Democracias republicanas

“Los ciudadanos no suelen exigir el ejercicio republicano del poder”, dice Flavia Freidenberg en este breve pero imperdible ensayo donde aborda la autocomplacencia que tenemos hacia nuestro sistema político, además de profundizar en la falta de rigor ..

Por: Flavia Freidenberg

“Los ciudadanos no suelen exigir el ejercicio republicano del poder”, dice Flavia Freidenberg en este breve pero imperdible ensayo donde aborda la autocomplacencia que tenemos hacia nuestro sistema político, además de profundizar en la falta de rigor y participación ante los mediocres resultados de la democracia que nos rige.

La democracia ausente

La democracia como mecanismo para decidir quién accede al poder ha estado prácticamente ausente en la historia de América Latina. Este conjunto de reglas, procedimientos y garantías que establecen el modo en que se accede y distribuye el poder, que regula el conflicto social y genera garantías para el ejercicio de los derechos, ha sido más bien una aspiración que una realidad. La política se ha hecho más cerca del autoritarismo, el caudillismo, las jerarquías que del diálogo, el pluralismo, la cooperación o la tolerancia.

El caudillo que controla de manera personalista el poder; que interpreta, define y ejecuta todos los intersticios de la cosa pública, se ha manifestado de múltiples maneras y con rostros disímbolos en la historia latinoamericana. Caciques, dictadores, sultanes, líderes populistas, príncipes ilustrados o presidentes imperiales, todos ellos “superhombres”, han controlado de manera férrea el poder, eliminando o minimizando cualquier forma de intermediación con sus seguidores y manipulando los procedimientos que regulan la competencia política.

La relación directa entre líder y seguidores, sin necesidad de ideología, partidos o instituciones, ha sido el modo natural de hacer política. La creencia de que la soberanía está en un líder y no en la ciudadanía, forma parte de las sombras de la cultura política, empapa gran parte de los valores y las actitudes y no deja mucho espacio para el ejercicio democrático del poder. Por el contrario, este tipo de creencias son las que legitiman a los nuevos autoritarismos electorales, que promueven y pretenden la legitimidad electoral sin los riesgos de la incertidumbre democrática, como sostiene Andreas Schedler.

 

Las elecciones (por sí solas) no garantizan la democracia

Cuando la historia llegó a su fin y como una epidemia la democracia se expandió en América Latina a finales de la década de 1970, las elecciones se erigieron como el corazón del sistema político democrático. Los ciudadanos aprendieron rápido, sobre todo cuando la alternativa era la oscuridad, la muerte o el horror. La democracia era la única alternativa posible a los regímenes autoritarios, sultanísticos y de partido hegemónico que había vivido la región. Y, en ese momento, la democracia estaba relacionada con cómo garantizar los derechos humanos, que habían sido violentados de manera trágica en muchos países. Los ciudadanos creyeron en élites, muchas de ellas bien intencionadas, que antes apoyaban o estaban silenciadas por los autoritarios, y ahora decían que había que apostar por la capacidad del voto para elegir a quién gobierna, en un marco de amplia competencia política.

La mayoría de las veces se eligieron personas, no políticas ni programas. En algunas elecciones, resultaron electos nuevos caudillos, ahora vestidos de demócratas, que buscaron revolucionar la distribución del poder en sociedades bastantes desiguales social y políticamente. Se eligieron presidentes que ejercieron el poder de manera discrecional y jerárquica. De ahí que Steven Levitsky y Lucan Way pensaran a esos regímenes no como democráticos sino como “autoritarismos competitivos”: hacen elecciones, pero ejercen de manera autocrática el poder.

Se pusieron tantas expectativas en las elecciones, que al final la ciudadanía se desilusionó. Con el paso de los años, éstas -por sí solas- no garantizaron la vigencia de un sistema democrático, ya que sólo pudo poner en práctica la dimensión procedimental de la democracia, es decir, un procedimiento para decidir quién gobierna (el acceso al poder) pero no la dimensión conductual, es decir, cómo se gobierna (el ejercicio del poder). De ahí que comenzaran a ponerse diversos apellidos a la democracia: delegativas, iliberales, de baja calidad o híbridas, debido a la incapacidad de las élites, la ciudadanía y el propio contexto, de alcanzar el ideal democrático.

 

El cinismo de los demócratas

(o... ¿y a mí qué me importa?)

 

Los últimos cuarenta años han sido el único período de la historia de América Latina en el que un mayor número de países experimentó procesos electorales consecutivos que favorecieron la resolución pacífica de los conflictos. Nunca antes tantos países de la región habían celebrado elecciones de manera reiterada, con incertidumbre en los resultados, donde los gobiernos han perdido las elecciones y la oposición ha reemplazado a los que estaban en el poder. La democracia, como alertó Adam Przeworki, supone que los partidos y los candidatos pierden elecciones.

Aún así, los diferentes índices de medición como el IID-LAT de Polilat, The Economist o el Barómetro de las Américas, llaman la atención por el reciente retroceso en algunas dimensiones de la democracia. Salvo Uruguay y Costa Rica, el resto de los países presenta niveles medios y bajos de calidad democrática. Varios elementos condicionan el modo en que se ponen en práctica los objetivos de la democracia. Los niveles de capital social son bajos, la desconfianza hacia las instituciones y los políticos es alta, la participación en las elecciones va en descenso, en particular, en los sistemas políticos de voto voluntario, y hay un profundo desencanto con lo que se ha construido hasta el momento bajo el nombre de democracia.

Un gran número de periodistas no pueden hacer su trabajo por amenazas solapadas del poder público o mueren en el ejercicio de su profesión. Los femenicidios o muerte por violencia de género están extendidos en la región. Existen densas redes clientelares, de intercambio de apoyos a cambio de votos o recursos, que son las que contribuyen al éxito electoral de los partidos, especialmente, entre los sectores de la ciudadanía que no tienen alternativas socioeconómicas y viven en contextos donde el Estado no genera otra respuesta más que convertirlos en clientes.

Las continuas reformas constitucionales y electorales que buscaron hacer perdurar a los presidentes en sus cargos, violentando los principios de alternancia y rotación en el ejercicio del poder, han sido moneda común en la región, debilitando con ello a las propias instituciones. La manipulación de las reglas, en función de intereses particulares y/o partidistas, han disminuido las oportunidades de neutralidad de las leyes y la vigencia del Estado de Derecho. El presidencialismo, sin alternancia, es mucho más probable que se convierta en un régimen despótico, como alerta Héctor Schamis.

Frente a todo ello, los ciudadanos parecen no hacer nada. El nivel de tolerancia a lo intolerable es demasiado alto. Los derechos se violentan, manipulan o degradan y no se hace nada. Somos cínicos. No nos gustan muchas cosas, pero no hacemos nada para cambiarlas. ¿Este es un problema que debe resolver la democracia? Este es un problema que deben resolver los demócratas.

 

La democracia requiere resultados

 

Hoy hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en América Latina. Dependiendo del lugar de residencia o del nivel de ingreso, uno ejerce los derechos de manera diferente. El respeto a las reglas, de manera universal e igualitaria para todos, es un gran ausente fuera de las ciudades capitales (e incluso muchas veces dentro de ellas). Las mafias, los paramilitares o las bandas criminales cooptaron al Estado y éste ha dejado de ejercer el monopolio legítimo de la coacción física en todo el territorio, entendido en sentido weberiano. Sin Estado de Derecho, resulta muy difícil que la democracia funcione.

Las necesidades básicas de una parte significativa de la población tampoco están cubiertas. Más de 54 millones de pobres mexicanos tienen pocas probabilidades de que el Estado “los vea”, más allá de considerarlos clientes o, en su caso, usuarios de los programas de transferencias condicionadas. Su billetera, sexo, color de piel, apariencia física o las relaciones con personas con dinero y poder condicionan la manera en que se ejerce la ciudadanía.  Una democracia sin resultados económicos socaba su base de legitimidad. Esto explica que los ciudadanos elijan autócratas y abandonen su preferencia por la democracia como sistema político. 

 

La democracia que queremos: una democracia republicana

 

Mi memoria recuerda el modo en que mi maestra de Educación Cívica me enseñó a pensar como demócrata. No fue una política pública estatal, ni una estrategia gubernamental del presidente en turno, ni la arenga de un movimiento político. Fue María Elena, una maestra de secundaria en un pequeño pueblo, la que construyó mi manera cívica de entender el mundo. La que me enseñó el valor republicano de la democracia.

Sus palabras me enseñaron que ningún poder público está por encima de los ciudadanos, que ningún caudillo puede violentar los “derechos del soberano” y que las mayorías, aún cuando utilicen las elecciones como instrumento para acceder al poder, no pueden maximizar sus preferencias e intereses violentando los derechos de las minorías. Por el contrario, la democracia trata de proteger y garantizar los derechos de los que no tienen voz o de las minorías que creen o defienden una voz distinta al pensamiento único. 

A pesar de esta creencia compartida sobre el valor de la república, los ciudadanos no suelen exigir el ejercicio republicano del poder. Muchos ciudadanos no se involucran en la cosa pública más allá de votar (a regañadientes) el día de la elección (aquellos que aún lo hacen). Cuando eligen, seleccionan a autócratas, buscan su beneficio personal cuando sus intereses se ven afectados y se desentienden de los costos de la democracia. Nos autocomplacemos con el tipo de sistema político que tenemos, cuando en realidad deberíamos ser más críticos y exigentes con los mediocres resultados de la democracia.

Es por ello que abogo por una democracia republicana, con ciudadanos informados y críticos; dispuestos a invertir tiempo y recursos en el modo en que se toman las decisiones públicas (no únicamente las políticas) y tolerantes con los que no comparten los mismos valores y las mismas posiciones sobre los diversos temas. Con una estrategia nacional de educación cívica que forme a los ciudadanos en los valores democráticos, en los que se privilegie el papel de la ética pública en las relaciones de poder, la vigencia efectiva del pluralismo y la construcción colectiva de las instituciones. En suma, abogo por más maestras como la mía que enseñe a construir sociedades democráticas.

 


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