Elecciones 2012: entre la equidad y la legalidad

En los países democráticos las elecciones son, sin lugar a dudas, uno de los momentos de mayor efervescencia y visibilidad del proceso político, y representan una oportunidad para que la población se involucre activamente.

Por: Isidro H. Cisneros Ramírez

Si consideramos que el sufragio es un procedimiento institucionalizado a través del cual el cuerpo electoral manifiesta sus preferencias políticas y que su finalidad es la elección de los gobernantes y representantes populares, observaremos la importancia que tiene el voto en las sociedades modernas democráticas.

El sufragio es un derecho, y al mismo tiempo, un deber. Representa una función política y pública que los ciudadanos tenemos a nuestra disposición para poder renovar a la clase política y, por lo tanto, para dotarla de un mandato representativo temporal.

En los países democráticos las elecciones son, sin lugar a dudas, uno de los momentos de mayor efervescencia y visibilidad del proceso político, y representan una oportunidad para que la población se involucre activamente.

El tema de la participación político-electoral es central para la democracia, porque para legitimar a los gobernantes y representantes populares se requiere de un nivel aceptable de participación.

Esta intervención de los ciudadanos se encuentra directamente relacionada con la cultura política predominante en cuanto conjunto de valores, actitudes y conocimientos relativos a la política.

En este contexto, una característica del proceso electoral 2012 fue la indecisión que tenían muchos electores sobre las diferentes opciones políticas, lo cual no se traduce automáticamente en indiferencia política.

Cuando se hace mención a los votantes indecisos y a los electores volátiles aparece la necesidad de caracterizarlos. Los primeros representaron una hipotética tendencia al abstencionismo, mientras que los segundos fueron estratégicos para los candidatos dado que se trata de electores que decidieron participar pero mostraron poco convencimiento.

Diferentes analistas consideraron que los ciudadanos indecisos eran utilizables, insensibles, poco informados y propensos a la abstención. Nada más alejado de la realidad.

Como se pudo observar en el proceso comicial 2012 el elector indeciso fue, al mismo tiempo, un elector volátil, versátil, móvil y fluctuante justamente por lo sofisticado de su cultura participativa y su racionalidad política.

Un elector indeciso es un ciudadano comprometido con la democratización, es exigente y difícilmente manipulable. Si se analiza el comportamiento electoral es difícil encontrar otra actividad política en la que participe un porcentaje tan elevado de la sociedad mexicana.

Además, para una buena parte de los ciudadanos, el ejercicio del voto es el único acto donde reconocen directamente a la democracia.

A través de las elecciones, el conflicto político y la competencia por el poder se someten a reglas del juego muy específicas: competencia, libertad de elección y relevancia política.

La competencia se relaciona con la oferta política que los candidatos presentan a los votantes, la libertad de elección exige que los ciudadanos puedan emitir su sufragio con suficiente información sobre las diferentes alternativas y la relevancia política demanda que los resultados de las elecciones tengan efectivamente un peso significativo sobre las actividades de quienes gobernarán.

La competencia que se observó en la pasada elección presidencial, permitió que los partidos reconocieran la necesidad de ganarse a este importante sector de nuestro listado nominal que, además, por su número, podría definir el resultado de cualquier elección.

El estudio de las motivaciones que intervienen en el comportamiento político de los electores ha dado vida a numerosas escuelas de pensamiento en la ciencia política, desde la teoría de la elección racional hasta la escuela de la nueva gestión pública.

Como es sabido, un elemento en común de todas estas teorías sobre la participación política es la consideración del ciudadano como un individuo que actúa en modo consciente y racional, seleccionando un comportamiento político que maximiza sus ventajas y utilidades.

Se puede afirmar que la esencia de la política está justamente en la formación de las preferencias electorales a través de la articulación y agregación de los intereses, es decir, de la formación de las identidades colectivas.

Y en este sentido, un elemento que contribuyó al desarrollo de los elevados niveles de indecisión del electorado fue el transfuguismo político que se observó en el pasado proceso electoral, caracterizado por el tránsito de candidatos de un partido a otro, olvidando cualquier consideración ideológica o programática.

Existen tipologías y clasificaciones para identificar las diferentes modalidades que puede adoptar la participación electoral.

De tal suerte que en el proceso electoral 2012 se pudieron identificar, además de los electores indecisos, a los electores inactivos que muy poco se informan sobre política y cuya participación es intermitente; a los electores conformistas que se comprometieron poco con las actividades políticas; a los electores reformistas que participaron regularmente y que ampliaron su repertorio político desde las formas legales de protesta y manifestación hasta la promoción organizativa; a los electores activistas que ampliaron su campo de acciones participativas al máximo nivel e incluyeron, en algunos casos, formas no legales de protesta; y finalmente, a los electores contestatarios, quienes por convicción adoptan formas no convencionales de participación política, como el caso del movimiento #Yosoy132.

La indecisión del elector es, en buena medida, reflexión democrática.

II

El dato más relevante con el que iniciaron las campañas electorales 2012 fue el elevado porcentaje de ciudadanos indecisos.

La indefinición o el desinterés ciudadano por el proceso electoral resultó evidente dado que, de acuerdo con diferentes mediciones de opinión, el número de indecisos representó durante las primeras semanas de la contienda electoral a la primera gran fuerza política del país, incluso por encima del puntero en las preferencias del voto.

Este hecho por sí mismo preocupó a los candidatos y partidos dado que la indefinición ciudadana es una manifestación de la ausencia de ofertas políticas creíbles.

El amplio sector de los electores indecisos representó a una parte de la población que no se encontraba motivada por los partidos políticos que carecen de propuestas concretas capaces de involucrarlos.

Aunque los candidatos son la cara pública de la organización, muchas veces no representan a la sociedad sino que responden a intereses particulares, a planteamientos de grupos con poder al interior del partido o simplemente a grupos de presión, incluso no partidarios, que tienen intereses en cierta producción legislativa o en especificas políticas públicas.

La contienda produjo diversos escenarios sobre el modo como se podrían comportar los electores indecisos:

1) Si tomaran partido podrían determinar el triunfo de cualquiera de los candidatos en competencia

2) Si se abstuvieran de votar deslegitimarían en buena medida el proceso electivo en su conjunto dado que la elevada abstención podría representar un marcado disenso en torno a la política y sus actores

3) Lo mismo ocurriría si acudieran a ejercer su derecho al sufragio pero anulando su voto o “votando en blanco”, es decir, se trataría de un ciudadano que se toma la molestia de inscribirse en los listados nominales, de recoger su credencial de elector, de asistir a la casilla que le corresponde y de ejercer su voto sin definirse por ningún partido o candidato presente en las boletas.

Las campañas y los candidatos son el vínculo natural entre los partidos y los votantes. Los candidatos representaron a los integrantes de las nuevas élites políticas que diseñaron estrategias para conquistar el apoyo de los electores.

El registro de los candidatos fue una etapa crucial del proceso electoral porque son ellos quienes proyectan la imagen de la organización ante el electorado y porque del tipo de campaña que llevaron a cabo dependió el éxito o la derrota de los contendientes.

Las campañas electorales fueron actividades que desarrollaron la inducción política de los votantes, especialmente aquellos que solo al final tomaron una decisión sobre por quién sufragar.

Fue evidente que las campañas recurrieron a la comunicación política intencionada, lo que también permitió distinguir entre manipulación, propaganda y persuasión.

Manipulación en cuanto acto psicológico de sustracción de la libertad de las personas para elegir a través del engaño o la coacción, propaganda como una intensión manifiesta de dirigir opiniones y actitudes mediante de la sugestión social de los electores y persuasión como convencimiento y atracción del elector por medio de la argumentación, la información, la incitación y la seducción política.

En vísperas de la jornada electoral del 1 de julio 2012, los partidos y sus candidatos emplearon su tiempo y recursos para influir en el electorado tratando de obtener su voto mediante sofisticadas estrategias de comunicación persuasiva.

La única alternativa conocida a la persuasión es la fuerza, por lo que las reglas electorales, el tipo de estructura de voto vigente, la cultura política, la naturaleza del partido, la modalidad de liderazgo y las características sociales y políticas del entorno nacional fueron, como se pudo observar, aspectos determinantes del resultado del proceso electivo.

Es justo sostener que no existe sistema electoral perfecto. Los sistemas electorales representan variables determinantes respecto a la calidad de la política y en las democracias la prioridad es la organización de un sistema de selección de los líderes que incentive la colaboración entre ellos y, por lo tanto, la afirmación de una concepción colectiva acerca de la responsabilidad de gobierno.

En el proceso electoral de 2012, la personalización de la competencia constituyó el aspecto más relevante de la política, porque aquello que mayormente cuenta es la reputación de los candidatos, sus redes de financiamiento y apoyo, así como sus propuestas de solución a los problemas nacionales.

En síntesis, las personas indecisas fueron el blanco principal de los esfuerzos de persuasión política que se desarrollaron durante las campañas bajo el argumento de que era necesario crear una actitud lo más ampliamente participativa entre los electores. De esta forma, persuadir de manera política significó ganar a los indecisos.

III

El aspecto central del acuerdo democrático es el consentimiento de los perdedores respecto del resultado del proceso electoral.

Habían pasado solo tres días posteriores a la elección y ya se habían presentado diversas inconformidades, por lo que dos temas ocuparon el debate jurídico y político en esos días.

De un lado, el modo como el Instituto Federal Electoral (IFE) debería garantizar los principios de certeza y transparencia y, del otro, la manera como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) buscaría garantizar el principio de equidad. Estos principios se encuentran establecidos en nuestro ordenamiento constitucional.

De acuerdo con la ley, el proceso electoral está constituido por una serie de actos administrativos y de fases procesales que son realizados por las autoridades electorales, acompañados de los partidos y los ciudadanos.

Estos actos tienen el objetivo de permitir la renovación periódica y pacífica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, por lo que los trescientos consejos distritales que existen en nuestro país llevaron a cabo el cómputo de las elecciones para garantizar la transparencia y certeza de nuestro sistema electoral y, también, para honrar la voluntad de los casi 50 millones de mexicanos que acudieron a las urnas, en lo que ha sido la elección con más votos de todos los tiempos.

La transparencia de los comicios resultó fundamental, en un contexto en el que la mayoría de las encuestas electorales sobre la elección presidencial fallaron en sus pronósticos, generando incertidumbre.

El ife identificó inconsistencias en 43 distritos, en los que realizó nuevamente el escrutinio y cómputo, siendo el más amplio recuento de sufragios en la historia de México.

En principio, se abrieron entre 45 y 50 mil paquetes electorales. Este recuento de votos, además de ser perfectamente legal, es una conquista democrática que buscaba no dejar duda alguna sobre cuál fue la voluntad del elector.

Estos fueron momentos de grandes pasiones políticas, que hicieron necesario recordar algunos de los postulados que dan vida al pensamiento democrático: la moderación y el diálogo político, la defensa irrestricta del gobierno de las leyes y la promoción de la transparencia, para evitar dividir al universo político en partes que se excluyen mutuamente.

Las enormes dificultades que nuestra democracia enfrenta desde hace años se deben a la búsqueda de soluciones satisfactorias a la tensión que existe entre instaurar un poder político eficaz y eficiente, que sea, al mismo tiempo, legítimo.

La legitimidad del poder es un componente indispensable de la gobernabilidad. México está construyendo reglas del juego para tutelar los intereses de los diversos grupos que integran nuestra comunidad política.

Estas reglas requieren del consenso de las partes para garantizar la solución ordenada de los conflictos políticos y sociales. Lo anterior merece destacarse si consideramos que, de acuerdo con los resultados obtenidos, el presidente electo no tendrá la mayoría en el Senado, lo que sitúa al país, nuevamente, en el escenario de una presidencia débil que deberá demostrar su poder de negociación con las diferentes fuerzas políticas, condición necesaria para poder cumplir las reformas a las cuales Enrique Peña Nieto se ha comprometido.

El disenso representa el ejercicio legítimo de la oposición en la búsqueda de soluciones alternativas a los desafíos del complejo momento político.

Por otro lado, si entendemos por democracia un tipo de régimen en el cual el poder está fundado sobre la presencia contemporánea del consenso y del disenso, entonces se observa que para su buen funcionamiento es necesario un consenso que no excluya al disenso y un disenso que no neutralice al consenso.

La prioridad de México para los próximos años es el desarrollo de un sistema electoral que incentive la colaboración entre los partidos y, por lo tanto, la afirmación de una concepción colectiva acerca de las responsabilidades de gobierno.

Se trata de la formación de una clase dirigente fuertemente cohesionada en torno a una agenda política nacional. Este es el requisito indispensable para hacer funcionar, de acuerdo con una lógica mayoritaria, un sistema de gobierno capaz de procesar los diferentes conflictos sociales y políticos.

El próximo presidente deberá actuar como el líder de una nación, y como tal, deben crearse las condiciones institucionales para que se sienta responsable con relación a quienes no votaron por él.

Un liderazgo democrático de gobierno requiere necesariamente de cohesión política. Sin líderes suficientemente fuertes y responsables, la gobernabilidad puede encontrarse amenazada.

La realidad mexicana hace necesaria una profunda discusión que involucre no solo a los partidos políticos, sino también a una sociedad civil crecientemente demandante y políticamente activa.

Para reconstruir su credibilidad, los políticos tienen que responder a la pregunta: ¿cuál es el consenso que debe existir para consolidar un país más democrático? No existe una sola respuesta, pero sí un problema común: construir conjuntamente, con el diálogo y la tolerancia, el futuro de la democracia mexicana.

IV

Cuando el TEPJF sometió a votación de su Sala Superior el juicio de inconformidad con el que la izquierda impugnó y pidió la invalidez de la elección presidencial por presuntas violaciones a la equidad en la contienda, se abrió una nueva coyuntura política. La entrega de la constancia de mayoría a Enrique Peña Nieto se realizó con base en las cifras del IFE(TEPJF, 2012).

Aun cuando se respetaron los plazos legales, en ese momento quedaron pendientes de resolver once quejas por parte de la Unidad de Fiscalización del IFE en torno a temas como la distribución de las tarjetas Monex y Soriana para la presunta compra y coacción del voto, el probable rebase de topes de gastos de campaña y la supuesta promoción de la imagen, a través del uso propagandístico de encuestas y sondeos de opinión, del candidato de la coalición “Compromiso con México”.

En este caso, la autoridad electoral estableció un límite de tiempo para que esas instancias resolvieran dichas quejas. La coalición “Movimiento Progresista”, que encabezó Andrés Manuel López Obrador, insistió para que la investigación sobre los recursos usados en las campañas impactase directamente en la calificación de la elección presidencial, pero la ley electoral no vincula los plazos de que dispone la Unidad de Fiscalización del ife con los tiempos de calificación de la elección presidencial por parte del TEPJF.

Este desfase de tiempos, junto con otros temas, deberá ser materia para una sucesiva reforma que perfeccione nuestro sistema político electoral.

Cuando se habla de justicia electoral, la referencia es a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 41, 99 y 116, la cual establece que para garantizar la definitividad y los principios de constitucionalidad y de legalidad de los procesos electorales, se debe contar con un sistema de medios de impugnación que permita combatir actos o resoluciones dictadas por las autoridades electorales.

La justicia electoral comprende distintos temas que son fundamentales para nuestra democratización en materia de imposición de sanciones, de protección de los derechos político-electorales, de la delincuencia electoral, de la organización de los tribunales electorales, de la consolidación de un modelo de nulidades electorales, y de las atribuciones de investigación en materia política.

La justicia electoral en México ha evolucionado a partir de las reformas de 1996, que fueron paradigmáticas en su momento, y que representan el punto de partida en la construcción de un nuevo modelo de justicia constitucional, con el reconocimiento formal de un tribunal especializado en la cuestión electoral, máximo órgano en la materia, dentro del Poder Judicial de la Federación.

La posterior reforma constitucional de 2007 y las reformas legales de 2008 introdujeron una redefinición de las reglas de la contienda electoral, estableciendo nuevas competencias para las salas regionales del TEPJF y diseñando un modelo centralizador de los procesos electorales, al menos en lo relativo al acceso de los partidos a los medios de comunicación.

La justicia electoral se refiere a los valores políticos que caracterizan a la democracia, a los mecanismos e instrumentos para dirimir los conflictos derivados de los procesos electorales pero, sobre todo, a la protección auténtica o tutela eficaz del derecho a elegir o ser elegido para desempeñar un cargo público.

Todo esto mediante un conjunto de mecanismos que impiden la violación de la voluntad popular, contribuyendo a asegurar la constitucionalidad y legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, autenticidad y transparencia, así como la justicia y equidad de los comicios.

Los siete magistrados de la sala superior del TEPJF desempeñaron la enorme tarea y tuvieron la gran responsabilidad de procurar justicia política, evitando la politización de la justicia.

Las inconformidades contra el pasado proceso electoral, muestran la urgente necesidad de transparentar, regular y fiscalizar de mejor manera el dinero que por distintas vías fluye a la política, agraviando el derecho a la equidad.

Es precisamente en la subordinación de todos los poderes, públicos y privados, al proyecto jurídico y político diseñado en la Constitución, en donde reside la justificación social del Estado de derecho.

Durante años se ha señalado la necesidad de reformar al Estado mexicano y desde entonces poco se ha avanzado en tal encomienda.

A pesar de las grandes transformaciones sociales, políticas y culturales que se pueden observar, los cambios efectivos han sido pocos y desiguales.

En este escenario, el rol que desempeñaron los magistrados electorales invita a la reflexión sobre las instituciones y los principios jurídicos básicos que, sin importar las diferentes condiciones imperantes, permiten al Poder Judicial asegurar a la sociedad mexicana que nuestra democratización es irreversible. 

 

Bibliografía

tepjf (2012). "Sentencia relativa al cómputo final, calificación jurisdiccional de la elección, declaración de validez y de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos”, se puede consultar en: www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/senten.... Fecha de consulta: agosto de 2012.