Democracia, imposible sin un periodismo libre

Si en México no se garantizan la libre expresión y la seguridad para los periodistas, tampoco lo están el derecho de la sociedad a estar informada ni, por tanto, la democracia

Por: Ana Lilia Pérez

Escribo estas líneas desde el país más mortífero para la prensa. Un país que no está en guerra y, sin embargo, tiene tantos periodistas caídos bajo fuego como Afganistán, Irak o Siria. Un país donde matar periodistas parece deporte.

Soy periodista de investigación desde hace tres lustros y, por el sólo hecho de ejercer mi profesión de manera responsable, independiente y con un estricto código de ética en el que no hay concesión para la información sesgada, ni la mínima tolerancia a la corrupción, he debido pagar un costo muy alto: amenazas, agresiones, persecución, acoso judicial, exilio…

En 2012 me convertí en la primera periodista mexicana en el exilio en Europa. Permanecí más de dos años en el programa de protección de la Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte (Fundación de Hamburgo para Perseguidos Políticos) y del programa Writers in Exile (Escritores en exilio) del Poets, Essayists and Novelists International (pen Internacional). Ambos, programas que han protegido a escritores y periodistas como Salman Rushdie, el cubano Amir Valle, la chechena Maynat Kurbanova, la tunesina Najet Adouani y muchos más.

Enfrentar el exilio es una etapa tan complicada y dura, que solamente quienes así se encuentran o han vivido tal situación lo pueden comprender. La colega Bashana Abeywardane, de Sri Lanka, lo definió con sus palabras de poeta: “¿a quién se le hubiera ocurrido preguntar cómo sería el cuarto en el que se dormirá en el exilio? Es el reino de la penumbra eterna”.

El compañero árabe Qassim Haddad, con sus demoledoras letras, que han hecho cimbrar a los intolerantes regímenes en la zona del Golfo Pérsico, nos decía que era como estar en una fortaleza, tal vez segura, pero vacía:

Construyo la fortaleza en torno mío. La erijo piedra a piedra. Convoco con añafiles a los ejércitos para que empiecen a atacar. Estoy solo. Invoco el apetito del combate en la bravura de los enemigos. Les dispongo para que empiecen a afilar las armas y a afinar la puntería. Envío cartas de desafío y espero en la fortaleza. Estoy solo. Y restauro los muros de la fortaleza, los repinto, los adorno con candelas para que guíen rectamente el ataque siguiente. Pues quizá les agrade presentarse en la noche de improviso. Aquí me tienen. Solo.

“A mí me gustaría tener alas como las de los ángeles para volar sobre los mares y los ríos, las colinas y desiertos”, nos decía la tunecina Najet Adouani, con la añoranza de su tierra, de sus hijos, de su trabajo y su gente.

Mientras que yo, desde mi propia ventana, en la casa de exilio, en medio de una enorme habitación donde el único eco era mi voz queda, una voz desterrada en un país ajeno, en una lengua ajena, en un ambiente ajeno, trataba de contener el creciente, palpitante y a veces violento anhelo de cruzar el Atlántico y volver a casa, encender mi computadora y teclear el comienzo de una nueva historia.

Vergonzosamente, a ojos del mundo, México es hoy paradigma de un país que no garantiza la libre expresión, tampoco la seguridad para sus periodistas y, por tanto, ni el derecho de la sociedad a estar informada. México es hoy muestra de un país que involuciona en el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Freedom House, o el Comité para la Protección de los Periodistas (cpj por sus siglas en inglés), lo identifican no sólo como uno de los países con mayor incidencia de crímenes contra comunicadores, sino también de secuestros, periodistas desaparecidos y ataques a los medios de comunicación.

En medio de los vacíos de poder que se viven en muchas regiones de México, los periodistas somos blanco del abuso de poder y la criminalidad, frente a una autoridad que, en el mejor de los casos, es omisa pero casi siempre responsable o cómplice de esos ataques: allí está, por ejemplo, el asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo, ocurrido en enero de 2015 en el estado de Veracruz.

Se trata de un caso que con contundencia retrata el señalamiento arriba enunciado: Moisés fue secuestrado, torturado y asesinado por la policía municipal de Medellín, que actuó bajo órdenes del presidente municipal Omar Cruz, un alcalde a quien "incomodaba" la pluma del comunicador, su trabajo profesional; desde el modesto periódico La Unión de Medellín (que Sánchez dirigía) le cuestionaba su ineficiente desempeño como funcionario público, le inquiría por qué no se ponía más seguridad en las calles, por qué no había alumbrado, por qué eran insuficientes los servicios o cuál era el destino del erario; es decir, el periodista claramente trabajaba por la ciudadanía.

Moisés se convirtió en el comunicador número dieciséis asesinado en Veracruz; antes fueron Regina Martínez, Gabriel Huge, Noel López, Miguel Ángel López, Misael López, Guillermo Luna, Yolanda Ordaz, Esteban Rodríguez, Víctor Manuel Báez, Gregorio Jiménez, Roberto Marcos García… todos, crímenes impunes, reducidos a cifras en el país de la impunidad.

Está comprobado que los ataques no provienen únicamente del crimen organizado, sino también de funcionarios públicos, actores políticos o particulares que ven en el trabajo de los comunicadores el “peligro” que les representa una sociedad informada, educada, que exija rendición de cuentas, que diga un ‘no’ rotundo a la corrupción. Quienes atacan a los periodistas, enemigos de la libertad de expresión, enemigos de la sociedad, lo son también de la democracia.

El homicidio es la más aberrante y cobarde forma de censura. Se mata al mensajero para que no cuestione, indague o publique. Se mata al mensajero para callar al portavoz de la sociedad. Se mata al mensajero y desgraciadamente tampoco hay conciencia de la pérdida que ello representa.

Cada periodista asesinado o desaparecido es un daño irreparable para la sociedad en su conjunto, porque son asesinados por ejercer un derecho contenido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derecho constitucional que debe salvaguardar el Estado.

En su visita a México en febrero de 2008, la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (onu), Louise Arbour, cuestionó las limitaciones persistentes en México para la libertad de expresión; manifestó su preocupación por los asesinatos y abusos no resueltos contra periodistas y demandó al gobierno federal –entonces a cargo de Felipe Calderón– aplicar la misma energía para estos casos como la que supuestamente aplicaba para combatir al narcotráfico.

No se hizo. El resultado: 103 periodistas asesinados y veintidós desaparecidos en el ejercicio de su profesión. Una numeralia que en cualquier otro país paralizaría al gobierno, volcaría a la sociedad, como ocurrió en Francia con el atentado al semanario Charlie Hebdo, que puso a millones de ciudadanos europeos en las calles protestando por el crimen y dejó para la historia la imagen de los presidentes y ministros más destacados de la Eurozona tomados del brazo caminando dolientes por los periodistas y trabajadores del medio de comunicación cobardemente asesinados, mensaje tácito de que el ataque a un medio de comunicación es también un ataque al corazón del Estado.

Jamás se ha visto algo así en México, aunque en la mayoría de los crímenes y agresiones contra comunicadores priva la impunidad por una simple razón es simple: porque en México el Estado mismo es la corrupción, además de que entre la ciudadanía hay una altísima tolerancia a la indiferencia, incluso por parte del propio gremio periodístico, lo que es más doloroso y lamentable.

Si bien el homicidio es la más violenta forma de censura, tampoco es la única: al amparo de la impunidad los ataques en contra de periodistas y medios de comunicación se registran de muchas maneras.

Mención aparte merece el tema del acoso judicial, otra de las modalidades de censura que crece como hongo en distintas entidades, gracias a la complacencia de tribunales federales y locales que se prestan a dar curso a demandas estériles de “difamación” o “daño moral”, que tienen como finalidad desgastar al periodista con procesos judiciales que, además de costosos, restan tiempo y energía y que han provocado que colegas opten por abandonar la profesión.

El acoso judicial contra los periodistas tiene un costo no sólo para los agraviados, sino fundamentalmente para la sociedad, en tanto que se le priva de su derecho a estar informada. El doctor John Ackerman lo analiza de forma certera:

Sin una prensa libre y desinhibida, nuestra democracia rápidamente empezará a marchitarse. Más allá de la preocupante persecución y violencia física que tienen que sufrir muchos comunicadores de manera cotidiana, habría que sumar un aumento reciente en demandas frívolas por “daño moral” que no tienen otra intención que silenciar e intimidar a reporteros, escritores y analistas.

 

En estos casos también el Estado mexicano incumple con la Constitución Política, que en letra salvaguarda la libre expresión, lo mismo que con la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión como instrumento de interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos ni por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones, que los inhiba a difundir sus ideas o informaciones”.

De manera que hoy resulta muy lamentable, tanto para el gremio como para la sociedad, que frente a las difíciles circunstancias, al momento de investigar y publicar una información los periodistas ponderemos el tema de las represalias que habremos de enfrentar, antes que el interés público de esa información o, finalmente, que se opte por la autocensura.

Contrario a lo que ocurre en otras regiones donde en el siglo xxi, merced de los avances tecnológicos y la cultura democrática, la libertad de expresión ha alcanzado niveles de pleno desarrollo, y en donde la prensa se convierte en un verdadero aliado de la sociedad para la toma de decisiones, en México vamos perdiendo la libertad de prensa, tal y como lo han alertado organizaciones como Freedom House.

La pérdida de este derecho es corresponsabilidad de las autoridades, pero la comparten también aquellos medios de comunicación cuyos accionistas y directivos, básicamente empresarios, optan por la censura más bien motivados por la complacencia y sus intereses económicos, pese a que con ello contribuyen al nivel de riesgo que enfrentamos en lo individual los periodistas que decidimos seguir publicando temas “incómodos”.

Hace ya quince años México apostó por la democratización de sus instituciones, pero sólo obtuvo triunfos insignificantes y pírricos. Ahora mismo, muchas de esas instituciones que a la par de la alternancia en el poder vieron una transformación en pro de la democracia, se encuentran de nuevo en riesgo (allí están los institutos de transparencia y algunos institutos electorales).

Frente a un régimen que parece inclinar su balanza cada vez más a la autocracia, la libertad de expresión pende de un hilo. Como se ha detallado, este derecho universal ha sido minado por las amenazas, atentados, la persecución judicial y asesinatos de periodistas, agravios que van acompañados del desdén oficial.

Los organismos internacionales de protección de los periodistas han dado cuenta de que en nuestro país las autoridades responsables de investigar los agravios contra los comunicadores han fracasado y que estas derrotas han creado un clima de impunidad que deja a los medios de comunicación críticos como vulnerables.

Para muestra está la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (feadle), la cual depende de la Procuraduría General de la República (pgr), y que en su relativamente joven existencia es casi un elefante blanco donde al periodista que acude a denunciar alguna agresión o riesgo se le somete a interrogatorios inquisidores, maltrato e intimidación.

Con el ominoso panorama descrito, evidentemente es imposible hablar de democracia sin un periodismo libre, porque la democracia es incompatible con un Estado que amordaza, que es intolerante al escrutinio, la crítica y la libre expresión de ideas. 

Sin embargo, y a pesar de las vicisitudes, aún hay en México un gremio periodístico que con su trabajo cotidiano busca que esta situación se revierta, periodistas que pensamos que, con el cumplimiento del deber, podemos abonar a los pilares de una democracia real, porque el poder de la palabra es capaz de levantar los cimientos más sólidos.

 


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