El debate jurídico sobre las candidaturas independientes

Nunca debieron rechazarse las pretensiones de los candidatos independientes

Por: José Barragán
 
A la hora de hablar de la participación ciudadana en el proceso electoral que está en curso, para la renovación de los cargos de elección popular, tanto los de carácter federal como los del estado de Jalisco, es muy importante no dejar de lado el tema de las candidaturas independientes.
 
Como bien se sabe, con motivo de la preparación y desarrollo del presente proceso electoral federal (2005-2006) se presentó, por un lado, la pretensión formal del doctor Jorge Castañeda para obtener el registro como candidato independiente y, por otro, el fenómeno relacionado con las pretensiones de Víctor González Torres, primero en el plano de buscar la postulación formal por parte de un partido político; y después, en el plano de buscar el status de candidato no registrado, figura ciertamente contemplada por la legislación federal ahora en vigor.
 
También conocemos el contexto político y jurídico en que se presentaron dichas pretensiones, un contexto adverso y francamente hostil, conformado no sólo por las prácticas de los partidos políticos, que cancelan el acceso de los ciudadanos no afiliados a los cargos de elección popular, sino también por una generalizada aceptación de la doctrina política que sostiene la imposibilidad legal que tienen dichos ciudadanos no afiliados para acceder a los cargos mencionados.
 
Ahora bien, lo peor del caso han sido las actitudes y las resoluciones, sobre todo de las autoridades jurisdiccionales, como las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; como las de la Secretaría de Gobernación y las del propio Consejo General del Instituto Federal Electoral, pronunciándose todas ellas, de una u otra manera, en contra de las diversas pretensiones, puestas bajo su consideración por parte de los ciudadanos independientes que hemos citado.
 
Es decir, estas autoridades, al pronunciarse, en definitiva, en contra de la legalidad de las candidaturas independientes, legitiman y consagran la llamada partidocracia mexicana, imprimiéndole el carácter de totalitaria. Los mexicanos, por tanto, de hecho y de Derecho, somos ya rehenes de esta partidocracia y de sus excesos totalitaristas, en cuyo contexto, la abstención de votar podría ser no sólo una opción legítima, sino también una opción legal de inconformidad y protesta.
 
Idea general de la candidatura independiente 
 
Aunque no se requiere de una mayor explicación, conviene precisar la idea de lo que se entiende por una candidatura independiente. Se trata de una expresión que, como tal, no se encuentra en la Constitución ni en la legislación electoral federal, aunque sí se le encuentra en el debate y en las normas de régimen interior parlamentario.
 
De hecho y nada más como referencia, podemos recordar que la expresión cobra importancia precisamente cuando algunos partidos decidieron postular para cargos de elección popular (senadores y diputados) a personalidades que no pertenecían a dicho partido, de tal manera que a estas candidaturas se les caracterizó como independientes, llamándolos candidatos independientes y, llegado el caso, también se les consideró como diputados independientes, que no pertenecían, por tanto, a ningún grupo parlamentario partidista.
 
He aquí una primera significación de la idea de candidatura independiente, la cual nace vinculada a un partido político, que es quien hace la designación de candidato a favor de un individuo externo, no afiliado a partido alguno; y se le caracteriza como independiente precisamente porque no pertenece a dicho partido que lo postula, permitiéndole actuar y desempeñar el cargo de que se trate de manera libre e independiente respecto de las consignas y las votaciones partidarias.
 
Más adelante, cobraron importancia las pretensiones de obtener el registro por parte de otros ciudadanos como candidatos independientes, sin contar con el requisito de la nominación de algún partido. Este es el caso de los señores Jorge Castañeda y Víctor González Torres. Y esta es la modalidad que no está autorizada por la ley, según se ha dicho.
 
Esta segunda modalidad, de conformidad con los escritos presentados para hacer valer su pretensión, se fundamentaría en el simple derecho, reconocido para cada uno de los ciudadanos mexicanos en el artículo 35°, fracción II, para poder ser votados en las elecciones populares.
 
Por tanto, bajo este punto de vista, la candidatura independiente no sería sino una personalización del derecho de poder ser votado para un cargo público, expresando el interesado su voluntad de registrarse de manera formal, como un ciudadano libre e independiente; es decir, no afiliado a partido alguno ni tampoco propuesto por alguno de ellos. 
 
Por último, cabe recordar que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en vigor regula la figura del candidato no registrado. Esto es, regula la emisión del voto ciudadano favorable a algún determinado ciudadano, que simplemente no se registró.
 
Esta modalidad, sin duda, también entraría dentro de las candidaturas independientes, legitimadas por el mismo derecho que le asiste al ciudadano de votar libremente a favor ya sea de algún candidato registrado, postulado por algún partido político, ya sea a favor de cualquier otro ciudadano mexicano con derechos a salvo para poder ser votado con absoluta independencia de la voluntad partidaria. 
 
El punto del conflicto
 
Como podemos apreciar, no existe conflicto alguno respecto a las candidaturas independientes que sean propuestas por algún partido político.
 
El conflicto aparece con respecto a las dos últimas modalidades de candidaturas independientes, que se refieren, primero, a la solicitud de registro de un determinado ciudadano como candidato independiente, es decir, no afiliado a partido alguno, ni propuesto por algún partido; y, en segundo lugar, con respecto a la figura del candidato no registrado, que, pese a hallarse regulado por el Código federal electoral, ha sido calificada como no procedente, o ilegal por la autoridad electoral, léase el actual Consejo General del Instituto Federal Electoral.
 
Es aquí en donde se produce el conflicto: cuando se rechaza la solicitud de registro, hecha por un ciudadano independiente, léase Jorge Castañeda; y cuando se reacciona, emitiendo una descalificación de ilegalidad cuando un ciudadano determinado hace campaña abierta para que los electores voten a su favor, poniendo su nombre en el espacio previsto precisamente para el candidato no registrado, léase González Torres. 
 
He aquí el núcleo del conflicto. Naturalmente los ciudadanos interesados en hacer valer su derecho de poder ser votados en una elección, manifiestan su inconformidad, alegando la violación directa de la mencionada fracción II del artículo 35˚, que simplemente dice lo siguiente: 
 
Art.35˚. Son prerrogativas del ciudadano:
 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley.
 
Mientras que las autoridades que rechazan la legalidad de las candidaturas independientes, sostienen, en esencia, el principio de que solamente los partidos políticos pueden registrar candidaturas para ocupar los puestos de elección popular. 
 
Para fundar su dicho, entre otros, mencionan el texto del artículo 175˚ del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el artículo 41˚ del texto constitucional. Veamos lo que dicen estos dos artículos en su parte conducente:
 
Art.175˚:
 
1. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.
 
Art.41˚ Constitucional:
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público... 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, conforme con los programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.
 
Las falsas interpretaciones.
 
La mayoría de los autores y de los especialistas, al hablar de las candidaturas independientes, se esfuerzan en demostrar su prohibición legal. Esto es, se esfuerzan en explicar la forma en que los textos legales les niegan a los ciudadanos las posibilidades de poder ser elegidos a algún cargo popular, a menos que sea mediante la postulación de algún partido político.
 
Ello es así, dicen, en virtud de lo dispuesto en el artículo 175˚ del Código federal electoral, que acabamos de citar, añadiendo que dicho texto se encuentra en armonía con lo dispuesto por el artículo 41˚ constitucional que establece las bases que deben tomarse en cuenta a la hora de proceder a la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo federales.
 
Y, en consecuencia, como hace, por ejemplo, Gerardo Sánchez Valdespino, terminan reconociendo el monopolio de los partidos políticos para postular y registrar candidaturas:
 
Así las cosas, es dable concluir que nuestro sistema constitucional estableció el monopolio de los partidos políticos para la postulación de candidatos a puestos de elección popular, sin que la prerrogativa contenida en la fracción II del artículo 35˚ fuera base suficiente para estimar lo contrario, en tanto que es presupuesto del artículo 41˚...
 
Hemos citado a sánchez valdespino, porque es bueno su trabajo: Candidaturas independientes (análisis en el sistema electoral mexicano).
 
Nos ofrece una breve síntesis de los diferentes planteamientos que se hicieron en el Congreso de la Unión al aprobarse las reformas de los textos ahora vigentes de la Constitución, en los que fundamenta dicha conclusión; nos explica la doctrina clásica, cuando examina el fenómeno de la partidocracia; examina el sentido y el alcance que tienen las bases establecidas en el mencionado artículo 41˚, a las que considera como las únicas tres bases para proceder a la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo federales. 
 
Y, para convencernos de la bondad de su argumentación, hace suyo, antes de elaborar la conclusión que acabamos de citar, el siguiente aforismo latino:
 
Lex ubi voluit expressit, ubi non expressit noluisse censendum est. 
 
Sánchez valdespino trae la siguiente traducción:
 
Se debe creer que cuando lo quiso, lo expresó y que cuando no lo expresó es porque no lo quiso. 
 
Y se ayuda del aforismo para reducir a un silogismo su argumentación.
 
Primero, Sánchez Valdespino, en efecto, comenta en la página 27 de su escrito que existen tres únicas bases constitucionales para la renovación periódica de los poderes Ejecutivo y Legislativo federal y, en su caso, comenta más adelante, los ejecutivos y los legislativos estatales; y esas tres únicas bases son las que se regulan en las cuatro fracciones del segundo párrafo del artículo 41˚ (premisa mayor).
 
En segundo lugar, dice Sánchez Valdespino que claramente se aprecia que en ninguna parte de esas tres únicas bases, el legislador habla de las candidaturas independientes, por lo cual, aplicando el aforismo latino, llega a la conclusión, que ya conocemos, es decir, que el legislador al no hablar de estas candidaturas independientes, fue porque quería rechazarlas, o quería excluirlas (premisa menor). La conclusión ya la conoce el lector.
Hacia una mejor interpretación.
 
a) Examen del artículo 175˚ 
 
El artículo 175° del Código federal electoral dice que toca a los partidos políticos exclusivamente el registro de candidatos a cargos de elección popular.
 
No cabe duda que ningún militante de partido político puede personarse y tratar de registrarse como candidato, al margen de la voluntad de su partido.
 
Mucho menos podrán ir al registro a solicitarle el suyo personal aquellos militantes que estén disputándose una nominación interna.
 
Para eso está lo dicho por el artículo 175°, para poner orden hacia el interior del partido y para obligar a los militantes a que resuelvan previamente sus diferencias internas, de manera que sea el partido el que postule el registro de sus propios candidatos.
 
Esta o cualquiera otra aclaración debieran bastar para entender el sentido natural del texto del artículo 175°, en lugar de tomarlo como base para la negación de la prerrogativa de las candidaturas independientes, no postuladas por los partidos políticos.
 
Incluso, uno se puede preguntar si acaso dichas candidaturas independientes, para ser válidas, necesitan del previo registro, ya que el propio Código federal electoral, como veremos en seguida, regula la votación emitida a favor de un candidato independiente no registrado. Esta regulación parece establecer el principio de que dichos candidatos independientes efectivamente no necesitan registro alguno.
 
Como quiera que sea esta regulación ayuda a entender el porqué se reconoce la exclusividad a favor de los partidos políticos para registrar a sus propios candidatos, sin que dicha exclusividad se entienda que perjudica los derechos de los demás ciudadanos.
 
Pero ya sabemos que esa posible aclaración también fue del agrado de las autoridades, que rechazaron las peticiones de candidatos independientes, insistiendo en que el enunciado del artículo 175°, es de carácter absoluto, de manera que se excluye a toda petición de registro que no lleve el visto bueno de un partido; y que dicho artículo encuentra respaldo constitucional en la idea de monopolio que contiene el artículo 41°, que ya conoce el lector. 
Bien, pasemos al examen de este último artículo para ver si contiene o no el monopolio que dicen que tiene.
 
b) Examen del artículo 41°
 
No son aceptables los argumentos de quienes consideran que el artículo 41 constitucional decreta y consagra el monopolio a favor de los partidos políticos para intervenir en la renovación de los poderes de elección popular.
 
En la práctica, dichos partidos sí se comportan como si tuvieran dicho monopolio, con la agravante que no lo usan para promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, ni lo usan para hacer posible el acceso de los ciudadanos a los cargos de elección popular.
 
Ahora bien, si ya son muy graves estas prácticas partidarias, ¿qué decir de aquellas autoridades que se han atrevido a constitucionalizarlas y a legalizarlas, tratando de insistir en que así es la democracia que contiene nuestra Constitución? ¿Puede haber democracia una vez aceptado y consagrado como firme el monopolio partidario de que se habla?
 
Definitivamente se trata de una mala interpretación de nuestra Constitución. Y es mala porque se hizo en contra de los más elementales principios del sentido común, base de una buena interpretación.
 
c) Las dos vías de la participación política
 
Para empezar, debemos indicar que la materia electoral, regulada por la Constitución no puede reducirse a lo contenido en el artículo 41° de la misma, como para concluir en que allí se encuentran, como dice Sánchez Valdespino, las tres únicas bases para la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, sujetos a elección popular.
 
Son dos los sistemas, o son dos las vías, reguladas en la Constitución, para la participación de los mexicanos en los asuntos internos del país, incluida la participación en los procesos electorales.
 
Tenemos, en efecto, una regulación general, que aplica siempre y a todos los mexicanos, tanto dentro de procesos electorales como fuera de ellos; y que aplica también a los partidos políticos, a sus militantes, a sus candidatos y a sus simpatizantes. A esta regulación se le puede considerar como sistema general de participación en los asuntos internos y en los procesos electorales de México.
 
Y, por otro lado, tenemos la regulación específica de la participación en los asuntos internos y en los procesos electorales a través de la formación y pertenencia de los partidos políticos.
 
1.) El régimen general
 
Este régimen encuentra su apoyo, entre otros muchos artículos, en el 1º, en el 2º, en el 6º, en el 7º, en el 8º, en el 9º, en el 10º, en el 33º, en el 34º, en el 35º, en el 39º, en el 40º, en el 41º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58ºu, 59º, 60º, 61º; en el 116º, en el 122º, repito, entre otros muchos, puesto que estamos hablando del régimen general.
 
Los puntos esenciales de este régimen se incorporan por primera vez a cada una de las 19 constituciones locales del período comprendido entre 1824 y 1827, pasando más tarde también a las Constituciones federales.
 
Se trata, por lo tanto, del régimen tradicional, vigente todavía pese a esas desafortunadas intervenciones, que están negando una parte fundamental de este sistema general, como son las candidaturas independientes; o que simplemente están negando la libertad que tiene el ciudadano para votar a cualquier otro ciudadano, esté o no registrado previamente como candidato; y el derecho que también tiene el ciudadano de ser votado, postulándose previamente como candidato.
 
En estas constituciones locales, dicho régimen se consagra sobre los principios siguientes: primero, el principio de igualdad entre todos los habitantes dentro de cada Estado: se decreta la abolición de la esclavitud y la prohibición de toda clase de privilegios; segundo, el principio de la ciudadanía particular en cada estado, la cual se reconocerá en todo habitante que reúna ciertos requisitos de edad, vecindad, etcétera; tercero, el principio del derecho de igualdad de oportunidades para ocupar cargos públicos, incluidos naturalmente los de carácter electoral en cada estado; y en cuarto lugar, el principio del reconocimiento a cada ciudadano de la prerrogativa de votar y poder ser votado para los cargos de elección popular.
 
Además de los principios mencionados, sobra decirlo, se pusieron en juego a favor de los ciudadanos de cada estado y para los efectos precisos de su participación política y el ejercicio de sus derechos políticos, los demás derechos y libertades, propias del constitucionalismo moderno, como es el derecho a la libre manifestación de las ideas, la libertad de imprenta y el mismo derecho de reunión y asociación, que permitirá, andando el tiempo, la aparición de los partidos políticos.
 
He aquí los puntos esenciales del régimen general, vigente en México desde 1824 hasta el momento presente. En lo esencial, no ha habido cambio alguno de los elementos que lo componen, aunque alguno de los principios mencionados, como es el derecho de igualdad de oportunidades para ocupar cargos públicos, incluidos los de elección popular, no tienen ahora un reconocimiento tan explícito como lo tuvieron en aquella primera época.
 
Sobra decir que una de las características fundamentales de este régimen general era precisamente las candidaturas independientes; así se eligieron a nuestros diputados a las Cortes de Cádiz en 1810; así se eligieron a los constituyentes para los congresos mexicanos de 1822 y 1823; así se continuaron eligiendo los cargos de elección popular hasta que los partidos tomaron de rehenes a los mexicanos, ahuyentándolos de la participación política formal e incluso quitándoles las ganas de salir a votar el día de las elecciones; así siguieron hasta hoy en día en que las autoridades están negando la licitud de las candidaturas ciudadanas, independientes de los partidos políticos. 
 
2) El régimen partidario
 
Son muchos los artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que, en un momento dado, pueden tomarse en cuenta como reguladores del régimen específico de los partidos políticos y de sus militantes.
 
con todo, los principales artículos involucrados, son conocidos por todos: el artículo 41º y el artículo 116º, además del 122º, sin que se pueda afirmar que en ellos se encuentran las únicas bases de este régimen, porque, entre otras cosas, al régimen de partidos se le aplican casi todos los artículos previstos para el sistema de participación general.
 
Por ejemplo, el régimen de la ciudadanía, que tiene que ver con las prerrogativas de votar y de ser votado, no está en el artículo 41º. Claro que esto lo sabe Sánchez Valdespino, pero dice del artículo 35º, que es un presupuesto del artículo 41º. Cierto que lo es, por eso, en su lenguaje y en su lógica, debiera reconocer que dicho artículo 35º es base de las bases contenidas en el artículo 41º, sin ciudadanos ni hay partidos ni hay elecciones.
 
Citando otro ejemplo, es evidente que no habría partidos políticos sin el artículo 9º constitucional, que autoriza la libre reunión y la libre asociación de los mexicanos para participar en asuntos políticos de México. Estos derechos, según la lógica de Sánchez Valdespino, serían otras bases de las bases del mencionado artículo 41º. Pero, además, el ejercicio de estos derechos sería irrisorio, si no se reconocieran los derechos de la libre manifestación de las ideas y de la libertad de imprenta, de los artículos 6º y 7º constitucionales. 
 
Conforme a otro ejemplo, la exclusión de los extranjeros en asuntos internos, o de formar parte de los partidos políticos, se encuentra fuera del artículo 41º constitucional, ya que éste dice que solamente los ciudadanos podrán formar parte de los partidos políticos, sin aclarar si se excluyen o no a los ciudadanos extranjeros, sin duda porque ya estaba aclarado en la prohibición contenida en el artículo 9º en relación con el 33º. Por lo tanto, ambos artículos son básicos para la formación de los partidos políticos.
 
Por último, en este listado de ejemplos, no sabría nadie cómo elegir a los senadores y a los diputados sin tomar en cuenta lo dicho por los artículos, entre otros, 50º, 51º 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 59º; mismos que no pueden servir de presupuesto al artículo 41º, ya que vienen detrás, pero siguen siendo bases de las tres bases mencionadas por el autor. 
 
De conformidad con este régimen, los partidos políticos son entidades de interés público. Luego, el Código electoral federal les reconoce personalidad jurídica, derechos, prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones, limitaciones y prohibiciones que el mismo Código señala. 
 
Los partidos políticos son figuras privilegiadas por la ley, no hay duda. Nacen en un momento histórico determinado y, no obstante su manifiesta decadencia y los grandes males que le han causado y ahora mismo le causan, el legislador resolvió favorecerlos creándoles este régimen específico, tan excesivamente dispendioso y privilegiado.
 
La inviolabilidad del artículo 35º.
 
Digamos ahora que el artículo 35˚, desde otro punto de vista, aparece como absolutamente intangible y, guste o no guste, no conoce ninguna limitación, porque es evidente que no la contiene ni en ninguno de sus enunciados, ni en ningún otro texto de la misma Constitución. Y es aquí en donde se consagran las candidaturas independientes.
 
No se pueden rechazar dichas candidaturas diciendo que, al no estar reguladas en el artículo 41º, el legislador quiso positivamente prescindir de ellas.
 
Para desconocerlas hace falta cuando menos una declaración directa y expresa. Y esta declaración de anulación de dichas candidaturas nunca se ha incorporado a ningún texto constitucional, ni está ahora mismo en ningún artículo del texto vigente. El solo hecho de pensar en la posibilidad de su existencia es vejatorio, es una ofensa a los Derechos Humanos.
 
Justamente para que la fuerza del aforismo latino citado por Sánchez Valdespino tuviera sus efectos y hablan do de candidaturas independientes, debe aplicarse al artículo en donde se admiten y se consagran, que es el artículo 35º.
 
Aquí sí tiene toda su fuerza el aforismo latino. Aquí (que es una partícula de lugar, que traduce muy bien la partícula latina del ubi ) es en donde el legislador (lex) quiso (voluit) expresar su voluntad (expressit) de otorgar a cada ciudadano mexicano la prerrogativa de votar y de ser votado.
 
Por tanto, aquí es en donde el legislador, al no subordinar el ejercicio de dicha prerrogativa al requisito de pertenecer, o de ser postulado por un partido, no quiso que dicho ejercicio pudiera quedar subordinado a alguna otra condición o requisito, fuera de los exigidos para la ciudadanía mexicana.
 
De haberlo querido el legislador (lex), también se hubiera limitado el ejercicio del derecho de participar en los asuntos internos de México, consagrado en el artículo 9º, precisando que tratándose de la participación para ser votado a un cargo de elección popular, debía necesariamente afiliarse a un partido político, o al menos ser propuesto por dicho partido.
 
Pero no lo hizo, porque el legislador no quiso imponer una limitación tan absurda, tan antidemocrática y tan nugatoria de dicha prerrogativa, que habría hecho de la mexicana una democracia partidaria totalitaria y que es a donde conducen las resoluciones de las autoridades que les han negado a Jorge Castañeda y a Víctor González Torres su legítimo derecho de presentarse al proceso del año 2006 como candidatos independientes.
 
Por último, de haber querido el legislador (lex) suprimir las candidaturas independientes en el mismo artículo 41º, habría decretado que, muy a pesar de lo que dicen los artículos 9º con relación al 35º, fracciones I y II, quedaban prohibidas las candidaturas independientes; es decir que ni el ciudadano era libre para votar, ya que debía hacerlo por algún candidato previamente registrado por un partido político; ni tampoco se le reconocía el derecho a ser votado, a menos que fuera propuesto por algún partido.
 
Estas prohibiciones tan graves, son las que no vienen en el artículo 41º, ni en ninguna otra parte de la Constitución; de manera que resulta inaceptable que la autoridad pública (llámese Secretaría de Gobernación, Suprema Corte, Tribunal Electoral y Consejo General del Instituto Federal Electoral) diga que tales candidaturas independientes están prohibidas. Mucho menos, cuando la misma legislación electoral vigente acepta a los candidatos no registrados, como veremos líneas a bajo.
 
Régimen del candidato no registrado
 
en efecto, en varios artículos del Código federal electoral, actualmente en vigor, se incorpora una determinada y precisa regulación sobre la figura denominada por este Código el candidato no registrado.
 
la figura puede ser curiosa; puede constituirse incluso en un estorbo para la autoridad electoral que, en un momento dado, no sabría qué hacer respecto de ella. En todo caso, se trata de una figura legal que tiene su respaldo precisamente en el artículo 35º fracción I y fracción II de la Constitución, el cual consagra el derecho que tiene cada mexicano a votar libremente, aun por aquellos ciudadanos que no se hubieran previamente registrado; y el derecho de poder ser votado, con absoluta independencia de los partidos políticos. 
 
El candidato no registrado es, en suma, una concreción de las candidaturas independientes, de manera que está dicha previsión ahí, en la misma boleta electoral, precisamente para hacer efectiva la libertad absoluta que tiene el ciudadano para votar y para ser votado, en su caso. Si se suprimiera dicho espacio de la boleta, ni habría libertad para votar, ni habría el derecho de poder ser votado libremente.
 
Por ejemplo, el artículo 218º del mencionado Código habla de esta figura:
 
Art.218º.
 
1. Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su credencial para votar con fotografía, el presidente le entregará las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto marque sus boletas en el círculo o cuadro correspondiente al partido político por el que sufraga, o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto.
 
He aquí un pasaje legal, expreso, categórico, que se explica por sí mismo en cuanto a su existencia legal y en cuanto a su indiscutible vinculación con el artículo 35º ( y no con el 41º) por lo que respecto al derecho de todo ciudadano de votar libremente a favor de cualquier otro ciudadano, que en su opinión está en pleno goce de sus derechos políticos como para poder ser votado. Es tan categórica la existencia legal de esa figura que obliga a la autoridad electoral a disponer de un espacio formal en las boletas electorales para las candidaturas independientes.
 
Este solo pasaje basta y sobra para demostrar, lo volvemos a reiterar, no sólo la real y legal existencia del candidato no registrado, sino que además por esta sola previsión automáticamente se involucra a todos los demás artículos que tienen que ver con la recepción de los votos.
 
Se involucra también el articulado correspondiente al escrutinio y al cómputo, obligando a la autoridad electoral a dejar constancia expresa de todos los pormenores que tengan que ver con la figura del candidato no registrado, porque los votos que le sean favorables, no podrán ser considerados nulos, pues de ninguna manera entran en esa categoría, regulada expresamente en el artículo 227º del mismo Código.
 
Por tanto, queramos o no, el precepto citado en realidad involucra por completo a toda la legislación electoral en todo aquello que pudiera tener que ver con dicha figura del candidato no registrado.
 
Más aún, se podría ir más lejos y sostener que las candidaturas independientes ni siquiera necesitan ir a registrarse, toda vez que la ley los legitima automáticamente al aceptar, como es justo, que el ciudadano al votar lo pueda hacer con absoluta libertad a favor de un ciudadano, ya se trate de los que tienen la obligación de registrase; ya se trate de un candidato que, como se aprecia, no necesita registrarse.
 
A modo de conclusión. Nunca debieron rechazarse las pretensiones de los candidatos independientes, entendiendo por tales a aquellos ciudadanos que se presentan ante la autoridad correspondiente expresando su voluntad de hacer uso del derecho legítimo de buscar una votación favorable a su candidatura en día de la jornada electoral. 
 
Bastaba con orientarlos diciéndoles, al menos que, de conformidad con la legislación aplicable, podían ser considerados en su momento como candidatos no registrados. Y consecuentemente la autoridad debía reconocerles y otorgarles el status jurídico correspondiente, a efectos de que pudieran hacer campaña; pudieran organizar la defensa del voto en cada casilla, etcétera.
 
Son peores y mucho más graves, las opiniones y, sobre todo, las resoluciones formales que llegaron al extremo de considerar a las candidaturas independientes ilegales, o inconstitucionales, legalizando el extremo absurdo de, por un lado, legitimar el monopolio práctico o de hecho, que ya ejercen los partidos políticos para presentar en exclusividad las candidaturas a todos los cargos de elección popular; y, por otro, desconocer por completo, no sólo el derecho ciudadano de poder ser votado, sino también el derecho ciudadano de votar libremente por cualquier otro ciudadano no registrado, haciéndonos rehenes de la partidocracia totalitaria. 
 

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