Dos siglos de derechos humanos. Atajos y retornos de un viaje inconcluso

Si el tiempo oculta y separa, diversifica, analiza y abre a la vez, quizá quiera decir que el tiempo sea camino no sólo para marchar en él, sino para conocer en él, para conocerse en él. 

María Zambrano 

Nací en 1984, el año en que debía cumplirse la profecía distópica de Orwell. A lo sumo, el panóptico omnipresente del Estado se atomizó en una serie variopinta de caleidoscopios: la fragmentariedad (del sentido, del poder) comenzó a escalar puestos como signo de los tiempos; la ideología dominante, invisible como la llamó alguna vez Claude Lefort, consiguió diluir las oposiciones características del orden mundial de la postguerra (entre otras, las de las ideologías); lo nacional comenzó a disolverse en identidades sub- alternas; y la crisis económica se ahondó, reacomodando las piezas en el mapa de la división internacional del trabajo.

Hacía veintidós años que la palabra globalización había aparecido y no terminaba de encuadrar en las agendas: Berlín tenía muro, Checoslovaquia y Yugoslavia constaban en los mapas (también el comunismo) y Gorbachov iniciaría, en 1985, el viraje hacia la perestroika (1986) y la glasnost (1988).

Hacía 1989 las cosas tomaron un curso más evidente: cada fragmento del poder, privatizado o no, demandó en lo sucesivo sus fueros en el (des) concierto de la globalidad.

A la postre, en las sociedades capitalistas occidentales, con sus oleadas de masificación, consumo, estandarización de procesos e instituciones y reformas estructurales, parecería que vivimos atrapados en una red de micro-sociedades que se observan permanentemente a sí mismas, aspiran a cierto control de las formas de vida e identidad de sus miembros, de su entorno y, aunque el epíteto de totalitarias pudiera serles excesivo, el de democráticas tampoco encaja del todo en su descripción (ahí están algunas corporaciones transnacionales, algunos organismos económicos internacionales, algunos think tanks de políticas públicas y finanzas, o aún esas pequeñas comunidades –casi todas pintorescas– llamadas tribus urbanas).

¿Cómo impactan  estos  nuevos actores, estas nuevas simetrías de poder o estas dinámicas sociales de escala mundial en la labor de pensar y practicar los derechos humanos en el siglo XXI? De eso hablaré en este artículo (hasta donde el espacio me permita).

Para ello no tengo otro remedio que sobrevolar los tiempos en que los derechos humanos nacieron, así como las rutas de viaje que tomaron a través de los mapas de la democracia liberal y el capitalismo, hasta llegar al momento actual. 

Derechos humanos y vicisitudes de la ciudadanía

Immanuel Wallerstein reduce a tres las ideologías con que los modernos confrontaron el cambio de la visión del mundo tras la Revolución Francesa: conservadurismo, liberalismo y socialismo.

Los conservadores buscaban reinstaurar el Antiguo Régimen o, a lo sumo, controlar los efectos de las transformaciones modernas; los socialistas buscaban, en cambio, acelerar la instauración de los cambios, mientras los liberales, por su parte, se asumieron como la vía media a favor de una modernización a la velocidad correcta, proceso que debía ser emprendido racionalmente por los técnicos y los especialistas capaces de perfeccionar y reformar el sistema (Wallerstein, 2003: 75-80, 147-155).

De las tres, la ideología que propugnó y defendió el desarrollo del primer cuerpo de derechos humanos (los civiles y políticos) fue el liberalismo, quizá porque éstos eran inextricables a la pretensión prescriptiva del proyecto ilustrado de la modernidad, más avenido a la ideología liberal, que asumió como centro de su visión del mundo la subjetividad y la individuación, acaso también porque representaban, como los caracterizó Marx, los derechos de la nueva clase social en el poder: la burguesía. Gradualmente, como narra Zygmunt Bauman, la modernidad despojó al hombre de sus particularidades para reducirlo a la que suponía era “la esencia humana”: el ser moral independiente, autónomo y esencialmente no-social.

Por ello, la emancipación moderna consistía, en buena medida, en la destrucción o neutralización de todos los pouvoirs intermédiaries (en cualquiera de las variantes de “costumbre” y “tradición” antiguas), es decir, los poderes “particularizantes” que estorbaban la labor del poder “universalizante” del Estado moderno (Bauman, 2006: 96).

Sin embargo, esta persona humana no era precisamente la “cosa en sí misma” kantiana, sino el titular de determinados derechos civiles y políticos, cuyo goce y disfrute dependían del cumplimiento de los requisitos de la ciudadanía.

Efectivamente, en la medida en que la persona no podía desarrollar sus potencialidades autoconstructivas (liberalismo alemán), ni encontrar un medio propicio para ejercer sus libertades políticas sin sucumbir a la dictadura de la mayoría (liberalismo francés), ni ir sin intervenciones en pos del progreso material (liberalismo inglés), la metamorfosis del individuo en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen, merced del reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano al finalizar el siglo XVIII, debió experimentar más o menos las siguientes fases:

1) De súbdito del rey y miembro de la comunidad cristiana universal

2) Titular de derechos civiles y políticos oponibles ante los poderes temporales por el simple hecho de ser hombre

3) Ciudadano titular de estos derechos en el ámbito de una comunidad política culturalmente uniforme, administrativa- mente centralizada e identitariamente delineada, que es el Estado-nación moderno (Wallerstein, 2003: 154-156).

En  el centro de  estas  relaciones entre ciudadano, comunidad y Estado, los regímenes democráticos modernos colocaron dos nociones que conforman la autocomprensión normativa de los Estados constitucionales hasta la actualidad: los derechos humanos y la soberanía popular (Habermas, 1994: 215).

El papel de los derechos humanos en la nueva relación individuo-poder político era justamente la de proteger al primero de las arbitrariedades del segundo, a la vez que habilitarlo para participar en la autorrealización de la comunidad política, es decir, para ejercitar con otros ciudadanos la soberanía popular.

Como comenta Hannah Arendt, a lo largo del siglo xix los derechos contenidos en textos tales como la Déclaration des Droits de l’ Homme et du Citoyen se convertirían en “inalienables, irreducibles e indeducibles de otros derechos o leyes”, a fin de ser invocados por los individuos para protegerse de “la nueva soberanía del Estado y la nueva arbitrariedad de la sociedad”.

Sin embargo, pese a que se concebía al hombre –sin más– como fuente y objetivo último de los derechos recientemente reconocidos y, por consiguiente, éste aparecía como el único soberano en cuestiones de ley, al mismo tiempo el único en cuestiones de gobierno era “el pueblo”, cuya soberanía fue proclamada justamente en nombre de la humanidad.

La relación hombre–pueblo en la lógica de los derechos nacionales resultaba así paradójicamente complementaria: sin ciudadanía, sin una comunidad política a la que pudiera subsumirse al hombre, no había garantías para la protección de sus derechos (aunque no hubiera más remedio que confiar esa protección al Estado y la comunidad, es decir, a aquéllos contra los cuales los derechos pretendían oponerse).

Estas complicaciones, acaso insalvables en términos lógicos son, sin embargo, ineludibles cuando se repara en la condición de que cualquier derecho precisa de “una comunidad que quiera y pueda garantizar cualesquiera derechos” e incluso “el derecho a tener derechos”, es decir, reconocer en cada individuo una persona igual a cualquiera otra en términos jurídicos.

La igualdad no es una cosa dada, no es un derecho que emane de la naturaleza, sino que “llegamos a ser iguales como miembros de un grupo por la fuerza de concedernos mutuamente derechos iguales” (Arendt, 2004: 368-381).

Actualmente,  sin  embargo, este pacto liberal de la modernidad entre un aparato estatal contenedor, una comunidad cultural inequívoca y fronteras claras (y a menudo conflictivas) entre Estado, sociedad civil y mercado se encuentra sometido a un proceso de debilitamiento.

El componente tecnócrata-elitista que acompañó a las democracias liberales, al menos desde la segunda mitad del siglo XX, con el consecuente vaciamiento del discurso de las instituciones públicas y políticas en las “democracias” de procedimiento y competencia entre élites, alentó la apatía política de una porción amplísima de ciudadanos.

Además, la tendencia hegemónica de la globalización –identificada con un consenso neoliberal– acelera por su cuenta el proceso de privatización de todos los espacios otrora públicos o sociales del mundo, construyendo ámbitos “comunes” que ya no se corresponden plenamente con la asociación clásica: común-público/no común-privado.

En ese contexto, la titularidad de los derechos humanos por parte de los individuos, y la tutela estatal de los valores jurídicos contenidos en los derechos, tiende a prescindir de la ciudadanía como presupuesto lógico de éstos. El individuo adquiere otras lealtades con arreglo a sus nuevas especificidades (feminista, ecologista, miembro de alguna minoría, etcétera) que complican el concepto de ciudadano de una comunidad política.

Ahora vivimos una efervescencia de individuos con ciudadanías múltiples que coexisten entre sí y cuyo elemento cohesionador puede ser una red identitaria, un diálogo transcultural –o nada–, pero ya no en todos los casos el Estado-nación.

En muchos de los registros de la posmodernidad, liberales y socialistas se han quedado a la zaga frente a los conservadores: en muchos sentidos retornamos al estatus premoderno de relación individuo-poder político (salvo por el hecho de que los feudos, el absolutismo, la servidumbre y el cristianismo han sido reemplazados por el mercado competitivo, el elitismo, el individualismo y el consumo masificado). 

El capitalismo y la escisión de los derechos

Además de  los derechos  civiles  y  políticos,  existe otro conjunto que se ha rotulado como bajo los siguientes rubros: económicos, sociales y culturales. La escisión de estos en dos grandes cuerpos responde a la compleja historia de la construcción de los discursos de los derechos humanos.

Una pieza clave en esa historia es la gradual evanescencia de la comunidad y sus deberes, que el liberalismo minó sistemáticamente a lo largo de los siglos XIX y XX, a favor de una sociedad capitalista de intereses y beneficios individuales.

La revolución industrial expresó esta bifurcación del sentido del individualismo moderno bajo la fórmula “la emancipación de algunos exigía la represión de otros”, lo que hoy se ha hecho axioma económico en la formulación de los óptimos de Pareto.

De esta fórmula quiere dar testimonio la masificación del proletariado y su enajenación con respecto a los bienes y frutos de su trabajo, objetivo de la nueva clase industrial burguesa, “emancipada” y “autoafirmada” ante la comunidad.

Por virtud de esta operación, los lazos familiares, emocionales y de vecindad, creadores de roles y pautas comunitarias, fueron sustituidas por las rutinas del trabajo asalariado.

Simplificando un poco las cosas, puede afirmarse que el capitalismo moderno estableció un sistema que garantizara la eficacia de su dominación, consistente en: 1) la organización fabril y la homogeneización del obrero y la máquina, en lo económico; y 2) la organización burocrática del Estado en lo político (Bauman, 2003: 29-39).

Así, el capitalismo consiguió socavar el fundamento comunitario de la igualdad, frustrando de facto las posibilidades de todos de gozar y disfrutar de los derechos humanos.1

Fruto de esta contradicción básica de la modernidad fueron los movimientos sociales de Europa a partir de 1848, que propugnaron por la ampliación del conjunto de derechos sociales y económicos insinuados ya en la Declaración de 1789.

Si consideramos que el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y otros grupos sociales oprimidos fue tardío (el primer país que los incorporó en su Constitución fue México, en 1917, y sólo dos años más tarde lo haría una república europea, la de Weimar, sustituida por el Tercer Reich, en 1933), la pugna ideológica y política entre capitalismo y socialismo no bajaría de tono sino hasta nuestros tiempos.

En términos de la construcción del discurso de los derechos humanos, estas pugnas, cuyo destino desembocó en la Guerra Fría, dieron pie a la escisión entre los derechos civiles y políticos, por un lado, y los económicos, sociales y culturales, por el otro.

De este modo, mientras que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, los derechos se encontraban reunidos en un mismo documento, ante la necesidad lógica de que estos contaran con un correlato de deberes de los Estados que permitieran garantizar su protección y promoción, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU promovió la elaboración de un pacto o convención que dotara de fuerza vinculante al articulado de la Declaración, superando así sus debilidades jurídicas de origen.

Sin embargo, este propósito tuvo un largo camino, que se prolongó por 27 años, y finalmente se frustró, toda vez que la convención esperada terminó en dos pactos internacionales de libre adhesión por parte de los países miembros de la Asamblea General: el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, cuya proporción de adhesiones requerida (el 50 por ciento de la Asamblea) se alcanzó hasta 19762 (González, 2002: 205-209).

Aunque una persona difícilmente puede ser sujeto de derechos civiles y políticos (DCyP) si no disfruta de los económicos, sociales y culturales (DESC), razón que inspira las cualidades de indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos, la escisión responde fundamentalmente a los mecanismos de dominación, orden y entramados de poder de los vencedores de la II Guerra Mundial, los bloques socialista y capitalista.

Los primeros se mostraron incómodos ante los deberes correlativos a los DCyP  (la libertad de expresión, la religiosa, etcétera), mientras los segundos, ante los DESC (el derecho de huelga, las vacaciones pagadas, la seguridad social, etcétera).

Tras el fin de la ex Unión Soviética, la escisión sigue siendo efectiva para las grandes potencias capitalistas, lo que se ve reflejado en la desigualdad norte-sur y, en general, en los rasgos de dominación, explotación y conflicto que caracterizan la globalización neoliberal. No es un dato menor el hecho de que la potencia que ha liderado ese discurso hegemónico, Estados Unidos, no haya ratificado a la fecha el PIDESC. 

Los derechos y la globalización

El fortalecimiento de  los sistemas e instrumentos de protección internacional de los derechos humanos se ha visto condicionado por los vacíos de responsabilidad estatal y la falta de voluntad política de los poderes globalizados, lo que explica la conveniencia de la escisión para dichos poderes (y, seamos francos, de algún modo también la aterciopelada forma de simular un respeto de los derechos por medio de documentos, recomendaciones y agencias públicas frecuentemente ornamentales).

Pese a que el derecho internacional de los derechos humanos parece incrementarse en declaraciones, protocolos y pactos, el acento jurídico en la globalización, lejos de favorecer un cosmopolitismo legal de los derechos humanos o a cristalizarse en instituciones propicias a la legalidad, provistas de un carácter jurisdiccional preciso que no compita con soberanías horizontal o verticalmente, está más bien encaminado al estable- cimiento de un “sistema dualístico de justicia”, en el cual hay, por un lado, una “justicia sobre medida”, confeccionada –dice Danilo Zolo– por los detentadores del poder económico, y por la otra, una “justicia de masas” para el resto  (Zolo, 2004: I).

De ahí que la respuesta a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, merced de la nueva escala del problema, tienda también a globalizarse a su manera. Así, por ejemplo, se ha dado nueva atención a los actores que han adquirido poder al margen y en ocasiones por encima de los Estados, por ejemplo, las corporaciones transnacionales.

Se ha insistido en el fortalecimiento del Estado para regular las actividades de estos actores en lo concerniente a la materia, esto es, incorporar la perspectiva de los derechos humanos a la política económica, social y del trabajo, entre otras medidas.

De esta especie, diversas iniciativas sociales mundiales a favor del comercio justo, del desarrollo sustentable, del respeto de los derechos civiles o a la coexistencia pacífica, entre otras experiencias, se multiplican cada día, con menor o mayor éxito.

A la luz de estas ambivalencias en la globalización, arduamente podría hablarse de una univocidad de discurso o de sentido en la construcción internacional de los derechos humanos; más bien, parecería que el eje de acción y reflexión sobre los derechos humanos en la globalidad es el de los poderes –legales, ilegales o extralegales; públicos, sociales o privados– que concurren y compiten entre sí alrededor, al margen o a pesar de los mismos derechos.

De ahí la pertinencia de distinguir varias globalizaciones (la económica, la social, la política y la cultural), y, en y entre éstas, varios discursos y conflictos estructurales de la globalidad.

Uno de esos discursos asume que la globalización es una doble interacción de 1) universalización y eliminación de fronteras nacionales (por ejemplo, en los intercambios comerciales y de flujos de información); y 2) particularismo, diversidad local, identidad étnica y retorno a la comunidad.

En las mediaciones de esta tensión básica de la globalización puede identificarse un consenso relativamente hegemónico en torno a una agenda de intereses preponderantemente económicos y políticos, que Boaventura de Sousa Santos denomina consenso neoliberal, así como la concurrencia de tres tipos de conflictos estructurales, correspondientes a tres grandes grupos de actores globales:

1) Luchas interestatales por la posición relativa en el sistema mundial, operadas por los Estados, las organizaciones internacionales, las instituciones financieras multinacionales y los bloques regionales (TLC, Unión Europea, Mercosur, etcétera), cuyo poder se basa en los intercambios desiguales de prerrogativas de soberanía, y que derivan en una diferenciación entre sus actores en centros, periferias o semiperiferias

2) Luchas de clases por la apropiación o la valorización de recursos mercantiles, operadas por las empresas multinacionales, cuyo poder se basa en los intercambios desiguales de recursos y valores mercantiles, marcados por lógicas intereconómicas de integración/desintegración e inclusión/exclusión, y que derivan en una diferenciación entre sus actores en globales o locales

3) Luchas de grupos sociales por el reconocimiento de la diferencia, experimentadas por organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, redes y flujos de migrantes, cuyos conflictos se orientan sobre el eje de los intercambios desiguales de identidades y de culturas transnacionales, y cuyos agentes cuentan con los derechos humanos entre sus reivindicaciones e instrumentos (Santos, 2003: 167-170; 200).

La complejidad que estos conflictos estructurales importan a los derechos humanos está relacionada no sólo a los derechos que cada tipo de actor esgrime contra el otro, sino el discurso y la intencionalidad del discurso esgrimido.

En este sentido, los derechos humanos pueden proteger tanto la integridad física o moral de las mujeres islámicas ante un abuso en la interpretación de la Shariah o a los campesinos tropicales contra los oligopolios transnacionales, así como “legitimar” el ilegitimable “ataque preventivo” contra Iraq de 2003 o servir como una herramienta de chantaje político-comercial de la Unión Europea contra alguno de sus socios.

En ese último sentido, como alerta lúcidamente Slavoj Žižek, la despolitizada política humanitaria de los “derechos humanos” es la ideología del intervencionismo militar que sirve a propósitos específicamente económico-políticos (Žižek, 2005: 193-194).

Aparejados a estos conflictos estructurales globales, los derechos humanos y la globalización interactúan conflictivamente en la arena interna de los Estados en, al menos, tres ámbitos, consecuencia de la crisis de la modernidad, a saber:

1) Tensión entre la regulación social y la emancipación social

2) Tensión entre el Estado y la sociedad civil, consistente en la indeseabilidad de la injerencia del Estado en lo tocante a DCyP, no así en lo relativo a DESC y derechos de grupos específicos (los cuales demandan la acción estatal en la regulación de la opulencia y las políticas de fomento y desarrollo)

3) Tensión entre Estado nación y globalización, en la cual la pérdida de regulación estatal podría desplazar las emancipaciones sociales a lo global (Santos, 1998: 346, 347).

En este contexto, el cumplimiento de los deberes de los Estados en la promoción y res- peto de los derechos, se ha visto complicado por su debilitamiento regulatorio y fiscal (y, sobre todo, por su falta de voluntad política), en tanto la democracia se ve cuestionada, se despolitiza, se va que- dando sin ciudadanos (para comodidad de los grupos dominantes) y la justicia tiene los ojos vendados para los derechos distintos a los de propiedad o de la lex mercatoria.

El globalismo neoliberal no ha significado el fin de la opresión del gobierno sobre la sociedad civil, sino el debilitamiento de las garantías públicas de mediación entre los poderes privados y los individuos económica y socialmente más débiles.

El discurso del consenso neoliberal ha vaciado de contenidos políticos la experiencia y reflexión de los derechos humanos, dejando al individuo inerme ante la desigualdad, que es una desconsideración del hecho de que la igualdad es un reconocimiento recíproco de las personas.

Por ello, ante el paisaje de injusticia que acompaña al drama de la globalización, se oye decir “otro mundo es posible” entre quienes propugnan por una mundialización alternativa a la que el modelo hegemónico ha delineado.

En este discurso, los derechos humanos serían parte central de un “libreto emancipatorio” cosmopolita, oponible frente al poder (del Estado, de las corporaciones) en lo que éste tiene o puede tener de arbitrario y contrario a la dignidad humana.

En ese otro mundo cabemos todos, dicen sus defensores, caben los derechos humanos y la esperanza de una convivencia mucho más digna, justa, humana, quizá hasta feliz. ¿Será? Además de una indeseable adaptación al globalismo neoliberal, no veo mejores opciones.

No obstante, creo que el discurso alternativista debe despojarse de algunos rasgos ingenuos y de su lógica de resistencia simbólica, para desenvolver el movimiento por medio de estrategias políticamente más profundas y contundentes.

La educación en derechos humanos y las campañas de boicot comercial transnacional (incluyendo la con- formación de redes económicas de base comunitaria) podrían ser un buen inicio.

Las manifestaciones de altermundistas, el Foro Social Mundial y otros entramados de resistencia y/o crítica de la globalidad son ya un medio alternativo de acción, pero no deben sustituir, como un conjunto de micro-sociedades más, el espacio que realmente ha de ocuparnos, que es el de la sociedad y las instituciones políticas.

Tampoco debe ser un conjunto de movimientos masivos, sino que ha de acompañarse de una toma de posición ético-política de cada persona sobre sus actos, en todas sus relaciones y entornos, un discurso siempre compartido.

En esta misma tesitura, quizá una de las tareas principales de cualquier esfuerzo serio en el rubro de la educación en derechos humanos (dentro o fuera de aulas), es justamente el promover la adopción de los derechos como una suerte de ética secular y, más aún, como discurso político emancipatorio (y de inicio deben divulgarse los derechos, porque la cantidad de gente que aún no los conoce es escandalosa).

En  suma, debe  rescatarse  al ciudadano, lo político de la persona, para rescatar los derechos.

El 10 de diciembre pasado se cumplieron sesenta años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, sin ser pesimista, me uno a la celebración sólo por reconocer que ya tenemos una base.

La realidad es que ésta podría ser inútil e incluso corre (otra vez) el riesgo de pervertirse ante los nuevos poderes, sus discursos y sus procedimientos, capaces de violar los derechos con mayor extensión y violencia que en 1948 y, definitivamente, más que en 1789; capaces, asimismo, de simular el respeto de los derechos mientras se invisibilizan sus violaciones. Ese es, grosso modo, el escenario para el siglo XXI.

Con todo, si alguna lección puede dejarnos la historia de los derechos humanos es que su victoria no es ni ha sido nunca definitiva, pero tampoco lo ha sido su derrota.

Mientras haya poder, los contrapesos normativos deben existir (deviniendo así en un poder por oposición). La piedra de Sísifo generacional debe ser llevada de nueva cuenta a la cumbre.

“La vida es este haber de trascender –dice María Zambrano– que se revela como esperanza”. Termino, por tanto, con un ojalá y la invitación a compartirlo.

 

Citas

  1. Este principio ocupa el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”. La segunda parte del artículo es notoriamente opuesto al ideal capitalista de la maximización de la utilidad particular.
  2. Según la página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (actualizada a 2003), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDPYC) cuenta con 157 Estados parte, mientras el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), con 153.

 

Bibliografía

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Habermas, Jürgen (1994), “Derechos humanos y soberanía popular: las concepciones liberal y republicana”, en: Derechos y Libertades: revista del Instituto Bartolomé de las Casas, II (3) mayo-diciembre 1994, Madrid.

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Wallerstein, Immanuel (2003), Después del liberalismo, Siglo XXI y Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM: Colección “El mundo del siglo XXI”, México.

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žižek, Slavoj (2005), La suspensión política de la ética, Fondo de Cultura Económica, México.

Zolo, Danilo (2004), “El espacio jurídico global”, en Memoria. Revista de política y cultura, núm. 185, julio de 2004, México.

 


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