Derecho a la cultura y políticas culturales, bajo el nuevo paradigma de la diversidad cultural

La diversidad cultural está incorporada en la singularidad y pluralidad de identidades de los grupos y sociedades que constituyen a la humanidad

El 30 de abril del presente año quedó aprobada la reforma constitucional que reconoce el derecho a la cultura en la Constitución federal.

Además de que ello responde a los compromisos internacionales adquiridos por México, resulta una oportunidad singular para que reestructure el marco legal de la cultura y pueda aprovechar su megadiversidad como un medio para el desarrollo.

En ese orden de ideas, es oportuno hacer especial hincapié en que el trabajo del constituyente permanente se desarrolla en un momento donde el mundo entero está trabajando en la regeneración de la cohesión y sentido sociales, bajo el impulso de un nuevo paradigma: la diversidad cultural y la economía del conocimiento. 

1. DIAGNÓSTICO MÍNIMO DE LA CULTURA Y SU MARCO LEGAL, EN MÉXICO

El actual texto constitucional utiliza el término patrimonio cultural, de donde aquellos bienes materiales e inmateriales que no se encuadran dentro de alguna de las categorías de monumento arqueológico, histórico o artístico, demandan interesantes ejercicios de argumentación jurídica y presupuestal para su salvaguarda.

De manera sobresaliente, el intento por desarrollar un proyecto para la incorporación de nuestro país a la modernidad durante el siglo xx, sustentado en el argumento de la existencia de una cultura nacional unificada y equivalentemente apropiada por todos los sectores y estratos sociales.

Ello, en un sentido distinto al del reconocimiento que hace la Constitución de la pluriculturalidad de nuestro país (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 2º).

Sin demérito de ese contexto constitucional federal es importante señalar que legislaciones estatales de desarrollo cultural, como las de Coahuila, Michoacán y Sinaloa, incorporan ya algunos principios de las más recientes convenciones de la UNESCO en materia de diversidad cultural y de patrimonio inmaterial; y en el caso de Guanajuato y Michoacán, también le confieren formas específicas de participación a lo municipal.

En el ámbito internacional sobresalen por su relación con el derecho a la cultura, el Tratado para la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de junio de 1946, pues ello vincula a nuestro país con los resultados de los trabajos de esa organización.

También, el pacto internacional de Derechos  Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de mayo de 1981; que en su artículo 15, establece que los Estados Partes en ese pacto, reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural; gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; y que entre las medidas que los Estados deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

Asimismo, podemos citar la Convención Sobre los Derechos del Niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de enero de 1991; que en su artículo 31, fracción 2, nos dice que: “Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.”

Por ota parte, sería insoslayable considerar el valor moral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948; que garantiza a toda persona el derecho a obtener, habida cuenta de la organización del Estado, la satisfacción de sus derechos culturales y a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad.

De lo anterior se desprende que México había estado desde hace largo tiempo obligado a la plena incorporación del derecho a la cultura en la Constitución Federal y –habida cuenta de la organización de nuestro Estado– a reglamentar lo necesario para garantizar su ejercicio y fomentar el desarrollo cultural.

2. CAMBIO DE PARADIGMA

La llamada "guerra fría", durante la segunda mitad del siglo xx, fue también un conflicto entre dos modelos de relación social, divergentes entre sí y que, sin embargo, coincidían en su pretensión de imponerse a escala global.

Es precisamente esa característica la que propició la representación de un mundo en dos partes y la consecuente instrumentación de una geopolítica bipolar.

La caída del muro de Berlín en 1989, fue percibida como la ruptura de la última frontera que impedía que los símbolos y los significados de uno de los modelos de relación social, específicamente el basado en los valores del individualismo, de la universalidad e intemporalidad del conocimiento científico,  y del mercado como ámbito privilegiado de negociación del espacio público, habían finalmente encontrado vía libre para aplicarse y establecerse a escala global.

Paradójicamente, la caída del muro de Berlín también develó súbitamente la diversidad que había permanecido oculta detrás del poderoso esquema bipolar.

Todo esto provocóuna profunda incertidumbre social sobre los medios y las formas que serían apropiables y aplicables para la reestructuración de los sistemas sociales.

Si bien actualmente existe –más o menos– un acuerdo generalizado de que la democracia, la economía de mercado y el conocimiento científico son las bases sobre las cuales se establecen las relaciones a escala global; al mismo tiempo se observó una clara disposición de las sociedades para reconocer y empoderar aquellos valores de identidad que les son más estables como medio de singularización para el acceso al espacio público.

Eso se catalizó con la emergencia de poderosos instrumentos horizontales de validación y adscripción identitaria cuyo peso específico en la construcción de lo social sigue en aumento. Por ejemplo, en el espacio cibernético, existen auténticos territorios virtuales, integrados por páginas web,  blogs, e-mails, que crean códigos de comunicación, generan cohesión y producen sentido.

Es decir, que construyen sociedad en ámbitos distintos y de manera distinta a la que anteriormente se producía de manera vertical en el Estado nación.

A finales del siglo XX y principios del XXI hemos visto cada vez con mayor frecuencia cómo las sociedades echan mano de aquellos valores culturales que les resultan más seguros para cimentar la reconstrucción de la cohesión, sentido e identidad; y les ofrecen un medio para singularizarse y argumentar a favor de tener un espacio propio dentro de lo público.

Es decir, más que por las ideas de pretendido alcance universal, estamos observando que las personas se identifican y van reencontrando su destino por la historia mínima compartida; por sus celebraciones, ceremonias y ritos; por el lenguaje con el que imaginan; por la gastronomía que se nutre de su tierra; por la danza, la música, la pintura y las otras formas artísticas con las que se expresan.

Todo lo cual, además, ha incrementado su velocidad de circulación mediante el uso de las nuevas tecnologías y está construyendo rutas de resignificación nunca antes sospechadas.

3.   POLÍTICAS CULTURALES EN EL ENTORNO DE LA DIVERSIDAD

No resulta ocioso resaltar que la nueva visibilidad de lo cultural había comenzado a ser percibida desde el inicio del decenio de los ochenta y había motivado, a su vez, la realización de relevantes trabajos internacionales, que contaron con la importante participación de destacados intelectuales mexicanos. 

En en 1982 que los países miembros de la UNESCO, reunidos en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales (Mondiacult), emitieron la Declaración de la Ciudad de México sobre Políticas Culturales, en la que se definió que la cultura debía ser comprendida como un todo complejo de elementos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales distintivos, que caracterizan una sociedad o a un grupo, y que no sólo incluye a las artes y las letras, sino también modos de vida, sistemas de valores, tradiciones y creencias.

Uno de los párrafos de esa declaración que más profundidad y trascendencia tiene es aquel que enuncia: “Cada cultura representa un conjunto de valores único e irreemplazable, ya que las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo constituyen su manera más lograda de estar presente en el mundo”.

Unos años despues de la declración de México en 1988, al inicio de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, se concluyó que: “…ya no se podía seguir concibiendo al desarrollo como un camino único, uniforme y lineal, porque ello eliminaría inevitablemente la diversidad y la experimentación culturales, y limitaría gravemente la capacidad creativa de la humanidad con su valioso pasado y un futuro impredecible”.[1]

En 1998, y después de un decenio de intenso trabajo de la Comisión referida, la UNESCO dio a conocer el documento Nuestra Diversidad Creativa, que es referente indispensable para la construcción de políticas culturales en un entorno de diversidad.

Sin embargo, no es sino hasta 2001 que es posible adoptar una decisión de común acuerdo; un primer intento formal para la institucionalización de esas recomendaciones, cuando la Declaración Universal de la Diversidad Cultural, que, en su artículo primero señala:

La cultura adopta diversas formas a través del espacio y del tiempo. Esa diversidad está incorporada en la singularidad y pluralidad de identidades de los grupos y sociedades que constituyen a la humanidad.

Como un recurso de intercambio, innovación y creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria a la humanidad, como la biodiversidad lo es a la naturaleza. En ese sentido, es el legado común de la humanidad y debe de ser reconocido y afirmado para las generaciones presentes y futuras.

Posteriormente, con base en los principios establecidos en dicha Declaración, la UNESCO consensuó la suscripción de los siguientes instrumentos internacionales:

a) Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003); y

b) Convención sobre la Protección y Promoción de la

Diversidad de las Expresiones Culturales (2005).

Ambas convenciones se insertan claramente en la propuesta que se hace en la Declaración de la Ciudad de México sobre Políticas Culturales, de 1982.

Hoy, en un mundo donde es ya una realidad que la adscripción a una identidad diferenciada se ha convertido en un medio de acceso a lo público, resulta una tarea estratégica y prioritaria para los Estados, reflexionar sobre los medios y los ámbitos donde se negociará la diferencia.

La alternativa que propone la UNESCO es la de llevar la negociación de la diferencia al ámbito de las políticas culturales, por ser un espacio donde la diversidad nos permite contar con la creatividad que es indispensable para encontrar nuevas soluciones a los conflictos surgidos de ese nuevo paradigma para la construcción de lo social.

Desde esa perspectiva, las políticas culturales orientadas al reconocimiento y garantía del ejercicio de los derechos culturales, al empoderamiento de la diversidad cultural, a la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial, y a la construcción de espacios de diálogo intercultural, adquieren una dimensión estratégica como medio pertinente para la resolución pacífica de las controversias.

En consecuncia, parecería ya evidente que cualquier intervención gubernamental que pretenda incidir realmente a favor de un desarrollo incluyente, integral y sustentable, desde lo propio, debe diseñarse como uno más de los factores que interactúan dentro de esa compleja red que constituyen la cultura y la identidad.

Somos enfáticos al precisar que las instituciones gubernamentales no son las creadoras de la cultura. Su principal misión es la de generar un marco legal y administrativo que propicie que sean los individuos y las comunidades quienes elijan las herramientas necesarias para desarrollar los proyectos culturales que han definido, en la forma y con los alcances que motiven su capacidad de autodeterminación y su noción de desarrollo.

La reciente inclusión del derecho a la cultura dentro de la Constitución, no debe interpretarse como un acto permisivo del gobierno para que la población pueda ejercer un derecho que le es inherente a su naturaleza humana, sino que se justifica a partir de la estricta necesidad de contar con referentes legales claros y objetivos que sustenten la reglamentación del garantismo cultural y de los medios de defensa de esos derechos.

Sin embargo, más allá de las reformas legales y administrativas que podamos consensuar e impulsar, lo que nos demanda el momento histórico que nos ha tocado vivir es el de hacer de la cultura un recurso para reconocer, reformular y ampliar los valores culturales que han dado cohesión, identidad y sentido a nuestras relaciones sociales y con el ambiente, para que, desde lo propio, podamos reconocernos, generar cohesión e identidad, definir el sentido de nuestro desarrollo y construir los medios para alcanzarlo.

Se trata de construir nuevos ámbitos se trata de construir nuevos ámbitos para la negociación de la diferencia que, a la vez, promuevan la preservación y recreación del conjunto de valores, símbolos y significados que singularizan a cada una de nuestras culturas, pues con ello se garantiza la capacidad creativa de nuestro país, se sientan bases firmes para lograr acuerdos fundamentales sobre el sentido del desarrollo, se fortalece su capacidad de autodeterminación nacional y se fortalece su soberanía.

 

Citas
  1. Pérez de Cuellar, Javier. Comentario introductorio al documento “Nuestra diversidad creativa”, http://www.unesco.org/culture/development/wccd/foreword/html_sp/index_sp.htm