Elecciones transparentes en la Ciudad de México

Dentro de las reformas político-electorales, el principio ético de máxima publicidad ocupa un lugar preponderante

Por: Isidro H. Cisneros Ramírez
 
Nuestra democracia se ha construido a partir de reformas progresivas impulsadas por la sociedad civil y los partidos políticos en un esfuerzo de apertura que se ha prolongado por un largo período y ha requerido de importantes compromisos entre los actores relevantes.
 
Un aspecto central de nuestro cambio político ha estado representado por una exigencia social para aumentar constantemente los niveles de transparencia con los que se organizan los procesos electorales.
 
Bajo esta lógica, el conjunto de actividades que se realizan con el fin de capacitar a los ciudadanos para fungir como autoridad receptora del voto el día de las elecciones, así como el diseño y la operación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y en general toda la organización de las elecciones deben realizarse bajo el principio democrático de total y absoluta claridad y certeza.
 
Si analizamos nuestro sistema político a la luz de los efectos que la transparencia puede tener en él, debemos concluir que “contribuye a que los ciudadanos despierten políticamente y se involucren de forma más proactiva en las actividades gubernamentales.
 
Esto permite que los ciudadanos se transformen de una población generalmente pasiva, que sólo acude a las urnas durante momentos específicos, en actores que llamen a rendir cuentas a sus gobernantes y que participen en el diseño de las políticas públicas.” 1
 
Dentro de las reformas político-electorales, el principio ético de máxima publicidad ocupa un lugar preponderante, pues debe caracterizar el actuar de las instituciones mexicanas para la formación de nuevas inercias institucionales, que ayuden a combatir la corrupción y la discrecionalidad en los actos de autoridad.
 
La fórmula kantiana 2 sostiene que si una decisión se toma con fundamento en criterios que no pueden hacerse públicos, no debería tomarse. Los actores políticos han manifestado su compromiso indeclinable con esta premisa, como un elemento básico de la nueva etapa democrática que nuestro país aspira a instaurar.
 
Al respecto existen incluso recomendaciones de expertos internacionales. Steven B. Webb escribe: “The legal framework governing access to information was felt to be in need of substantial overhaul and amplification […] Some felt that Mexico could learn from the experiences of other countries in expanding and facilitating access to official governmental records, accounts, and other information.” 3 
 
El acceso a la información en la nueva etapa de democratización de nuestras sociedades es un indicador fundamental para evaluar la calidad de la democracia.
 
Como ha señalado Alejandro Ferreiro: “La democracia del futuro, probablemente será aquella que sea capaz de poner a disposición de las personas el conocimiento e información que permita el ejercicio pleno de la ciudadanía. Donde esté la información estará el poder.
 
La democracia del mañana será tal sólo si las personas fundamentan, ejercen y potencian sus derechos ciudadanos a partir del acceso oportuno a la información relevante del quehacer estatal.
 
Si, por el contrario, la información –y en especial la relativa a la cosa pública– se hace impenetrable a los ojos de la sociedad, y se mantiene concentrada en unos pocos, no sólo la ética pública, sino la propia democracia, enfrentarán grave amenaza.” 4
 
El compromiso con la transparencia se ha expresado, más allá de las leyes electorales, en la creación de leyes de transparencia y de acceso a la información tanto en el ámbito federal como en el local.
 
Pero el verdadero reto es desterrar las viejas prácticas, heredadas del régimen autoritario en que se desarrolló nuestro presidencialismo. Una de las características disfuncionales de ese sistema fue la facilidad con que las leyes podían ser inobservadas desde los órganos del Estado.
 
Ello dio paso a la creación de organismos autónomos ciudadanizados en nuestro sistema constitucional, como garantes de algunas tareas esenciales, en cuya realización no debía caber la duda o la sospecha. Por eso, los organismos autónomos tienen un mayor compromiso en materia de transparencia y respeto de la legalidad.
 
La clasificación de la documentación electoral, en concreto las boletas electorales y la información que ellas contienen, ha significado un gran reto para estos institutos. Han existido incluso, voces que señalaban que las boletas electorales no eran en realidad documentos, por lo que no podían ser conocidas por los ciudadanos.
 
Pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya se ha manifestado al respecto y ha señalado claramente que las boletas son documentos electorales. 5
 
El permitir a la población el acceso a la información en poder de los entes públicos es concebido, desde la vieja visión que caracteriza todavía a muchos funcionarios públicos, como una concesión que sirve para entorpecer y cuestionar los actos de autoridad ya emitidos, en vez de transparentarlos y legitimarlos. Pero el Estado, por regla general, no debería tener razones para ocultar información a su población.
 
Los mandatos legales que regulan el acceso a la información en el Distrito Federal son muy claros. Mientras la documentación contenida en los paquetes electorales era parte de un expediente sobre el que se pronunciarían los tribunales electorales, no podía ser conocida por terceros.
 
En el ámbito electoral, una vez concluidos los comicios y la calificación del proceso, la función electiva de las boletas electorales termina. No es posible emitir nuevos actos electorales con fundamento en su contenido, por lo que el Código Electoral del Distrito Federal, en su artículo 212º, impone su destrucción en un plazo determinado.
 
Sin embargo, las autoridades del Estado tienen obligaciones en diferentes materias. Un órgano emite resoluciones, actos administrativos o legislativos de acuerdo a la ley que lo rige, pero ello no obsta para que deba cumplir con otras leyes de diversos temas, como pueden ser la responsabilidad patrimonial del Estado, el respeto y la vigencia de los derechos humanos, responsabilidades administrativas de los servidores públicos o la materia de transparencia y acceso a la información pública.
 
En cada caso existen órganos del Estado específicos y procedimientos que deben contemplarse en atención a la materia de que se trate.
 
Mientras los actos del Instituto Electoral del Distrito Federal, autoridad electoral administrativa local, sobre resoluciones de acceso a información, pueden ser revisados por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sus resoluciones en materia electoral, son revisadas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal.
 
Entremos, pues, al análisis de las boletas electorales como documentación desde el punto de vista de la regulación específica en materia de transparencia.
 
Dejemos apuntado solamente que al momento de emitir sus decisiones, los órganos electorales deben saber que entre sus fines se encuentra el contribuir al desarrollo de la vida democrática y el fortalecer el sistema de partidos políticos.
 
Dado que “La credibilidad de los sistemas parlamentarios o presidenciales, ambos representativos, depende sobre todo del grado de transparencia de los procesos de decisión política. La democratización de cualquier sistema político está en relación con la lucha en pro de la consecución de nuevas formas e instrumentos de publicidad más efectivos.” 6
 
Existe cierta información en poder de los entes públicos que puede considerarse de acceso restringido. Todo lo demás debe hacerse público por mandato de ley. En este punto, las leyes mexicanas se hallan en los más altos estándares internacionales, como lo señalan los teóricos del tema. “La regla general debe ser el libre acceso, y la excepción el secreto.
 
Asimismo, deben los ciudadanos tener la posibilidad de cuestionar judicialmente la denegación de acceso que la administración fundamente en razón de alguna causa legal.” 7
 
La información puede considerarse de acceso restringido por dos causales básicas: o se trata de información confidencial, o de información que debiera ser pública, pero que las autoridades requieren conservar en reserva por algún tiempo por la naturaleza de su contenido.
 
Podemos llegar a la conclusión de que existen tres posibles categorías para la información en poder de los entes públicos: información pública, información confidencial y, finalmente, la información reservada.
 
La información contenida en las boletas electorales no puede ser considerada confidencial, debido a que no contienen ningún dato personal. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal señala la información que puede considerarse confidencial en su artículo 4º, fracción v, y la define como:
 
La que contiene datos personales relativos a las características físicas, morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, número telefónico privado, correo electrónico, ideología, referencias sexuales y toda aquella información que se encuentra en posesión de los entes públicos, susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad; 8 
 
La definición anterior no permite clasificar las boletas electorales como información confidencial, dado que su contenido no puede relacionarse con ciudadano alguno.
 
Tampoco puede ubicarse dentro de alguna de las hipótesis de reserva que establece la misma Ley de Transparencia. En efecto, del análisis de cada una de las fracciones enumeradas limitativamente por la Ley de Transparencia local en su artículo 23º, se concluye que las boletas electorales no constituyen información reservada.
 
En efecto, la divulgación de su contenido no puede poner en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito Federal, y aun en este caso extremo, no es posible reservar la información contenida en las boletas electorales, porque la respuesta a un ciudadano en dicho sentido, tendría que ir acompañada de la “prueba de daño”, como lo señala el artículo 28º de la Ley de Transparencia local, acreditando que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla, siendo que las autoridades electorales carecen de informes de inteligencia capaces de acreditar tales circunstancias.
 
La divulgación de la información contenida en las boletas no pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de persona alguna o el desarrollo de investigaciones reservadas.
 
Tampoco impide las actividades de verificación sobre el cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la recaudación de las contribuciones. Es claro que no existe una ley que expresamente considere a las boletas electorales como información reservada.
 
Sobre el particular es destacable que la clasificación de cierta información como reservada, para poder ser invocada frente a los ciudadanos, debe derivar de un mandato expreso de la ley.
 
Pero debe considerarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal entró en vigor en el año 2003, lo que implica que para que una disposición legal pueda considerarse referente a la materia de transparencia y acceso a la información debería provenir de una reforma posterior a la entrada en vigor de la ley de la materia.
 
¿El código electoral o alguna otra ley, podrían contemplar una excepción a una ley de transparencia que aún no existía? Nuestra respuesta es evidentemente que no.
 
Continuando con el análisis de las hipótesis de reserva de cierta información, cabe decir que, para el caso de las boletas electorale, no puede involucrarse el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal. No se relaciona con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de un ente público.
 
Las boletas electorales tampoco pueden considerarse parte de la prevención en materia de seguridad pública o procuración de justicia. Ya no forman parte de expedientes judiciales, pues la autoridad jurisdiccional en materia electoral se ha pronunciado al respecto y la resolución ha causado ejecutoria.
 
No se trata de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos ni de información que contenga opiniones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos. No son parte de estrategias y medidas a tomar por los entes públicos en materia de controversias legales. T
 
ampoco pueden generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los entes públicos, ni constituyen la transcripción de las reuniones e información obtenida por las comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnen en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.
 
Un elemento adicional que no ha sido contemplado en el debate público sobre el acceso a la información de las boletas electorales, es que considerar que cierta información es reservada, obliga a las autoridades a determinar el tiempo por el que dicha información no podrá ser consultada, que puede llegar en el Distrito Federal hasta los doce años.
 
Dicha obligación va de la mano con la obligación de conservarla para que una vez concluido el período de reserva, los ciudadanos puedan acceder a la información que dichos documentos contienen.
 
La respuesta de la autoridad que clasifique cierta información como reservada debe designar a la autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia, tal como lo señala el artículo 28º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
 
Lo que no puede hacerse, es declarar una información reservada por cierto tiempo y destruirla en el inter para evitar su consulta. Ello significaría un grave retroceso en materia de transparencia y democracia, así como una flagrante violación a la Ley de Transparencia.
 
Para poder dar cumplimiento a los mandatos del Código Electoral del Distrito Federal, que obligan a destruir la documentación electoral, se tenía que acatar la Ley de Transparencia y declarar la información contenida en dichos documentos como información pública, pues reservarla y ocultarla a los ciudadanos nos obligaría a conservarla por un período máximo de doce años, lo que significaría violentar el Código Electoral del Distrito Federal.
 
La forma de armonizar los instrumentos legales electorales y en materia de transparencia en el Distrito Federal, fue la de responder a las solicitudes de información que solicitaban acceso a las boletas electorales afirmativamente.
 
De esa forma se permite a los ciudadanos ejercer el derecho constitucional consagrado en el artículo 6º de nuestra Carta Magna y, al mismo tiempo, cumplir con los mandatos legales que en materia electoral debe respetar el Instituto Electoral del Distrito Federal.
 
No cabe duda de que la transparencia debe ser un elemento esencial en la construcción de la nueva gobernabilidad democrática, característica de un verdadero estado de derecho.
 
Ya lo ha señalado Philip Pettit “…aun si los agentes estatales respetaran siempre los intereses y las interpretaciones de los ciudadanos de a pie en su toma de decisiones, el hecho de que tengan la capacidad para no hacerlo así –el hecho de que tengan poder para interferir de modo arbitrario– implicaría que dominan a esos ciudadanos.” 9
 
La única forma real de asegurar a la ciudadanía que en los organismos electorales no existe arbitrariedad y que la ley y la voluntad ciudadana es la única base para la toma de decisiones, es transparentando su operación, especialmente en los temas más sensibles, hasta los máximos legales. 
 
 
 
Citas
  1. John M. Ackerman e Irma E. Sandoval. Leyes de acceso a la información en el mundo, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, México 2005, p. 18.
  2. “Kant fue quizá el primer pensador en resaltar la profunda relación que existe entre la ética y la transparencia. Formuló una máxima moral según la cual toda acción relativa al derecho de otros es contraria al derecho y a la ley si su máxima [...] no permite publicidad. Que una acción pueda hacerse pública no es condición suficiente, pero sí necesaria, para que esa acción sea moral. La voluntad de mantener una acción en secreto implica que esa acción no es universalmente aceptable por su valor intrínseco.” Eduardo Guerrero Gutiérrez. “La luz en busca del cristal. Hacia la transparencia y la rendición de cuentas en México”, en Ensayos: cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, Instituto Federal Electoral, México 2003, p. 14.
  3. El marco legal que regula el acceso a la información aparece necesitado de una sustancial revisión, reparación y amplificación [...] Algunos sienten que México puede aprender de las experiencias que otros países han tenido expandiendo y facilitando el acceso a archivos oficiales gubernamentales, cuentas y otra información. Marcelo M. Giugale et al. Mexico. A comprehensive Development Agenda for the New Era. The World Bank, Washington, D. C. 2001, p. 731.
  4. Alejandro Ferreiro Yazigi, “Dinero, política y transparencia: el imperativo democrático de combatir la corrupción”, ponencia presentada en la Novena Conferencia Anti-Corrupción, Durban (Sudáfrica), 1999.
  5. “Material electoral y documentación electoral son conceptos diferentes”, Sala Superior, tesis S3EL 012/2005.
  6. Jaime Cárdenas Gracia. “El modelo participativo y deliberativo”, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, número 11, julio-diciembre 2004, p. 3.
  7. Alejandro Ferreiro Yazigi, op. cit.
  8. Fracción reformada godf 28-10-2005. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y Reglamento Interior de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Coordinación de Comunicación Social del infodf, 2a edición, agosto de 2006.
  9. Philip Pettit. Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno, Tr. Toni Domenech, Paidós, Barcelona 1999, p. 225.