El futuro de los órganos electorales de las entidades federativas

En un régimen federal es plenamente válido que un órgano de carácter estatal renuncie al ejercicio de una competencia y que mediante convenio pueda delegar su ejercicio a un órgano de carácter federal

Por: César Astudillo

En recientes eventos académicos con consejeros electorales de varias entidades en el Distrito Federal y en Zacatecas, he podido notar que una preocupación fundada tiene en vilo a los organismos electorales a lo largo y ancho del país. Se preguntan cuál es el futuro de los órganos a los que pertenecen, y qué es lo que el destino les tiene reservado en lo individual. 

No tienen claro si la exigencia de reformar las constituciones y leyes electorales de los estados será aprovechada, o no, para que los gobernadores o los grupos mayoritarios dentro de los congresos intenten hacerse del control de los mismos, o si en el extremo, la reforma será utilizada para establecer un diseño institucional a modo, en el que no tengan cabida. 

Exite el temor de que la reforma electoral, por paradójico que pueda parecer, en lugar de fortalecer la autonomía e independencia de los consejos o institutos, los tribunales, las contralorías y las fiscalías electorales coadyuve a su debilitamiento, o se convierta, incluso, en la crónica de una desaparición anunciada.

Llegan al extremo de bromear de su situación, señalando que están tranquilos pues constitucionalmente gozan de inamovilidad, al menos, mientras una reforma no los alcance. 

Les preocupa primordialmente que el IFE, mediante convenio, pueda hacerse cargo de la organización de los comicios locales, sobre todo porque dicha atribución refleja una propuesta política que algunos partidos no pudieron concretizar plenamente, pero que decidieron dejar plasmada parcialmente para recuperarla en el mediano o largo plazo: me refiero a la creación del Instituto Nacional de Elecciones. 

Hay que señalar, ante todo, que contrario a lo que pudiera pensarse, la atribución concedida al IFE para que pueda hacerse cargo de la organización de los comicios locales no vulnera la autonomía de los estados.

En un régimen federal es plenamente válido que un órgano de carácter estatal renuncie al ejercicio de una competencia y que mediante convenio pueda delegar su ejercicio a un órgano de carácter federal. 

Si se observa detenidamente dicha competencia, es posible extraer dos lecturas. Una puede conducir a sostener que por medio de un convenio, el IFE puede organizar en su totalidad las elecciones estatales; otra, puede llevar a establecer, por el contrario, que el IFE y los órganos electorales estatales pueden convenir la realización conjunta de determinadas acciones dentro de alguna de las etapas del proceso electoral estatal.

Como puede apreciarse, el entendimiento de la disposición constitucional es amplio, y la adopción de uno u otro criterio da pie a una interpretación rígida y a una abierta, cada una de las cuales tiene notables consecuencias para el futuro inmediato de los institutos electorales estatales. 

¿Por qué subrayamos lo anterior? Porque la primera interpretación supondría estar frente a una decisión extraordinaria que conduciría a la inminente desaparición de los órganos electorales estatales, al menos los de carácter administrativo, porque nada justificaría su permanencia en un contexto en el que su tarea la realiza el IFE.

La segunda interpretación conduce a una decisión ordinaria y menos traumática que no pondría en peligro la continuidad de dichos organismos; este entendimiento, que a nuestro juicio es el más razonable, no supone nada nuevo en el régimen de organización de elecciones, pues hoy en día todos los órganos electorales locales mantienen una estrecha colaboración institucional con el IFE en materia de padrón electoral, lista nominal, credencial para votar, fiscalización de los recursos de los partidos, etcétera. 

Bajo este contexto es necesario señalar que la atribución en comento debe concebirse como la constitucionalización de una sana y recíproca colaboración entre organismos electorales, y no como la sobreposición de uno sobre los otros.

Se trata, ante todo, de establecer las bases para un auténtico régimen de elecciones de carácter nacional, y no de federalizar los procesos electorales locales, que son cosas diametralmente opuestas. 

En esta tesitura, el futuro de los órganos electorales depende de la sensatez con la que se interprete el dispositivo constitucional, de la actitud asumida por quienes pueden plantear la colaboración institucional entre el IFE y los organismos electorales locales, y de la sensibilidad del propio IFE para tender la mano a sus pares en las entidades federativas. 

Artículo escrito especialmente para Folios. 


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