. No obstante, el informe de 2010 es enfático al señalar que el desarrollo trasciende la igualdad de oportunidades, debiéndose frenar además la injusticia y la opresión estructurales.

Ángel Puyol (2010) ha subrayado la necesidad de ocuparse no solo de las oportunidades sino también de los resultados. A menudo estos son la única medida cierta de la autenticidad de dichas oportunidades.

En su opinión cabe sospechar de todas las políticas cuyas consecuencias normales no se traducen en ventajas para las personas y grupos a quienes se dirigen.

La baja movilidad social o de plano su ausencia demuestra que muchas oportunidades son aparentes cuando se mantienen vigentes prácticas de dominación, explotación o exclusión.

El pronóstico pesimista para las nuevas generaciones, su percepción de que no lograrán mejorar su condición de vida respecto a la de sus padres pone de manifiesto el deber de fijarse metas mínimas sustantivas para la calificación de las políticas proigualdad.

Para concluir quiero llamar la atención acerca de la dimensión de la justicia que Nancy Fraser (2008: 113-120) ha incluido al lado de la redistribución material y el reconocimiento cultural: la representación política.

La medida de una justa representación sería la paridad participativa que se traduce en la igual capacidad de las personas para participar en la deliberación y construcción de las decisiones colectivas. Esta idea se asocia a las nociones de autogobierno y no dominación.

Al respecto el documento denominado Nuestra democracia citado al inicio del presente trabajo (PNUD-OEA, 2010) demuestra el modo en que ha venido ganando terreno la cuestión de la democracia en las discusiones públicas sobre el desarrollo.

Máxime porque ha quedado de manifiesto que el crecimiento económico e incluso índices elevados de desarrollo humano pueden perfectamente coexistir con sociedades autoritarias y no democráticas: “las cosas buenas no siempre vienen juntas” (PNUD, 2010b: 73).

Además de la discriminación entendida como ausencia de reconocimiento cultural, falta de respeto hacia la diferencia o trato desigual, los pueblos indígenas en México padecen serias desventajas en la participación y deliberación políticas.

Los mecanismos institucionales no consideran la dimensión étnica ni cultural como aspectos relevantes. Se suele considerar como una virtud del paradigma democrático dicha ceguera: la igualdad bajo este enfoque equivale al anonimato:

“En democracia todos somos iguales porque el voto de cada ciudadano tiene el mismo valor” promociona el Instituto Federal Electoral (IFE). Sin embargo Adam Przeworski (1995: 16) observa que si las instituciones democráticas son ciegas a la identidad de las personas entonces “quienes dispongan de mayores recursos tendrán más posibilidades de imponerse”.

En la medida en que el éxito en la competencia por los bienes públicos dependa de la agregación mayoritaria de las preferencias se producirán formas de dominación carentes de relevancia moral, pero que son signos importantes de reconocimiento: etnia, género, territorio, etcétera.

Esta cuestión es apenas tratada por el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México. Pero vale la pena revisarla. Algunos autores han señalado que en México existe una “trampa de la desigualdad” (Guerrero, López Calva y Walton,2006).

La trampa consiste en la idea de que la desigualdad social reproduce la pobreza, que se suele confundir con la escasez. Si esto es verdad en el ámbito económico, sus efectos perversos se multiplican cuando nos referimos a grupos políticamente subrepresentados por razón de sus identidades, género, creencias o condición.

Se habla así de la “captura” del Estado mexicano y de la política por parte de los grupos de poder (Banco Mundial,2007). Más allá de las medidas de acción afirmativa como pueden ser las cuotas en parlamentos y otros órganos deliberativos y decisorios, se puede pensar en estrategias institucionales tales como la redistritación electoral sensible a variables culturales o étnicas.

Esto daría cuenta de lo que Nancy Fraser ha identificado como problemas de enmarque de la justicia como representación política, donde el trazado de las fronteras suele obedecer a criterios convencionales, pero que son tomados normalmente por naturales(2008: 120-130).

Rodolfo Stavenhagen ha insistido en que muchas de las demandas de los pueblos indígenas no son económicas, ni siquiera culturales, sino sobre todo demandas específicamente políticas relacionadas con la igual atribución y garantía de los derechos humanos (2004: 77).

Más allá de pensar en una ciudadanía diferenciada, como la propuesta por Will Kymilicka (1996) para atribuir derechos distintos a sujetos que normativamente deben ser vistos y tratados como iguales, el objeto de la justicia pública debe ser revisar las asimetrías y exclusiones que el sistema institucional vigente crea y reproduce.

Una mirada crítica y con sentido histórico seguramente habría de descubrir que los países, estados o municipios, junto con el diseño de sus formas de gobernación, son muchas veces producto de acuerdos políticos nada inocentes de los que se excluyó a grupos minoritarios y débiles.

En la medida de lo posible, siempre también con un sentido de prevención, es preciso explorar la idea de una ciudadanía “restringida” similar a la sugerida por Luis Villoro (1998: 104).

Un tipo de ciudadanía en la que la atribución de derechos no dependa de la identidad nacional territorial. Lo que Jürgen Habermas (2002) ha dado en llamar el “patriotismo de la Constitución” y Benjamin Barber (1999) “fe constitucional”.

Con este ejemplo se busca documentar la complejidad de la idea de justicia que Nancy Fraser desagregó en tres dimensiones: distribución, reconocimiento y representación.

La desigualdad que el caso de los pueblos indígenas en México muestra puede ser entendida como una injusticia porque revela deficiencias en el diseño institucional que sitúan a determinados grupos y personas en desventaja respecto de otros.

La perspectiva situada que arroja luces sobre estas deficiencias ha sido propuesta por Villoro (2000): en sociedades “desordenadas” como las nuestras la reflexión teórica ganaría en perspicacia observando los desarreglos institucionales que las teorías normativas pensaron para escenarios ideales y sus consecuencias.

Dar cuenta de las circunstancias de exclusión y dominación permite identificar la injusticia con más claridad. Esta perspectiva puede contribuir a juzgar mejor las políticas proigualdad y medir con ellas la calidad de la democracia existente.

 

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