En los detalles está el diablo

Lo que está en juego no es solamente la letra chiquita, sino la capacidad de cumplir los nuevos mandatos de la Constitución

Por: Mauricio Merino

La reforma electoral todavía no concluye. Faltan las adecuaciones legales, cuyos contenidos serán definitivos para precisar las nuevas reglas electorales y facilitar (o complicar) la operación de los órganos que les darán cumplimiento.

Por su propia naturaleza, el diseño de esa segunda parte de la reforma será más complejo, pues hay una larga lista de temas puntuales que deben afinarse durante el debate legislativo. Lo que está en juego no es solamente la letra chiquita, sino la capacidad de cumplir los nuevos mandatos de la Constitución. 

En ese sentido, veo con preocupación dos propuestas formuladas por el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA), plasmadas en el documento que sirvió como base para redactar las reformas a la Constitución y que, seguramente, pesarán también en la adecuación de las leyes.

Me refiero, de un lado, al método sugerido para el recuento de votos y, de otro, a una de las adiciones que se proponen al sistema de nulidades. 

En el primer tema, la propuesta del CEPNA es “precisar en el COFIPE las causales que motivarán la apertura de paquetes electorales y el recuento de los votos”, añadiendo nuevas razones para que los consejos distritales del IFE vuelvan a contar voto por voto. Dada la experiencia de 2006, esa iniciativa es plausible.

Pero el propio CEPNA sugiere: “Establecer en la ley que cuando exista indicio evidente de que la diferencia entre el ganador y el segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual y exista petición expresa del partido que quedó en segundo lugar, en este caso el Consejo Distrital deberá proceder al recuento total de votos”. 

En mi opinión, esa limitante no sólo parece estar pensada para responder a la situación específica que se vivió en las elecciones presidenciales de 2006, sino que deja fuera otras hipótesis que también justificarían el recuento, en aras de afirmar la certidumbre de los resultados electorales.

Si el porcentaje de diferencia es de apenas 1.1 por ciento, ese recuento ya no tendría cabida. O si la petición de apertura procede de un partido que no obtuvo el segundo lugar, pero se juega el registro.

O si existen dudas sobre los datos entre los propios consejeros electorales, encargados de velar por los principios constitucionales de la materia.

O si, lisa y llanamente, el consejo distrital en conjunto quiere cerciorarse de que las cuentas efectuadas en las casillas fueron correctas. Ninguna de esas hipótesis tendría fuerza legal, y el recuento ya no podría llevarse a cabo. 

Me hago cargo de la dificultad operativa de volver a contar los votos de todas las casillas electorales (si así fuera el caso), en un plazo muy breve y entre un grupo reducido de funcionarios electorales.

Pero creo con sinceridad que los principios constitucionales deben sobreponerse a esas dificultades, de modo que la reforma legal tendría que descansar en la ampliación potencial de los plazos para hacer los cómputos distritales, y en fijar los procedimientos que habrían de seguirse para que los recuentos no se conviertan en otra fuente de incertidumbre, más que en buscar razones para no hacerlo.

Añado, además, que las sesiones de cómputo celebradas por los consejos distritales son la única oportunidad que tiene el IFE para constatar de manera directa los resultados electorales. Y esos órganos son, también, los únicos que pueden verificar fehacientemente la voluntad de los electores.

De modo que debe evitarse el error que ya se cometió en los comicios federales pasados, cuando las restricciones legales impidieron la revisión minuciosa y completa de los votos depositados en cada urna. 

La segunda propuesta que me preocupa se refiere al sistema de nulidades. En el documento del CEPNA se sugiere: “Establecer en la ley que la elección presidencial podrá ser declarada nula [entre otras razones] cuando el candidato ganador haya violado el tope de gastos de campaña”. Y en el mismo sentido, se propone “establecer que la violación del tope de gastos de campaña será causa de nulidad de las elecciones de senadores y diputados”. 

Además de los problemas de orden jurídico que traería una reforma como esa, al condicionar la eficacia de los sufragios a la opinión de un órgano técnico de menor jerarquía, y de dejar sin respuesta la posibilidad de que no sólo el ganador sino todos los candidatos hayan violado los topes establecidos, hay en esa sugerencia un problema práctico y uno político. 

El primero se refiere a la temporalidad que siguen los procesos de fiscalización que, por definición, han de ser posteriores al ejercicio del gasto. No existe ninguna técnica disponible en el mundo que permita fiscalizar al mismo tiempo en que los gastos son realizados, ni tendría la veracidad suficiente. 

Basta decir que, de haberse seguido esa fórmula para las elecciones de 2006, el día de hoy seguiríamos sin conocer los resultados legales, pues el proceso de fiscalización que ha llevado a cabo el IFE todavía no concluye.

De modo que incluso en el supuesto de la más plena aceptación de los resultados, seguiríamos sin presidente y sin cuerpo legislativo. 

El problema político se refiere a la tentación que una cláusula de nulidad como esa podría despertar entre adversarios desleales. Fabricar pruebas de gastos, facturas apócrifas o abrir cuentas con dinero de origen incierto es algo más que probable. 

Y lo que se juega en las elecciones es demasiado importante como para ofrecer tantas oportunidades al juego sucio que, mientras se aclara, pondría en vilo a todo el país.

En este sentido, comparto la idea de fortalecer cada vez más los sistemas de vigilancia, abatir la compra y la coacción de los votos y endurecer las sanciones a quienes pretendan burlar las reglas del juego. Pero los asuntos contables no deben confundirse jamás, ni mucho menos condicionar la voluntad de los electores. 

El trabajo legislativo que está en curso ha tenido, en ese documento del CEPNA, un excelente punto de partida. Ya dio resultados con la reforma constitucional aprobada. Pero lo que sigue no es cosa menor. En los detalles está el diablo. 


Publicado en El Universal, el 24 de octubre de 2007.


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