El reto ético de la nueva cultura del agua

El agua es ciertamente un elemento bien definido, pero entenderla simplemente como un bien útil y escaso, a valorar y gestionar desde relaciones de mercado, entra en contradicción con los más elementales principios éticos

Por: Pedro Arrojo Agudo

Introducción

La degradación generalizada de los ecosistemas acuáticos tiene como consecuencia, entre otras, que 1 mil 200 millones de personas no tengan acceso al agua potable.

Tal pérdida gradual de cualidades o características agrava los problemas de hambre en el mundo, al arruinar pesquerías fluviales y marinas, y formas tradicionales de producción agropecuaria vinculadas a los ciclos fluviales, esenciales para millones de personas en comunidades vulnerables. 

El modelo de globalización en curso, alejado de los más elementales principios éticos, está agravando estos problemas. Lejos de frenar el deterioro ecológico, está acelerándolo; lejos de reducir los gradientes de riqueza, garantizando derechos fundamentales a los más pobres, como el acceso al agua potable, se abre al mercado, como espacio de negocio, el campo de los valores ambientales y de los servicios básicos de interés general.  

En este contexto, emergen múltiples conflictos ligados a la gestión del agua como consecuencia de la convergencia de tres grandes fallas de crisis: 

  • Crisis de sustentabilidad, que suscita movimientos en defensa del territorio y de los ecosistemas acuáticos frente a la construcción de grandes obras hidráulicas, la deforestación y la contaminación de ríos, lagos y acuíferos; 
  • Crisis de inequidad y pobreza, que dispara la vulnerabilidad de las comunidades más pobres frente a los problemas de insustentabilidad de los ecosistemas acuáticos, que el cambio climático sin duda agravará. 
  • Crisis de gobernanza, frente a la privatización de los servicios básicos de agua y saneamiento, que tiende a transformar a los ciudadanos en clientes, marginando a los más débiles.  

Transitar de los enfoques de gestión de recursos, a la gestión ecosistémica 

En la actualidad, se estima que más de 1 mil 100 millones de personas no tienen acceso garantizado al agua potable, lo que conlleva unas 20 mil muertes diarias, en su mayoría de niños.

Ríos, lagos y humedales sufren la crisis de biodiversidad más profunda de la biosfera, tal y como se subraya en la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua, firmada por cien científicos de los diversos países de la Unión Europea (UE), a principios de 2005. 

Ambas realidades acaban siendo la faz y el envés de una misma crisis: la de insustentabilidad de los ecosistemas acuáticos y del ciclo hídrico continental. 

De hecho, el problema no es tanto de escasez como de calidad de las aguas disponibles, por contaminación y degradación del medio natural.

Nadie ha instalado su casa lejos de un río, de un lago o de lugares donde las aguas subterráneas son inaccesibles. El problema es que, desde nuestra insaciable e irresponsable ambición desarrollista, hemos deteriorado esos ecosistemas y acuíferos, produciendo graves problemas de salud en las poblaciones que dependen de ellos.

Primero han muerto las ranas y los peces, y más tarde las personas; eso sí, las más vulnerables, en su mayoría niños, y en las comunidades más pobres. 

Es urgente pasar de los tradicionales enfoques de gestión de recursos, a nuevas perspectivas de gestión ecosistémica; al igual que entendemos la necesidad de pasar de la gestión maderera, a enfoques más complejos de administración forestal, y no podemos seguir manejando los ríos como simples canales de agua. 

La directiva marco de aguas (DMA), vigente en la Unión Europea (UE) desde finales de 2000, asumió este reto de cambio, y estableció como objetivo central recuperar y conservar el buen estado ecológico de ríos, lagos y humedales. 

Desde este nuevo enfoque, los indicadores clave pasan a ser de tipo biológico, en la medida que no sólo controlan la calidad de las aguas, sino el buen funcionamiento de los ecosistemas.  

Admitir como base de la gestión de aguas el principio de sustentabilidad, desde ese planteamiento ecosistémico, exige reforzar la responsabilidad pública en esta materia.

La complejidad de valores y derechos en juego, junto a la imposibilidad de dividirlos y comercializarlos, hacen del mercado una herramienta inadecuada.

No es razonable pedirle a éste que resuelva problemas de equidad y de cohesión ciudadanas, ni que gestione valores ambientales hacia los que no es sensible. 

La complejidad de los valores en juego 

El mundo afronta una crisis de agua sin precedentes, agravada por los elevados niveles de ineficiencia e irresponsabilidad que caracterizan a los actuales modelos de gestión.

Es preciso reflexionar en torno a ellos y sobre los valores en juego y las categorías éticas a las que se vinculan los diversos usos del agua. 

Si suponemos por un momento que hiciéramos las paces con la naturaleza, y fuéramos capaces de extraer madera y agua sin quebrantar la salud del bosque y del río, superando por tanto los problemas de sustentabilidad, nos quedaría enfrentar el reto de la gestión del agua y de la madera como recursos propiamente dichos.

En lo que se refiere a la madera, no creemos que tuviéramos problemas significativos de orden moral. No obstante seguiríamos encontrando serios problemas éticos, sociales y políticos en la gestión del agua.

La clave está, desde nuestro punto de vista, en que las utilidades que nos brinda la madera son consistentemente sustituibles por bienes de capital, lo que permite encomendar la gestión del recurso al mercado; así las cosas, con las regulaciones pertinentes, funcionarían razonablemente.

El leñador vendería los troncos al aserradero; éste comercializaría las tablas al carpintero, que a su vez nos vendería los muebles a nosotros.

Sin embargo, los valores en juego, en el caso del agua, son más complejos y, en muchos momentos, no son sustituibles por bienes de capital; sino que se vinculan a categorías éticas diferentes, lo que exige, en definitiva, establecer prioridades y definir criterios de gestión específicos en cada caso. 

Bases éticas: funciones, valores y derechos en juego 

El enfoque mercantil, promovido por el Banco Mundial (BM) en materia de gestión de agua y servicios básicos, de los que depende la salud y la vida de la gente, viene manifestándose como un error.

El agua es ciertamente un elemento bien definido, pero entenderla simplemente como un bien útil y escasoa valorar y gestionar desde relaciones de mercado, entra en contradicción con los más elementales principios éticos.

A diferencia de la madera o de otros recursos naturales, múltiples funciones del agua están relacionadas con rangos éticos de diferente nivel que claramente debemos identificar. 

Tal y como propone la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua, debemos distinguir tres categorías éticas, con sus respectivos niveles de prioridad, objetivos a cubrir, derechos y deberes en juego y, en definitiva, criterios de gestión diferentes y específicos. 

  • El agua-vida, en funciones básicas de supervivencia, tanto de los seres humanos, como de los demás seres vivos; debe ser reconocida como prioritaria, de forma que se garantice la sustentabilidad de los ecosistemas y el acceso de todos a cuotas básicas de aguas de calidad como un derecho humano. 
  • El agua-ciudadanía, en actividades de interés general de la sociedad en su conjunto; garantizando funciones de salud y de cohesión social (como los servicios urbanos de agua y saneamiento); debe situarse en un segundo nivel de prioridad, en conexión con los derechos de ciudadanía, vinculados a los correspondientes deberes ciudadanos. 
  • El agua-crecimiento, en funciones económicas de carácter productivo; debe reconocerse en un tercer nivel de prioridad, en conexión con el derecho de cada cual a mejorar su nivel de vida. Ésta es la función en la que se usa la mayor parte del agua detraída de ríos y acuíferos, y que genera los problemas más relevantes de escasez y contaminación.  

El agua-vida

En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU reconoció el acceso a cuotas básicas de agua potable como un derecho humano.

Cuotas básicas de agua-vida que deben ser garantizadas con eficacia desde un nivel máximo de prioridad. Estamos ante valores que ni se compran ni se venden, simplemente tienen que garantizarse, bajo la responsabilidad de la comunidad, del Estado y, en última instancia, de las instituciones internacionales, sin disculpa. 

No debemos perder de vista que 30 ó 40 litros de agua potable por persona y día, como referencia de lo que podría considerarse el mínimo de agua necesario para una vida digna, supone apenas el 1.2 por ciento del agua que usamos en la sociedad actual.

No hay argumento que excuse que 1 mil 200 millones de personas no tengan garantizado el acceso a esa cantidad de agua potable. La pretendida falta de recursos financieros resulta como razón inaceptable, incluso para gobiernos de países empobrecidos; cuando más para los gobiernos de países ricos e instituciones internacionales como el bm.

Al fin y al cabo, la fuente pública, potable y gratuita, en la plaza, cerca de casa de todo el mundo, fue garantizada en muchos países cuando eran realmente pobres y ni siquiera existía el bm.

El reto no fue propiamente financiero, sino político, en el sentido aristotélico y noble del término. En definitiva, se asumió la responsabilidad pública de garantizar el agua potable y gratuita en la fuente, antes incluso que alumbrar la calle o asfaltar las carretera, por no hablar de gastos suntuarios o presupuestos militares.  

En el ámbito del agua-vida deben incluirse también los usos productivos en comunidades pobres y vulnerables. Derechos ancestrales, en muchos casos, de los que dependen producciones agropecuarias básicas que sustentan la vida de esas comunidades y que, por tanto, deben considerarse de lleno en el ámbito de los derechos humanos. 

Por último, en el ámbito del agua-vida debe incluirse el agua necesaria, en cantidad y calidad, para garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas acuáticos y de sus entornos, aunque sólo sea por egoísmo virtuoso pues, de hecho, resulta cuando menos complicado garantizar nuestra existencia, salud y bienestar si quebramos la salud de la biosfera.

Ciertamente, en este caso no estamos hablando del 1.2 por ciento del agua usada, sino de caudales ambientales de un orden de magnitud muy superior; así como de notables esfuerzos para depurar vertidos, preservar la calidad de las aguas y conservar los hábitat acuáticos.

Sin embargo, tal y como hemos explicado con anterioridad, la principal razón por la que más de 1 mil millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable radica justamente en la quiebra de la sustentabilidad de los ecosistemas acuáticos.

En la actualidad en la onu se debate la llamada tercera generación de derechos humanos, por ejemplo, los derechos colectivos de los pueblos, a la paz, al territorio y a un medio ambiente saludable.

Hay que cuestionarse, en suma, si nos parece éticamente aceptable que disfrutar de ríos vivos sea privilegio exclusivo de ricos, mientras los pobres se conforman con ríos cloaca, como condición para conseguir en el futuro el soñado desarrollo. La respuesta parece clara. 

En la UE, como es sabido, la dma asume como prioritario garantizar esas funciones ambientales básicas del agua. De hecho, los caudales necesarios para conservar el buen estado ecológico de ríos, lagos y humedales se consideran, por ley, una restricción a sus diversos usos productivos.

Tan sólo el agua potable, necesaria para el abastecimiento doméstico básico, se sitúa en un nivel de prioridad superior. No obstante, tales necesidades, por la escasa envergadura de caudales requeridos, raramente ponen en cuestión la sustentabilidad de los ecosistemas acuáticos.  

El agua-ciudadanía 

Ofrecer servicios domiciliarios de agua y saneamiento supone un salto cualitativo respecto a la fuente pública que garantiza el acceso a esos 30 ó 40 litros por persona al día, como referencia del derecho humano al agua potable

En un hogar medio usamos, de manera diaria, fácilmente 120 litros por persona. Sin embargo, el acceso a tales servicios debe estar disponible para todos, ricos y pobres.

Esta perspectiva de acceso universal podría llevar a incluirlo en el espacio de los derechos humanos. Sin embargo, pensamos que lo adecuado es situarlo en el de los derechos ciudadanos. Sería conveniente, en todo caso, abrir ese debate a la sociedad.

Al fin y al cabo, los derechos humanos y los derechos ciudadanos son construcciones sociopolíticas que deben suscitar, en cada momento, el necesario nivel de consenso social. En nuestra opinión existen diferencias importantes entre unos y otros que se sitúan en el terreno de los deberes.

Los derechos humanos no se vinculan con deber alguno, más allá del deber estar vivo y querer seguir estándolo. Sin embargo, los derechos ciudadanos deben vincularse a los correspondientes deberes ciudadanos. 

En este tipo de servicios emergen objetivos que merecen ser considerados de interés general de la sociedad, relacionados con valores, como la equidad y la cohesión social, hacia los que el mercado es insensible.

Valores vinculados al concepto de ciudadanía que entran de lleno en el espacio de lo que debe considerarse res publica, es decir, cosa de todos, razón por la que deben ser gestionados bajo responsabilidad comunitaria. 

Diseñar el juego de derechos y deberes es políticamente complejo. Las instituciones públicas, al tiempo que garantizan los derechos de ciudadanía, deben establecer los correspondientes deberes ciudadanos

Si se quieren garantizar servicios domésticos de agua y saneamiento de calidad, es fundamental diseñar adecuados modelos tarifarios que garanticen el necesario financiamiento y estimulen la eficiencia socioeconómica y la responsabilidad ciudadana. 

En una sociedad compleja como la actual, garantizar el acceso universal a servicios domésticos de calidad, al tiempo que se minimiza el impacto ecológico sobre los ecosistemas acuáticos, constituye un reto de enorme importancia.

Un sistema tarifario por bloques de consumo con precios crecientes puede garantizar la recuperación de costes del servicio, al tiempo que induce criterios sociales redistributivos.

El primer bloque de 30 ó 40 litros por persona al día debería ser gratuito, al menos para quienes estén bajo el umbral de pobreza. El siguiente escalón, de 100 litros, debería pagarse a un precio asequible, al coste real que impone el servicio.

En un tercer escalón, el precio por metro cúbico debería elevarse de forma clara; para finalmente dispararse en el cuarto, propio de usos suntuarios (como jardines y piscinas). Se induce así una subvención cruzada, de forma que quienes más consumen acaban subvencionando los servicios básicos de quienes tienen dificultades para pagar. 

En este caso, a diferencia del agua-vida, donde la lógica económica tenía poco que aportar, estamos aplicando criterios de racionalidad económica-financiera. Sin embargo, los criterios propuestos no se corresponden con la racionalidad de mercado.

De hecho, cuando vamos al mercado, si un kilo de manzanas cuesta alrededor de 30 pesos, con frecuencia nos ofrecerán los 2 kilos por 55. Se trata de estrategias que estimulan el consumo, basadas en las llamadas economías de escala.

El modelo tarifario propuesto asume justamente criterios opuestos. La razón está en que perseguimos ofrecer un buen servicio público, desde la perspectiva del interés general, y no un buen negocio. 

Ciertamente ésta no es la coherencia de las políticas desreguladoras y privatizadoras del Banco Mundial. Las presiones de las instituciones económico-financieras internacionales en el sentido de condicionar los créditos públicos, en materia de servicios de agua, a la previa privatización de éstos, es desde nuestra perspectiva una vergüenza, más allá de un grave error.

Frente a los problemas de burocratismo, opacidad e incluso corrupción que a menudo degradan la función pública, la solución no está en privatizar sino en democratizar. Afrontamos el reto, en suma, de promover nuevos enfoques de gestión pública participativa bajo control social. 

El agua-crecimiento 

La mayor parte de los caudales extraídos de ríos y acuíferos no se dedican a garantizar los derechos humanos, ni sustentan servicios de interés general, sino que se dedican a actividades productivas.

El sector agrario utiliza por encima del 70 por ciento de los recursos hídricos detraídos de ríos y acuíferos; mientras el sector industrial y el de servicios acaparan alrededor 20 por ciento.

Son actividades basadas en la legítima aspiración de cada cual a mejorar su nivel de vida. Pero el derecho a ser más ricos de unos u otros, siendo legítimo, no puede anteponerse a los derechos humanos y ciudadanos de la mayoría; y más cuando se trata del derecho a ser el número uno entre los más ricos.

Desde un punto de vista ético, resulta evidente que tales usos deben gestionarse desde un tercer nivel de prioridad. En este sentido, degradar un río o poner en riesgo la potabilidad de los caudales aguas abajo, bajo la justificación de que se impulsa el desarrollo económico y de que se crean puestos de trabajo, constituye una grave inmoralidad. 

En lo que se refiere al agua-crecimiento, en la medida que los objetivos son económicos, deben aplicarse criterios de racionalidad económica. Cada usuario debe responder por los costes que exige la provisión del agua que usa.

Pero además, en la medida que haya escasez, deberá afrontar el llamado coste de oportunidad, que no es sino el coste de escasez del recurso.

En el ámbito del agua-crecimiento se impone, en definitiva, la necesidad de aplicar el principio de recuperación íntegra de costes, tal y como establece la dma (incluyendo costes financieros, costes ambientales y el coste de oportunidad, cuando hay escasez). 

En este caso, no existen razones que justifiquen subvenciones directas ni cruzadas; de la misma forma que no se le subvenciona la madera al carpintero, ni el diésel a la compañía de transporte. 

La escasez en el agua-vida constituye una catástrofe humanitaria, y por ello es inaceptable; la escasez de agua-ciudadanía (suspensión del servicio de agua en una ciudad) significa un desastre y un fracaso político, y por ello tampoco es justificable; sin embargo, la escasez de agua-crecimiento, en el ámbito de la economía, no puede seguir entendiéndose como una “tragedia a evitar”con cargo al erario, sino que debe ser entendido como una realidad inexorable, tarde o temprano, que debe ser gestionada a partir de criterios de racionalidad económica. Desde nuestra ambición desarrollista, hacemos escaso lo abundante. 

Estamos haciendo pequeño el planeta; vulnerable la inmensidad de los océanos; insuficiente la capacidad de la atmósfera; y, desde luego, estamos haciendo escasa el agua dulce de ríos, lagos, humedales y acuíferos.

Se trata en definitiva de aplicar criterios de racionalidad económica al uso económico del agua, gestionando la ambición desarrollista (a menudo encabezada por quienes mejor viven) desde el respeto responsable de los límites de sustentabilidad que nos impone la naturaleza.


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