El derecho a la ciudad para construir otra ciudad

Vanessa Pinto y Esteban Torres disertan sobre cómo las políticas públicas en AL no han sido capaces de dar respuesta a las crecientes demandas de la población de suelo y vivienda, debido a que se han centrado en la producción de unidades habitacionales y n

Por: Vanessa Pinto Valencia

Socióloga con Maestría en Gobierno de la Ciudad, ha participado como profesional y voluntaria en diversos procesos de desarrollo integral del hábitat.

Por: Esteban Torres

Arquitecto con Maestría en Gestión del Desarrollo Local Comunitario. Activista por el derecho a la vivienda adecuada, la ciudad y el hábitat.

Las políticas públicas no han sido capaces de dar respuestas adecuadas en términos económicos, sociales, ambientales ni culturales a las crecientes demandas de la población de suelo y vivienda, pues sus intervenciones han carecido de un enfoque integral y la atención se ha centrado en la producción de unidades habitacionales y no en la construcción de ciudad. Frente a esta realidad, el debate sobre el Derecho a la Ciudad se vuelve imprescindible ya que pone sobre la mesa la necesidad de que los ciudadanos se comprometan en la construcción de la ciudad que sueñan, para lo cual es necesario generar espacios de encuentro y debate y poner en el centro de esos debates al bien común.

De acuerdo con el Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe 2012, cerca de 80 por ciento de la población de la región vive en ciudades y algo más de dos tercios de la riqueza que se genera en ella proviene de las urbes (ONU-Hábitat, 2012). Pero el crecimiento económico no implica necesariamente mejores condiciones de vida para la población. Si bien las ciudades, son  potenciales núcleos de oportunidades, también han generado en su interior diversas formas de segregación, exclusión e inequidad.

En el Ecuador, el acelerado proceso de crecimiento demográfico y de expansión urbana ha desbordado cualquier intento planificador, contraponiendo la creciente necesidad de suelo y de vivienda con la limitada capacidad del Estado para satisfacer las demandas de sus pobladores.

De acuerdo al último censo de población y vivienda realizado en el país, la población urbana asciende a 62.77 por ciento y de acuerdo a la metodología oficial de cuantificación del déficit habitacional,[1] a nivel nacional para el año 2010, el déficit cualitativo (viviendas en condiciones de habitabilidad recuperable) ascendía a 33 por ciento y el déficit cuantitativo (viviendas en condiciones de habitabilidad irrecuperable) representaba el 19% (INEC, 2010)

Sin embargo, mediante un somero acercamiento a los indicadores existentes sobre vivienda en el país, se constata que en las últimas dos décadas el número de viviendas particulares[2] se ha duplicado (INEC, 1990, 2010). Este hecho demuestra el alto dinamismo que ha tenido el sector habitacional, promovido desde el Estado y el sector inmobiliario, pero principalmente desde los mismos pobladores, ya que se estima que entre 50 y 75 por ciento de las viviendas construidas en las ciudades latinoamericanas son producidas al margen de la intervención privada o estatal (Ortiz, 2004).

Por desgracia, no se ha reconocido y por lo tanto no se ha orientado positivamente los esfuerzos de autoproducción de vivienda de las familias de escasos recursos económicos, por lo que la producción social de hábitat ha estado marcada por la informalidad y la precariedad, de ahí el alto dinamismo en la construcción de vivienda no se vea reflejado en una disminución del déficit habitacional. 

Además, cabe recalcar que la política pública ha enfocado su intervención en la construcción de vivienda nueva a pesar de que las mismas cifras oficiales evidencian que el déficit cualitativo es mayor que el cuantitativo. Sin embargo, definitivamente resulta más rentable tanto económica como políticamente construir antes que mejorar lo construido, aunque social y ambientalmente esto no sea sostenible. Pero en términos generales, la  falta de énfasis en cuanto a factores  ambientales y el mal manejo de los recursos naturales han impedido emprender procesos sustentables.

Por otro lado, el paternalismo estatal basado en la entrega de subsidios; o la respuesta de los promotores inmobiliarios ofertando viviendas mínimas y sin acabados; así como la intervención altruista de varias organizaciones no gubernamentales y el distanciamiento de la academia de lo cotidiano han limitado la generación de propuestas integrales. La relación establecida con las familias participantes de los programas de vivienda, en la mayoría de los casos, ha sido puramente técnica y clientelar, donde no han tenido cabida la responsabilidad compartida y la reconstrucción del tejido social. La sociedad ha dejado de actuar o actúa poco, cediendo todas las decisiones a las autoridades de turno.

Y desde el Estado no se ha potencializado las habilidades y destrezas de las personas en la utilización de ciertos  materiales y tecnologías, sin considerar, que toda dependencia proviene del limitado acceso a  conocimientos que permitan utilizar adecuadamente los recursos locales. Además, la mayoría de soluciones planteadas no  han incorporado de manera exitosa factores culturales pues no se ha considerado dimensiones de espacialidad, costumbres, tradiciones ni patrones estéticos y técnicos, lo cual  ha impedido la efectiva apropiación de los proyectos por parte de los actores locales. En fin, las propuestas han carecido de una mirada integral, se ha tendido a la fragmentación, los esfuerzos han sido dispersos y no han existido acciones interinstitucionales en función del bien común

Y a nivel territorial, se han construido viviendas pero no se ha generado ciudad, de allí que encontremos espacios poblados de viviendas sin ciudad. Los diferentes niveles de gobierno, el sector inmobiliario e incluso los mismos pobladores han fijado su atención en la construcción de unidades habitacionales pero lastimosamente sin considerar lo colectivo, centrándose en el objeto y no en el proceso, postergando así la generación de barrios y por tanto de ciudad.

En este contexto, el debate respecto del Derecho a la Ciudad es relevante e imprescindible; las problemáticas actuales nos conducen a nuevas reflexiones en torno a la satisfacción de necesidades y la garantía de derechos en las ciudades, así como hacia nuevas luchas urbanas que buscan el reconocimiento del Derecho a la Ciudad como una alternativa ante aquellas concepciones mercantilistas del territorio.

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005) lo define como: “el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social” (s/a, 2005, en: Ortiz, 2008: 189) y establece principios y fundamentos estratégicos que han sido recogidos en la Constitución de la República del Ecuador (2008), que en su artículo 31 establece que “el ejercicio del Derecho a la Ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía” (ANC, 2008:33-34).

En una entrevista, David Harvey (2014) señalaba que el elemento central del Derecho a la Ciudad es la posibilidad de "hacer la ciudad como los ciudadanos la sueñan" (Harvey, 2014). Y es que la participación ciudadana debe ser el elemento sustancial para que las ciudades se conviertan en el espacio de realización de los derechos humanos, dicho de otra manera, la participación ciudadana representa la esencia de un nuevo modelo de desarrollo urbano que se debe generar desde quienes usan y habitan las ciudades, por lo que para construir colectivamente la ciudad y ejercer la ciudadanía se requiere indispensablemente de los ciudadanos. Adicionalmente, el marco constitucional ecuatoriano, reconoce como un derecho la participación de la ciudadanía en los asuntos de interés público (ANC, 2008), y es este reconocimiento, el que debe servir de base para la gestión democrática de las ciudades.

Cabe recalcar que, si bien el Derecho a la Ciudad se enfoca en la calidad de vida a escala urbana, y por supuesto, la relación con su entorno rural, es pertinente señalar que las luchas urbanas y los procesos de organización social se han producido alrededor de la vivienda y el barrio. A través de la autoproducción de vivienda y de hábitat, se manifiestan distintos procesos de organización, participación y gestión que son válidos de considerar como mecanismo de generación de ciudad, tomando en cuenta que pueden trascender desde la vivienda al barrio y también del barrio a la ciudad en una compleja relación entre la satisfacción de necesidades individuales y colectivas, por lo que es necesario identificar las potencialidades de la participación en la construcción colectiva de ciudad, que surgen desde aquellos procesos sociales de producción de vivienda.

Es necesario además retomar el protagonismo de los ciudadanos en la construcción de sus ciudades pues si bien es cierto, tal como se determina en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (s/a, 2005, en: Ortiz, 2008): “las ciudades deben establecer mecanismos institucionales y desarrollar los instrumentos jurídicos, financieros, administrativos, programáticos, fiscales, tecnológicos y de capacitación necesarios para apoyar las diversas modalidades de producción social del hábitat y la vivienda, con especial atención a los procesos autogestionarios, tanto individuales y familiares como colectivos organizados”, las alternativas las encontramos en manos de la misma ciudadanía para hacer la ciudad como los ciudadanos la sueñan, mediante la defensa del Derecho a la Ciudad, como plataforma de articulación.

Las ciudades son un producto social y se encuentran en permanente proceso de  transformación (Carrión, 2001),  por lo que se necesita de la participación y articulación de los distintos actores sociales. Para esto es necesario generar espacio de encuentro, donde nos identifiquemos como parte de una misma sociedad y de una misma ciudad, convencidos de la importancia de la participación y del ejercicio pleno de la ciudadanía. Se requiere posicionar y promover el debate sobre la ciudad más allá de los grandes auditorios, en las aulas de clase y fundamentalmente a los barrios y las comunidades.

Además se necesita despertar la sensibilidad y construir sentidos colectivos a través de intereses comunes que tengan como centro del diálogo el bien común.  Resulta indispensable construir acuerdos sobre la ciudad, porque por  experiencia, sabemos que las iniciativas dispersas se desvanecen, de allí la importancia de institucionalizar y articular los procesos.

Una vez dispuestos a sentarnos en la misma mesa, es fundamental conocer las reglas del juego y poner las cartas sobre la mesa y sin ases bajo la manga. Desde el lugar que ocupamos en la sociedad debemos ejercer nuestro derecho y deber de participar y como profesionales no podemos estar ajenos a lo cotidiano y acompañar desde el conocimiento técnico la producción social del hábitat.

Sin embargo, sabemos que el reto va más allá, requiere un compromiso total para lograr lo más complejo del proceso, que se multiplique y alcance otras escalas, y así continuar fijándose otras metas, otras utopías, otros sueños de otra ciudad, de otras ciudades.

 

A través de la autoproducción de vivienda y de hábitat, se manifiestan distintos procesos de organización, participación y gestión que son válidos de considerar como mecanismo de generación de ciudad pues frente a las diversas problemáticas que existen en torno a la vivienda, la ciudad y el hábitat, de lo que no tenemos duda, es de la necesidad de actuar.

No se pueden seguir construyendo viviendas sin ciudad, pero para construir ciudad  debemos construir ciudadanía, una ciudadanía activa y comprometida con la construcción de ciudades sostenibles, comprometida con la defensa del Derecho a la Ciudad.

 

Bibliografía

 

Asamblea Nacional Constituyente-ANC (2008), Constitución de la República del Ecuador. Montecristi: ANC.

Carrión F. (Ed.). La ciudad construida, urbanismo en América Latina. Quito: FLACSO

Harvey, David (2014). “El derecho a la ciudad y la revolución urbana anticapitalista”, disponible en: http://derechoalaciudadflacso.wordpress.com/2014/01/28/el-derecho-a-la-ciudad-y-la-revolucion-urbana-anti-capitalista-entrevista-con-david-harvey-en-quito/ fecha de consulta: junio 2014.agosto 2014.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC (1990). V Censo de Población y IV de Vivienda, disponible en:http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/ PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV1990&MAIN=WebServerMain.inl, fecha de consulta: junio 2014.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC (2010). VII Censo de Población y VI de Vivienda, disponible en: http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/ PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl, fecha de consulta: junio 2014.junio 2014.

Ortiz, E. (2004). Notas sobre la producción social de vivienda, elementos básicos para su conceptualización e impulso. México: Casa y Ciudad.

––––– (Coord.) (2008). El derecho a la ciudad en el mundo, compilación de documentos relevantes para el debate. México: Habitat International Coalition-Oficina Regional para América Latina.

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos-ONU-Hábitat (2012). Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe. Rumbo a una nueva transición urbana. Brasil: CGP Editora.

 

 

 

[1]      La metodología únicamente se base en la combinación de las condiciones de los materiales predominantes de piso, paredes exteriores y cubierta para determinar si la vivienda presenta condiciones de habitabilidad aceptable, recuperable o irrecuperable

 

[2]      Los tipos de vivienda particular comprenden: casa o villa, departamento, cuarto en casa de inquilinato, mediagua, rancho, covacha, choza u otra vivienda particular.