El desafío de la delincuencia organizada en México*

Mexico vive un proceso de desbordamiento del crimen organizado que todos los días amenaza la paz y la tranquilidad de la población

Por: Mariclaire Acosta Uriquiri

La problemática delictiva en México no es nueva pero en años recientes ha experimentado un alza significativa. Pese a la importante incidencia de delitos comunes como el robo y la violación sexual, la principal fuente de violencia y de percepción de inseguridad en el país proviene de las actividades de la delincuencia organizada y de la política de seguridad implementada a fin de combatirla durante el presente sexenio (2006-2012), como se expone en el presente texto.1

 La irrupción de la delincuencia organizada

México vive un desbordamiento del crimen organizado que todos los días amenaza la paz y la tranquilidad de la población y pone a prueba tanto la fortaleza de sus estructuras de seguridad como la de sus instituciones jurídicas y políticas.

Existen diversas causas de este crecimiento desproporcionado de las actividades ilícitas organizadas, entre las cuales cabe señalar:

a) La transnacionalización creciente del crimen.

b) Factores sociales, económicos y demográficos internos; c) una crónica impunidad y deficiente comportamiento del aparato de justicia.

d) Carencia de un marco normativo adecuado para hacer frente a la delincuencia organizada desde la perspectiva de seguridad ciudadana,2.

e) La posición geográfica de México y la inserción del país en la globalización.

Si bien el crimen organizadoya existí antes de la globalización, sus actividades se veían limitadas por las dificultades que imponían las políticas monetarias y cambiarias de los Estados nacionales y las restricciones a la circulación de divisas.

La desregulación de los mercados financieros y el surgimiento y expansión de los paraísos fiscales facilitó la monetización de las ganancias del crimen organizado en divisas convertibles y fue un estímulo gigantesco a su empresarización.

Hoy el mercado mundial de la droga supera en valor al del petróleo y en los paraísos fiscales hay depósitos que equivalen a 15 por ciento del PIB mundial y a más de 40 por ciento de la riqueza financiera global.3

Lo anterior se combina con factores internos que facilitan la operación de la delincuencia organizada en países como México, que en los últimos cuarenta años fue escenario de importantes cambios demográficos y económicos que el Estado no supo sintonizar, armonizar ni potenciar.

Junto a la transformación demográfica de México, se cambió de un modelo económico industrialista basado en la expansión del mercado interno a un modelo comercial fundado en el dinamismo de las exportaciones.

Los resultados de ese modelo han sido buenos para las exportaciones, pero la transmisión de los impulsos dinámicos de la economía exportadora al conjunto de la economía ha sido muy débil.

Según estudios técnicos, la economía mexicana necesita crecer al menos 5 por ciento cada año para absorber a la población joven que se incorpora al mercado laboral, así como 7 por ciento para arrancar fuerza de trabajo del subempleo y el empleo precario y llevarla hacia el empleo decente.

Sin embargo, como promedio anual en los últimos diez años, la economía mexicana ha crecido apenas a 2 por ciento, con todas las consecuencias negativas de esa falta de dinamismo.

Recientemente se calculó que unas 468 mil personas trabajan en México en actividades relacionadas con el comercio ilícito de drogas, tres veces más que el personal de PEMEX, la compañía petrolera con mayor número de empleados del mundo (Ríos, 2009).

Estimaciones de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S) indican que alrededor de 30 mil jóvenes menores de 18 años cooperan de distintas formas con grupos criminales (REDIM, 2010).

Lo anterior se traduce en una fuerte presión sobre el sistema de seguridad pública –reconocido por la misma Secretaría de Seguridad Pública federal (Méndez, 2011: 5)–, puesto que mientras las filas de la delincuencia organizada son continuamente alimentadas por la alta cantidad de jóvenes sin oportunidades de empleo o educación, en México hay un total aproximado de entre 360 mil y 409 mil 536 policías tanto judiciales como preventivos, con ingresos promedio mensuales de 6 mil 229 pesos mexicanos (Azaola, 2008: 54; Olivares Ferreto, 2010: 7-10).

Por otra parte, México registra niveles de impunidad del orden de 97 por ciento, ya que solo 3 por ciento de los delitos que se denuncian llegan a sentencia.

De la mano de la corrupción se forjó toda una cultura de la impunidad. Instituciones académicas como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han documentado la ineficiencia del sistema de procuración de justicia y las debilidades del sistema de impartición de justicia, demostrando que en México se consignan menos casos de delitos contra la salud que en Chile, que tiene solo 15 millones de habitantes; el porcentaje de sentencias por ese delito es diez veces menor en México.4

Adicionalmente, el país no cuenta con las normas legales y buenas prácticas de gobierno establecidas en la normatividad internacional a la que se ha obligado en materia de corrupción y crimen organizado.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (conocida como la Convención de Palermo), ratificada por México el 4 de marzo de 2003, define a la delincuencia organizada como: “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.5

No obstante, el concepto de delincuencia organizada que está vertido en la Constitución mexicana no corresponde al estándar internacional, inscrito en la Convención de Palermo.

En la Constitución, la delincuencia organizada se define como: “… una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”.6

Esta definición incorpora únicamente dos de los elementos señalados en la Convención de Palermo: el número de miembros del grupo y la permanencia de la organización.

Sin embargo, se deja de lado el resto de los elementos que acotan la definición y garantizan que ésta no sea aplicada de manera extensiva.

Al dejar fuera de la definición los elementos de la concertación que deben existir previamente, y el lucro económico o de otro orden material que se buscara a través del delito, la definición de la Constitución pudiera abrirse a muy amplias e indiscriminadas persecuciones penales.

Finalmente, México comparte una extensa frontera con Estados Unidos de América, que es el mayor consumidor de drogas del mundo, el primer exportador de armas ligeras de creciente letalidad, cuyos compradores son las bandas criminales mexicanas, y el mayor y más globalizado centro financiero del orbe, por cuyos circuitos internacionalizados fluye dinero de procedencia lícita e ilícita.

El senado de los Estados Unidos calculó en 2008 que unas 2 mil armas cruzan la frontera diariamente. Un reporte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense presentado el 8 de enero de 2008, por el senador Richard Lugar, señaló que dos mil armas atraviesan cada día los puestos fronterizos del norte del país.

El documento afirma que “oficiales de aduanas corruptos (en ambos lados de la frontera) ayudan al tráfico de armas hacia México”. Si el dato resulta exacto, en los primeros dos años del gobierno de Calderón un millón 460 mil armas habrían ingresado clandestinamente al territorio nacional.

Según se desprende de una entrevista ofrecida al periódico El País por el ex procurador Eduardo Medina Mora (23/11/08), en el mismo lapso, solo 27 mil de esas armas habrían sido aseguradas por las autoridades (De Mauleón, 2009).

Control y contención de la delincuencia organizada, especialmente el narcotráfico, y su evolución en el tiempo

En años recientes se ha dado cuenta de los pactos que contuvieron la violencia y organizaron el mercado ilegal de estupefacientes durante los regímenes autoritarios priistas hasta el año 2000.7

El pacto resultó insostenible a partir de la alternancia partidaria en la presidencia de la República, no solo debido al cambio de partido político en el poder, sino fundamentalmente a razón de la creciente descentralización del campo político en México y la proliferación de bandas delictivas locales dedicadas a la venta de drogas en el mercado interno, que podían llegar a responder a acuerdos y complicidades con grupos políticos y/o económicos rivales.

Hacia finales del gobierno de Vicente Fox, el equilibrio de poder entre los cárteles de la droga se rompió y dio pie a la confrontación abierta entre el cártel de Sinaloa y el del Golfo,8 lo cual obligó a la administración Fox a lanzar una operación antidrogas llamada “México Seguro”, mediante la cual las Fuerzas Armadas y la Policía Federal Preventiva tomaron el control de ocho ciudades en los estados de Tamaulipas, Sinaloa y Baja California (Chabat, 2010: 6).

Desde el inicio de su gobierno, el presidente Calderón implementó la confrontación directa a los cárteles mediante operaciones político-militares en los estados más afectados por el narcotráfico, como los mencionados anteriormente, a los que se han agregado otros como Michoacán, Chihuahua, Durango, Morelos, Guerrero y Nuevo León.

La política implementada por el actual gobierno federal se ha centrado en buscar reducir la oferta de estupefacientes mediante decomisos de droga, dinero, armas y vehículos, la erradicación de plantíos y, detenciones de narcotraficantes, incluyendo el uso de medidas cautelares y técnicas de investigación pre-procesales, tales como la prisión preventiva automática, el arraigo, los cateos y las intervenciones de comunicaciones.

Para ello, el presidente Calderón ha basado su estrategia en tres ejes centrales. Por un lado, los operativos policiales y militares desplegados en diversos estados de la República, previamente descritos y, por el otro, una serie de reformas legales e institucionales, asimismo y una mayor cooperación internacional (Ibid.: 7).

De igual modo, se ha hecho uso de elementos de las Fuerzas Armadas en labores de combate a bandas delictivas, tendencia iniciada años antes durante la administración de Ernesto Zedillo y que ahora ha llegado a niveles impensados.

Esto ha incluido patrullajes militares en las calles, retenes en avenidas y carreteras y participación del Ejército y la Marina en detenciones e incluso en el resguardo de personas detenidas.

Para levar a cabo esta estrategia, el gobierno de México cuenta principalmente con apoyo y cooperación del gobierno de los Estados Unidos –que ha reconocido su corresponsabilidad en el problema del tráfico de drogas y sus efectos en la seguridad en México– a través de la Iniciativa Mérida, un ambicioso programa de cooperación bilateral en materia de seguridad, que cubre inversión en armamento y equipo especializado, entrenamiento y capacitación, herramientas de desarrollo institucional y del sistema de justicia penal y cláusulas de protección de los derechos humanos.9

Efectos de la política actual de combate a la delincuencia organizada en los niveles de violencia, el incremento en los delitos y las violaciones de derechos humanos

El resultado de la proliferación y conflictividad del narcotráfico en México se refleja en tres dimensiones, diariamente verificables en buena parte del territorio nacional:

a) La existencia de milicias de sicarios dedicados a realizar ejecuciones.

b) El desarrollo de empresas clandestinas dedicadas al tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión. 

c) El establecimiento de estructuras y métodos de operación que sugieren las formas de “gobiernos de facto” que venden protección, cobran impuestos e influyen en las decisiones de la autoridad (Guerrero Gutiérrez, 2009).

Sobre las causas que alimentan las guerras entre grandes cárteles, podría citarse la siguiente exposición de Eduardo Guerrero Gutiérrez (2009):

Primero, la baja gradual de los precios de las drogas en Estados Unidos, lo que ha hecho más cruenta la lucha por controlar más cruces fronterizos, puntos de embarque y corredores.

Segundo, la competencia por conseguir los “contratos” de los cárteles colombianos para la transportación y distribución de su cocaína y de la heroína sudamericana en Estados Unidos.

Tercero, el aumento de las disputas intra e intercártel propiciadas por el aumento de decomisos y detenciones del gobierno.

Cuarto, un aumento de la inversión en violencia por parte de los cárteles como respuesta a la agresiva estrategia del gobierno.

Así, podemos decir que en México se libran actualmente tres guerras de intensidades variables. Dos de ellas estarían relacionadas con el comportamiento de los cárteles de narcotráfico al interior y entre ellos (una entre grandes cárteles y otra entre bandas delictivas de narcomenudeo en localidades), y la tercera es la que despliega el actual gobierno federal.

Es probble que alrededor y entre estas guerras, el papel de las autoridades locales (gobernadores, alcaldes, cuerpos de seguridad locales) tenga distintos niveles de involucramiento, lo cual está mediado por la corrupción y la penetración del narcotráfico en dichos gobiernos.

Otra de las causas y manifestaciones más notorias del incremento de la violencia es la intensificación de la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, sea en los operativos con fuerte despliegue de fuerza en vías públicas o en la creciente participación de militares, en activo o retirados, al mando de corporaciones policíacas.

Conforme a cifras oficiales, ha habido un incremento de 68 por ciento en la utilización de elementos de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública de 2006, año en el que se desplegaron 30 mil elementos, hasta llegar a 45 mil en 2010 (Gómora, 2011), con la estimación de que a finales de 2011 fueron alrededor de 51 mil los militares (Jiménez, 2011: 2-6) cumpliendo tareas –incluyendo arraigos, cateos, detenciones y retenes, entre otros– que en un Estado de normalidad democrática corresponderían exclusivamente a las autoridades civiles.

Asimismo, en 14 de las 32 entidades federativas de la República, el titular de la dependencia encargada de la seguridad pública es un militar, mientras que en seis entidades los encargados de las instituciones policíacas locales son militares, sin contar con la presencia de éstos al frente de policías municipales o de algunas agencias estatales de seguridad en al menos 25 estados (Galán, 2011).

Cabe destacar que 36 por ciento de los directores de seguridad pública de los 50 municipios con más homicidios en el país tienen mandos militares y que la seguridad pública en los cinco municipios que registran más homicidios en el país –Acapulco, Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana– tienen como titular a un militar en retiro, sin que esto repercuta directamente en la disminución de las ejecuciones registradas (Aguilar, 2011).

En su informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del 31 de diciembre del 2009, la CIDH advierte a los Estados miembros de la OEA sobre la creciente participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, y afirma que “…es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación” (CIDH, 2003b: cap. III, párrafo 272; CIDH, 2009: párrafo 100).

Como lo ha señalado la propia CIDH en diversos informes (CIDH, 2003a, párrafo 113; CIDH, 2009: párrafo 100), “…dado que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno”.

Desde 1998 la propia Comisión Interamericana manifestó su preocupación por la creciente utilización de agentes de las Fuerzas Armadas en labores policiales en México, adoptada presumiblemente con un carácter temporal desde entonces, en tanto se lograba la reorganización de las policías.

Lamentablemente, el Estado mexicano no solo ha desestimado las recomendaciones de la Comisión, sino que desde 2007 ha intensificado de manera inédita la participación de las Fuerzas Armadas en la política gubernamental de seguridad pública –denominada por el mismo titular del Ejecutivo federal como “guerra contra la delincuencia organizada”–,10 a pesar de que “es indudable que la criminalidad ordinaria –por muy grave que sea– no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado” (CIDH, 1998: cap. V, párrafos 402 y 403).

Los efectos nocivos de la utilización de las Fuerzas Armadas en labores policíacas se observan en el incremento de las violaciones de derechos humanos.

Las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en 1,000 por ciento entre 2006 y 2009; 33 por ciento de las quejas recibidas en México durante 2010 correspondió a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (CNDH, 2010).

La tendencia descrita en los apartados anteriores se refleja también en un preocupante incremento de ciertos delitos, particularmente homicidios, secuestros, extorsiones, robos y violaciones sexuales, así como de graves violaciones de derechos humanos.

Informes recientes sobre la situación de los derechos humanos en México coinciden en que, como efecto de la actual política de seguridad, se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas por parte del Ejército, policías y grupos paramilitares (Amnistía Internacional, 2009; OSC, 2008).

La seguridad adquiere primacía sobre los derechos humanos

Irónicamente, en el empeño por imponer el Estado de derecho, entendido éste como la recuperación del monopolio de la violencia por parte de las instituciones del Estado, se ha roto el viejo sistema de regulación del antiguo régimen, basado en acuerdos políticos y en el uso selectivo de la ley, desencadenando la violencia implícita en esas relaciones de poder.

Por desgracia, la imposición del orden mediante el uso privilegiado de la fuerza no se ha visto acompañado de un esfuerzo igualmente consistente por crear una nueva institucionalidad basada en normas democráticas, ni en atacar las causas estructurales que alimentan la inseguridad imperante.

En otras palabras, la noción de Estado de derecho que pretende imponer el gobierno, dista de la noción de un Estado democrático de derecho, basado en el respeto y protección plena e integral de los derechos humanos, en el que la ley sea igual para todos, y todos sean iguales ante la ley.

En este contexto, y por añadidura, las autoridades han planteando un falso dilema entre seguridad y derechos humanos, reforzando así la creencia extendida en algunos sectores de la opinión pública de que “los derechos humanos solo sirven para defender a los delincuentes”.

Uno de los aspectos que más preocupa es la evidente disparidad en las cifras que nos describen el acontecer de la violencia, ya que las diversas autoridades federales difieren en las mismas. Mientras la cuenta oficial continúa día a día sumando vidas, es sorprendente el desdén hacia las víctimas por parte del actual gobierno.

Detrás de cada una de las casi 35 mil muertes reportadas oficialmente, más aquellas víctimas no contabilizadas que han muerto en la ola de violencia, entre el fuego cruzado, hay una historia, un proyecto de vida interrumpido, un duelo, una muestra de violencia que se remite a hechos concretos, a personas con rostro, nombre e identidad.

Detrás de estos hechos, mostrados como frías cifras de la “guerra contra la delincuencia organizada” o, en algunos casos, etiquetadas bajo la desatinada figura de “daños colaterales”, hay un fuerte impacto social en sus familias, en su entorno social y una característica común: la impunidad.

Hoy tenemos una idea aproximada de cuántas muertes van en este sexenio, lo que todos desconocemos es cuántas averiguaciones previas, consignaciones o condenas por estos hechos han sido emitidas por los jueces (Acosta, 2010: 18-19).

Tampoco sabemos dónde están los desaparecidos de la denominada “guerra sucia” durante las décadas de 1970 y 1980; quiénes son los responsables del asesinato de diferentes miembros de la familia Reyes Salazar, activistas de Ciudad Juárez; a cuántos años de cárcel fueron condenados los responsables por los estudiantes del Tecnológico de Monterrey ni por los de las matanzas de adolescentes en Salvárcar y Torreón; cuántos funcionarios han sido investigados por negligencia y homicidio doloso en la tragedia de la mina de “Pasta de Conchos”; quiénes ordenaron el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas y de los descubrimientos más recientes de fosas comunes en el municipio de San Fernando; quiénes son los asesinos de Marisela Escobedo Ortiz o cuántas consignaciones han realizado los ministerios públicos por las más de 900 mujeres asesinadas en el Estado de México, y las 79 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en 2011; y así, en una lista interminable, enumeración de nombres y casos de impunidad, podríamos agotar este espacio.

Más aún, las autoridades se han negado a reconocer las consecuencias que los altos índices de violencia implican para la ciudadanía. Reflejo de ello es su resistencia a aceptar las recomendaciones en materia de derechos humanos emitidas por la CNDH.

Según los informes de actividades publicados por la misma en 2010, cerca de 20 por ciento de las recomendaciones emitidas no fueron aceptadas por las autoridades correspondientes, entre ellas recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Seguridad Pública (CNDH, 2010: 79).

Lo más lamentable de esta situación es que nos acostumbramos a la muerte y a su justificación. Hoy en México a los asesinatos o ejecuciones extrajudiciales se les llama “daños colaterales”, a las desapariciones forzadas, “levantones”, a los allanamientos ilegales, “cateos” y a las detenciones arbitrarias en hoteles, casas particulares o batallones, “arraigos”.

Eufemismos que reclasifican la realidad a fin de amoldarla a una política de seguridad que carece de consenso y de un sólido fundamento legal.

 
Citas
  1. Al respecto, cabe citar aquí la opinión del experto Kevin Casas Zamora, investigador de Brookings Institution: “Es crucial entender que cuando Calderón convocó al Ejército mexicano para lidiar con los cárteles, la violencia en su país no estaba fuera de control. De hecho, la tasa de homicidios de México había caído casi a la mitad entre 1992 y 2006…[Para muestra sirve el caso de Chihuahua]. Este estado fronterizo, donde está localizada la atribulada Ciudad Juárez, hoy por hoy la ciudad más violenta del planeta, tenía16 homicidios dolosos por 100 mil habitantes en el 2001. Al cierre de 2006, cuando asumió el presidente Calderón, tenía 18. Tres años después tenía 93” (Casas, 2011: 20-23).
  2. En el año 2009 la CIDH publicó un Informe sobre Seguridad Ciudadana, concepto que utilizaremos a lo largo de este documento y el cual se refiere a la obligación del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos frente al delito o la violencia interpersonal o social. Si bien este derecho no se encuentra consagrado como tal en ningún instrumento jurídico internacional, la Comisión considera que la base de las obligaciones exigibles al Estado en materia de seguridad se encuentra a través de un cúmulo distinto de derechos consagrados en los instrumentos internacionales y regionales. Concretamente, este cúmulo de derechos está integrado por el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a las garantías procesales y al uso pacífico de los bienes. Dicho informe fue acogido con beneplácito por la Asamblea General de la OEA en el año 2010 (CIDH, 2009).
  3. Esto fue manifestado por Paul Oquist, consultor de Naciones Unidas en temas de pobreza y desarrollo, en una conferencia dictada al Ejército mexicano en Oaxaca en 2009 (Verduga, 2010).
  4. Intervención de Ana Laura Magaloni ante miembros del Ejército mexicano, durante una reunión en Mexicali, Baja California, en 2009.
  5. Artículo 2.a Convención de Palermo, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, mediante Resolución A/RES/55/25.
  6. Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  7. Un experto lo define así: “Durante el periodo de partido dominante, gobierno y crimen organizado mantuvieron una relación simbiótica basada en un pacto de no agresión. El pacto fue posible por la centralización política que imperaba en aquel periodo, en el que el gobierno federal o los gobernadores podían garantizar el cumplimiento de acuerdos con empresas criminales” (Guerrero Gutiérrez, 2009).
  8. Al respecto, Luis Astorga señala que “la violencia desbordada de los últimos años en México ha sido generada principalmente por dos grandes coaliciones de traficantes originarias de dos estados de la federación: Sinaloa y Tamaulipas, con socios en distintas partes del país. Ambas surgieron y se desarrollaron cuando el sistema de partido de Estado dependía del campo político. La primera es más antigua y reinó sin competencia hasta finales de los años ochenta. La segunda, en cambio, es más reciente y logró colocarse por encima de sus competidores del noroeste en solo un sexenio, la administración Salinas (1988-1994) (Astorga, 2009: 105-108).
  9. El Plan Mérida ha merecido detallados análisis de parte de importantes organizaciones de los Estados Unidos, entre las cuales cabe destacar al Woodrow Wilson Center y la Universidad de San Diego (Olson, Shirk y Selee, 2010).
  10. El titular del Ejecutivo federal empleó este término en su discurso del 12 de septiembre de 2008, en el marco del lanzamiento del “Acuerdo Nacional contra la Delincuencia”. En esa ocasión señaló, como precisa el comunicado emitido por la presidencia de la República, las siguientes palabras: “En esta guerra contra la delincuencia, contra los enemigos de México, no habrá tregua ni cuartel, porque rescataremos uno a uno los espacios públicos, los pueblos y las ciudades en poder de malvivientes, para devolverlos a los niños, a los ciudadanos, a las madres de familia, a los abuelos”. Disponible en: http://presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=38611
  11. *La autora agradece el apoyo en la elaboración de este texto a César Verduga Vélez, Silvano Cantú Martínez, Ana María Sánchez Guevara y Daniel Joloy Amkie. Una versión muy preliminar del mismo fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sesión de Evaluación del seguimiento hecha por el Estado mexicano con respecto a las recomendaciones del “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos” de la CIDH, realizada en Washington, DC, el 28 de marzo de 2011, bajo los auspicios de la CMDPDH y el Centro para el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL).
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