El papel de las elecciones en una democracia de baja intensidad

Con la alternancia presidencial, la transición a la democracia en México pasó su prueba de fuego

Por: Sergio Ortiz Leroux

Por definición, toda transición es transitoria. Cuando una transición se prolonga más allá de un tiempo acotado acaba por traicionarse a sí misma. Por su larga duración, la transición política en México parecía dirigirse hacia el puerto de la traición.

Después de más de 20 años de cambios en el sistema de partidos, de acotaciones a la figura presidencial, de reformas provisionales y “definitivas” a las leyes e instituciones electorales federales, y de la emergencia de procesos de alternancia política en los ámbitos estatal y municipal, la democracia (a secas) no acababa de adquirir carta de naturalidad en las tierras mexicanas.

Por el contrario, nuestro peculiar y folclórico autoritarismo, a decir de sus principales y, por cierto, numerosos estudiosos, parecía haber descubierto el secreto de la longevidad.

Como pieza extraña de museo, el sistema político mexicano fue odiado o, en su caso, admirado por propios o extraños gracias a la enorme habilidad que tuvo para reformar gradualmente sus prácticas, normas e instituciones políticas, sin modificar de forma sustantiva su propia naturaleza que le da razón de ser y sus principios que le ofrecen facultad de obrar.

Mientras otros regímenes no democráticos, como los de los países de Europa del Este y de la desaparecida Unión Soviética, sucumbían frente a la nueva ola democratizadora de finales del decenio de los ochenta y principios de los noventa, el régimen mexicano se mantenía de pie, estoicamente, gozando en apariencia de cabal salud.

Todo indicaba que iniciaríamos el siglo XXI bajo el signo de una transición que se prolongaría indefinidamente en el tiempo, una transición traicionada.

Sin embargo, con el arribo del nuevo siglo y milenio llegaron también los vientos de cambio. Y el escepticismo metodológico tuvo que abrirle paso a un moderado optimismo.

Luego de los resultados de las elecciones presidenciales del 2 de julio del 2000, las coordenadas con las que había sido localizado y clasificado el sistema mexicano en el tablero de los sistemas políticos mundiales empezaron a fallar. El cruce de ejes ya no ofrecía resultados certeros y verosímiles.

Por primera vez en más de 70 años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había perdido la presidencia de la República a manos de Vicente Fox, candidato de la entonces opositora Alianza por el Cambio, y la mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores del Congreso de la Unión.

Por si lo anterior no fuera poco, ningún partido o coalición electoral había obtenido por sí mismo mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras federales. México inauguraba súbitamente –y ante la sorpresa de no pocos analistas y observadores–, la era de la alternancia y el gobierno dividido a nivel federal. La certidumbre del futuro convertida en apatía del presente había sido relegada al pasado. 

Con la alternancia presidencial, la transición a la democracia en México pasó su prueba de fuego. Es más, para muchos estudiosos –entre quienes me incluyo–, con la alternancia en la presidencia de la República culminaba la fase de la transición democrática e iniciaba la etapa de la instauración democrática.

De cara al futuro, los conceptos y las categorías con los que había sido y es actualmente clasificado el sistema político mexicano tienen que ser revisados y, en su caso, modificados. 

Empíricamente, el deterioro del régimen político puede observarse en los cambios que experimentaron los dos mecanismos que le dieron cohesión y estabilidad al autoritarismo mexicano: el partido oficial y el presidencialismo.

Por una parte, el partido de Estado ha desaparecido del escenario nacional al romperse el cordón umbilical que lo vinculaba con el aparato estatal, especialmente con el poder Ejecutivo; por la otra, el presidencialismo ha sufrido un duro revés dado que el partido del presidente, el de Acción Nacional, no ha contado con mayorías absolutas en ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Los gobiernos unificados son cosa del pasado. De ahora en adelante, la negociación y el posible acuerdo entre los distintos partidos políticos y entre el Congreso y la Presidencia de la República son moneda corriente.

Vista en perspectiva comparada, la transición mexicana ofrece datos novedosos a la teoría general de las transiciones. En efecto, la transición democrática en México se dio por la vía de un largo, difícil y, al mismo tiempo, contradictorio proceso de liberalización que a mediano y largo plazo resultó disfuncional para sus promotores y derivó finalmente en la alternancia política.

A diferencia de otras transiciones democráticas, aquí no hubo democratización o un pacto político llevado a cabo en condiciones de cierta igualdad entre los actores políticos del viejo régimen y los actores emergentes.

Salvo en el caso de las numerosas reformas electorales, el ordenamiento normativo e institucional del país permaneció prácticamente intacto. Ni la forma de gobierno ni el pacto federal tuvieron modificaciones sustantivas.

Por ello, la reforma del Estado, vale decir, la reforma a la Constitución (politeia), aparecía como un escenario posible, un a posteriori.

Mientras en países como España, Chile o Sudáfrica el pacto político antecedió a las elecciones fundacionales de la era democrática, en México el pacto fundacional del nuevo régimen sucedería a las elecciones de la alternancia. Nada de eso, lamentablemente, ocurrió.

La transición democrática ha concluido. Y la fase de la instauración democrática ha brillado, hasta ahora, por su ausencia. Todo proceso de instauración democrática supone el desmantelamiento de los actores, normas e instituciones autoritarios y su reemplazo por los nuevos.

Sin embargo, en el presente mexicano los actores e instituciones del antiguo régimen no han acabado de morir y los del nuevo no acaban de nacer.

En esta interface, la incertidumbre y la desconfianza se han apoderado de los actores políticos y los vacíos que han aparecido gracias a este pantanoso caldo de cultivo han sido ocupados muchas veces por agentes del crimen organizado (narcotráfico) y por fuentes anónimas del dinero. 

En México, ciertamente, arribamos al puerto democrático. No está de más repetirlo. Pero hemos construido, por acción u omisión, una democracia de baja intensidad caracterizada por la falta de acuerdos entre los actores políticos y la confrontación entre los poderes de la Unión.

Durante la fase de la transición resolvimos en buena medida el dilema sobre el quién gobierna. En términos generales, se ha construido un andamiaje institucional y normativo que garantiza que gobierne aquél que obtenga la mayoría de los votos de los mexicanos.

Que el voto cuente y se cuente, pues. Varios decenios tuvieron que pasar para hacer realidad el viejo lema revolucionario, de raíz maderista, de “sufragio efectivo”. Sin embargo, todavía está pendiente por resolver el dilema sobre el cómo y el para qué se gobierna. En pocas palabras, arribamos a la democracia, pero ahora no sabemos bien a bien qué hacer con ella. 

La LVIII y la LIX legislaturas del congreso de la unión dejaron pasar la oportunidad histórica de llevar a cabo la Reforma del Estado. Lástima. Las oportunidades en la historia no se dan en maceta. La responsabilidad por la grave omisión es compartida.

El autodenominado “gobierno del cambio” y su partido, Acción Nacional, concentraron en un primer momento sus baterías en las reformas económicas estructurales. La reforma del Estado, según sus cálculos, vendría en un segundo momento. Craso error.

Si algo divide a la sociedad mexicana y a sus distintas expresiones partidistas, es precisamente el tema de las reformas estructurales. Pasado y futuro impiden mirar con relativa objetividad y generosidad el alcance y pertinencia presente de las mismas.

Cosa distinta hubiera sucedido si el presidente Fox y el PAN hubiesen concentrado sus esfuerzos desde el principio del sexenio en crear una coalición reformista que encabezase desde el Congreso las tareas de la reforma política del Estado.

Seguramente esa iniciativa hubiera encontrado eco en muchas corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en numerosos militantes del propio Revolucionario Institucional. Y ese clima de acuerdo y cooperación hubiese abonado a favor de la discusión de las reformas futuras.

Pero el hubiera, como decía mi abuelita, no existe. Las oposiciones, por su parte, no son menos responsables del extravío. La mezquindad, el interés propio a costa del interés general, el cálculo electoral, la poca altura de miras, y las múltiples divisiones a su interior, entre otras perlas, se impusieron a final de cuentas.

El resultado: un gobierno débil y un Congreso paralizado y paralizante. Y como correlato de lo anterior: una sucesión presidencial adelantada por lo menos dos años.

Desde el momento en que la reforma fiscal propuesta por el gobierno y el PAN no pasó en el Congreso federal, los ciudadanos supimos que la sucesión presidencial se había adelantado. En adelante, el clima de confrontación y franco distanciamiento entre el presidente y el Congreso y la premura de las pre-precampañas presidenciales fueron la moneda corriente de la política nacional.

La agenda de la reforma política del Estado tendría que esperar un mejor momento. Lo que sucedió posteriormente es del dominio público: gobernadores en (pre)campaña por la presidencia; líderes de partido en (pre)campaña por la presidencia; presidentes en (pre)campaña contra aspirantes en (pre)campaña.

Pre-precampañas; pre-campañas y campañas. Y todo ello, por si no fuera poco, aderezado con un torrente casi inagotable de dineros y spots publicitarios en radio y televisión. La saturación, evidentemente, fue inversamente proporcional a la credibilidad de los numerosos aspirantes. 

En este clima enrarecido adquiere su verdadera magnitud la discusión sobre la segunda generación de reformas electorales. La primera generación de reformas contribuyó a crear organismos electorales confiables e imparciales y condiciones mínimas para una competencia electoral libre, justa y equitativa.

Sus resultados están a la vista. Hoy por hoy, la única institución de Estado que goza de simpatía entre los ciudadanos es el Instituto Federal Electoral (IFE), que se ha consolidado como uno de los activos principales de la transición democrática.

La segunda generación de reformas, por su parte, tiene que contribuir a inyectar mayor credibilidad tanto al proceso en su conjunto (la elección) como a los principales actores del mismo (los partidos políticos).

Recordemos que la fama pública de los partidos políticos es semejante a la que tiene, por ejemplo, la policía. Y eso no es, como sabe cualquier simple mortal nacido en estas tierras, ningún consuelo.

Esta nueva reforma electoral tendría que dirigirse, entonces, a reducir tiempos y costos de campañas; medidas que, por cierto, han sido demandadas legítimamente por muchos ciudadanos irritados ante los excesos de campañas, precampañas, candidatos y precandidatos.

En el fondo, se trataría de reducir y transparentar los gastos de las campañas electorales y de que las mal llamadas “precampañas” se reconozcan propiamente como campañas políticas, de suerte que sean así consideradas por la ley en los cómputos de tiempos y de gastos electorales. 

Dos ejes principales debería tener la nueva reforma electoral: a) establecer y acotar en la ley los tiempos en los que exclusivamente pueda hacerse propaganda político-electoral; y b) reducir los costos de las campañas.

A fin de disminuir los tiempos de campaña se tendría que legislar para establecer duraciones de las campañas oficiales que no rebasaran, por ejemplo, los 90 días, en el caso de una campaña presidencial, y 60 días, en el caso de una campaña para diputado o senador.

Sólo en este margen de tiempo estaría permitido hacer campaña tanto en medios electrónicos (radio y televisión), como de contacto directo con la gente.

Para bajar los costos de las campañas habría que retomar algunas experiencias de democracias consolidadas, en las cuales no está autorizada la compra de tiempos comerciales en televisión y radio, que es el rubro en el que más gastan dinero partido y candidatos.

Estos tiempos serían asignados equitativamente a los partidos políticos por la autoridad electoral, siguiendo el mismo patrón del financiamiento público: una parte de manera igualitaria, y la otra parte de forma proporcional según el porcentaje de votación obtenida en la elección anterior.

Con estos mecanismos se evitaría que el partido o candidato con más dinero fuera el que tuviera mayor presencia en los medios electrónicos, como sucede actualmente.

La segunda generación de reformas electorales no contribuiría, ciertamente, a mejorar la intensidad de la democracia mexicana. Esa depende de los acuerdos que lleven a cabo los actores políticos en el marco de la Reforma del Estado.

Asuntos centrales como el cambio en la forma de gobierno del presidencialismo al semipresidencialismo o al semiparlamentarismo; el gobierno de gabinete; la reelección legislativa; las facultades de control político del poder Legislativo sobre el Ejecutivo (rendición de cuentas; fiscalización, etcétera); el nuevo federalismo fiscal, entre otros, deberían discutirse en nuestro país y llevarse, en su caso, al nivel de reformas constitucionales.

La instauración de nuestra democracia vía la inaplazable reforma del Estado sigue siendo una asignatura pendiente. Quizá la LX Legislatura del Congreso de la Unión ahora sí esté a la altura del nuevo tiempo mexicano y contribuya a fundar una democracia de alta intensidad que aprenda cómo ejercer democráticamente el poder. 

Por ahora, debemos conformarnos, no nos queda de otra, en promover una nueva reforma electoral que ayudaría sin duda a crear condiciones para que no sea el dinero uno de los factores decisivos en la elección de julio próximo. Y eso, en el presente inmediato, no es poca cosa.

Más si consideramos que entre los varones del dinero y las doncellas de la política profesional puede sellarse un matrimonio por mutua conveniencia, en el cual el primer damnificado sería, como bien sabía el barón de Montesquieu, la democracia. Aunque ésta sea de baja intensidad.

 


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