Educación y construcción de ciudadanía

La educación ciudadana no sólo es formadora, sino fundamentalmente transformadora de las relaciones sociales y políticas

Por: Silvia L. Conde

La educación ciudadana es el proceso de constitución de sujetos que contribuyan al fortalecimiento de los Estados y las sociedades democráticas, y cuestionen las estructuras de dominación y violación a la dignidad humana. 

Supone, por lo tanto, la formación de una ciudadanía reconocedora del otro, activa, crítica, comprometida con su país y con el mundo, con la reconstrucción social en contextos de transición, así como la creación de condiciones de justicia social que den sentido ético al crecimiento económico.  

La educación ciudadana no sólo es formadora, sino fundamentalmente transformadora de las relaciones sociales y políticas. Por ello, en el contexto político mexicano, la construcción de ciudadanía implica la reconstrucción del tejido social mediante el fortalecimiento y democratización de la sociedad civil, el desarrollo de una cultura de la participación social y política, así como la recuperación de la confianza en las instituciones y en los procesos democráticos. 

La escuela es una institción fundamental para la construcción de ciudadanía, es decir, para la formación de niñas, niños y jóvenes conscientes de sus derechos, con valores cívicos, un alto sentido de responsabilidad ciudadana y habilidades para participar, ejercer la autoridad democrática, tomar decisiones y convivir de manera solidaria, respetuosa, tolerante y justa.

Las acciones que desde las escuelas se realizan en general buscan formar una base ciudadana que consolide la democracia política y contribuya al fortalecimiento del desarrollo político, social y económico de los Estados.

En las propuestas iberoamericanas se espera que las escuelas formen ciudadanos productores de prácticas sociales democráticas, aunque se reconocen las limitaciones de éstas como agentes del cambio social frente a otros agentes socializadores y a otras esferas de decisión política y económica.   

I. DEL CIVISMO CLÁSICO A LA EDUCACIÓN CIUDADANA 

El desarrollo de la educación ciudadana en México en la educación formal está marcado por una evolución desde el paradigma clásico del civismo hasta enfoques integrales de formación ciudadana. 

El civismo clásico se define como “la capacitación que recibe el ciudadano en ciernes para conocer sus derechos, obligaciones, el funcionamiento de su país y de las instituciones democráticas” y se le concibe, además, como el vehículo para la afirmación de la identidad nacional, el desarrollo de sentimientos patrios y el respeto al Estado de Derecho.

Esta concepción corresponde a una visión minimalista de la educación ciudadana, es decir, a considerar al ciudadano solamente como aquella persona que tiene 18 años o más, un modo honesto de vivir y se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos. 

Más allá de esa visión formal y mínima de ciudadano, la construcción de la ciudadanía activa exige abandonar el civismo tradicional a favor de una educación cívica moderna, revisada, que incorpore la vida cotidiana como fuente de conocimientos y de situaciones que le den sentido a las leyes, valores y procedimientos, y además, que asocie a la resolución de los problemas de la vida en la búsqueda de una convivencia más cualificada (Castellanos y Riveros: 1998). 

El tránsito formal del civismo clásico a la educación ciudadana inicia en los años 70, época en la que, por una parte, emergieron nuevos sujetos sociales como producto de los movimientos de defensa de los derechos civiles y políticos que caracterizaron gran parte del mundo occidental desde finales de los 60, y por otra, dichas voces fueron acalladas violentamente por los gobiernos dictatoriales. 

Señala Guevara Niebla (1998: 71) que en España en 1978, tras la caída de Franco, se produjo una revisión de la educación cívica y la educación moral.

“Una de las propuestas más difundidas sostenía que el objeto de la educación cívica es la formación de hombres y mujeres solidarios, críticos y responsables que aseguren la participación activa de los ciudadanos en una sociedad democrática”.

En este contexto era clara la necesidad de una educación que desarrollara en la ciudadanía las competencias cívicas necesarias para fortalecer los Estados modernos democráticos.

Según Cullen (1999: 23) esto sólo puede realizarse a través de la educación popular, la cual “mediante la selección de determinados conocimientos comunes, enseña a liberarse de las jerarquías tradicionales y de los valores antiguos que las legitiman, tanto en relación con la representación como con la obediencia”. 

En buena medida el contexto sociocultural y político de los últimos decenios obligó a repensar el civismo: el continuo estado de violencia que se vive en el mundo globalizado, que va desde la guerra hasta el terrorismo, pasando por la guerrilla, la violencia generada por el narcotráfico y diversas formas de guerra de baja intensidad; el deterioro ambiental; el empobrecimiento salvaje de una parte de la humanidad como producto de modelos económicos poco efectivos; el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural con el consiguiente impacto en la idea de Estado-Nación.

En respuesta a éstos y otros imperativos se supera el civismo como forma sin contenido, como rito sin implicación, como formalismo y se configura una percepción más amplia en la que se articula al civismo la educación para la paz, para el medio ambiente, la educación en derechos humanos y para la democracia, así como la perspectiva de género o la multiculturalidad. Esta articulación da lugar a la educación ciudadana, de la cual Caruso (2002) propone la siguiente definición: 

La educación ciudadana es el conjunto de acciones llevadas a cabo por diferentes instituciones y organizaciones sociales y políticas que tienen como objetivo el desarrollo de actitudes, valores, principios y normas de convivencia democrática y el desarrollo de competencias participativas en las esferas de decisión de la sociedad. Supone un proceso de organización y de participación consciente de los ciudadanos en los asuntos del país. 

Los cambios d enfoque que subyacen a la formación cívica y ética en particular, y a los programas de estudio en general, representan un avance importante en la educación ciudadana en México, puesto que rompen con una tradición poco útil en la que la enseñanza del civismo se concentra en una asignatura, orientada generalmente hacia la esfera cognoscitiva, con un carácter fundamentalmente informativo y teórico, con una tendencia a desligarse de la práctica, a subrayar los éxitos y disimular los fracasos, a enfatizar el culto a los héroes y los símbolos patrios, así como a abordar las leyes y procedimientos sin referente real, desde una perspectiva neutral, formalista, abstracta y legalista.

Tal como lo evidencia nuestra historia, este enfoque no ha fomentado el pensamiento crítico y tampoco ha influido en los grandes cambios sociales puesto que el alumnado no desarrolla capacidades para la participación política, para enfrentar el conflicto o para tomar decisiones fundadas en sus propios valores. 

En casi todo el mundo existen propuestas y experiencias educativas que asumen a la escuela como un espacio que puede contribuir a la construcción de sociedades más justas, más igualitarias, más democráticas. Esta perspectiva no es novedosa.

Desde los años de la postguerra mundial se apela a una educación para la comprensión y cooperación internacional o de una educación para el desarmee como vehículo para frenar el peligro de otra guerra mundial.  

De cara a los desafíos que enfrentamos como país, toma fuerza una antigua preocupación: la formación integral de la persona con un fuerte componente de educación ciudadana. La historia de la educación pública mexicana da cuenta de diversos esfuerzos realizados en este sentido, mismos que se han reflejado en planes de estudio, materiales educativos y en procesos de formación docente. 

Los contenidos y matices de las distintas materias dedicadas a la formación moral y cívica en nuestro país han ido cambiando en función de los intereses y necesidades característicos de cada momento histórico; sin embargo, durante varias décadas prevaleció el enfoque de socialización política, basado en el conocimiento de las leyes y de las principales instituciones del país, así como a la formación del sentido de la identidad nacional mediante el desarrollo de sentimientos patrios y el respeto al Estado de Derecho. 

Este enfoque clásico ha sido cuestionado en los últimos años en muy diversas latitudes. De hecho, las reformas educativas impulsadas en diferentes países –por ejemplo, Malasia, Hong Kong, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, España y Polonia– claramente se distancian de un modelo que, si bien contribuye a que la ciudadanía adquiera información sobre sus derechos y sobre el gobierno de su país, no ayuda a salvar la distancia que media entre el ámbito privado y el público, dificulta la configuración del pensamiento crítico y el desarrollo de las capacidades necesarias para la organización y la participación en asuntos de interés común, e impide la formación de una ciudadanía activa con sólidos códigos éticos. 

El conjunto de reformas citadas, y otras iniciativas impulsadas por distintos organismos internacionales (entre las que debemos destacar las de la Organización de Estados Iberoamericanos; la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; y el Consejo de Europa a través del Consejo para la Cooperación Cultural) 1 tienen como denominador común la convicción de que la salud y estabilidad de las democracias no sólo tienen que ver con la buena organización del Estado, sino con la presencia y actuación de ciudadanos ética y políticamente competentes, aspecto este último que depende en buena medida, aunque no de modo exclusivo, de la educación cívica. 

Pero también es perceptible un sentido de urgencia en este universo de reformas e iniciativas de educación ciudadana: la necesidad de responder a fenómenos tales como el incremento de la violencia en las escuelas, los brotes de racismo y xenofobia, el rechazo a la política, el abstencionismo, el resurgimiento de los movimientos fundamentalistas, entre otros. 

Esto último queda de manifiesto en el reporte final del Grupo Asesor para la Ciudadanía, del Reino Unido, el cual establece que la educación ciudadana es un elemento clave para contrarrestar la degradación de la democracia y transformar la cultura política. 2  

Undenominador común en este abanico de reformas e iniciativas es la definición de ciudadanía en sentido amplio. La ciudadanía deja de concebirse como un mero estatus jurídico, para referir un sentido de pertenencia y de corresponsabilidad con la comunidad de la que uno forma parte, así como una práctica en el espacio de lo público que se nutre de los valores esenciales de la democracia. 

La ciudadanía implica no sólo posesión y ejercicio de derechos y obligaciones civiles y políticos, sino respeto a la diversidad sobre la base de un terreno común de valores cívicos y lealtad a principios e instituciones democráticas, sentido de comunidad, promoción de la igualdad de oportunidades así como compromiso con la equidad y la justicia. 

Otro elemento ampliamente compartido en las iniciativas de educación formal y ciudadanía, y que es consistente con la noción de ciudadanía ampliada, se refiere a la idea de que una auténtica educación para la ciudadanía ha de tener tres componentes interrelacionados: conocimientos cívicos, destrezas cívicas y disposiciones o virtudes cívicas. 3

La articulación de estos tres componentes impacta en la definición curricular, ya que lejos de poner el acento en la adquisición de conocimientos se enfatiza en un aprendizaje integral, significativo y práctico. 

Más allá de la ruptura con el enfoque de socialización política, en los dos últimos decenios se ha reconocido la necesidad y pertinencia de vincular la formación ética con la educación cívica. La moral regresa a la escuela, parafraseando a Latapí, pero con enfoques igualmente renovados. 

Ahora bien, sobre estas bases comunes se han construido propuestas en las que se percibe una gran divergencia en cuanto a su lugar en el currículo: así, en algunos países se han instituido materias específicas sobre educación cívica; en otros, ésta ha tomado la forma de temas transversales que se intenta que impregnen todo el currículo; en algunos más, se ensaya una combinación de ambas modalidades; en otros, se avanza sobre la vía de programas extracurriculares, etcétera. 

En España, por citar un caso, los llamados ejes transversales fueron la gran innovación. Fueron diseñados para contribuir a la formación integral del alumnado y, en particular, para desarrollar dos de los pilares en los que debe asentarse la educación en el siglo XXI, conforme al Informe Delors: aprender a ser y aprender a convivir. 

“Dentro de la transversalidad –se ha escrito–, la educación moral y cívica ha cobrado un papel nuclear. Tanto es así que se le ha llegado a considerar más que un eje transversal, el núcleo vertebrador de la transversalidad”. 

Más allá de la asignatura, la propuesta del Reino Unido plantea un abordaje múltiple a través de un espacio curricular específico, el tratamiento transversal de la temática, la participación estudiantil en Consejos Escolares, la vinculación escuela-comunidad, una gestión escolar democrática y la incorporación de diversos agentes sociales y políticos en apoyo a la escuela en su tarea de formar cívicamente al alumnado. 

En México se ha optado por la visión integradora que articula la educación ciudadana, la educación moral y el desarrollo de la persona.

Una clara señal de esta tendencia fue la creación de la asignatura Formación Cívica y Ética en 1999, la cual sustituyó a la de Civismo I y II, así como a Orientación Educativa.

En esta nueva asignatura se privilegió un enfoque práctico, significativo y relevante al colocar como objeto de estudio los problemas y preocupaciones que enfrentan las y los jóvenes; se incorporó la vida cotidiana como fuente de conocimientos y de situaciones que dieran sentido a las leyes, valores y procedimientos democráticos; se incorporaron temas emergentes y el análisis crítico de la gestión pública, entre otros aspectos.

Con este enfoque se responde a algunos de los desafíos que enfrenta nuestro país en materia de educación política y moral, particularmente porque se coloca el énfasis en la formación. 

La visión formativa y preventiva de la educación ciudadana tampoco es nueva. Tiene sus orígenes en los procesos de educación para la paz, los derechos humanos y el desarme, en los cuales se concibe a la escuela como un escenario privilegiado para crear conciencia sobre la dignidad humana y el derecho a que se respeten los derechos.

Se reconoce que las escuelas cumplen una función de socialización cada vez más compleja y diversificada, lo que posibilita su contribución a una cultura de respeto a los valores de la dignidad humana.

En el enfoque formativo que trasciende la asignatura, se busca desarrollar dentro del aula procesos de aprendizaje basados en la construcción del conocimiento más que en su transmisión, la participación activa de los alumnos en su aprendizaje, el establecimiento de relaciones horizontales y afectivas maestro-alumno, alumnoalumno; y propiciar una organización escolar que posibilite el desarrollo de prácticas pedagógicas desde las cuales se puedan vivir cotidianamente los derechos humanos, tales como el establecimiento de mecanismos escolares para la participación democrática y la resolución no violenta de conflictos, o bien una concepción de disciplina interactiva, entre otras. 

II. LA NECESIDAD DE DEMOCRATIZAR LA CULTURA ESCOLAR 

Desde estos supuestos, se plantea que es necesaria la modificación de la organización actual de las escuelas y las características de la práctica educativa dentro del aula, de tal manera que efectivamente pueda desarrollarse en el plantel escolar un proceso de conocimiento y vivencia de los derechos humanos y la democracia. 

En la escuela imaginada por estos enfoques formativos, se vive un liderazgo democrático, ejercido por el director o por otra figura organizativa; se fomenta el trabajo colegiado en la planeación y la autonomía en la toma de decisiones pedagógicas; existe flexibilidad en los tiempos y espacios para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje; se contemplan tiempos de descarga académica que permitan la formación y autoformación de los docentes, en lo pedagógico en general, y en derechos humanos en particular; los padres y madres de familia participan activa y críticamente en el proceso formativo de sus hijos considerando a la familia como uno de los vínculos que tiene la escuela con la cultura exterior. 

Gran parte del horizonte de actitudes y prácticas que se espera transformar, o en su caso construir, en las escuelas en el marco de la educación ciudadana se definen desde afuera, aunque en ocasiones se reconoce que su puesta en marcha ha de ser con la participación de los sujetos escolares.

El contenido de esta transformación se ubica en diferentes escalas: diversificar la demanda, garantizar la cobertura, dar un sentido ético a la educación, incluir contenidos, cambiar las formas de organización y los métodos de trabajo, formar docentes comprometidos con la promoción y vivencia de los valores democráticos. 

Se sugiere involucrar a toda la institución escolar en el proceso de educación ciudadana mediante el fortalecimiento de grupos colegiados y la elaboración de proyectos institucionales así como a partir del tratamiento significativo a los temas de la democracia y derechos humanos incorporando la práctica, la vivencia y los saberes de la vida cotidiana de los niños. 

La educación ciudadana en México tiende hacia la integralidad, no sólo porque se reconoce la necesidad de vincular el trabajo en el aula con los esfuerzos en la transformación del ambiente escolar, sino también porque se incorporan las temáticas fundamentales de la construcción de ciudadanía: género, derechos humanos, medio ambiente, convivencia intercultural, respeto a la diversidad, resolución no violenta de conflictos, salud integral, derechos sexuales y reproductivos, cultura de la legalidad y prevención de adicciones. 

En estas propuestas educativa se recomienda transitar hacia un enfoque amplio de la formación cívica, modificar el  ambiente escolar a fin de lograr una estructura más personal, solidaria, protegida, segura, sustentable y democrática, así como crear condiciones institucionales para que las libertades de pensamiento, de opinión y de determinación, sean parte orgánica de la cultura escolar.

Por ejemplo, desde 1998 se incorpora en México la perspectiva de género a los programas de educación básica y a los libros de texto. Algunos contenidos que destacan son los relativos al empleo de un lenguaje incluyente, a la comprensión de la construcción cultural del género, la discusión con los estereotipos de género, así como la reflexión sobre los prejuicios que sustentan la discriminación y la iniquidad.


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