El derecho al desarrollo y el papel del Estado

Es un hecho que los instrumentos internacionales que consagran los derechos económicos, sociales y culturales y los que norman el derecho al desarrollo no han podido erradicar hasta hoy el problema mundial de la pobreza

Por: Guadalupe Guardiola Loperena

Introducción

El proceso de pauperización de un alto porcentaje de la población mundial, principalmente en los países de la periferia, se ha venido acelerando sobre todo a partir de la década de los ochenta con la implantación del modelo neoliberal.

Dicho modelo proponía reducir la participación gubernamental en la actividad económica, eliminar la inflación y desrregular lo más posible tal actividad, argumentando que la crisis que se generó a finales de los sesenta obedeció a una excesiva intervención del Estado y a su elevado nivel de gasto orientado a la consecución de fines económicos y sociales.

En América Latina el neoliberalismo tomó la forma de “Programas de Ajuste Estructural”, ahora rebautizados con el nombre de “Estrategias de Lucha contra la Pobreza” y recomendados y supervisados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), consistentes en un conjunto de políticas destinadas a terminar con los Estados de Bienestar latinoamericanos de mediados del siglo XX.

Es importante señalar que el neoliberalismo económico se identifica básicamente con una estrategia de privatización que le otorga al individuo control sobre sus recursos y sobre los beneficios que de ellos deriven, con la justificación de que se obtendrá el máximo crecimiento económico permitiendo que la distribución del ingreso sea determinada por el mercado.

Desde esta visión, el Estado solo podrá intervenir para corregir y/o compensar las externalidades1 e imperfecciones que se presenten en los mercados, limitando con ello la posibilidad de que el propio Estado promueva acciones encaminadas a reducir las desigualdades en la distribución de la riqueza producida por la sociedad, así como su facultad de garantizar una igualdad de oportunidades entre los grupos sociales que tradicionalmente han sufrido discriminación, situación que los ha colocado en una posición de desventaja en términos de “igualdad relativa de logros y acceso al bienestar” (Rodríguez Zepeda, 2011).

Al igual que la mayor parte de las economías del mundo, México también se ha incorporado a los procesos de internacionalización del capital, del comercio, la producción y el sistema financiero, que buscan dar salida a la profunda crisis de la economía internacional iniciada en los años setenta.

La liberalización que este modelo exige se ha visto acompañada de procesos privatizadores y retraimiento de la acción estatal en el gasto social, renunciando así el Estado a la provisión de bienestar como un derecho ciudadano, sin haber logrado cambiar aquellas condiciones que han perpetuado nuestra situación de país subdesarrollado y que, con el modelo económico actual, han acentuado aún más la inequitativa distribución de los ingresos y del patrimonio.

Paralelamente al proceso de internacionalización en occidente, evolucionó la concepción y la pretensión de universalidad de los derechos humanos, incluso a partir de 1992 la incorporación de una cláusula sobre derechos humanos se convirtió en requisito para la mayor parte de los acuerdos comerciales y de cooperación con la Unión Europea.

Existen voces que cuestionan el fuerte contenido ideológico y político en la concepción de estos derechos, que surge y toma fuerza como respuesta al proyecto de los Estados socialistas una vez finalizada la Segunda guerra mundial, sobre todo porque lograr la plenitud del goce y del ejercicio de los derechos humanos se plantea solo factible y compatible con las sociedades de libre mercado y a través de Estados democráticos.

Si bien es cierto que los derechos humanos no son, ni deberían ser patrimonio exclusivo de la cultura occidental, es la democracia el tipo de régimen que mejor garantiza el respeto a los derechos de todos los individuos. A mayor nivel de democracia, mayor grado de realización de estos; asimismo, el respeto a los derechos humanos fortalece la propia democracia y el Estado de derecho.

Si consideramos que el tema de los derechos humanos no puede dejar a un lado el desarrollo económico de los pueblos, resulta contradictorio que mientras se han logrado avances importantes en materia de reconocimiento, promoción y defensa de los mismos, particularmente de los civiles y políticos desde que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se han generado también enormes desigualdades económicas y sociales, no solo entre países, sino dentro de las propias naciones como consecuencia del proceso de “globalización”2 o “mundialización” del mercado capitalista, con su visión marcadamente individualista y material de la realidad humana.

Es un hecho que los instrumentos internacionales que consagran los derechos económicos, sociales y culturales y los que norman el derecho al desarrollo no han podido erradicar hasta hoy el problema mundial de la pobreza.

Por ello, el reto que enfrentamos es enorme y aquí el Estado juega un papel determinante, ya que es la instancia obligada a garantizar los derechos de las personas, a compensar, retribuir o estimular a grupos tradicionalmente excluidos o discriminados y a generar las condiciones para que se reduzca la desigualdad con sus expresiones más dramáticas: la ignorancia, el hambre, la desnutrición, las enfermedades, y el desempleo, entre otras, lo que como resultado de la integralidad de todos los derechos reforzará el respeto a los mismos, entendiendo que esto se convierte en una vía de doble sentido.

Ante este tema y la necesidad urgente de modificar estas condiciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) incorpora, a partir de su informe de 2010, tres nuevos indicadores a la familia de mediciones del Índice de Desarrollo Humano (IDH): el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad, el Índice de Desigualdad de Género y el Índice de Pobreza Multidimensional.

De esta manera, se integran los avances más recientes a los aspectos teóricos y técnicos de la medición del desarrollo, y se pone de manifiesto que la desigualdad y la pobreza ocupan un lugar central en la perspectiva de desarrollo humano. 

El derecho al desarrollo

La declaración sobre el derecho al desarrollo fue aprobada el 4 de diciembre de 1986 mediante la resolución 41/128. En este instrumento jurídico se reconoce “que el desarrollo es un proceso global, económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan” (Cancao Trinidade: 354).

Ha resultado difícil la aceptación de este derecho humano, sobre todo por parte de los países industrializados, que lo reconocen como un hecho y no como un derecho.

Adicionalmente las condiciones de subdesarrollo, desigualdad, marginación y dependencia que viven la mayor parte de los países y por ende un alto porcentaje de la población mundial, se han convertido no solo en consecuencia del proceso de acumulación capitalista, sino en un mecanismo perverso que garantiza la preservación de un sistema de dominación económica y política por parte de las economías desarrolladas.

De ahí la reticencia de los Estados Unidos, Japón, Dinamarca, Suecia y Alemania, entre otros, para votar a favor del reconocimiento del derecho al desarrollo como un derecho humano.

Los derechos humanos se encuentran seriamente amenazados en muchas partes del mundo ante un concepto de desarrollo que traslada su atención al capital y que no tiene como fin al ser humano.

Esto se refleja en cifras que arroja la propia Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de sus Informes sobre Desarrollo Humano, entre los que destacan los siguientes datos: actualmente más de un mil 300 millones de personas viven por debajo del límite de pobreza, de los cuales arriba de 70 por ciento son mujeres; existe 40 por ciento más de pobres rurales en el mundo de los que había hace 20 años; la polarización económica ha ido en aumento en los últimos 15 años; apenas 22 por ciento de la riqueza global pertenece a los llamados “países en vías de desarrollo”, que comprende 80 por ciento de la población mundial.

De ahí que resulta urgente que el crecimiento económico se constituya como un medio y no como un fin en sí mismo. Dicho crecimiento no es suficiente si no viene acompañado de políticas encaminadas a distribuir de manera más equitativa el producto del mismo y si no se generan las condiciones para que las personas puedan acceder a una vida digna.

Desafortunadamente, el problema de la pobreza se reduce, en muchos casos, como afirma Ryszard Kapuscinski, exclusivamente al hambre, lo que le resta magnitud a este lastre, “esta manera de presentar la pobreza… degrada terriblemente y niega la plena humanidad a las personas… La ecuación ‘pobreza=hambre’ oculta muchas otras dimensiones complejas de la misma... condiciones de vida espantosas, enfermedad, analfabetismo, agresión, disolución de la familia, debilitamiento de los lazos sociales, improductividad”.

Se registra, pues, una mayor vulnerabilidad que pone en riesgo a esta población de ser víctima también de la discriminación y de la imposibilidad de poder ejercer plenamente sus derechos. No se pueden, por tanto, separar los otros derechos humanos del derecho al desarrollo, el cual constituye un derecho-síntesis, es decir, un derecho que integra el conjunto de todos los demás. 

Obstáculos que enfrenta el derecho al desarrollo

El derecho al desarrollo encuentra grandes obstáculos, entre estos destacamos los diez siguientes:

1. Obstáculos de tipo económico: estas dificultades encuentran parte de su explicación en la incidencia del derecho al desarrollo en la actividad y en las relaciones económicas.

2. Modelo económico: quizá el mayor obstáculo para la realización del derecho al desarrollo y del resto de los derechos humanos sea la economía de mercado interpretada y aplicada al modo “neoliberal”.

3. La escasez de recursos: generalmente los principios pragmáticos o normas que orientan las políticas gubernamentales y la actividad de los poderes públicos, dependen de la disponibilidad de los recursos económicos que por definición son escasos.

De modo que aunque es una realidad que los recursos son limitados, con frecuencia se recurre a este argumento para justificar la poca efectividad de las políticas gubernamentales, tras el pretexto de la carencia de recursos suele ocultarse la falta de voluntad política para hacer efectivos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, debido principalmente a que los individuos y los grupos más privilegiados los ven como una amenaza a sus prerrogativas y a su posición dominante.

La escasez tiene mucho que ver también, con nuestro sistema productivo y de consumo, ya que el actual modelo económico en su lógica de maximización de ganancias ha reforzado la sobreexplotación de los recursos naturales, el consumo irracional y, como consecuencia, la injusta y desigual distribución de la riqueza.

4. Comercio injusto y mundiaización de la economía de mercado: en la actualidad nos encontramos insertos en un proceso de mundialización, en el que las relaciones de intercambio entre países desarrollados y subdesarrollados se hacen cada vez más asimétricas.

La forma en que las actuales economías subdesarrolladas se incorporaron al proceso de acumulación capitalista tiene que ver con su condición de antiguas colonias, lo que en cierta manera explica su posición actual dentro del mercado mundial, como economías especializadas,3 extravertidas,4 desarticuladas5 y por ende, dependientes y subordinadas.

En la gran mayoría de estas economías los recursos humanos y naturales son sobreexplotados por las economías desarrolladas; la escasa transferencia de tecnología a estos países está condicionada a criterios de rentabilidad comercial, por lo que las circunstancias para acceder al crecimiento económico resultan cuestionables desde el punto de vista de los derechos humanos, ya que emplean mano de obra infantil y existe abuso en las condiciones de trabajo mediante jornadas excesivamente prolongadas, entre otras.

Todo esto ocurre en un mundo que se está convirtiendo en un vasto mercado global cada vez más dominado por complejos sistemas financieros e innovadoras tecnologías de la información que, frecuentemente, en lugar de aportar nuevas oportunidades y facilidades para el progreso y el bienestar humanos está facilitando el aumento de la corrupción y beneficiando al crimen organizado a escala transnacional, por ejemplo, en lo que se refiere al tráfico de drogas, de armas, de materiales tóxicos e incluso de seres humanos, particularmente de mujeres y niños.

5. Deuda externa: aunque algunos países subdesarrollados ya venían arrastrando problemas de deuda externa, fue a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, como resultado de la crisis del petróleo, que la mayor parte de estos países aumentaron aún más deuda, básicamente con el objeto de financiar su proceso de industrialización e insertarse en la dinámica económica mundial, aprovechando la coyuntura de una política de tasas de interés bajas, que desafortunadamente terminó con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos.

El incremento de las tasas de interés a principios de los ochenta, como parte de una medida anticrisis de los países desarrollados, agravada por el deterioro de los términos de intercambio comercial y el proteccionismo implementado por estos, ha generado que la crisis de la deuda externa pese como una losa en las economías subdesarrolladas.

A esto se suman las políticas de ajuste estructural que no han hecho más que reducir el empleo y el consumo y recortar recursos a la política social.

6. Programas de ajuste estructural: de manera conjunta con la instauración del modelo neoliberal, vienen imponiéndose por parte del FMI y del Banco Mundial (BM), “programas de ajuste estructural” a los países en vías de desarrollo como condición para otorgarles créditos que buscan ayudarles a salir de su situación de emergencia.

Desgraciadamente estos programas no tienen en cuenta la realidad social, ni las particularidades de estos países, y suelen tener efectos muy negativos especialmente en el ejercicio y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los sectores más pobres de dichos países.

Esto se debe a que exigen una reducción del gasto público justamente en rubros como la alimentación, salud o educación, es decir en ámbitos relativos a la distribución de bienes de primera necesidad, lo que provoca la desestabilización de los procesos de democratización en curso, que se manifiestan a través de reacciones de protesta por parte de los ciudadanos de esos países, con lo que los gobiernos acentúan sus medidas policiales represivas y el consiguiente deterioro de los derechos civiles y políticos, al igual que sucede con los derechos económicos, sociales y culturaless.

7. Crisis económicas: otra dificultad para la realización del derecho al desarrollo, son las graves crisis económicas y financieras, que se han venido manifestando en los últimos años en muchas regiones del mundo y que han tenido un impacto generalizado en todo el orbe.

El impacto adverso de estas crisis se visualiza de manera significativa en lo que se refiere al derecho a la alimentación, a la educación y al trabajo. Lo más desalentador es que las circunstancias comerciales y financieras que han provocado estas crisis, producto genuino del modelo actual de mundialización económica y financiera, no solo no se han resuelto sino que persisten.

8. Migración: una de las peores secuelas que deja el modelo económico actual es el problema de la migración. Es en la población migrante en quién más duramente se ceba la discriminación y una continua violación de los derechos humanos: “Los discriminados de los discriminados”.

La explicación al incremento tan significativo que ha tenido la migración laboral, principalmente desde los países subdesarrollados hacia los desarrollados, obedece en gran medida a la internacionalización y transnacionalización de la producción, así como a la diferenciación y precarización de los mercados laborales.

Con el modelo de acumulación capitalista se ha dado un creciente proceso de tecnificación que expulsa cada vez una mayor cantidad de fuerza de trabajo, lo que provoca que ésta sea utilizada como ejército de reserva de mano de obra barata y sobreexplotada, de forma más dramática en los países subdesarrollados.

Esta población se ve obligada a salir de sus lugares de origen al no encontrar oportunidades ocupacionales o bien a permanecer en sus países trabajando en maquiladoras o en lo que se conoce como “maquila encubierta”;6 situación que revela que, tras el disfraz de las exportaciones manufactureras, lo que en realidad se exporta es mano de obra barata, sin que salga de su país de origen.

La migración contribuye al crecimiento económico de los países desarrollados al reducir costos de producción e incrementar ganancias para las empresas de estos, particularmente para las grandes corporaciones transnacionales, pero todo esto se realiza a costa del desarrollo de los propios países expulsores de migrantes.

Contrariamente a la idea de que la migración contribuye al desarrollo del país emisor, lo que se genera es una transferencia de valor y pérdida de capital humano, que la contribución al país emisor vía remesas no compensa.

Dado que existe una contribución real del país emisor hacia el país receptor esto debería pasar la migración de la agenda de seguridad hacia la agenda de desarrollo.

9. Obstáculo de carácter político: los obstáculos a la plena efectividad del derecho al desarrollo no se limitan exclusivamente a la esfera económica.

Un primer obstáculo de tipo político, importante y preocupante a la vez, tiene que ver con el elevado déficit democrático en la formulación de políticas económicas a nivel local, estatal e incluso mundial, sobre todo en lo que concierne a los países en desarrollo.

Son estos los que se encuentran al margen del proceso de toma de decisiones, relativos a las políticas económicas de alcance mundial que, por lo general, afectan de manera negativa al ejercicio del derecho al desarrollo en dichos países.

Ello pone de manifiesto la falta de democracia en el ámbito de las relaciones internacionales, en lo referente a los procedimientos de elaboración y aplicación de normas internacionales.

Otra dificultad señalada por el Informe Sobre Desarrollo Humano 2000 del PNUD es el hecho de que “la autonomía del Estado se está reduciendo a medida que nuevas normas comerciales a escala mundial limitan la política nacional y que nuevos actores a escala mundial ejercen mayor influencia”.

A esto se suma un obstáculo de índole subjetivo que se refleja en la falta de voluntad política real por parte de los gobiernos que dirigen los Estados para esforzarse, dentro de sus posibilidades y de los recursos con los que cuentan, por lograr un desarrollo para todos y hacer posible el goce de la totalidad de los derechos humanos y la satisfacción de las necesidades básicas.

Asimismo se advierte la grave situación de muchos pueblos, cuyos gobiernos recurren lamentablemente a argumentos relativos a la seguridad nacional para tratar de justificar prácticas como la tortura, penas crueles, trato inhumano y degradante, ejecuciones sumarias y arbitrarias, desapariciones, detenciones, discriminación racial, ocupación y dominación extranjeras, pobreza, hambre, intolerancia religiosa, terrorismo, discriminación contra la mujer, entre otras, lo que lleva al conflicto y a la inestabilidad, además de mermar las condiciones sociales y económicas necesarias para el desarrollo.

10. Otros obstáculos: existen adicionalmente otros factores que dificultan el ejercicio del derecho al desarrollo, tal es el caso de la utilización de la ciencia y la tecnología como fuente de jugosas ganancias para las grandes corporaciones transnacionales.

En resumen, el modelo actual de desarrollo ignora y margina ampliamente los aspectos políticos, sociales, culturales y medioambientales del desarrollo humano y sostenible, reduciendo la dimensión humana a cuestiones de mera productividad, todo lo cual constituye un serio obstáculo para la realización del derecho al desarrollo.

Objetivos del derecho al desarrollo

Los objetivos del “derecho al desarrollo” deben ir encaminados a mejorar el bienestar, la dignidad y la calidad de vida de todos los seres humanos para lograr una mayor igualdad económica y social, con atención especial a las necesidades de los individuos y grupos más vulnerables, y respetando la diversidad cultural.

Los poderes públicos y privados deben ser controlables y fiscalizables por medios democráticos y deben rendir cuentas de sus actividades de manera transparente.

Debe lucharse por el logro de una paz justa en la que se respeten y protejan todos los derechos humanos, uniéndose a esto un desarme progresivo, que disminuya la capacidad de amenazar y destruir, y que libere recursos económicos y humanos para actividades pacíficas.

Promover un desarrollo sostenible, donde las generaciones futuras puedan heredar y disfrutar de nuestro planeta en las mismas condiciones que las generaciones presentes.

En el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la concepción de un nuevo desarrollo alternativo ha evolucionado más allá de su carácter economicista, para presentarse como un desarrollo centrado en el ser humano y en los grupos en que convive.

Se trata de un desarrollo basado en la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, incluidos los medioambientales y los intereses de los más desfavorecidos.

La nueva concepción de desarrollo que el Sistema de Naciones Unidas plantea se basa en varios aspectos, entre los que se encuentran:

  • Abordar el derecho al desarrollo como un proceso global, cuyo sujeto principal es el ser humano, y su finalidad es la plena realización de éste en todos sus aspectos.
  •    Que exista la participación activa y consciente de los individuos y colectividades en la adopción de decisiones.
  • Que comprenda el derecho al goce de las libertades civiles y políticas, y a la ausencia de cualquier tipo de discriminación.
  • Dado que no existe un modelo único ni preestablecido de desarrollo, que entrañe la libre determinación de los pueblos.
  •   Que el desarrollo, dado su carácter global, concierna tanto a los países industrializados, como a los países en desarrollo (Díaz Müller, 2004: 27-28). 

Al referirnos a la posibilidad que nos brinda este derecho de desarrollar al máximo nuestras capacidades para así disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, estamos aproximándonos a la idea de desarrollo que aporta Amartya Sen.

Su enfoque se basa en las libertades positivas de las personas de acceder a las oportunidades necesarias para llevar vidas valiosas: “es posible hablar de desarrollo cuando, las personas son capaces de hacer más cosas, no de comprar más bienes o servicios” (2000). Sen señala que las necesidades básicas son solo una parte de las capacidades.

El número de opciones que las personas tienen y la libertad de elección sobre estas opciones también contribuye al bienestar humano.

De esta forma, desde el enfoque de las capacidades, se postula que más libertad y más capacidad de elección tienen un efecto directo sobre el bienestar, incrementándolo.

Para SEN, el desarrollo es un proceso de expansión de libertades reales de las que disfruta el individuo, pero también éstas dependen de otros factores como las instituciones sociales y económicas, los derechos políticos y humanos, por lo que este desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad como la pobreza y la escasez de oportunidades económicas y sociales, muchas veces derivadas de procesos de discriminación.

La dimensión de la pobreza, entendida desde esta perspectiva, no se limita a la ampliación de capacidades con el único fin de poseer más dinero y con ello comprar determinada cantidad de bienes o acceder a ciertos servicios, sino en ahondar en aspectos tales como: la calidad de la educación, el nivel de desarrollo intelectual del individuo, gozar de una capacidad crítica y reflexiva que le permita participar activamente en las decisiones de Estado que afectan su calidad de vida y expectativas de desarrollo.

Así, el autor propone evaluar el desarrollo, no a través del tradicional indicador del PIB per cápita, sino justamente mediante las capacidades de la gente para realizar las tareas valiosas que ha decidido realizar en su vida.

En esta línea, Sen incluye la perspectiva de género como parte integral de los procesos de desarrollo, ya que los bajos niveles de desarrollo no afectan de igual manera a hombres y mujeres, por lo que las políticas de desarrollo deben hacer esta distinción.

La relevancia del “enfoque de capacidades” es que permite enriquecer conceptos como el desarrollo humano, el sentido de igualdad, la calidad de vida, los derechos humanos, los ingresos, el capital humano y las necesidades básicas.

Al analizar el lenguaje de las capacidades es posible, en cierta medida, eliminar la discusión sobre el contenido ideológico y político en la concepción de los derechos humanos, pues este no se encuentra ligado a una tradición cultural e histórica particular, como se cree que lo está el lenguaje de los derechos humanos.

Cuando hablamos simplemente de lo que la gente es capaz de hacer y de ser no estamos privilegiando una idea occidental. Las ideas de actividad y capacidad se encuentran en todas partes, y no hay cultura en la que la gente no se pregunte a sí misma, qué es lo que se puede hacer y qué oportunidades tiene para su funcionamiento. En efecto, los derechos humanos no son exclusivos de Occidente y se les puede respaldar desde varias perspectivas. 

El papel del estado 

El desarrollo, tratado desde el enfoque de los derechos humanos, nos brinda un marco conceptual que debe orientar la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas de los Estados.

En este orden de ideas, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) identifica la pobreza como una condición que va más allá del nivel socioeconómico y falta de acceso mínimo a la cobertura de las necesidades básicas, afirmando que ser pobre o excluido es, sobre todo, carecer de ciudadanía, en la medida en que se niega la titularidad de los derechos sociales y de participación.

Esta noción de ciudadanía, implica un estatus para cada persona como miembro de pleno derecho de una comunidad y abarca diversas esferas que se expresan en derechos y obligaciones.

Es por ello que las estrategias de desarrollo y reducción de pobreza deben reconocer como esencial el otorgamiento de poder a los sectores pobres y excluidos, lo que significa admitir que son ellos los titulares de los derechos que obligan al Estado y que son ellos los que pueden determinar no solo sus necesidades, sino la valoración y selección de las posibles soluciones para satisfacerlas.

Por ello, resulta de suma importancia promover un desarrollo en que uno de los aspectos primordiales y definitorios sea la participación de la población involucrada. 

En 1993, ya entrado el mundo a la dinámica globalizadora, en Viena se hace la Declaración de los Derechos Humanos y los Programas de Acción, en los que se consigna el derecho y el deber de los Estados de formular políticas nacionales de desarrollo destinadas al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y a asegurar igualdad de oportunidades para todos en el acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la habitación y el empleo, y a una justa distribución del ingreso (arts. 2 y 8) (Cordera Campos: 7).

Aunque en México existen avances en materia de derechos humanos y el Estado consigna su compromiso de promover el desarrollo, en casi veinte años no ha mejorado el porcentaje de pobreza patrimonial de su población que supera 50 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2008), indica que el ingreso promedio trimestral por habitante en el país es de mil 377 pesos entre la población que se ubica en el estrato inferior de la pirámide de distribución de la riqueza, mientras que para la décima parte de los que están en la punta, el ingreso promedio trimestral es de 35 mil 949 (INEGI, 2008).

En 2009 setecientos mil niños y jóvenes abandonaron la primaria y la secundaria para ayudar a su familia, que cayó en pobreza extrema. Por su parte, el Informe 2008 del PNUD observa en México un considerable rezago de la población indígena respecto de la no indígena; un mayor desarrollo en las zonas urbanas que en las rurales; y un mejor desempeño en términos de desarrollo para hombres que para mujeres, entre otras situaciones vinculadas al proceso de desarrollo.

Los datos anteriores nos dan una idea de la grave situación de estancamiento e inequidad que prevalece en México. Es un hecho que el desigual impacto del crecimiento económico en la población, así como la inequitativa distribución del ingreso, inciden negativamente en afectaciones como mala salud, falta de destrezas básicas, falta de acceso a los servicios básicos, ingresos insuficientes para una vida digna, discriminación, abuso y violencia, injusticia, vulnerabilidad y exclusión social. 

Conclusiones

Como hemos visto, con la implementación del modelo económico neoliberal, a partir de la década de los ochenta, se dio un retraimiento de la acción estatal en el gasto social. El papel del Estado se redujo a una función meramente económica.

Frente a esto, Bauman afirma que los Estados débiles tienen una función útil, que es lo que necesita el Nuevo Orden Mundial, ya que fungen como una policía local, capaz de asegurar el orden mínimo necesario para los negocios de las grandes compañías globales, pero sin despertar temores que puedan limitar la libertad de estas.

Para modificar dicha condición, es necesario recuperar el círculo virtuoso entre lo social y lo económico, es decir, que el crecimiento económico vaya de la mano del desarrollo social, y aplicar el principio de equidad, sin perder de vista la relación entre las instituciones de la política social y el proceso de desarrollo, en contraste con la separación en el tratamiento de la economía y la política social que se ha venido presentando en las décadas recientes, donde prevalece una reducción del análisis económico solo a su dimensión macroeconómica, ignorando el aspecto cualitativo de los fenómenos económicos.

Por fortuna, empieza a abrirse un nuevo curso de investigaciones, a decir de Riesco y Draibe (2006), en donde se enfatiza la capacidad de los sistemas de política social para promover y facilitar el crecimiento económico, al mismo tiempo que se impulsa el desarrollo social.

De nueva cuenta, bajo el impulso de las Naciones Unidas, se retoma la tesis de que la política social es condición para el desarrollo económico, fortalecida por los principios de los derechos sociales y humanos y las más variadas demandas de inclusión social.

El reto radica en recuperar el sentido del concepto de desarrollo que tiene como fin al ser humano. El principio de igualdad y no discriminación ha de influir en todo proceso del ciclo de las políticas públicas, dado que el “derecho al desarrollo” y el “derecho a la no discriminación” son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente.

Cualquier modelo de desarrollo económico que implique, entre otros, reducciones sustanciales en el gasto público, en particular en los rubros de alimentación, salud y educación, tenderá a incidir de manera negativa en el goce de los derechos humanos, en especial de los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores más pobres de la población.

 

Citas

  1. Una externalidad existe cuando la producción o el consumo de un bien afecta claramente a las empresas o a los consumidores que no participan de forma directa en su venta o su compra, y cuando dichos efectos no se reflejan por completo en el precio de mercado.
  2. Globalización, en su significado más profundo, expresa el carácter, indeterminado, ingobernable y autopropulsado de los asuntos mundiales (Bauman, 1998: 80).
  3. La conquista de colonias obedeció a un interés expansionista de las metrópolis. Las actividades que se introdujeron eran aquellas que interesaban directamente a los colonizadores: extracción de materias primas minerales, explotación agraria, etcétera.
  4. Sus principales sectores productivos están orientados hacia los mercados exteriores.
  5. Las economías periféricas especializadas y extravertidas se caracterizan por la escasa actividad, o la ausencia total de actividad, en numerosos sectores productivos.
  6. La maquila encubierta, se refiere a plantas manufactureras con procesos productivos relativamente más complejos que la maquila, pero que operan según el mismo sistema de importación temporal, como el sector automotor y electrónico.

 

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