Educación cívica: el debate entre el republicanismo y el liberalismo

Aunque suene a estas alturas como un simple lugar común, no está de más repetir una vez más que no puede haber democracia, digna de ese nombre, sin demócratas

No comenzamos a ser hombres más que después de ser ciudadanos. 
J
.J. Rousseau, EL CONTRATO SOCIAL 

Uno de los problemas al que se le ha prestado menor atención en las discusiones sobre la transición, la consolidación o la llamada “calidad” de los regímenes democráticos es el de la educación cívica.

Quizá porque la noción “educación cívica” remite casi instantáneamente a las aburridas clases de civismo de la escuela secundaria; quizá porque se ha asociado, maliciosamente, al civismo con nuestra historia de bronce llena de héroes y de villanos; o quizá porque la agenda de la cultura cívica ha quedado reservada a los profesionales de la ciencia de la política.

Lo cierto es que la educación cívica, o educación democrática, no ha ocupado un lugar destacado en nuestros afanes democratizadores de los más recientes decenios. El interés se ha concentrado en México, por el contrario, en la reforma y construcción de instituciones, normas y procedimientos en clave democrática. La educación para la ciudadanía, salvo honrosas excepciones, ha brillado por su ausencia en las prioridades de instituciones gubernamentales y en la agenda de actores políticos y sociales. 

En este breve ensayo queremos remar a contracorriente, es decir, destacar la importancia de la educación cívica en las sociedades democráticas. Lo hacemos no porque deseemos obtener una carta de buena conducta o una medalla al mérito ciudadano, nada de eso, sino porque tenemos la sospecha (en otros lugares le llaman hipótesis) de que no puede haber sociedad democrática sin paideia democrática. 1  

Supongamos por un momento –nos invita a imaginar Castoriadis (1995)–, que una democracia completa y perfecta, con las mejores leyes y las mejores instituciones, nos cayera milagrosamente del cielo.

Esa democracia –esas leyes y esas instituciones perfectas–, no podría durar unos cuantos años, si no procrea individuos que le correspondan, que sean, primero y ante todo, capaces de hacerla funcionar y de reproducirla.  

En efecto, las leyes y los procedimientos no son entidades autosuficientes y autoreferentes, sino deben ser aplicados por seres humanos de carne y hueso. Y deben aplicarlos según su “letra” y su “espíritu”. Si esos seres humanos no existen, si esos individuos efectivos no están dados de antemano, si cargan tras de sí sus múltiples historias y pasiones particulares, la sociedad en su conjunto debe hacerse cargo de cultivarlos, de formarlos, en fin, de educarlos.

Aunque suene a estas alturas como un simple lugar común, no está de más repetir una vez más que no puede haber democracia, digna de ese nombre, sin demócratas. Sin ellos puede existir, ciertamente, una democracia de baja intensidad o calidad, pero ésta con el paso del tiempo degenerará seguramente en su contrario: oligarquía o tiranía.

La corrupción de un régimen político, recordemos, comienza con la corrupción de su principio político, vale decir, del resorte que le ofrece oxígeno día a día. Sin una ciudadanía fuerte, activa y participativa en la esfera pública, entonces la democracia estará próxima a fallecer. 

En este trabjo abordaremos dos modelos normativos sobre la educación cívica: el modelo republicano y el modelo liberal. Algunas preguntas clave guiarán nuestra reflexión: ¿cuál es la idea de ciudadanía que defienden ambas tradiciones políticas?, ¿cómo conseguir ciudadanos virtuosos?, ¿cuáles son las virtudes que los ciudadanos de nuestro tiempo deben adquirir y desarrollar?, ¿qué papel juega la educación cívica en ambas tradiciones?, ¿qué tipo de educación cívica deben recibir los ciudadanos?

Con estas preguntas en la mente, estudiaremos en un primer momento los supuestos principales del modelo republicano de educación cívica, para posteriormente, en un segundo momento, abordar las premisas centrales del modelo liberal de educación democrática.

Finalmente, y a manera de conclusión, expondremos algunas paradojas y dilemas a los que se enfrentan ambos modelos normativos de educación cívica y una posible vía de solución de los mismos. 

EL MODELO REPUBLICANO DE EDUCACIÓN CÍVICA 

El republicanismo es una tradición política antigua 2 que asume el compromiso, entre otras cosas, de educar buenos ciudadanos. La salud de la República está directamente asociada a la fortaleza y bondad de los ciudadanos. La tradición republicana sostiene un modelo de ciudadanía sustentado en las ideas  fuerza de participación y de deberes y virtudes cívicas. 3 

El núcleo de la ciudadanía republicana se encuentra en el conjunto de asociaciones autónomas y esferas públicas creadas por los ciudadanos. Desde esta singular mirada, la mejor manera de crear orden social y de evitar posibles disoluciones sociales debido a las ambiciones ilimitadas y egoístas de los individuos, es mediante la participación activa y permanente de los ciudadanos en los asuntos de interés común.

La función básica del ciudadano no es pre-política, post-política, meta-política ni a-política, sino propiamente política. Se trataría, en pocas palabras, de crear los medios institucionales y las prácticas cívicas que permitan controlar el conflicto y la asimetría de las relaciones sociales. 

En esa empresa de corte conciliador, las leyes y los deberes ciudadanos juegan un papel fundamental. Para los republicanos, son las leyes y no los hombres quienes expresan el consenso entre las distintas clases y grupos sociales que conforman el pueblo ciudadano y que conducen al bien común de toda la sociedad.

Los ciudadanos se reconocen entre sí como iguales, no porque tengan necesariamente una igualdad de bienes materiales o espirituales, sino porque son iguales frente a la ley. La asimetría social de las clases y de los grupos sociales se traduce, entonces, en simetría política ciudadana.

El gobierno del y para el pueblo ciudadano es sinónimo del gobierno de la ley basada en la búsqueda del bien común. Al mismo tiempo, la relación entre el Estado y los ciudadanos, y entre los ciudadanos entre sí, tiene que construirse sobre bases diferentes, si lo que se quiere, a final de cuentas, es disuadir el conflicto social. 

La ciudadanía no sólo proporciona al individuo determinados derechos vinculados a la libertad civil y política, sino también, y sobre todo, le exige asumir determinados deberes que trascienden el mero respeto a los derechos de los demás. Deberes que están vinculados con un compromiso claro y abierto relacionado con los intereses fundamentales de la comunidad en su conjunto.

A fin de realizar esos intereses fundamentales, a fin de vivir de acuerdo con el bien común, los ciudadanos deben compartir un cierto ethos, es decir, ciertos valores, costumbres, concepciones sustantivas del bien, las clásicas virtudes que hoy son llamadas virtudes cívicas.

En clave republicana, las virtudes o hábitos del corazón (Tocqueville) deben priorizarse sobre la estructura institucional y jurídica. Las leyes e instituciones políticas (gobierno, parlamento, etcétera), por más importantes que sean, no pueden garantizar por sí mismas un Estado que atienda el bien común.

Se requiere, principalmente, de la presencia de virtudes cívicas entre las personas. Dentro del catálogo de virtudes cívicas destacan: la igualdad, la fraternidad, la simplicidad, la prudencia, la honestidad, la frugalidad, el patriotismo, la sobriedad, el amor a la justicia, la austeridad, la generosidad, la solidaridad y, en general, el compromiso con la suerte de los demás. 4  

Ahora bien, el ciudadano virtuoso que defiende el republicanismo no está dado de antemano, ni es fruto de la generación espontánea o de las leyes de la naturaleza. Tampoco es obra de la “mano invisible” o del “dejar pasar, dejar hacer”, de matriz liberal. Por el contrario, para el republicanismo el ciudadano virtuoso no es un a priori sino un a posteriori, no es natura sino artificio.

De aquí que el Estado moderno no pueda mantenerse neutral frente a las concepciones concretas del bien que posean los individuos singulares –como supone el liberalismo–, sino deba cultivar en éstos la práctica de ciertas virtudes cívicas. Por ello, defiende la idea de un Estado activista e intervencionista en materia moral que cultive las virtudes cívicas entre sus ciudadanos.

¿Cómo lleva a cabo esta tarea pública? La realiza de diferentes maneras, 5  pero principalmente mediante la educación pública y cívica. No son la familia o la comunidad territorial las sedes privilegiadas para construir ciudadanía, sino esta actividad descansa principalmente en el Estado.

La familia es   la sede de los intereses privados, es el mundo de la necesidad, mas no de la libertad. El Estado republicano, en consecuencia, está obligado a impartir educación cívica, tanto a los niños y jóvenes durante su formación escolar, como a los ciudadanos adultos de forma permanente. 

Su compromiso primero y último es formar auténticos y buenos ciudadanos. Cosas todas ellas imposibles de lograr si no es empezando desde la educación; empezando desde el comienzo a educar ciudadanos auténticos, verdaderos sujetos morales, dispuestos a obrar bien, a pensar bien y a compartir con otros acción y pensamiento. 

¿Cuáles serían los ejes de esta educación cívica, que es educación moral, en el más amplio sentido de la palabra? Adela Cortina (2003: 258) propone que la educación en general, y la educación cívica en particular, debe sustentarse en tres ejes centrales: “[…] el eje de lo que vamos a llamar conocimiento, la transmisión de habilidades y conocimientos para perseguir cualesquiera metas; la prudencia necesaria para llevar adelante una vida de calidad, si no una vida feliz; y la sabiduría moral, en el pleno sentido de la palabra, que cuenta con dos lados esenciales, justicia y gratuidad” (cursivas de la autora).

El eje del conocimiento ayudaría a formar ciudadanos que cuenten con habilidades y conocimientos que les permitirían no solamente abrirse un buen camino de vida, sino también tener mayores capacidades para aprovechar sus recursos materiales y ser menos permeables al engaño y la estafa.

El eje de la prudencia contribuiría a crear ciudadanos que tengan una alta calidad de vida, la cual está asociada no a la cantidad de bienes materiales que posean sino a la suficiencia sobre los mismos. Entre el exceso y el defecto, la prudencia es el arte de optar por la moderación, propio de las virtudes clásicas. 

Finalmente, el eje de la sabiduría moral coadyuvaría a forjar ciudadanos cuyo comportamiento vaya más allá del cálculo y la prudencia, y que sean capaces, por tanto, de conducirse en su vida pública mediante un sentido de la justicia (dar a cada uno lo que le corresponde) y un sentido de la gratuitad (compartir bienes de gratuidad que nunca pueden exigirse como un derecho: consuelo, esperanza, sentido, cariño, ternura, piedad, etcétera).   

II. EL MODELO LIBERAL DE EDUCACIÓN CÍVICA 

A diferencia del republicanismo, el liberalismo es una tradición política moderna 6  que tiene una noción débil de ciudadanía. La tradición liberal defiende un modelo normativo de ciudadanía sustentado exclusivamente en la figura de los derechos.

El estatus de ciudadano hace acreedores a sus titulares a determinados derechos, especialmente dos tipos de derechos que, históricamente, se han establecido de forma sucesiva: a) derechos civiles, o los derechos necesarios para la libertad individual: libertad personal, de pensamiento y expresión, propiedad, etcétera; y b) derechos políticos, es decir, el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o como elector de sus miembros. 7  

Elcomponente cívico o civil de la ciudadanía consiste en el conjunto de derechos individuales (propiedad, comunicación, religión, reunión, asociación, manifestación, creencia, asamblea, etcétera) que garantizan formas de acción ciudadana autónomas respecto al Estado.

Se trata de libertades llamadas “negativas”, derechos de libertad individuales, que se afirman precisamente no en el Estado, sino frente o contra el mismo.

Su función, entonces, consiste en estabilizar a lo largo del tiempo el proceso de diferenciación entre el individuo y el Estado. El componente o la fase política de la ciudadanía, por su parte, se refiere a los derechos políticos de igual participación en el ejercicio del poder colectivo.

El conjunto de estos derechos implican tanto la participación indirecta en el gobierno representativo por medio del derecho al sufragio, 8  como los derechos para influir en las decisiones políticas. 

La actitud del ciudadano liberal, como titular de derechos y de autonomía moral (el sapere aude kantiano), frente a la política es más bien negativa y defensiva. El ciudadano liberal demanda ante todo un ámbito de libertad negativa dentro del cual pueda gozar de autonomía para atender su propio interés.

Sus deberes cívicos son mínimos: respetar los derechos ajenos y obedecer la legalidad que los preserva (Peña, 2003: 236). Las obligaciones que puede tener el ciudadano para con el Estado tienen como límite infranqueable la autonomía moral del individuo y la supremacía  de sus derechos privados, especialmente el de propiedad.

Los individuos se comportan fundamentalmente en el ámbito privado buscando maximizar sus intereses privados. Cuando éstos deciden participar en la esfera pública, sus formas de coordinación están basadas en cálculos estratégicos, 9  es decir, en cálculos de individuos “racionales” movidos por el interés propio.

Sus formas de acción colectiva son posibles si y sólo si los incentivos selectivos (reglas del juego e instituciones) son correctos y el problema del free-rider se encuentra bajo control. 10  De suerte que la ciudadanía es estudiada en términos de individuos particulares que estratégicamente comparan los costos y beneficios de su participación en la acción colectiva (Munck, 1995: 19).

El liberalismo, en consecuencia, tiene expectativas débiles respecto a los deberes de los ciudadanos y su compromiso con la comunidad política. De ahí que no es una condición necesaria de la democracia liberal que los ciudadanos sean virtuosos.

En todo caso, la tradición liberal prioriza las virtudes institucionales del sistema legal e institucional (federalismo, división de poderes, descentralización, transparencia, rendición de cuentas, etcétera) por sobre las virtudes cívicas de los individuos singulares. 11  

Este individualismo metodológico tiene como correlato un Estado abstencionista o neutral tanto en la esfera económica como en la ideológica-moral. En la esfera económica, el Estado liberal es abstencionista ya que deja el mercado al libre juego de las fuerzas económicas. 

En el terreno ideológico o moral, por su parte, es un Estado que se comporta de manera neutral frente a las concepciones concretas del bien que posean los individuos singulares. De ahí se explica en buena medida que el Estado liberal no se proponga como un compromiso fuerte el educar buenos ciudadanos.

A diferencia del republicanismo, los liberales defienden un programa de educación cívica menos ambicioso, más realista y menos romántico, si se quiere. Desde su óptica individualista, el Estado liberal-democrático no precisa de ciudadanos virtuosos y comprometidos con el bien común, sino más bien de buenas leyes y buenas instituciones.

Si los ciudadanos son virtuosos o corruptos, si los seduce el cielo de la virtud o el infierno del vicio, es un asunto de menor importancia, de estricto interés personal, ya que lo decisivo es que las instituciones políticas sean eficaces y las leyes civiles y políticas correctas.

Las democracias liberales, sostiene el credo liberal, no requieren de pedagogos y moralistas que transmitan a los ciudadanos las virtudes de la educación cívica, sino de ingenieros y técnicos que pongan el acento en la precisión de la arquitectura constitucional. 

La educación cívica el individuo no depende, en primera instancia, del Estado sino, en todo caso, de la familia, el núcleo básico de la educación moral de los individuos. En consecuencia, la educación cívica que impartiría el Estado liberal-democrático se limitaría a divulgar entre los ciudadanos el catálogo de sus derechos civiles y políticos.

Poco acento pondría en las obligaciones de éstos para con la comunidad y el interés general. Incluso, las versiones más radicales y conservadoras del liberalismo, los llamados “libertarios” a la Nozick, sostendrían que el Estado no estaría obligado a brindar educación pública a los niños.

Tampoco podría definir autónomamente los contenidos del currículo escolar en la educación básica, media y superior. Esa sería una facultad que descansaría, exclusivamente, en los padres de familia.

Ellos tendrían en todo momento la absoluta libertad de decidir dónde, cuándo, cómo y qué podrían o no estudiar sus hijos. Nadie más. 12  Toda intervención del Estado, así sea mediante la educación pública, sería violatoria de sus garantías individuales. 

III. A MANERA DE CONCLUSIÓN 

El tema de la educación cívica ocupa un lugar diferente en las tradiciones republicana y liberal de la política. Mientras en el republicanismo la educación democrática es fundamental para cultivar ciudadanos dotados de virtudes cívicas que les permitan anteponer los intereses generales de la comunidad por encima de sus intereses particulares, en el liberalismo la educación cívica es secundaria, ya que los deberes ciudadanos –y sus correspondientes virtudes cívicas– están subordinados a los derechos civiles y políticos de los individuos y a la construcción de virtudes institucionales: separación de poderes, federalismo, rendición de cuentas, transparencia, etcétera.

El problema, entonces, se reduce –creo– a la siguiente pregunta canónica: ¿deberes del ciudadano o derechos del individuo? Este dilema nos conduce, a su vez, a otras interrogantes clave: ¿qué función sustantiva debe desempeñar el Estado en las sociedades modernas: cultivar las virtudes cívicas entre sus ciudadanos mediante el proyecto de educación cívica, o defender los derechos del individuo mediante la ley?, ¿puede cumplir ambas funciones al mismo tiempo?, ¿en dónde poner la línea divisoria?

Si el Estado elige cultivar las virtudes cívicas de sus ciudadanos a través de un proyecto fuerte de educación cívica, como plantea el republicanismo,  la consecuencia puede ser la violación de los derechos de los individuos. 

Si, por el contrario, el Estado escoge respetar los derechos de los individuos, como sugiere el liberalismo, el resultado puede ser la desaparición de las virtudes cívicas de los ciudadanos y, por tanto, la corrupción del Estado.

El problema, en todo caso, radica en encontrar el justo medio aristotélico entre las “virtudes republicanas” del ciudadano y los “derechos liberales” del individuo. Si la balanza se inclina irreversiblemente hacia el mundo de las virtudes cívicas, el primer damnificado sería el individuo. Si, por el contrario, se pone el acento de forma definitiva en el complejo de derechos individuales, el Estado sería el primer sacrificado. 

Una posible vía de solución provisional a este dilema aparentemente irresoluble se encuentra en la construcción de un proyecto de educación cívica republicano-liberal que asuma una correspondencia mutua entre derechos y deberes.

Dicho proyecto pedagógico, como señala Victoria Camps (2003: 253), se sustentaría en valores como la autoconciencia, el autodominio, la voluntad de compromiso, la apertura al cambio, el apoyo a la idea pública de justicia.

Con ellos, el individuo no podría mostrarse indiferente frente a los demás ni tampoco acabaría perdiendo su singularidad. Si este proyecto educativo adquiriera carta de naturalidad, la figura del individuo liberal acabaría reconciliándose con la del ciudadano republicano, abriendo así un nuevo horizonte de creación e innovación en las sociedades democráticas.


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